El cruce de acusaciones entre el PP del Ayuntamiento de Pozoblanco y el que fuera concejal de este grupo, Gerardo Arévalo, prosigue más allá de los plenos. La semana pasada Arévalo remitió una nota de prensa a los medios de comunicación donde denunciaba «graves irregularidades» y ahora es el grupo municipal de los populares el que contesta a esas acusaciones en otra nota de prensa. 

El primer punto que tocan los populares es la plaza de oficial de cantería incluida en la estabilización y que finalmente fue otorgada a un familiar de la concejala Anastasia Calero. A este respecto, los populares defienden que «la plaza de oficial de cantería a la que se refiere el concejal fue creada hace más de veinte años y el expediente ha pasado todos los informes favorables necesarios para su consolidación, bajo el amparo de la ley de estabilización de empleo público (Ley 20/2021 de 28 de diciembre)». En este sentido, Arévalo defendió que «durante los últimos cuatro años no ha sido ocupada ni demandada el año completo, y antes solo únicamente durante las obras del PFEA, unos seis meses al año». Los populares inciden en que «es especialmente grave que el señor Arévalo ponga en duda el trabajo de los numerosos funcionarios -técnicos de personal y recursos humanos, secretaría y hasta al mismo interventor- que han intervenido en este expediente a lo largo de los años». 

«La adjudicación de esta plaza responde estrictamente a criterios técnicos y legales. Es inadmisible que el señor Arévalo, en un ejercicio de ignorancia o mala fe, cuestione la profesionalidad del funcionariado y sugiera irregularidades donde no las hay. Acusar de prevaricación sin fundamento a toda una cadena de personal municipal no solo es gravísimo, sino que evidencia su desprecio por el trabajo riguroso de este Ayuntamiento. Exigimos rectificación pública por estas acusaciones temerarias que dañan el prestigio de nuestros funcionarios», prosigue la nota de prensa. 

Gastos jurídicos

El segundo punto abordado por los populares es el de los gastos jurídicos del alcalde, 20.000 euros para su defensa ante la querella interpuesta por IU por posibles irregularidades en el ámbito de contrataciones. El PP defiende que es un derecho que tienen tanto los políticos como los funcionarios cuando los hechos deriven del ejercicio legítimo de sus funciones públicas y en caso de que no sea condenado. «No se trata de un privilegio, sino de una garantía esencial para el normal funcionamiento institucional», aluden los populares. En este caso, el perjudicado abona la cantidad y, posteriormente, cuando se cumplen las condiciones exigidas se pide el importe al Consistorio. Los populares recuerdan que este mecanismo ha sido utilizado por más alcaldes en el pasado además de incidir en que ese reembolso se utilizará cuando «se archive el caso, como ha ocurrido con todas las denuncias presentadas hasta la fecha contra su persona». 

 

El último tema afecta al cambio de titular en la secretaría explicando que la persona que venía ocupando ese puesto «ha ejercido sus funciones con plena legalidad durante periodos intermitentes cuando las circunstancias lo requerían, siendo la última vez en 2023 tras la marcha de la anterior secretaria por comisión de servicios». Los populares niegan que haya habido ninguna advertencia de la Junta Andalucía a este respecto y que «la finalización de sus funciones en abril de 2025 respondió al normal procedimiento administrativo, siendo sustituido por la entonces vicesecretaria, actual titular del puesto. Resulta indignante que el señor Arévalo utilice este asunto para generar desconfianza hacia funcionarios que desarrollan su trabajo con profesionalidad y dentro del más estricto marco legal». 

Por último, el grupo municipal del PP tilda de «lamentable» la actitud de Gerardo Arévalo al que acusa de buscar protagonismo y recurrir a la «desinformación y al victimismo para intentar ser relevante en el panorama político local, demostrando una vez más su falta de altura y de propuestas constructivas».