El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a los cuatro miembros del grupo conocido como ‘La Manada’ por el caso de Pozoblanco a penas de cárcel de 1 año y 6 meses por un delito de abusos sexuales, a lo que hay que sumar la pena de 1 año y 4 meses de prisión por otro delito contra la intimidad. Esta última pena se le impone a tres de los cuatro acusados ya que para J.A.P. la pena asciende a 3 años de cárcel por haber compartido el vídeo en el que aparecía la víctima. Por lo tanto, las penas impuestas por el juez son de cuatro años y seis meses de prisión para uno de los encausados y de dos años y diez meses para los otros tres procesados por delitos de abusos sexuales y contra la intimidad. Además, en concepto de responsabilidad civil los cuatro condenados tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con un total de 13.150 euros. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión por el delito de abusos sexuales, además de cuatro años por el delito contra la intimidad, mientras que la acusación particular solicitó dos años y seis meses de prisión por el delito de abusos sexuales y cuatro años tres y meses de prisión por atentar contra la intimidad de la víctima. 

En la sentencia, el juez considera probado que los cuatro acusados acudieron en la madrugada del día 1 de mayo de 2016 a la feria de Torrecampo, coincidiendo en una caseta con la perjudicada, de forma que, en el transcurso de la noche, “los acusados, o siquiera alguno de ellos”, entablaron conversación con la joven, quien, llegada la hora de cierre de la caseta decidió volver a su domicilio en Pozoblanco en compañía de los investigados y se montó con ellos en un vehículo hasta que, “en un momento indeterminado sin que se haya acreditado la causa de ello”, la víctima “cayó en un estado de inconsciencia”. 

El juez señala que, durante el trayecto, “y aprovechando dicha situación de inconsciencia”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso, comenzaron a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”, e incluso uno de ellos, identificado como J.A.C., “llega a darle varios besos en la boca”, añadiendo que, mientras llevaban a cabo dichos tocamientos, el acusado J.A.P.M. “realizó la grabación de dichos actos, con la aceptación y concierto previo de todos los demás”, lo que llevó a cabo con el teléfono móvil propiedad de A.M.G.E..

Esta grabación “se realizó durante el tiempo” en que la joven “se encontraba inconsciente, de modo que no estaba siquiera capacitada para otorgar consentimiento alguno para ello”, subraya el magistrado, que asevera que, “haciendo ‘alarde’ de la acción realizada y con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la perjudicada”, J.A.P.M. envió el archivo con las imágenes grabadas entre las 7:45 y las 7:52 horas a dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados como terceras personas ajenas a estos hechos.

La prueba del vídeo

La obtención del vídeo, en el marco de la investigación de Pamplona, ha sido el principal argumento del abogado de los acusados para intentar tumbar esta prueba. Sin embargo, en la sentencia se recoge que «no se ha tratado de un procedimiento inquisitivo sino plenamente justificado en la existencia de una previa notitia criminis referida al hecho acaecido en Pamplona y es solo como consecuencia de diligencias precisas para seguir la averiguación de dicho hecho por lo que finalmente resultan encontrados los vídeos que dan lugar a esta causa”. 

“Ni se considera que se haya llevado a cabo una investigación general sobre la totalidad de los aspectos de la vida de los acusados, sino una investigación de un hecho concreto y preciso en el seno de la cual han aparecido elementos referidos a otro hecho diferente cometido por cuatro de los cinco que en aquel procedimiento aparecían como encausados, ni se entiende que se hayan vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones ni a la intimidad”, razona el juez, que, por todo ello, concluye que “la prueba videográfica, así como los mensajes de WhatsApp igualmente aportados, es plenamente lícita, no procediendo la declaración de nulidad pretendida” por la defensa.

Un centenar de personas se ha congregado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Pozoblanco para protestar contra la sentencia emitida por la Audiencia de Navarra al grupo conocido como «La Manada» y que ha llevado a que miles de personas se manifiesten en numerosos puntos de España. Los nueve años de condena y la catalogación del delito como abuso y no agresión sexual han causado indignación entre muchos sectores de la sociedad que hoy han dejado patente esa disconformidad.

La convocatoria para la concentración en Pozoblanco comenzaba a circular por las redes sociales a primera hora de la tarde, todo ello en una localidad que está a la espera de que varios miembros de ese mismo grupo sean juzgados por un presunto delito de abusos contra una chica del municipio. Las consignas escuchadas por el centenar de personas que ha secundado la convocatoria han sido las mismas que se han podido escuchar en el resto de ciudades que han acogido protestas, «no son abusos, es violación», «yo sí te creo» o «nosotros somos la manada».

Al término de la concentración hablábamos con Manuela Calero, miembro de la Asociación Ventana Abierta y también del Consejo Local de la Mujer, que reconocía que «tenía el presentimiento de que iba a existir una reacción fuerte del patriarcado después del movimiento del 8 de marzo, siempre ha sido así. Este juicio ha sido muy mediático con gente señalada de determinados sectores y aunque creíamos que se tenía que cortar esta vergüenza de una vez, no ha sido así». «Es una auténtica vergüenza que digan que es un abuso, es insufrible», expuso para dejar claro que «la justicia ha perdido una oportunidad de adaptarse a los tiempos».

«Creo que esta sentencia tiene que ser recurrida, que esto no puede quedarse sí», expuso para al final destacar las movilizaciones que han tenido lugar en numerosos puntos del país.

El sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque, se ha declarado inocente ante los jueces.

Durante el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, que queda visto para sentencia en esta jornada, el cura ha negado los hechos, al tiempo que ha manifestado que no entiende el motivo por el que se llega a enjuiciar este caso, según han apuntado fuentes judiciales.

En este sentido, han advertido de «muchas contradicciones» en las declaraciones de la menor y su familia, en especial sobre «cosas lógicas», a lo que añaden que el informe psicológico sobre la menor «no está bien hecho» en cuanto a los plazos y el procedimiento a seguir.

Al respecto, la Fiscalía y la acusación solicitan una pena de seis años de prisión y diez años de orden de alejamiento para el sacerdote, mientras que la defensa pide la absolución, todo ello después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en dicha zona norte de la provincia cordobesa.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, el sacerdote adquirió «una buena relación» con la familia, como consecuencia del ejercicio de su ministerio en distintas parroquias de la zona, «llegando en alguna ocasión a comer en casa de los mismos y pasar cierto tiempo en su compañía y de las hijas menores de la familia».

Debido a esa «buena relación», aproximadamente desde el mes de enero de 2015, una de las hijas de la citada familia de 10 años de edad, comenzó a ayudar como monaguillo al párroco. En el marco de dicha relación, «en ocasiones la menor se quedaba a solas con el acusado en la sacristía de las respectivas parroquias, llegando incluso a acompañarlo en alguna ocasión en el vehículo particular», según relata el fiscal.

En fecha no concretada, alrededor del mes de enero de 2015, y hasta el día 24 de abril de 2015, supuestamente aprovechando la relación de superioridad que tenía sobre la menor, «no solo por la edad, sino también por la estrecha relación que tenía con sus padres y sobre todo del hecho de ser también sacerdote al que ayudaba como monaguilla», se produjeron diversas situaciones en las que el procesado presuntamente le realizaba tocamientos, «con intención de satisfacer sus deseos sexuales».

Como se recordará, tras prestar declaración en la instrucción del caso y defender su «total inocencia» en estos hechos, la juez de Pozoblanco acordó su puesta en libertad con cargos, pero imponiéndole una orden de alejamiento de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado una pena de seis años de prisión para el sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque, según informa Europa Press.

El párroco se sentará en el banquillo de los acusados el 11 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en la localidad de la comarca de Los Pedroches.

Tras prestar declaración en la instrucción del caso y defender su «total inocencia» en estos hechos, la juez de Pozoblanco acordó su puesta en libertad con cargos, pero imponiéndole una orden de alejamiento de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque.

Reacciones políticas

Ante la petición de la Fiscalía, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha instado a que se «aparte» al sacerdote que fuera párroco de Villanueva del Duque hasta que se instruya el caso sobre la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a una menor, a la par que ha pedido «tolerancia cero con los abusos».

Por su parte, la dirección provincial de IU en Córdoba considera «intolerable» que el Obispado de Córdoba haya «recolocado» a este sacerdote «como responsable en la parroquia de Espiel». En este sentido y en un comunicado, el responsable de Organización Provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha indicado que «en este caso nos encontramos ante una situación de presuntos abusos, que se están dirimiendo en los tribunales y, aún admitiendo en derecho la presunción de inocencia, el ordenamiento jurídico pone, por encima de todo, el interés superior del menor, en este caso la menor de la que el sacerdote tiene una orden de alejamiento, pero también, lógicamente, el interés superior de todos los menores, que está por encima de cualquier otra consideración en el ordenamiento jurídico».

La joven de 21 años que presuntamente habría sido víctima de abusos sexuales por parte de cuatro de los cinco detenidos por una presunta violación conjunta en Pamplona ha declarado esta mañana en los juzgados de Pozoblanco ante la petición por parte de los abogados de la defensa de repetir esa declaración por el principio de contradicción. Y es que en la anterior declaración de la denunciante no estuvieron presentes esos letrados, algo que solicitaron a la jueza y que ha tenido lugar esta mañana. Además, también han declarado siete testigos, tres por parte de la parte denunciante y cuatro de la defensa y donde se incluyeron amigos y testigos de lo que ocurrió aquel día en las fiestas de Torrecampo.

Uno de los abogados del caso, que defiende a dos de los acusados, Agustín Martínez, ha aprovechado uno de los recesos para declarar ante los medios que «tenemos especial interés en poner de manifiesto la multitud de las contradicciones en las que han incurrido la declarante en relación con la propia declaración de los testigos. No tiene nada que ver lo que ha declarado ella con lo que han podido declarar los testigos y con lo que declaró en anteriores ocasiones». Martínez ha hecho estas afirmaciones cuando aún restaban dos testigos por prestar declaración.

En esta línea, el letrado no descarta que «pueda incluso solicitarse el archivo de la investigación porque la declaración no es lo suficiente consistente en el tiempo y en el contenido». Y es que para el abogado la chica habría caído en contradicciones «múltiples, variadas, notables y de calado». Martínez ha asegurado que no se esperan más testigos y que se está a la espera de lo que determine el informe del forense.

Por su parte, el abogado de la joven, Blas Arévalo, ha desmentido que esas contradicciones hayan tenido lugar y ha apuntado que «ella ha manifestado lo que ya dijo ante al Policía Foral de Navarra y lo que dijo ante la jueza anteriormente«. Con respecto a las posibles contradicciones entre su versión y la de los testigos, Arévalo ha matizado que «no voy a hacer ningún comentario de los testigos porque habrá que estudiar su declaración de manera minuciosa», refiriéndose a los llamados por la defensa. Además, ha querido dejar claro que la presunta víctima siempre ha defendido que hay detalles que no recuerda y ha pedido «respeto» hacia su representada porque «está pasando un mal trago».

La presunta víctima ha comenzado su declaración sobre las diez de la mañana, para después sucederse las declaraciones del resto de testigos que se han alargado hasta casi las tres de la tarde. Todos ellos han tenido que relatar y contestar a las preguntas sobre lo ocurrido en el mes de mayo, mes al que se remontan los hechos, que vieron la luz después de que la investigación de la presunta violación en Pamplona desvelara un vídeo del caso de Pozoblanco.

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad cordobesa de Pozoblanco ha fijado para el viernes 25 de noviembre la declaración de la joven de 21 años que denunció los supuestos abusos sexuales que presuntamente cometieron en mayo los cuatro jóvenes investigados en este caso y en prisión, tras ser detenidos meses después en Pamplona, junto a otro varón más, por una supuesta violación grupal a una mujer en los Sanfermines de este año, según informa Europa Press. 

Esta era una de las peticiones que realizaron los abogados de los acusados el pasado 28 de octubre cuando se les tomé declaración por videoconferencia. Ese día, además está prevista la declaración de otros tres testigos, que ya declararon en su día. De esta forma, la jueza habría tomado en cuenta la petición de los abogados que pidieron la repetición de estas declaraciones ya que los letrados no estuvieron presentes en la primera declaración ante la juez.

Por otro lado,, uno de los abogados defensores, Luis Romero, ha adelantado a Europa Press que «si no se considerara la petición de nulidad de pruebas», entre ellas el vídeo del caso, prevé calificar los hechos como «una falta de vejaciones injustas», puesto que, a su juicio, los hechos «no se pueden calificar como delito de abuso sexual».

(Actualizado, 16:15 horas). El hombre de 65 años que fue detenido en el día de ayer por la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba tras una denuncia contra el por supuestos abusos sexuales con tocamientos a niños con discapacidad intelectual ha sido puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en el Juzgado de Pozoblanco. Sobre las tres del mediodía, el acusado salía de las dependencias judiciales hasta donde había sido trasladado esta misma mañana.

El acusado contra el que se presentó la denuncia fue detenido en la noche del lunes por la Guardia Civil y era conocido por haber sido concejal de IU en el Ayuntamiento de la localidad durante los años 2007-2011. Además, el hombre de 65 años de edad ha desarrollado su labor profesional en el Instituto de Educación Secundaria «La Jara» donde era el titular de una plaza de Educación Especial hasta hace cinco años, momento de su jubilación.

En cuanto a su actividad política cesó en el momento en el que finalizó su paso por el Ayuntamiento de Villanueva dejando de estar vinculado a Izquierda Unida desde marzo de 2015.

• Además, también pedirán que se repita la declaración de la denunciante

Los cuatro jóvenes investigados por un delito de abusos sexuales a una chica de 21 años de Pozoblanco han declarado esta mañana por videoconferencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozoblanco. Pasadas las nueve de la mañana los letrados de los acusados y también el de la denunciante hacían su entrada en los Juzgados para una jornada donde además de las declaraciones de los cuatro jóvenes también se han llevado a cabo la de dos testigos, entre ellos, el de un Policía Local.

Antes de que se iniciara la sesión de declaraciones, uno de los abogados, Luis Romero, ha adelantado que iban a pedir a la jueza la repetición de la declaración de la denunciante, además de la de otros tres testigos. Una petición amparada en que la parte defensora no pudo estar presente para «realizar las preguntas oportunas» y someter la declaración al principio de contradicción.

Una vez finalizada la sesión, Romero ha afirmado que los cuatro acusados se han declarado inocentes y niegan cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de un delito. Además, han dejado claros los pasos que seguirán a partir de ahora y que irán encaminados a pedir la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento por entender que parten de las grabaciones de un móvil que «se cedió para aclarar los hechos del 7 de julio, para una finalidad concreta, no se autorizó para disponer de miles de mensajes que se han analizado». Un hecho que para el letrado «puede ser objeto de nulidad puesto que es una diligencia de prueba que puede ser nula y por consiguen anular el resto de las actuaciones». Por ello, los acusados han respondido a todas las preguntas de la jueza a excepción de las derivadas de la ampliatoria del Juzgado de Pamplona.

Junto a ese argumento, que también ha sido defendido por otro de los abogados, Agustín Martínez, también intentarán hacer valer lo que consideran una «extralimitación» de la Policía Foral de Navarra ya que «los hechos que están siendo investigados ocurrieron en Pozoblanco y cada uno tiene una jurisdicción, que en este caso no se ha cumplido y es nuestra función poner de relieve esos hechos». Además, Martínez ha matizado que las declaraciones de los testigos «poco han aportado, quizás más la del Policía Local» y ha catalogado la denuncia interpuesta por la joven de «injustificada».

La otra parte

Mucho más breve en sus declaraciones ante los medios ha sido el abogado de la denunciante, Blas Arévalo, que tan sólo ha apuntado que los acusados «han declarado en base a no decir nada que les pueda perjudicar» y ha asegurado que «hay pruebas y testigos de ciertos hechos» y que se «intentará acreditar todo».

A partir de la semana que viene, los abogados de los cuatro jóvenes pedirán, según ha adelantado, nuevas diligencias encaminadas a probar la inocencia de sus clientes que se encuentran en la cárcel desde el pasado mes de julio acusados de un delito de violación colectiva.

A las diez y cuarto de la mañana estaba previsto el inicio  la declaración por videoconferencia de los cuatro jóvenes investigados por supuestos abusos sexuales a una joven de 21 años de edad de Pozoblanco, una declaración ordenada por la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. A su llegada al Juzgado, el abogado de uno de los acusados ha manifestado que han pedido que se vuelvan a practicar las declaraciones tanto de la denunciante como de tres testigos.

En concreto, Luis Romero ha afirmado que «vamos a presentar un escrito al Juzgado de Instrucción para que vuelvan a practicar esas diligencias de prueba, que son la declaración de la denunciante y de tres testigos en base al principio procesal de contradicción». Romero ha explicado esta decisión al entender que es necesario que «estemos todas las partes, la defensa y la acusación y podamos formular las preguntas que consideramos oportunas, no entendemos por qué ha sido así si hoy estaban señaladas las declaraciones de los acusados, podría haber esperado o citarnos a nosotros cuando declaró la denunciante».

Además, Romero ha señalado que se está a la espera de unos informes toxicológicos que ha ordenado el Juzgado y que cuyos hechos «niega mi defendido». Hoy, además de practicar las declaraciones de los investigados también se tomará declaración a dos testigos.

La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozoblanco (Córdoba) ha citado a declarar por videoconferencia para el mañana día 28 de octubre a los cuatro jóvenes investigados por supuestos abusos sexuales a una joven de 21 años de edad, antes de que fueran detenidos meses después en Pamplona, junto a otro varón más, por una supuesta violación grupal a una mujer en los Sanfermines de este año, según informa Europa Press. 

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han detallado que los hombres declararán por videoconferencia desde los centros penitenciarios donde se encuentran de manera provisional y sin fianza, en Navarra y Madrid. En este sentido, dichas citaciones las fija el Juzgado de Pozoblanco después de que hace un par de semanas aceptara la inhibición del magistrado de Pamplona, por lo que ha abierto la causa en la que investiga los posibles delitos realizados por los cuatro varones hacia la joven de 21 años, que supuestamente sufrió por parte de ellos abusos sexuales y lesiones.

En concreto, entre las diligencias de investigación a realizar se encuentran la declaración de la víctima, la declaración de los cuatro investigados a través de videoconferencia, al tiempo que citará a testigos, solicitará una prueba de un médico forense y estudiará los análisis toxicológicos, para conocer si los detenidos suministraron sustancias tóxicas a la joven de 21 años, entre otras pruebas.

Al respecto, el abogado defensor de uno de los cuatro investigados, Luis Romero, del Bufete Luis Romero y Asociados, ha manifestado que «este caso nunca hubiera salido a la luz pública ni hubiera habido denuncia de la joven, si no es porque están haciendo una investigación general de toda la vida de estos jóvenes, al investigar los últimos cinco o seis años de sus mensajes de móvil y han encontrado este caso».

Ante ello, ha informado de que se plantea pedir la nulidad de las actuaciones «desde el principio», porque, a su juicio, ha habido «irregularidades muy importantes», dado que «no se ha empezado la investigación porque la joven haya denunciado voluntariamente», sino que «esto ha derivado porque la Policía Foral de Navarra se ha entrevistado con la joven para denunciar y se han excedido las competencias».

Además, ha resaltado que «esto ha salido de unos teléfonos que son investigados en un juzgado concreto» en Navarra, de modo que «el juzgado ha excedido sus competencias», a la vez que considera que «la forma en la que se ha hecho no es la adecuada». Por tanto, cuando analice las diligencias de la causa, Luis Romero defiende que «hay base» para pedir «a corto plazo» la nulidad por «defectos de forma».