Uno siente auténtica vergüenza de cómo se abandona año tras año, en los presupuestos de las diferentes administraciones, a las personas mayores y/o dependientes. Casi 300.000 personas tienen reconocido el derecho y siguen en ese «limbo de la dependencia» esperando a que se les atienda, con ayuda a domicilio, plazas concertadas en Centros de Día o residencias….., antes de que sea demasiado tarde ( más de 38.000 personas mueren ya cada año esperando ser atendidos ). Pero es que además hay muchas más personas que tienen solicitada la dependencia y todavía están esperando que se les valore su situación – concretamente más de 200 en Pozoblanco -, cuando lo único que se necesitaría es un técnico para esa valoración. Está claro que no es suficiente, ni mucho menos, el esfuerzo que dicen que hacen las diferentes administraciones para atender a los mayores y/o dependientes, agravándose su situación con unas pensiones ridículas que no les permiten contratar cuidadores o pagar plaza en una residencia, con un coste de más de 1.100 € en nuestra zona. Plazas concertadas sin ocupar en muchas de las residencias de nuestra zona (cerca de 80 según fuentes de esas residencias y centros de día), mientras los que las esperan pagan plaza privada o malviven en su domicilio sin ninguna atención.

La situación en nuestra zona se hace insostenible, mayores y/o dependientes con pensiones muy bajas, envejecimiento de la población, incremento de enfermos de alzheimer y por suerte aumento de la esperanza de vida, y todo ello necesita de medidas que atiendan estas necesidades. Las administraciones se dedican a vender migajas en sus presupuestos sin solucionar el problema real, que era el sentido y el objetivo de la famosa Ley de Dependencia.

La realidad es que el gobierno central no cumple con su aportación del 50 por ciento del presupuesto, según reza esta Ley, nuestra Comunidad Autónoma Andaluza se escuda en este incumplimiento del gobierno central para justificar la situación que sufren los dependientes y mayores, pero sin aportar tampoco las soluciones presupuestarias necesarias. Otras comunidades sí lo hacen y los números están ahí. Y luego está nuestra Delegación Provincial de Servicios Sociales que acumula expedientes de solicitudes de valoración, de PIAS (Plan para concretar el recurso a personas ya valoradas) y esperas de más de 2 o 3 años para que esa ayuda llegue a los dependientes (a algunos tendrán que notificársela en el campo santo).

Esa es la realidad de nuestra zona y de nuestros mayores y/o dependientes, la que parece que a nadie importa, sólo a los que la sufren en sus carnes cada día. Por lo tanto, que no nos engañen ni nos quieran convencer de que se están atendiendo estas faltas de atención, dignidad e injusticias, no es ni mucho menos suficiente lo que se hace y los números que importan no son los de los que están atendidos, si no los que siguen abandonados. Ellos y ellas son mayores y/o dependientes que suelen sufrir estas situaciones de abandono, estas injusticias, en silencio. Alguien tendrá que dar la cara y salir a la calle a reclamar sus derechos y su dignidad, es de justicia. QUERER ES PODER.