El exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández, negó en el día de ayer «trato de favor» a ninguna de las empresas de esta provincia en los cursos de formación, aunque admitió que la «única que se paso en la modulación» fue Faasa y remitió la explicación a su declaración ante la justicia, según informa EFE.

Así lo expuso en la comisión de investigación que estudia el posible fraude en los cursos de formación en Andalucía.  Antonio Fernández se acogió inicialmente a su derecho a no declarar, si bien más tarde cambio de opinión y decidió responder a determinadas preguntas de los grupos.

Detenido e investigado por el presunto fraude de la formación en marzo del 2105 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de una orden de la juez Mercedes Alaya, el también exalcalde socialista de Pozoblanco negó «trato de favor» a las que empresas recibieron subvenciones e indicó que «todo se hizo conforme» a los procedimientos. «La valoración de los cursos estaba perfectamente modulada, la única que se ha pasado en la modulación ha sido Faasa, pero tiene una explicación y se dará en el lugar que proceda», sostuvo el exdelegado quien, a preguntas del PSOE, aseveró que «nunca» actuó contra la legalidad y que «no tenía margen» dar subvenciones a quien quería.

Fernández, que discrepó con las conclusiones del informe de la Intervención de Córdoba, explicó que las exoneraciones de expedientes llevadas a cabo en la provincia eran decisión del entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila, y precisó que estas decisiones «no fueron» exclusivamente en formación sino en distintos ámbitos, entre ellas a programas con ayuntamientos y mancomunidades. De las subvenciones otorgadas a la autoescuela Virgen de la Luna, de la que fue socio fundador, y a una asociación de discapacitados, en la que trabajan dos hermanos suyos, indicó que «no se inhibió porque no había ninguna colisión de intereses».

Sobre el incremento de las subvenciones a la autoescuela por tres hasta alcanzar más de un millón de euros, según el PP, el exdelegado lo achacó, primero al tiempo que lleva recibiendo subvenciones y, segundo, a que «se han disparado los costes» en los últimos años. También comentó que la formación que ofrecía esta empresa era «más costosa y cualificada» que otras de la competencia. Sin embargo, se negó a contestar sobre la «repetición de ayudas a los mismos beneficiarios» de algunos cursos, caso de la empresa de la mujer del exdirigente socialista, Rafael Velasco, o sobre los cursos impartidos en las sedes que «compartían» el PSOE y UGT en Nueva Carteya.

Antes, en una intervención inicial Fernández lamentó que entre la ciudadanía «cale» el mensaje de que se malversaron 3.000 millones de euros y se refirió a la «tribulaciones y al calvario» al que están sido «sometidos» la mayoría de los ex delegados provinciales.