La Federación Andaluza de Autismo (FAA) se ha plantado ante la Junta de Andalucía por la gestión de los «profesores sombra», docentes o asistentes que acuden como «voluntarios» a dar un apoyo en las aulas a niños con necesidades educativas especiales. El coste de esos «profesores sombra» viene siendo asumido por las propias familias algo que la Federación entiende que no deber ser así. Esta situación ha llevado a no firmar el nuevo convenio planteado por la Consejería de Educación ya que se entiende que el alumnado con Trastorno de Espectro Autista (TEA) tiene los mismos derechos que el resto. 

La Federación defiende que lo que en su momento nació como una solución excepcional y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos, se ha convertido en una práctica generalizada que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde. «La educación no solo es un derecho gratuito, sino también obligatorio, y por tanto, la Administración está legal y moralmente obligada a disponer los recursos necesarios para garantizarla», explican. 

«Es como si al acudir a un hospital público te pidieran que lleves a tu propio profesional sanitario privado para hacerte una analítica. Esto no puede continuar. Es hora de reclamar con firmeza un modelo educativo que esté a la altura de los derechos que protege», defiende desde Autismo Andalucía. 

La situación ha sido debatida por la «enorme repercusión» para el alumnado TEA pero se considera que «la situación actual ha llegado a límites que no son aceptables, tanto por el volumen de alumnado que depende de este apoyo, como por las condiciones bajo las que se pretende mantener»

«Desde la Federación consideramos que esto es inasumible. La educación es un derecho universal, gratuito y garantizado por las administraciones públicas. Incluso el Defensor del Pueblo ha señalado claramente que, de mantenerse el convenio, debería contar con dotación presupuestaria pública que asegure su cobertura adecuada», se precisa. 

Por ello, el convenio sigue sin firmarse porque la Federación defiende que el alumnado con autismo tiene derecho a apoyos profesionales, públicos y gratuitos; la atención educativa no puede depender ni de voluntariado sin formación específica ni de los recursos económicos de las familias; y porque la propuesta actual no garantiza la equidad, ni respeta el principio constitucional de gratuidad de la enseñanza.