Las Jornadas de Otoño cerraron este viernes una nueva edición marcada por una temática que ha girado en torno a la geopolítica, la política y, especialmente, la justicia. Precisamente este último bloque centró la sesión final, presidida por el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado.

El primero en intervenir fue José Antonio Montero Fernández, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien además recordó su paso por Pozoblanco al inicio de su carrera. Montero Fernández trazó un detallado mapa del acceso a la judicatura, la selección de jueces y el proceso de nombramiento de magistrados. Alertó sobre las lagunas del proyecto legislativo con el que el Gobierno pretende modificar dicho acceso, especialmente por la falta de consenso, y defendió que cualquier reforma debería abordarse mediante un Pacto de Estado. También analizó la situación del CGPJ y su prolongado bloqueo, que atribuyó a la injerencia política y que, dijo, ha generado “desconfianza” en el órgano. Por ello, abogó por un sistema de elección protagonizado por los propios jueces, aunque advirtió del riesgo de caer en “corporativismo y autocomplacencia”.

El segundo análisis de la tarde llegó de la mano de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), institución que definió como el “intérprete supremo de la Constitución”. Subrayó que su jurisprudencia debe mantenerse en diálogo constante con los tribunales internacionales, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras explicar la estructura y funciones del TC, Arnaldo señaló la incomodidad del actual número de miembros —doce— ya que un posible empate se resuelve mediante el voto de calidad del presidente, algo que consideró una “anomalía”. Recordó que ocho de sus integrantes son elegidos por el Parlamento, dos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno, y repasó las competencias del órgano: control de leyes, resolución de conflictos competenciales y recursos de amparo.

La última conferencia, titulada “¿Es efectivo y real el control de las decisiones del Gobierno por el Tribunal Supremo?”, fue impartida por Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente tanto del TS como del CGPJ. Lesmes explicó que el Supremo no interviene en la iniciativa política, pero sí controla la actividad administrativa del Gobierno, que calificó de “muy amplia” y con impacto cotidiano en los ciudadanos. Subrayó que no es posible la democracia sin un poder judicial independiente, y respondió afirmativamente a la pregunta central de su ponencia: ese control existe y es esencial para prevenir la arbitrariedad, elevar la ética pública y mejorar la transparencia. En su intervención final, realizó un repaso histórico de la evolución legislativa española hasta llegar a la Constitución de 1978.

El cierre de las jornadas corrió a cargo de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Fundación, quien sintetizó las conclusiones principales. Destacó que España cuenta con un sistema judicial “reputado objetivamente”, basado en oposiciones y concursos que garantizan la calidad profesional, y subrayó que la justicia es “muy estimada por los ciudadanos”. No obstante, reconoció la lentitud de los procesos y afirmó que la justicia es “el poder peor tratado”, motivo por el cual los tiempos de resolución siguen siendo excesivos.