Comenzando el rábano por las hojas, digamos que la causa fundamental del problema que hoy representa el acceso a la vivienda, es haberse convertido en los últimos años en un bien especulativo.

Qué causas han dado origen a la situación, es una pregunta que exige varias respuestas y diversos motivos, que se han producido por la desatención de los respectivos gobiernos en la protección de derechos constitucionales de los ciudadanos.

Una breve exposición histórica nos obliga a remontarnos a los años 60 del pasado siglo, en plena efervescencia de la dictadura franquista. En la época, el sistema de protección de los derechos de inquilinos se mostraba mucho más firme y seguro que en la actualidad. Expongamos a título de ejemplo que la ley franquista de 24 de diciembre de 1964, regula una protección de los derechos de los arrendatarios de viviendas, a quienes entre otros, les concedía sin posibilidad de renuncia, un contrato inicial de cinco años que podían prorrogarse a voluntad del inquilino durante tres años más.

Asimismo controlaba el precio del alquiler y regulaba las subidas que podían practicar los propietarios; posibilidad de que, a la muerte del arrendatario, pudieran subrogarse en el contrato a familiares y allegados. Tutelaba algunos derechos del inquilino como irrenunciables y todo ello en base a lo que en su exposición de motivos relataba “El movimiento liberador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias de la justicia social…”

Resulta significativo que tales derechos se justificaran en base, sobre todo, al principio de justicia social, cuando en esos tiempos la única justicia existente era la del mando único. Qué ha sido de la justicia social. Pues sencillamente que nuestra cacareada Constitución ha trasladado el principio de justicia social, al interés general, entendiendo por interés el progreso económico aunque conlleve un muy injusto reparto de la riqueza de la que no participamos todos, sino solo aquellos que controlan el mundo de las finanzas.

Las políticas económicas, so pretexto de buscar el mal llamado bienestar social, ha invertido los valores supeditando los derechos humanos a los interese económicos. Prueba evidente de ello ha sido la modificación, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del art. 135.2 de la Constitución que supedita tales derechos sociales, tras haberse blindado el pago de intereses de la deuda por encima de las atenciones sociales.

Pero no solo este es el motivo. Ha habido otras razones encubiertas que se han fraguado desde el aspecto financiero. Con el llamado boom económico de los años 80 del pasado siglo, ante el espejismo de la bonanza, las entidades financieras fijaron sus inversiones en el sector hipotecario.

Todo el mudo tenía derecho y podía adquirir una vivienda financiada incluso por encima de su valor real ,que le permitía también la adquisición de bienes de consumo. La inversión les resultaba rentable, con unos intereses que nunca se podrían haber imaginado.

Se firmaban hipotecas con intereses abusivos de entre el 10 y el 15% que incluso llegaban al 25% en los supuestos de morosidad en el pago de las cuotas Era un negocio redondo. La banca siempre ganaba mientras nuestra Ley Hipotecaria les protegía de una forma totalmente injusta: o pagas o vas a la calle, pierdes lo pagado y además nos quedamos la vivienda y te reclamamos el resto pendiente entre el importe de la adjudicación en subasta, y la deuda y si no es suficiente le metemos manos al patrimonio de los avalistas (generalmente de los padres y abuelos).

Con el soporte de la Ley Hipotecaria y la colaboración insensible de nuestro sistema judicial, y la no menos apreciable del colectivo notarial y Registradores de la Propiedad, se cometieron barbaridades permitiendo que las leyes injustas del franquismo, como es citada ley, se antepusieran a la justicia social y la realidad del momento, con una complicidad que permitió en las ejecuciones hipotecarias la intromisión de entidades financieras constituidas en países extranjeros ( los llamados fondos buitres) que tomaban parte en la adjudicación directa de las vivienda subastadas, mientras jueces y letrados de la administración de justicia miraban a otros horizontes.

A través de este procedimiento torticero y con fraude de ley procesal, estas entidades se personaban en los procesos judiciales de ejecuciones hipotecarias sin tener legitimación para ello y con total y absoluta falta de capacidad procesal. Se adjudicaban viviendas por el 70% del valor de su tasación y las sacaban fuera del mercado nacional, violentando así la Ley 1/2003 que recogía la creación de un Fondo social de vivienda propiedad de las entidades financieras para su posterior adjudicación a los perjudicados, bajo un arrendamiento asequible.

Sacadas así del mercado nacional, a través de su adjudicación a una entidad mercantil radicada fuera de España, podrían disponer libremente de su venta o alquiler, como así se está produciendo.

Estos son algunos de los motivos que nos han llevado a la actual situación y hoy nos planteamos la regularización de los alquileres, tras haber renunciado a la posibilidad de readquisición de esas viviendas perdidas por culpa ajena de los perjudicados.

¿Qué está ocurriendo?

Como digo, el sector financiero ha traslado sus inversiones llevándolas de los créditos hipotecarios, que han perdido seguridad tras las sentencias de los tribunales internacionales (entre ellas, la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de marzo de 2013 que influyó en el criterio de nuestros tribunales), derivando sus inversiones al arrendamiento y la venta del parque inmobiliario de que son titulares.

Al mundo de la banca, se les dio un varapalo, pero no por ello ha aprendido la lección. La cabra  tira al monte, y como le es propio, el dinero no tiene cara, ni refleja sufrimientos, es sencillamente un medio de complacencia para quienes carecen de moral y no tienen hartazgo.

Se han hecho nuevamente los dueños del mercado de la vivienda, saltándose impunemente las normas constitucionales. Todo no estaría perdido si un gobierno realmente socialista luchara por la garantía de los derechos humanos sociales, laborales y económicos, pero no quieren enterarse de que nuestra prostituida Constitución les conserva el arma que puede minimizar tamaña injusticia, y ello está, entre otros, en el denostado artículo al que hemos hecho alusión: «Toda la riqueza del país -toda, sin exclusión- en sus distintas formas –(debe entenderse que tenga contenido patrimonial o de derechos económicos)-sea cual fuere su titularidad – que esté en manos de personas físicas, jurídicas, entes sin personalidad, etc.- están sujetos al interés general».

Solo resta determinar el concepto de interés general, y la pregunta sería, si es general, debe entenderse de la mayoría. Pues sometamos a la mayoría, como debió haberse hecho con la reforma del art. 135, y seguro que de forma aplastante diríamos: Que se cumpla la Constitución y se derogue el apartado 2 de su art. 135.que fue modificado con premeditación, nocturnidad y alevosía. y de paso, limpiar de debajo de las alfombras.

Tiempos convulsos donde los mas firmes valores de las sociedades democráticas están perdiendo su esencia humana.
La justicia no es solo una norma sino el arte supremo de ordenar el caos y encontrar el lugar exacto en el gran concierto de la existencia. Como recogía el primer gran sabio de nuestra historia, Platón, “Tener y hacer lo que es propio, donde cada parte de un sistema cumple su papel de manera adecuada y coordinada para que la sociedad alcance un estado de equilibrio y eficacia”.
Nuestro amor al prójimo es nuestro amor hacia nosotros mismos, y nuestro amor a nosotros mismos es lo que convierte en prisión nuestra voluntad.
No podemos mantenernos ajenos, sin pecar gravemente con la ley que nos obliga a procurar, en la medida de nuestras capacidades, el bien general de todas las personas de buen espíritu y tratar de mejorar la situación desenterrando las injusticias, para que cada cual hago lo que debe hacer y no excitarnos a que “El que pueda hacer, que haga”.
La propia iglesia católica, por boca de León XIII, a través de su encíclica “Rerum Novarum” publicada a finales del siglo XIX, reconocía (no sin gran esfuerzo en el ámbito de la llamada Doctrina Social de la Iglesia) que la religión cristiana podía unir a los ricos con los proletarios, llamando a ambos al cumplimiento de sus deberes y, ante todo, a los deberes de justicia.
Mas recientemente, la filósofa y activista francesa, Simone Weil (1909/1943), decía que para comprender la injusticia hay que vivirla, reiterando como forma de amar, la atención al otro, entendiendo que la obligación moral está antes que el derecho individual, arraigada en el ser humano como necesidad básica.
María del Carmen, esa anciana de 87 años vecina de Madrid, recientemente lanzada del domicilio donde vivió desde su juventud, ya no tendrá tiempo de comprender la injusticia que ha vivido.
Solo nos queda apelar a los gobernantes a que cumplan y hagan cumplir las leyes fundamentales que nos hemos dado para esa convivencia en paz y armonía, obligando a cada parte del sistema a cumplir con lo que debe hacer y no con lo que pueda hacer.

Existe en nuestro ordenamiento jurídico de un valor esencial, regulando lo que Montesquieu en el siglo XVII-III vino a analizar en su Tratado “El espíritu de las Leyes”, dice así: “Las normas se interpretarán (…) según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.
¿Cómo se debe interpretar este precepto de obligado cumplimiento por los administradores de la Justicia, cuando se trata de derechos y obligaciones constitucionales? Nuestra Constitución, regulando la política social y económica, obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social y económica y jurídica de la familia (art. 39.1), a que todos los españoles tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47), que toda la riqueza del país en sus distintas formas y se cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (art.128.1).
Pero como digo, nuestra Constitución se ha convertido en el globo terráqueo al que daba patadas Charles Chaplin, en el film. “El Gran Dictador”, solo sirve como divertimento o instrumento arrojadizo por algunos políticos irresponsables que encuentran en el contrario la
obligación que ellos mismo no fueron capaces de cumplir. Será porque después de más de XXV siglos no se han leído la “República” de Platón”.
En otros tiempos, las riquezas de lo particulares formaban el tesoro público; ahora es el tesoro público patrimonio de algunos particulares
disimulados bajo forma de sociedades anónimas de todo tiempo y estructura, donde pretenden disipar los reproches de sus conciencias,
quienes no solo no creen en la justicia de los hombres, sino tampoco en la divina.

“No es mas a los hombres a quienes me dirijo, es a ti, Dios de todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos: si está permitido a unas débiles criaturas perdidas en la inmensidad e imperceptibles al resto del universo para pedirte algo, a ti que lo has concedido todo, a ti cuyos decretos son tan inmutables como eternos, dígnate mirar con piedad los errores inherentes a nuestra naturaleza, para que esos errores no sean causantes de nuestras calamidades Tú que nos has dado un corazón para que nos odiemos y manos para que nos degollemos..” (Voltaire.- Tratado sobre la Tolerancia).

El ser humano como sujeto social, marcado desde la creación por el pecado venial de la soberbia, ha añadido en el ejercicio libre de su conducta social otro pecado mortal imprescriptible: “la intolerancia” que inocula en la sangre esa loca enfermedad de superioridad frente a los demás seres humanos, sin capacidad  de mirarse a sí mismo para advertir la insignificancia de su propio ser, la temporalidad de su existencia y conciencia de humanidad frente a un mundo inestable que deriva hacia su propia destrucción, segregación y desprecio del diferente.

La intolerancia del nazismo pretendiendo crear el “superhombre” (la raza aria) a partir de genocidios; el comunismo, con el ideario de crear el “hombre nuevo” sacrificando generaciones y destruyendo Estados. Las religiones monoteístas poniendo a sus Dioses como artífices de la intolerancia religiosa: “o haces lo que te digo o te someteré a los mayores tormentos terrenales y al sufrimiento eterno en el fuego de los infiernos”.

 Cruel principio: ahora tragedia, justicia después.

 ¿Cuántas veces se ha violado el derecho universal de igualdad y respeto entre todos los seres humanos recogido en el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”. Apenas un 10% de la humanidad tiene conocimiento de la existencia de estos derechos universales, y aquellos países que lo conocen y suscribieron lo trasgreden sistemáticamente.

La unidad, la diversidad y la diferencia no tienen por qué generar conflictos.

La filosofía aristotélica de la superioridad de unos seres sobre todos, ha sido mal e interesadamente interpretada por los que han ostentado el poder históricamente, tanto el civil como el eclesiástico, unidos en la causa común de la intolerancia y el predominio, así ocurrió hace siglos, con la teoría dogmático-eclesiástica de “Las Dos espadas”, una en poder de la iglesia para garantizar la eterna salvación de las almas de sus files, y la otra en poder del Estado con obligación civil de garantizar el cumplimiento del dogma religioso. Una lucha permanente contra el más débil que solo causó dolor, desgracia y muertes.

Sobre la tierra hay sitio para todos, pero se hace necesario la aceptación como regla universal de la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza.

La Tolerancia consiste en no censurar ni castigar ninguna acción, omisión u opinión, mientras éstas no tengan como resultado un acto delictivo y aun así, serán los tribunales de justicia los que pongan remedio al daño causado, la realización arbitraria del propio derecho genera aún un mal mayor que la propia desidia y parcialidad de los administradores de justicia.

Ojalá (law sá lláh- Halavái) todos nos acordemos o al menos no olvidemos que somos hermanos.

El jurista romano del siglo III  Gneo Domicio Annio Ulpiano, conocido como “Ulpiano”, hizo una definición de la justicia no como misión sino como  administración: «Esa continua y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde». En su ejercicio práctico esa función está atribuida a los tribunales de justicia; se trata de un concepto de justicia material, pero por encima de ese concepto está la verdadera justicia como valor sublime que debe presidir permanentemente ese ejercicio profesional que hoy, está en manos de jueces y magistrados en su mayor parte condicionados por la presión social y más aún de carácter político que es el poder que al fin y al cabo los sitúa en su lugar y les condiciona su proyección profesional.

Joaquín Bosch (magistrado en activo y ex-portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia) en un magnífico libro en colaboración con el periodista Ignacio Escolar, El Secuestro de la Justicia, afirma que en una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se encuentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción. Es una evidencia por su trascendencia social y conocimiento generalizado del interés de los partidos políticos en situar a magistrados de sus ideologías al frente de los órganos de gobierno de jueces y tribunales y desde la cúpula controlar el sistema judicial amparando a aquellos jueces que comulguen con sus ideales políticos y separar de la instrucción de determinadas causas penales a aquellos otros que libres de ideales o contrarios a su ideología pudieran hacer uso de su libertad para dictar sentencias justas sobre todo en el terreno de la corrupción.

Esta realidad social, que cada día más va calando en la opinión pública,  genera una desolación por el desamparo real en que se encuentran los ciudadanos tan manida y negada por los representantes de los distintos partidos políticos hoy los de la oposición y ayer los que estuvieron en el poder, y  solo exige de una pregunta para afirmar que las cosas están ocurriendo en un ámbito de irregularidades que por intereses propios son negadas tanto por los que les favorece la situación como por parte de la judicatura: ¿por qué  los grupos políticos parlamentarios son reacios a  la obligada renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y luchan por poner en el sillón del trono a los suyos?

Dice Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social, que «porque el fin que persigue todo sistema legislativo es la libertad y la igualdad» y esa exigida igualdad en la aplicación de la ley pondría a los poderosos en el mismo escenario con el resto de ciudadanos y así se verían privados de los privilegios de hacer y deshacer con total impunidad aquello que les resulte favorable a sus intereses políticos, económicos y sociales, a cuyo servicio intelectual se encentra la cúpula del poder judicial

Si como dice la frase bíblica atribuida a Jesús de Nazaret, en el caso de la mujer adúltera, «aquellos de ustedes que estén libres de pecado mortal que tiren la primera piedra». Yo, no estoy exento de culpabilidad por mi contribución a la causa de la mala Administración de Justicia, en la que ingresé el día 19 de enero de 1969 y me retiré en jubilación voluntaria en julio del año 2014. Toda una vida durante la que he tenido suficientes vivencias como para plasmarlas en un largo relato con la seguridad que hoy, ante el desprestigio de la propia judicatura que se lame sus propias heridas, no corro el peligro de decir que la justicia es un cachondeo, «es una vergüenza», pero no hoy, lo ha sido siempre, la diferencia es que antes se guardaba el secreto bajo la amenaza de esos señores togados que se creen tocados por la mano divina, seres vulgares, vengativos, irresponsables y fuera de la realidad social.

Desde el oscurantismo en que secularmente se ha desenvuelto la Administración de Justicia, reviste mucha dificultad el probar las afirmaciones que se hagan, no por ello perderán virtualidad y verdad conocida por gran parte de los colaboradores de la administración de Justicia (Personal funcionarial, abogados, procuradores, criminólogos, forenses, etc) pero la preservación de sus intereses profesionales y materiales les impiden manifestar o contribuir a demostrar las afirmaciones que hacen en ” petit comité”, con lo cual vaya también su parte como responsables por omisión.

Son dignos de reconocimiento público, aunque solo fuere por el pesar que se les ha infligido, algunos jueces que quizás con algo de exceso de celo, han sido expulsados por su osadía marcando diferencia con el resto amancebado, a quienes la historia próxima les dará la razón devolviéndoles su prestigio y su reconocimiento público, aunque dudo que quieran volver a formar parte de este ejército pretoriano que cumple a raja tabla las órdenes o insinuaciones de sus jerarcas.

Les sorprenderá si les digo que celebro lo que está ocurriendo. Como dijo el apóstol Juan «la verdad os hará libres» y en los últimos tiempos gracias al arrojo y valentía de algunos políticos que han accedido al gobierno, esas verdades ocultas están aflorando al conocimiento de los ciudadanos, de los que dogmáticamente se dice que son los manantiales del poder, un poder que les ha sido usurpado precisamente por los obligados a garantizar el derecho individual y colectivo de los ciudadanos soberanos de la desilusión y el desencanto.

Ser juez hoy día no es un honor, ser un buen juez es un riesgo peligroso.

Exhorto a los verdaderos cristianos, aquellos que aún creen en la bondad y humanidad que predicó Jesús, a aquellos que siguiendo a Mateo abandonan sus privilegios materiales en beneficio de los bienes del espíritu. De la bondad del alma, a aquellos que el evangelio denomina del Padre, a quienes el padre celestial exigirá rendición de cuentas llegado el momento de abandono de esta vida. ¿Poneis, acaso, por encima de vuestra salvación, los inmundos mensajes de los dirigentes políticos?

Hoy no se puede ya apelar a razones éticas ni morales, la verdad ha llegado a tal punto de enrevesamiento que no quedan mas razones que la apelación a la conciencia como único valor firme para la salvación no solo de esta sociedad sino del alma de aquellas personas que haciendo un prudente uso de sus valores, guardan silencio.

Jesús fue victima de sus firmes convicciones, y no dudó en luchar contra el fariseísmo de sus propios hermanos “No penséis que he venido para traer la paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada “(Mt 10:34) Esta verdad generó un conflicto ideológico y espiritual que llevaría a la sociedad a cambiar las lealtades, aún a costa de su propia vida.

¿Nosotros, los que nos autodenominamos cristianos vamos a ser mas leales a una paz prometida con base en la diferencia de unos ciudadanos respecto de otros, que a la doctrina de la salvación basada en la fe?

Prioridad nacional, la promesa temporal de la supuesta salvación de una sociedad putrefacta que los mismos que prometen salvar han llevado a la podredumbre.

Hoy solo conocemos el significado de un concepto lingüístico ignorando el verdadero significado de esa hipérbole. Prioridad nacional sería una lucha loable en la controversia de prioridad entre las naciones del mundo luchando dignamente unas contra otras para resaltar ese supuesto predominio y garantizar y afianzar los valores y derechos de sus conciudadanos, pero nó, bajo este engañoso emblema se encubre una desigualdad entre iguales, entre seres que, ante los dogmas del cristianismo, no son distintos.

De esta maldad solo conocemos el cascarón del huevo, pero visto como soplan los vientos, que día a día van tomando el tamaño de huracanados, podemos imaginarnos el contenido del envoltorio.

Los cristianos, de una u otra tendencia política, tenemos la obligación, primero de salvarnos en esta tierra, y así aspirar por nuestras obras a la salvación eterna. “Pero os digo que en el dia del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotros” (Mat.11:23).

No se nos pide la heroicidad de poner en riesgo la vida, como ese hombre al que todos veneramos y pretendemos imitar, solo seguirle en su doctrina de la rebelión frente a la injusticia, de alzar la voz en uso legitimo de un derecho social garantizado. Alcemos la voz no solo en los cánticos religiosos en los claustros y ritos de procesiones, es una obligación de todo buen cristiano alzar la voz frente a aquellos que pretenden dañar a nuestros semejantes, sin consideración a la ideología por encima de la cual debe estar el verdadero sentimiento humano, la solidaridad, la igualdad, la semejanza, seguir el camino del entendimiento, tolerancia y respeto entre todos los seres de la tierra, la paz mundial que estas corrientes políticas indeseables que solo pretenden su propio bien en perjuicio del resto, están poniendo en peligro.

Yo soy un hombre de izquierdas, no tengo ningún miedo ni pudor a declararlo públicamente, pero por encima de esa ideología de mi mente, está el sentimiento de mi alma que me dice: No hagas aquello que no quieras que te hagan. Ama al prójimo como a ti mismo. Todos los seres somos iguales en esencia, en sentimientos, en sufrimientos, en necesidades, o al menos deberíamos serlo. Por eso exhorto a los verdaderos cristianos a salir de su silencio y alzar la voz en nombre de aquellos a quienes se les niega, o al menos se pretende negar un derecho tan básico como es la asistencia médica.

Una nación que sienta como principio tan perversa e irracional política no sería un país digno ante los ojos del mundo, y por supuesto ante los ojos del Dios de los creyentes.

Apelo a los padres del rebaño, a los levitas, a quienes se proclaman padres de su grey, tomen conciencia de la necesidad de llevar a sus ovejas por el camino de la doctrina cristiana. Hagan sus homilías diarias denunciando a los malhechores que bajo la apariencia de salvadores se alimentan de las miserias humanas.

A buen seguro que si Jesús volviera a la tierra, lo haría en patera, confundido entre los subsaharianos por el color negro de su piel, y estaría en la calle junto a esos “distintos” pero no diferentes para él.

Hablando en inglés, traje corbata y gafas de marca, se crea la imagen a seguir adecuada para la imposición de las formas. El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder político, el poder del pueblo. Todo son poderes y casi nada es querer, a pesar de habernos hecho creer que «poder es querer».

Desde los poderes públicos se adiestra el pensamiento para impedir el razonamiento anulando la libertad como atributo del ser humano para una convivencia ordenada, pacífica y justa. La apariencia de las formas, se dictan normas para apaciguar la fiera que todos los seres llevamos dentro y que se rebela como recurso ante las injusticias, recurso cuyo ejercicio limitan precisamente los poderes. Si se comete una injusticia, se dice: «Acuda usted a los tribunales», ofertando la esperanza de reposición del mal causado, pero la justicia social no depende de la administración de justicia, aunque así pretendan hacernos creer. Acudir a los tribunales, además de una pérdida de tiempo y dinero resulta una desolación. Años de espera en la respuesta, incertidumbre en las decisiones y arbitrariedad en la aplicación de las leyes. La decadencia de los valores humanos es evidente, todos, o casi todos, coincidimos en ello.

Se pretende hacernos sentir impotentes para paralizar esta enorme maquinaria que nos arrastra y hace creer que revertir la situación es imposible. «Esto es lo que tenemos», solemos decir con irresponsable actitud, en la creencia de que tales males no afectarán a los que creen que con cumplir las normas, sean las que fueren, es suficiente exigencia para un ciudadano de bien.

Una sociedad con conciencia de ser no puede renunciar a la presencia activa de los ciudadanos ante situaciones irregulares, injustas y arbitrarias de los poderes públicos obligados por su función a la búsqueda y consecuencia de una justicia real y bien común para sus pueblos. El mayor filósofo de la historia, Aristóteles, decía: «El fin supremo del poder político no es el beneficio personal, sino garantizar la felicidad y el bienestar moral de los ciudadanos». Después de veinticinco siglos, poco hemos aprendido. Hoy debemos preguntarnos, en lugar de aquietarnos: ¿Qué podemos hacer?, pues comenzar por el entorno más próximo, ilustrase y documentarse, mediante un pequeño esfuerzo, en primer lugar de lo que ocurre en inmediatez.

En nuestra ciudad tenemos un ejemplo permanente de la Plataforma en Defensa de los Mayores, reivindicando  de forma ordenada, civilizada y respetuosa, una residencia pública para nuestros mayores prometida por los poderes públicos para conseguir logros personales, olvidándose de las causas que le han llevado a ostentar ese poder efímero y delegado en la convicción de que lo mantendrán toda la vida, ignorantes de que un trono es solo un sillón de madera forrado de terciopelo. Pobres necios, cortos de espíritu y conciencia que pretenden limpiar sus pecados mediante plegarias y boatos en procesiones, como sepulcros blanqueados a los que no les estará reserva la diestra de su señor. Su fundamento y argumento lo reducen estrictamente a una imagen pública, como los Silenos invertidos de Alcibíades” (seres mitológicos griegos asociados al dios de la belleza, la fiesta el teatro y el éxtasis-Dionisio-) blancos por fuera y sucios por dentro

La historia de la humanidad se ha producido de forma cíclica con épocas de esplendor de imposición de la razón, y decadencias abocadas a conflictos bélicos. No esperemos a que vengan a buscarnos y ya no haya nadie que proteste por nosotros. Oponerse a las injusticias, vengan de donde vengan, no es solo una obligación de buenos ciudadanos, sino también un derecho básico de todos en un Estado que se dice «moderno».

Un domingo matinal de lluvia y frío, paseando por los arrabales de nuestro pueblo, Pozoblanco, me vuelve a llamar la atención, en esta ocasión de forma significativa, como revelación al apóstol de los gentiles, camino de Santiago,: «Residencia Pública ya», «Terrenos para la residencia pública».

Por azar del destino o causa providencial me cruzo con el hijo de un amigo de la niñez: ¿Cómo está tu padre? En la residencia de Pedroche, muy malito, me responde. Miro hacia los carteles de providencia y me surge la necesidad de volver del paseo para descargar mi conciencia, no culpable del dolor ajeno causado por la indecencia de un sujeto al que han designado alcalde de nuestra ciudad.

Me viene al recuerdo la niñez de su padre, como la de tantas personas de la época, casi todas personas humildes trabajando sin descanso desde los diez o doce añitos, a veces por solo la comida, sufriendo fatigas incontables, necesidades de todas clases, luchando denodadamente por conseguir un futuro mejor para sus hijos. Y éstos, nosotros, en agrio agradecimiento permitimos que los confinen en un reducto de cristiana humanidad llamado “El Salvador”, la residencia del digno pueblo que dio nombre y origen a nuestra comarca, residencia de eméritos tarugos, dignos soldados del progreso social, que ven la última luz de su vida, como el profeta Moisés condenado en el monte Nebo  a no volver a la tierra prometida.

Tarugos condenados al olvido a quienes ni tan siquiera el reconocimiento público, sino relegados cuán leprosos por un pueblo que se manifiesta públicamente «mariano».

¿Dónde está la conciencia y el amor fraterno de todas aquellas personas que plegan a Dios por sus hermanos, y se olvidan de sus mayores?  ¿Esperáis acaso que la Virgen de Luna, alcaldesa perpetua de nuestro pueblo, construya la residencia prometida por el alcalde temporal Santiago Cabello? Los ciudadanos tenemos la obligación legal de reclamar y el derecho moral a exigir en nombre de nuestros mayores, dando muestra de ciudadanos respetables  comprometidos con una sociedad mejor, y no permitir que personajes indignos, mentirosos, egoístas, torpes y mediocres aprovechen sus privilegios temporales para hacer uso indebido de sus atribuciones, incumpliendo las promesas que le llevaron a la dignidad de regir un pueblo.

Mi amigo Benito, como tantas otras personas «tarugas» se ven confinados en un digno pueblecito que no brilla tanto como la Emérita Augusta del imperio romano pero, como aquel,  cumple la digna función de recoger a esos guerreros y guerreras que lucharon por sobrevivir en unos momentos históricos muy desgraciados, para sacar a España de la miseria en que vivía aún en la segunda mitad del siglo XX, y hoy confinados por la irresponsabilidad de «nuestro alcalde», Santiago Cabello, que se permite decir públicamente que el Ayuntamiento está saneado, con unos remanentes de créditos superior a los ocho millones de euros y que bien les permitiría embarcarse en una inversión plurianual para la construcción de la prometida residencia pública de mayores. Emulando a los portavoces de la oposición municipal: Un Ayuntamiento sin endeudamiento, es un Ayuntamiento sin posibilidad de progreso.

El balance presupuestario, en términos económicos, no se corresponde con el balance de la gestión pública, algo que debe saber el más ignorante. Con esa concepción de lo público, debería haber seguido dedicado a la actividad profesional de la que proviene, y a la que a buen seguro no volverá, y así evitar, entre otros males, el dolor que está causando a esas familias humildes que ven como sus mayores no pueden morir en el lecho donde secaron su sudor y descansaron todos los días de su azarosa su vida.

La cascareada eficacia, transparencia y buen gobierno municipal, vuelve a mostrar evidencia de todo lo contrario. Se aproxima la gestión municipal de mayor trascendencia de un gobierno: la aprobación de sus presupuestos. Algo de tal consideración no parece importar demasiado a nuestro alcalde que, habitualmente llega tarde, de manera irregular y con un desconociendo supino tanto de la confección del presupuesto como de su importancia social y económica.

Los presupuestos municipales constituyen la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo se pueden reconocer y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así lo recoge en art. 143 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales-

Al presupuesto se deben acompañar como anexos (entre otros): Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, tengan previstos el gobierno municipal. El Plan de Inversiones, contendrá:

1.- La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

2.- Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en los cuatro ejercicios.

3.- Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar. (Art. 147 de la Ley 39/88, citada)

El presupuesto debe formarlo el alcalde, y al mismo habrá de unirse cierta documentación, entre la cual es de destacar por la importancia, y el grave conflicto que existe con el personal del ayuntamiento, anexo de personal de la entidad local. Es decir la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de funcionarios, personal laboral y eventual, que debe actualizarse anualmente -por disposición legal- que no se ha hecho.

El conflicto con el personal del Ayuntamiento trae causa, fundamentalmente, a partir de la Ley de Consolidación de Puestos de Trabajo, cuya ejecución lleva un retraso de casi dos años en su cumplimiento. Es de saber que el problema se prolongará ante el desconocimiento e incapacidad para la elaboración de la RPT y su adecuación a los respectivos puestos de trabajo del personal, nivel, grupos, materia salarial, etc

El alcalde debe remitir el presupuesto, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementarios, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución –art. 149 de la citada ley-.

Ya vamos tarde, es habitual, no tiene mayor importancia, salvo la cacareada puntualidad en el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos legales de que presume el alcalde en sus “mítines” plenarios. Aprobado inicialmente el presupuesto, se expone al público en general por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tienen la consideración de interesados:

1. Los habitantes de Pozoblanco
2. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en nuestra localidad
3. Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales.

Estas reclamaciones están tasadas en cuanto a su contenido, por ley, como: ser insuficientes los ingresos con relación a los gastos presupuestados, por no haberse ajustado su tramitación a las exigencias legales, por omisión de créditos para cumplir obligaciones exigibles por disposición legal u otros títulos legitimo (ejem. Sentencias judiciales)

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre (art. 150 Ley 38/1988). Haciendo un ejercicio de fe, ya que la experiencia nos muestra lo contrario, esperemos que sean aprobados los “nuevos” presupuestos, cumpliendo todos los trámites legales y su finalidad, y que al día de la fecha no se está haciendo, y no consistan en un “corta y pega” como es habitual, lo que viene dando lugar a las innumerables modificaciones o ampliaciones presupuestarias. ¿Será pedir peras al olmo?

Hay que reivindicar los valores éticos de la palabra, de lo dicho, de lo acordado, de lo prometido. En nuestra tierra, han sido valores tradicionales de nuestros padres. El hombre que no cumplía su palabra estaba proscrito para el resto. Hace poco más de cincuenta o sesenta años, la palabra era un valor que, aunque no cotizaba en bolsa, era una garantía de seguridad para la convivencia. Después vendría los “mercaderes de la mentira”, aquellos que hicieron creer a nuestros padres que un contrato escrito, y si es posible ante notario, tenía más validez que la palabra dada, y así, todos cayeron en el clientelismo de estos zurupetos que, adornados de aureola y pelo abrillantado, se vendieron como garantía de orden y progreso.          

La palabra dejó de tener valor, todo lo que no fuera escrito ante testigos, y si lo es ante notario, mejor, no valdría para nada. Y es cierto en parte, podía dejar de cumplirse, pero el precio que se pagaba por el que incumplía su palabra era muy superior a cualquier cálculo económico, el desprestigio y el deshonor le relegaba a una situación de desprecio popular. Lo peor que le podía pasar a un paisano, es que la gente dijera de él “ese no es un hombre formal”. Eran otros tiempos, se dirá, las cosas han cambiado. No nos equivoquemos, aunque es cierto que eran otros tiempos distintos, ni mejores ni peores, solo distintos.

Las cosas no han cambiado, han cambiado las formas. Los bienes materiales se compran y se venden, los coches se compran y se venden, los alimentos se compran y se venden, pero, ¿de qué forma? habríamos de preguntarnos. ¿Sabemos quiénes son los productores de esos bienes?  ¿Sabemos quiénes nos vende esos bienes? ¿Sabemos quiénes se enriquece con estas operaciones? No, no lo sabemos.

En cualquier operación mercantil o contrato civil, de cierta enjundia, siempre interviene terceros, financieros, comisionistas, avalistas, y los llamados “fondos buitres” aquellos que lo compran todo a precio de saldo, y después te reclaman a ti la deuda en su totalidad.  Todos aquellos que aprovechan esa simple operación para complicar y complicarte. Tú ya no sabes a quien compras,  no sabes a quien pagas, tú ya no sabes quién te ejecutará la deuda si no la pagas. En definitiva, has entrado en un laberinto de intermediarios, entre los cuales, ni siquiera se conocen, y a ti solo te queda la opción de pagar lo que el último de la cadena te diga que debes, y nunca aparecerá en esa cadena, a quién puedes reclamarle el incumplimiento del contrato. La obligación se ha diluido de tal manera, dentro de esa arquitectura legal, que no aparecerá nunca el verdadero sujeto obligado a cumplir el contrato, contrato que, por indicación de esos leguleyos, intermediarios, que han encontrado la forma de vivir a costa de la buena disposición de los demás, hubiste de hacer en documento suscrito por notario y con todos los requisitos legales, pero que a la hora de la verdad, solo queda tu obligación de cumplir, ¿los demás? ¡Ah! Esos han desaparecido, al igual que la palabra dada antaño. Y a eso, hay quiénes, para justificar su privilegiada situación, les llama progreso.

El valor de la palabra ha dejado de existir, ya no importa lo que digas, lo que importa es lo que te digan que debes hacer y si no lo haces atente a las consecuencias. No pienses, no actúes, ¿para qué?, si a fin de cuentas, dirás, se hará lo que ellos quieran. La pregunta obligada: ¿Nosotros que podemos hacer?

Primero, saber quiénes son “aquellos” a los que nosotros nos creemos diferentes, porque si somos distintos, porque no podemos ser como ellos, aunque lo desearíamos, entonces,  ¡acaba y vámonos! Pero, si como presumimos, nosotros somos distintos a esos insociales, esos insolidarios, a esos oportunistas, a esos que viven a costa del esfuerzo de los demás, a esos salva-patrias de pulserita y cadena de reloj rojigualda, que nos dicen cómo debemos vivir mientras ellos lo hacen según su pensar y sentir, entonces tendremos que alzar la voz, y si la voz sale de la garganta de miles, de millones de personas, esos, clamarán buscando donde refugiarse.

La palabra ha desaparecido, pero la voz sigue siendo, hoy igual que siempre, la garantía de que escucharán nuestro sentir, es alzar la voz, la voz plena de razón, plena de argumentos, plena de derechos, la palabra de la verdad, la palabra de la justicia. Esa no necesita de la rúbrica de ningún fedatario público, ni de la firma de ningún oportunista político, esa la rubricamos y defendemos nosotros, el pueblo llano, al que siempre acuden para pedir su autorización para gobernar, y siempre se olvidan en sus promesas.

Hay mucha gente que ha tirado la toalla, desesperados de tanto esperar, desencantados por tantas promesas incumplidas y han renunciado a sumar su voz a la de cuatro “ilusos” que aún creemos en la democracia y luchamos por ella, desde cualquier lugar, como es esta bendita y olvidada tierra del Valle de Los Pedroches, a esos nos dirigimos anunciándoles que si no son capaces de luchar por sus derechos, por su tierra, por su porvenir y el de sus hijos, hijas y nietos y nietas, no merecerían ser ayudados, porque un pueblo que ha perdido la capacidad crítica, ha perdido el timón de su futuro, y dejado en manos de los demás su porvenir, es un pueblo sin futuro.

Emile Zola, recoge un fragmento en su libro “Roma”: “Para formar al pueblo no hay más que un sistema: -El de formar hombres, el de instruirlos, desarrollando por medio de la enseñanza la fuerza inmensa que hoy se esconde bajo la capa de la ignorancia y la ociosidad”. De esta afirmación han pasado 130 años, y desgraciadamente hay mucha similitud con la situación actual.

Con distintos matices añadidos a través de la historia del pensamiento, la verdad siempre ha sido “la verdad”: La convicción interna que, conforme a la profunda conciencia de cada individuo, respecto de cualquier palabra hecho o acontecimiento se tenga, independientemente de lo que en relación de ello puedan tener los demás. En el devenir del pensamiento filosófico el concepto de verdad ha evolucionado con matices de carácter moral.

Etimológicamente la verdad es aquello que no está oculto, lo que se manifiesta claramente tal y como es en su ser. Este es un concepto de carácter materialista, equivalente en nuestro argot a “las cosas son como son”. Siendo una expresión simplista, reducida al ámbito de lo visible, la evolución social fue introduciendo conceptos o atributos enriquecedores siempre sosteniendo como fundamento el concepto de inefabilidad.

En el origen de nuestra cultura latina, el concepto de verdad derivó hacia la verdad de las palabras añadiendo un matiz subjetivo que implicaba un mayor compromiso por evolucionar de la materialidad a la idealidad. La verdad radicaba en aquellas palabras o compromisos que podían soportar con éxito su sometimiento a juicio. En el ámbito jurídico, se creó como garantía de verdad frente a cualquier acusación injuriosa o calumniosa, “la exceptio veritatis” para exculpar al acusador de posibles imputaciones injuriosas mediante el procedimiento de acreditación de sus afirmaciones.

Con un contenido más anímico, la filosofía semítica introduce el matiz de verdad como confianza en que un compromiso o acción se cumpla con solidez en el “amén” (que así sea), y en el mundo árabe se cualifica además con el valor de la amistad, con lo que desde el origen de su construcción, sobre un fundamento de sublimación, se ha ido enriqueciendo con matices humanistas y sociales que deben manifestarse al día de hoy como de mayor compromiso personal.

Escucho con estupor decir “esperemos la verdad final” en referencia al vergonzante caso de la falsificación de títulos universitarios, y uno tiene que recurrir a exprimir al máximo su poco conocimiento para buscarle una explicación, no ya al hecho, que tanto en su interpretación originaria de verdad material, con contenido moral y de confianza resulta ser una mentira por contrariar absolutamente a la verdad histórica, sino al criterio de verdad final.

Con tanta sofisticación y vulgarización del lenguaje se han creado conceptos de verdad, tales como “verdad indiciaria” que en nada es referente a verdad en sí, sino al hecho o acontecimiento que, por respeto a la legalidad de presunción de inocencia, nos atrevemos a calificar como verdad indiciaria. Nada puede ser verdad en relación a su significación si no se ha producido el hecho o acontecimiento que la justificaría ya que la verdad califica al acontecimiento y no el acontecimiento justifica la verdad.

Con similar finalidad nace recientemente en el lenguaje científico la llamada verdad virtual pretendiendo dualizar realidades creadas en el terreno de la técnica con conceptos filosóficos como es la verdad, perteneciente al ámbito de lo moral,

La verdad formal o jurídica, (la más perversa de todas) que nada tiene que ver con su adecuación a cualquier criterio histórico de verdad, y por ello pensar que será “La verdad final” la que pronuncien los tribunales de justicia a través de un proceso judicial construido sobre media verdades o verdades no creíbles en su totalidad, es una parodia representada en el acto de celebración de la vista, en cuyo acto judicial se crea la verdad formal; es decir, de lo construido hasta el momento nada es válido, sino solo aquello que se escenifica en el acto del juicio oral; por tanto nada tiene que ver la verdad material de los hechos ocurridos con la construcción de la verdad que nazca al final del juicio y se pronuncie en sentencia, tirando así por tierra toda la evolución histórica del concepto de verdad.

Nuestro país se está poniendo patas arriba y corre un grave riesgo como país/ nación cuando son tantos los remiendos que ya no queda hilo ni tela para coser. Es necesario hacer un traje nuevo con nuestra piel de toro aún a costa de que haya que recortas mangas, solapas, alzacuellos y arrancar algunas medallas que solo sirven para deslumbrar y no dejar ver la verdad, pues la verdad construida sobre una base de mentiras, esa “verdad final” es una verdad peligrosa por su contenido de inmoralidad, irresponsabilidad, injusticia y sobre todo porque mina los fundamentos de una sociedad sana.

Quizás más adecuado decir: “esperemos el final de esta mentira” construida sobre falacias de medias verdades. “Amén”.