El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado hoy viernes sobre las alegaciones que el Gobierno andaluz va a presentar contra el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en relación con el expediente de concesión de aguas del embalse de La Colada para el abastecimiento de los municipios de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

Molina ha calificado el informe como “profundamente equivocado, técnicamente cuestionable y jurídicamente extralimitado” y ha confirmado que la Junta ha presentado alegaciones formales para defender “el interés general y el derecho de los vecinos y vecinas del norte de la provincia a contar con un sistema de abastecimiento hídrico moderno, eficiente y con garantías”.

Ha recordado que la Junta, a través de la Secretaría General del Agua, está plenamente legitimada para intervenir, al ser la administración que ejecuta las obras necesarias para que esta concesión sea efectiva. “El informe pretende limitar el alcance de nuestra intervención, algo inadmisible desde el punto de vista legal y administrativo”, ha afirmado.

El delegado ha criticado con firmeza que se haya denegado la autorización a las infraestructuras proyectadas -tramo de aspiración, estación de bombeo, tramo de impulsión y caminos de acceso-, alegando motivos económicos, ambientales o de supuesta redundancia. “Rechazamos frontalmente que se pretendan imponer decisiones técnicas que no le competen a la Confederación”, ha dicho, subrayando que “las alternativas viables deben ser elegidas por quienes van a ejecutar, mantener y garantizar el servicio: la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba”.

Molina ha defendido que las infraestructuras previstas “no sólo son necesarias, sino imprescindibles para un abastecimiento estable y seguro a medio y largo plazo”. Frente a una toma flotante provisional ejecutada sin proyecto y en contexto de emergencia, la Junta propone “una torre de toma fija, robusta, eficiente, segura desde el punto de vista laboral, con mejor control de calidad del agua y más resiliencia frente a sequías y averías”.

También ha explicado que el caudal de 600 litros por segundo que contempla el proyecto “está plenamente justificado”, ya que se basa en datos reales del funcionamiento del sistema en el último año de sequía, con más de 7 hectómetros cúbicos bombeados, además de contemplar usos agroganaderos e industriales.

En cuanto al argumento ambiental, Molina ha señalado que “no se puede aceptar una supuesta afección ambiental sin datos ni análisis técnico”, y ha recordado que el proyecto incorpora un estudio de impacto ambiental con medidas correctoras avaladas por el Ayuntamiento de Belalcázar. “Si se requiere evaluación ambiental, será el órgano competente quien lo determine. No puede ser la Confederación quien se arrogue esas competencias”, ha recalcado.

Sobre la eficiencia económica, el delegado ha sido claro: “La inversión la asume la Junta, no el Estado. No le corresponde a la Confederación opinar sobre el uso de fondos públicos andaluces”. Además, ha defendido que “la eficiencia se mide en fiabilidad del servicio, reducción de costes a largo plazo y resiliencia ante el cambio climático”.

Por último, ha rechazado que las obras propuestas empeoren la calidad del agua captada. “La torre de toma ofrece mayores garantías de control y selección de capas de agua. La potabilidad la asegura la Empresa Provincial de Aguas, no el organismo de cuenca”, ha dicho.

Adolfo Molina ha concluido exigiendo “la rectificación del informe de la CHG y la autorización de las obras tal y como han sido proyectadas”. “Lo que está en juego aquí no es un trámite administrativo, sino el derecho al agua de miles de personas. La Junta ha actuado con responsabilidad, con rigor técnico y con voluntad de consenso. Pedimos lo mismo a las instituciones del Estado: que no pongan obstáculos donde debe haber colaboración y soluciones”, ha subrayado.