El que fuera concejal de Personal del Ayuntamiento de Pozoblanco y ahora concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, ha mostrado su «preocupación» sobre diversas «irregularidades» de la gestión municipal. Una preocupación que mostró en el pleno del pasado martes y que ha querido recalcar en una nota de prensa. 

Arévalo destaca, de manera especial, el caso de la plaza adjudicada a un familiar de la teniente alcalde Anastasia Calero durante el proceso de estabilización. Según el concejal, dicha plaza, de peón cantero, no cumplía los criterios necesarios para ser considerada estructural y estabilizarse ya que «durante los últimos cuatro años no ha sido ocupada ni demandada el año completo, y antes solo únicamente durante las obras del PFEA, unos seis meses al año». 

Del mismo modo, Arévalo calificó de «inadmisible e inmoral» que el alcalde, Santiago Cabello, pretenda cargar al Ayuntamiento, y por ende a los ciudadanos, el coste de su abogado por el caso judicial relacionado con los pagos irregulares al hijo de su secretaria. «Este gasto ha sido incluido de forma opaca en un expediente de modificación de crédito lo que demuestra la falta de transparencia y responsabilidad del equipo de gobierno y principalmente de Santiago Cabello», alega Arévalo. 

El concejal también reiteró que sigue sin obtener respuesta a sus numerosas peticiones de expedientes y documentos, a pesar de que la ley indica que debes entregar lo que pida en cinco días, algo que «vulnera claramente mi derecho y deber de control del equipo de Gobierno, como representante público en la oposición, generando una situación de indefensión inadmisible». Arévalo advierte que «cuando a los concejales se les impide acceder a información esencial, se está debilitando ilegalmente el papel de la oposición y, por consiguiente, se debilita la democracia en Pozoblanco». 

Por último, denunció las irregularidades relacionadas con el anterior secretario del Consistorio. «Una advertencia de la Junta de Andalucía habría conllevado el cambio en la secretaría después de más de un año en el que el puesto había sido ocupado por un administrativo, un hecho que compromete gravemente la transparencia y el correcto funcionamiento de la administración local», asegura Arévalo quien subraya que «este mismo secretario, que fue nombrado por el alcalde, fue quien realizó el informe en el que la fiscalía se basa para archivar provisionalmente el caso de los pagos a una persona sin trabajar, caso que sigue abierto en instrucción por otra denuncia. Además se podrían anular todas las actuaciones realizadas por este cargo público». 

Gerardo Arévalo termina insistiendo en «la importancia de defender la honradez y la transparencia en la gestión pública, para evitar un mandato basado en irregularidades e intereses propios» por lo que pide que «se actúe en favor del bien común y del cumplimiento de la ley».