El Gobierno central ha anunciado, en respuesta a preguntas del portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que «se descontarán de la transferencia de fondos que se realice» en 2026 al Ayuntamiento de Pozoblanco los «gastos imputables» a «actuaciones desarrolladas que no tienen encaje en los ejes y medidas del Pacto contra la Violencia de Género», en referencia a un cartel editado por el Consistorio pozoalbense con motivo del 8M y que incluía en su parte central el símbolo de la Falange, según informa Europa Press. 

Así lo recoge la citada respuesta escrita que ha dado el Gobierno de España a Santiago, quien quiso saber si, por parte del Ejecutivo central, «se ha activado el protocolo de la Ley de Memoria Democrática para sancionar a los responsables» de difundir en Pozoblanco un cartel «con una imagen falangista», dedicado al 8M y que ha sido financiado por el propio Ayuntamiento pozoalbense, gobernado por el PP.

También preguntó Santiago «qué medidas se van a tomar para que el mencionado cartel no pueda ser financiado con recursos» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «o con recursos de ninguno de los ministerios que constan» en el cartel, queriendo saber, igualmente, si «fue consciente el Ministerio de Igualdad de la inclusión de sus logos y, por tanto, de su acuerdo con lo expresado en el cartel» y, «en caso de no haber sido conscientes, ¿qué mecanismos de control y supervisión llevarán a cabo en el futuro para prevenir estos casos?».

En su exposición de motivos al respecto, Santiago relató como el Ayuntamiento de Pozoblanco rectificó «su cartel conmemorativo del Día de la Mujer Trabajadora tras la polémica generada por la inclusión en la imagen del yugo y las flechas, símbolo de Falange. El cartel original, presentado el pasado 26 de febrero, incluía el emblema falangista en el centro de la imagen, dando la bienvenida a la localidad, en un cartel que también incluía los logos del Ministerio de Igualdad y del Pacto de Estado, entre otras instituciones públicas».

«A pesar de la modificación del diseño tras las críticas -señaló Santiago-, el hecho de que la versión original incluyera esta simbología vulnera la Ley de Memoria Democrática y contribuye a normalizar y representar organizaciones tan dañinas para la democracia española como es la Falange. Además, el Ayuntamiento no ha procedido a la retirada de los carteles que ya se habían distribuido en papel, contribuyendo a la difusión de la simbología señalada»

Ante ello, desde el Gobierno de España ha respondido que, «atendiendo a las cuestiones que tratan sobre la financiación del cartel conmemorativo del Día de la Mujer Trabajadora, en el que se incluía el símbolo de Falange y los logos del Ministerio de Igualdad y del Pacto de Estado», desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «se va a remitir una comunicación» al Ayuntamiento de Pozoblanco «solicitando que proceda al envío de una descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo por el Día de la Mujer Trabajadora, así como la medida o medidas del Pacto en el que se considere que quedarían enmarcadas».

El objeto de ello es el de «poder valorar, desde el Ministerio de Igualdad, la viabilidad de la financiación de tales actuaciones con los fondos mencionados» y, «en consecuencia, en caso de que a la vista de la justificación que remitan se considere que las actuaciones desarrolladas no tienen encaje en los ejes y medidas del Pacto, los gastos imputados se considerarán no financiables y se computarán como remanentes que se descontarán de la transferencia de fondos que se realice al mismo municipio durante el ejercicio 2026. Además, se le instará a la retirada del logo del Pacto en todo lo relativo a esta actividad a la mayor brevedad posible».

De igual forma, «se informará al Ayuntamiento de Pozoblanco de que el destino de los fondos debe responder a los criterios recogidos» en la normativa de aplicación en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junto a ello, el Gobierno central ha aclarado que, desde «el Ministerio de Igualdad y, concretamente, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no es posible tener constancia a priori de las actividades que los ayuntamientos ejecutarán durante el año en curso, ya que el mecanismo de control y supervisión» establecido determina que «los municipios presentarán la justificación de los fondos a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género dentro de los tres meses siguientes a aquel en que finalice el periodo de ejecución determinado en la resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género».

No obstante, según ha insistido el Gobierno de España en su respuesta a Santiago, la citada Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «examinará escrupulosamente las justificaciones de dicho Ayuntamiento, para comprobar que el destino de los fondos se enmarca en alguno de los ejes y medidas del Pacto previstos para las entidades locales y que responde a los criterios recogidos» en la normativa de aplicación.