El pasado 31 de marzo la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) denegaba la concesión de aguas solicitada por la Diputación de Córdoba para el aprovechamiento de recursos procedentes de los embalses de La Colada y Sierra Boyera destinados al abastecimiento en la zona norte de la provincia una decisión que afecta directamente a la comarca de Los Pedroches y que pone fin al procedimiento iniciado en 2024. Pero, ¿cuáles son las razones a las que alude la CHG para tomar esta decisión?

Según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el organismo de cuenca considera que el proyecto presentado no cumple con los requisitos técnicos ni administrativos necesarios para su autorización señalando que mantiene deficiencias ya advertidas en fases anteriores y que no se ajusta a las condiciones reales del sistema hidráulico lo que impide justificar la idoneidad de las actuaciones planteadas. A estas conclusiones llega después de un exhaustivo correlato de todos los trámites que se han ido desarrollando desde el año 2024. 

En ese expediente se recoge el informe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico que el 15 de abril de 2025 emitió informe favorable de otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de aguas con un volumen máximo anula de 4.178 hectómetros cúbicos y que ya deniega la construcción de las obras correspondientes con el tramo de aspiración de la conducción, estación de bombero, tramo de impulsión de la conducción y caminos de acceso a la estación de bombeo. Sí se autoriza la acometida de la línea eléctrica en media tensión con la finalidad de dotar de suministro de energía eléctrica desde la red a la estación elevadora realizada en las obras de emergencia. Para esta respuesta negativa se argumenta una redundancia de nuevas obras con respecto a las ya existentes que ya garantiza el aprovechamiento de aguas; un caudal de proyecto de 600 litros/segundo «desaforado e injustificado»; afección ambiental; ineficiencia económica; y disminución de la calidad del agua captada. 

En el mes de julio de 2025, después de una petición de la Diputación, la CHG suspende el procedimiento de concesión administrativa y otorga un plazo de seis meses a la entidad provincial para presentar un nuevo proyecto adaptado «que integre adecuadamente las obras ya ejecutadas por la emergencia y que se han convertido en definitivas, justifique con mayor precisión técnica las actuaciones que se consideren necesarias sin entrar en duplicidades y redundancias, y se ajuste a los principios de eficiencia y uso racional del recurso».

El organismo de cuenca determina, tras estudiar las modificaciones presentadas por la Diputación, que «el caudal de 600 l/s que se pretende imponer al sistema a partir de la incorporación de una demanda agropecuaria (2,75 hectómetros cúbicos), que constituye un uso privativo distinto del tramitado exclusivamente para abastecimiento urbano, lo que resulta jurídicamente improcedente, ya que el uso agropecuario constituye un uso independiente y diferenciado del abastecimiento de núcleos urbanos solicitado, cuya titularidad concesional corresponde, en su caso, a los titulares de las explotaciones ganaderas o agrícolas o, en su caso, a las comunidades de usuarios o entidades legalmente habilitadas. Por tanto, el caudal de 600 l/s que se pretende imponer al sistema; a partir de la incorporación de una demanda agropecuaria injustificada e indeterminada invalida la justificación hidráulica de las obras proyectadas, al carecer de encaje en el presente procedimiento». 

Además, también se incide en algo que se había hecho referencia en informes anteriores: la «persistencia» en infraestructuras «innecesarias y derroche económico». El proceso sigue su curso con ambas entidades manteniendo su postura, la CHG pidiendo modificaciones del proyecto atendiendo a las cuestiones solicitadas previamente y la Diputación manteniendo su idea inicial y reiterando su solicitud de nulidad por incompetencia, indefensión y falta de informe del Consejo Nacional del Agua y vulneración de autonomía provincial. 

Siguientes vías

La resolución pone fin a la vía administrativa aunque la Diputación de Córdoba podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir a la vía contencioso administrativa en el plazo de dos meses. La institución provincial ya ha avanzado que interpondrá el recurso de reposición y se abre a la vía judicial.