• Además, el joven que percibió remuneración sin acudir a su puesto de trabajo ha demandado al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas

El pasado día 11 de enero se empezó a tener conocimiento público de una contratación en el Ayuntamiento de Pozoblanco que había acabado con un joven cobrando nóminas sin prestar servicio alguno. Un caso que ahora da otro giro ya que, tal y como ha avanzado Cordopolis y ha podido comprobar este medio, aparece una acusación de acoso laboral contra el concejal que empezó esta investigación, Gerardo Arévalo. En concreto, la acusación fue realizada por la secretaria personal del alcalde y madre del joven cuyo contrato está siendo investigado de manera interna. 

Fue el día 8 de enero, una vez que el concejal había remitido el requerimiento de reintegro de las cantidades y había dejado clara su postura de querer investigar esta anomalía, cuando la secretaria del primer edil registró un documento en el que «se insta a los efectos de poner en manos de las autoridades y juzgados competentes el acoso laboral al que llevo meses viéndome sometida por el concejal de Personal de este Ayuntamiento», según el documento al que ha tenido acceso este periódico. 

El Consistorio, ante esta situación, no puso en marcha el protocolo contra acoso que viene reflejado en su Plan de Igualdad y que determina que una vez recibida la denuncia se procederá a la apertura de expediente administrativo, con nombramiento de instructor y secretario. El traslado de los documentos relacionados a los distintos órganos encargados de la tramitación no podrá superar los dos días naturales y la fase instructora no podrá tener una duración superior a los quince días hábiles. 

Pero quien sí actuó fue el concejal de Personal ya que dos días después de esa acusación registró una nota interna a la atención del alcalde asegurando que la acusación de acoso laboral «es falsa», según la nota a la que ha tenido acceso este periódico. Gerardo Arévalo asegura en su escrito que esa acusación «podría tener la intención de falsear la realidad para frustrar la verdad. Posiblemente se pretende crear una historia ficticia para represaliarme y a su vez, intentar neutralizar las responsabilidades jurídicas de su hijo o de quienes hayan podido participar«. El edil entiende que está ante una «medida de presión» para que quede sin efecto el escrito de requerimiento de las cantidades percibidas por su hijo. 

El concejal de Personal deja abierta las posibilidades de acciones judiciales si no se procede «de acuerdo a la legalidad para despejar toda duda» sobre su honor ya que considera que «los hechos vertidos podrían ser constitutivos de un posible delito de calumnia, obstrucción a la justicia y atentado contra la autoridad». En la última comisión de personal, miembros de la oposición preguntaron por esta denuncia pero el alcalde no quiso dar detalles de la misma. 

Demanda del joven

Y mientras todo esto sucede de forma interna, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a la demanda interpuesta por el joven que cobró sin prestar sus servicios por vulneración de derechos fundamentales y libertadas públicas. Una demanda presentada ante el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación y que llevará a ambas partes a encontrarse el próximo día 2 de febrero, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.