El miércoles se ratificaba el acuerdo que debería introducir cambios en el funcionamiento interno de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches y que garantiza la permanencia de Pozoblanco en la misma. Un acuerdo que fue rubricado por diez miembros de la junta de la Mancomunidad -podrán sumarse en el futuro otros más- y que no contó las firmas de  los miembros del Partido Popular. Es decir, que a pesar del paso dado la foto final era incompleta faltando representantes del segundo grupo con más votos en la comarca.

El portavoz del PP en la institución, Bartolomé Madrid, explicó ayer la postura de los suyos en declaraciones a hoyaldia.com y fue claro al afirmar que «no estuvimos porque el presidente no quiso». Ampliando esta explicación, Madrid indicó que «ya le pedimos que las reuniones se fijaran por las tardes para poder cumplir con nuestras obligaciones en nuestros respectivos ayuntamientos y se quedó en eso. Le pedí por favor que no pusiera la reunión el miércoles por la mañana porque muchos de nosotros no podíamos acudir y porque queríamos estudiar un acuerdo que no contempla algunas de las propuestas que planteamos desde el PP», puntualizó el alcalde de Añora.

Así las cosas, la siguiente cuestión a plantear fue la intención de los populares de sumarse al acuerdo firmado el miércoles. A este respecto, Madrid matizó que «lo tenemos que estudiar porque hay cosas que no se recogen, pero estamos por sumar». Además, el primer edil noriego también abordó la posibilidad de que el PP de Pozoblanco se desmarque del comarcal aprobando el acuerdo el próximo lunes en pleno e indicó a este respecto que «me sorprendería mucho».

Durante los meses que han durado las negociaciones, el PP presentó varias propuestas que contemplaban establecer con claridad los objetivos y fines de la entidad; establecer un régimen de presidencia que refleje la pluralidad de los municipios que integran la Mancomunidad; la creación de una junta de gobierno formada por representantes de diferentes municipios; la adaptación de la plantilla a las necesidades reales de la institución; establecer una cuota por habitante suficiente para permitir desarrollar actividades propias; y limitar la declaraciones públicas a las decisiones adoptadas por el máximo órgano de gobierno respecto de los objetivos y fines establecidos.