Más de cuarenta entidades de memoria democrática han hecho público un manifiesto en el que expresan su rechazo a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo. Las organizaciones firmantes consideran que la sentencia vulnera principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia y la exigencia de pruebas concluyentes para condenar a cualquier ciudadano.

Las asociaciones también cuestionan que la redacción íntegra de la condena se conociera 19 días después del fallo y enmarcan el caso en un clima de creciente polarización política y de sospechas sobre el uso del poder judicial con fines políticos. En el manifiesto se señala que el procedimiento se originó a partir de una información «falsa difundida desde el entorno del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que la actuación de la Fiscalía se limitó a desmentir públicamente ese bulo mediante una nota de prensa». 

Del mismo modo, critican que no se hayan tenido en cuenta testimonios de periodistas que afirmaron conocer el origen de la filtración ni otros elementos relevantes del caso, como los protocolos de seguridad informática que «justifican el borrado periódico de datos en los dispositivos oficiales». 

Finalmente, las entidades firmantes reclaman una “democracia efectiva”, reiteran su compromiso con el Estado de derecho y la separación de poderes, y subrayan que su defensa de las instituciones pasa, precisamente, por exigir que nadie sea condenado sin pruebas irrefutables, tal y como establecen la Constitución española y los tratados internacionales de derechos humanos.