El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha alertado hoy de un hecho «gravísimo» que está afectando a miles de familias en la provincia: la pérdida por parte del Gobierno andaluz de documentación relacionada con las solicitudes y revisiones de la Ley de Dependencia correspondientes al año 2023.

Pérez ha explicado que, según la información recibida por IU desde distintos municipios, trabajadores sociales están comunicando a las familias que las solicitudes de 2023 no constan en ningún registro oficial, por lo que la Junta de Andalucía está obligando a las personas afectadas a iniciar de nuevo todo el procedimiento. Uno de esos municipios ha sido, por ejemplo, Villaralto. 

«Estamos ante un auténtico drama personal y familiar. El Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido la documentación y, de facto, ha borrado del mapa a personas que solicitaron su inclusión o revisión en la Ley de Dependencia durante el año 2023″, ha denunciado el coordinador provincial.

Desde IU Córdoba se advierte de que este hecho condena a «miles de personas a esperar dos años más, en un sistema ya colapsado», y que muchas de ellas están falleciendo sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho. «Estamos ante un nuevo escándalo y una gestión nefasta que demuestra cómo el Gobierno andaluz está destrozando los servicios públicos y, en este caso, la propia Ley de Dependencia», ha añadido Pérez.

El dirigente provincial ha subrayado que la situación «no es un simple error administrativo, sino una vulneración de un derecho fundamental», y ha denunciado la falta total de transparencia de la Junta, que «ni informa a las familias ni reconoce públicamente el alcance del problema». «En una provincia como Córdoba, con una población muy envejecida y con un alto porcentaje de personas dependientes, el Gobierno andaluz ha dejado sin respuesta a miles de hogares. Hoy, en la práctica, la Ley de Dependencia no existe para quienes la solicitaron en 2023″, ha lamentado Pérez.

IU Córdoba ha exigido explicaciones inmediatas a la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía y ha pedido conocer si esta situación se está produciendo también en otras provincias andaluzas.Asimismo, la formación ha anunciado que pedirá a su grupo parlamentario en el Parlamento andaluz que registre las iniciativas necesarias para aclarar lo sucedido, y ha recomendado a las familias afectadas que presenten recursos de alzada y reclamaciones en sus municipios.

Por último, Pérez ha avanzado que IU no descarta acudir a los tribunales, ya que «esto supone haber vulnerado un derecho reconocido por ley y haber dejado sin protección a miles de personas dependientes y a sus familias».