Pozoblanco se ha sumado a las ciudades andaluzas en las que hoy miércoles se ha señalado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante los fallos en los cribados del cáncer de mama. Una concentración donde se ha defendido la sanidad pública y se ha pedido a las mujeres que estén sin comunicación después de una mamografía que acudan al Hospital para asegurar su diagnóstico. Pero, principalmente, en la concentración que ha tenido lugar en el paseo Marcos Redondo se ha exigido «justicia». 

Así lo ha dicho una paciente de cáncer de mama, que ha expuesto que en su caso la sanidad pública permitió la curación por lo que «quiero para las demás lo que yo he tenido, quiero justicia, eso es lo único que quiero«. La Asociación Española Contra el Cáncer, presente en la concentración, ha abierto sus puertas a pacientes y familiares y ha brindado la ayuda psicológica que se ofrece desde esta asociación. 

Después de esa petición de justicia, se ha leído un manifiesto en el que se ha reflejado que «durante años, miles de mujeres en Andalucía se sometieron a mamografías dentro del programa de cribado del cáncer de mama del sistema público. A muchas de ellas, cuyos resultados fueron considerados «no concluyentes» o «dudosos» no se les informó de esta situación ni se les ofreció seguimiento clínico alguno. Algunas han esperado meses. Otras, años. Algunas han visto su enfermedad avanzar sin diagnóstico. Otras ya no están para contarlo». 

Del mismo modo, se ha señalado al Gobierno de la Junta de Andalucía como responsable de algo que «no es un caso aislado, ni un problema técnico. Estamos ante una actuación política consciente que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres. Una decisión que responde a un modelo de gobierno que ha recortado la sanidad pública, que ha derivado fondos al sector privado y que ha desmantelado poco a poco los servicios públicos, con especial impacto sobre la salud de las mujeres». 

Durante la concentración también se ha denunciado que se intentara minimizar la crisis cuando se hizo pública la situación reduciendo el número de casos a «3 o 4″, conociéndose posteriormente que hay más de dos mil afectadas. «Las asociaciones lo habían comunicado y lo habían denunciado; los advirtieron los sindicatos sanitarios; lo reflejaron los propios informes de la Junta. Y aun así se ocultó la información y se ignoraron derechos básicos», han denunciado. 

El foco también se ha puesto en la demora en la entrega de resultados y en el abandono que han sentido y siente miles de mujeres andaluzas. Por todo ello, se ha reclamado que los responsables políticos asuman sus responsabilidades y «den explicaciones claras»; que si informe sin demora a todas las mujeres afectadas»; que se garantice el acceso inmediato a la pruebas y tratamientos que sean necesarios; que se investigue a fondo lo ocurrido; y que esa investigación se extienda a otros cribados de cáncer.