La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dictado hace unos días resolución estimando el recurso interpuesto por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y anulando la sanción disciplinaria por falta muy grave que se impuso a un agente en situación de reserva destinado en el destacamento de seguridad de la sede judicial de Pozoblanco, consistente en «participar o asistir portando armas, vistiendo el uniforme reglamentario a manifestaciones o reuniones de carácter reivindicativo que se celebren en lugares públicos».

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, impuso la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo a dos agentes de los juzgados pozoalbenses, y uno de ellos, asesorado por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso el recurso de alzada que ahora ha sido estimado. El otro expedientado no recurrió, pero ahora también podría verse beneficiado por el logro de los servicios jurídicos de AUGC, ya que en el dictamen de la ministra se anuncia la posibilidad de revocar de oficio su sanción.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2025, cuando personal que trabaja en la sede judicial de Pozoblanco se concentró en el exterior de la misma con motivos de los paros convocados en todo el país por varias asociaciones de jueces y fiscales en contra de las reformas legales anunciadas por el gobierno.

Durante la instrucción del expediente disciplinario quedó patente que los dos guardias civiles fueron invitados por el personal de Justicia a realizarse junto a ellos una fotografía como recuerdo personal, invitación que aceptaron por cortesía y porque se les dijo que dicha fotografía no iba a tener difusión alguna, si bien posteriormente fue publicada por algún medio de comunicación.

Sin embargo, a pesar de que estas circunstancias fueron corroboradas mediante escrito por los dos jueces y los Letrados de Administración de Justicia de Pozoblanco, la directora general de la Guardia Civil decidió interpretar los hechos de una manera muy parcial y restrictiva para imponer la sanción disciplinaria.

La ministra de Defensa argumenta en su resolución que «el material probatorio obrante en el expediente avala la posición sostenida por el encartado en torno al equivocado juicio sobre un elemento esencial del tipo, en concreto la significación del acto controvertido, procedente de unas causas externas indiscutiblemente poderosas, como es la invitación a su participación que le fue trasladada por la autoridad judicial, pues difícilmente cabe pensar que los propios jueces y letrados van a proponer al afectado que participe en un acto constitutivo de infracción disciplinaria».

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente el dictamen y ha declarado que «la asesoría jurídica del ministerio de Defensa ha coincidido con nosotros en que nuestro representado desconocía el carácter reivindicativo del acto y su participación era de buena fe, a sugerencia de la autoridad judicial, sin que interviniera ni dolo ni culpa en su actuación». 

Por otro lado, el secretario jurídico provincial de esta asociación, Francisco Cruz, ha añadido que «deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Córdoba, sobre todo tratándose de dos agentes que llevan toda su carrera dedicados a servir a la ciudadanía, incluso ahora que por edad podrían dejar de trabajar si quisieran». 

Ahora la dirección general de la Guardia Civil deberá devolver al afiliado de AUGC los haberes detraídos, así como eliminar la anotación negativa realizada en su hoja de servicios.