CSIF informó de la reunión mantenida por los presidentes de los comités de empresa de las adjudicatarias del servicio de Ambulancias del SAS en Córdoba y delegados de CSIF (UTE TSI y SSGA), Juan José Caballero y Sergio Rosa, y representantes de las secciones sindicales de esta central con la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, para darle a conocer los incumplimientos reiterados del convenio colectivo y de los pliegos de licitación de este servicio.

Concretamente, los representantes de la plantilla informaron a la delegada de los numerosos incumplimientos por parte de las empresas, cuya personal ronda las 350 personas, del IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario. La central sindical agradece a la delegada el buen tono de la reunión y el haber atendido nuestras demandas para mejorar este servicio esencial.

CSIF señala que también dieron a conocer los numerosos déficits que sufre este servicio como consecuencia de la mala gestión de UTE TSI y de SSGA, entre los que destacan “los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de entre 17 y 23 vehículos diariamente y que generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”.

Del mismo modo, se le comunicó a la delegada la utilización de recursos adscritos a la licitación para fines privados por parte de las empresas adjudicatarias del servicio de ambulancias en Córdoba. CSIF entiendo que estos incumplimientos son motivo de anulación del contrato de adjudicación.

Igualmente se solicitó a Botella que, en el caso de que licitación de este servicio vuelva a salir a concurso, cuenten con la opinión de la plantilla “a fin de que estas situaciones tan negativas no vuelvan ocurrir”. El sindicato recuerda que todas estas cuestiones fueron el motivo de las movilizaciones realizadas por los trabajadores desde hace un mes.

CSIF ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba contra la UTE TSI, adjudicataria del transporte sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, y el propio SAS como responsable solidario, al obligar la citada empresa a mantener jornadas laborales continuadas de hasta 48 horas.

En la denuncia elaborada por los servicios jurídicos de CSIF Córdoba se indica que “desde el inicio de la prestación del servicio por parte de la UTE TSI se está obligando a los conductores de ambulancias A1 a tener jornadas de 48 horas continuadas, sin descanso alguno, en las que los trabajadores se encuentran obligados a estar en las instalaciones de la empresa y, en cualquier momento, a disposición de atender el servicio de conducir los vehículos para el transporte de personas necesitadas de traslado sanitario dentro de la provincia de Córdoba”.

El sindicato denuncia que “esta actuación empresarial está provocando que los trabajadores que prestan este delicado servicio […] vengan sufriendo un importante daño emocional y psíquico, así como una disminución enorme, no solo ya en su capacidad física, sino también una tremenda extenuación psíquica debido a la enorme responsabilidad que conlleva su labor”.

Del mismo modo, el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, señala que estos riesgos se acrecientan por el hecho de que estos trabajadores tienen que conducir a velocidades elevadas durante su horario laboral en vías urbanas e interurbanas con una gran intensidad de tráfico con una elevada presión al tener que cumplir con unos límites temporales muy precisos para asegurar la vida y la salud de la persona que se traslada”. Fruto de esta situación de tensión y estrés, ya se han producido dos accidentes sufridos por sendos profesionales en Cabra en el mes de enero y en Villarrubia el pasado domingo que llevaban más de 30 horas en servicio.

Por todo ello, CSIF considera que la UTE TSI podría ser autora de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo reflejado en el artículo 311.1º del Código Penal, que tipifica la actuación con engaño o abuso de situación de necesidad para imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.

La central sindical lamenta que el SAS, como entidad para la que se presta el servicio, “no esté haciendo nada para paliar la situación que se crea por parte de la adjudicataria, una omisión que también pudiera conllevar una responsabilidad penal para quien consiente tal actuación sin adoptar ninguna medida disuasoria o que pueda poner fin a esta situación”. “No queremos pensar que la intervención de las administraciones en este asunto se produzca cuando tengamos que lamentar el fallecimiento de un trabajador y/o usuario de las ambulancias en servicio por las condiciones laborales tercemundistas que sufren en la actualidad”, según apunta Andrés

Por otro lado, CSIF ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Social por vulneración de los derechos de libertad sindical contra la UTE TSI al impedir el normal desarrollo del proceso electoral para que la plantilla pueda elegir a sus representantes en el comité de empresa. Andrés informa de que la última actuación en este sentido por parte de la compañía adjudicataria del servicio de ambulancias del SAS ha sido no permitir la constitución de la mesa electoral el pasado 10 de abril tal y como venía reflejado en el preaviso que CSIF envió al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Córdoba el pasado 17 de febrero de este año.

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha desconvocado la huelga de ambulancias, cuyo inicio estaba previsto para hoy martes, tras cerrar en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) un acuerdo con SSG TSI, adjudicataria del servicio de ambulancias en la provincia.

El secretario General del mencionado sindicato, Juan Manuel Mena, ha explicado que la empresa se ha comprometido a solventar «de inmediato» todas las cuestiones planteadas por CCOO, motivo por el que el sindicato ha decidido retirar la convocatoria, si bien «vigilaremos que se cumpla el acuerdo en todos sus puntos y de no ser así, no dudaremos en ejercer las medidas necesarias para que se cumpla», advierte.

La empresa se compromete a hacer entrega de la nómina a los trabajadores y trabajadoras que no dispongan de ella y así lo soliciten desde el inicio del servicio el pasado septiembre y también entregarán la ropa de abrigo que corresponde según el convenio, si bien, «dada la situación de colapso en los proveedores» se amplia el plazo para entregar la ropa durante febrero y marzo.

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es el que se refiere a las guardias programadas. En concreto, la empresa ha aceptado abonar 240 euros por la guardia programada de 24 horas o su fracción proporcional y mantener 180 euros para la guardia para transporte urgente de 24 horas o fracción proporcional. 

La parte sindical y empresarial también han acordado «ir progresivamente reduciendo el número de guardias en los próximos años, de manera que vayan desapareciendo durante la vigente del presente contrato o se presupuesten por el Servicio Andaluz de Salud».

Junto a lo anterior, ambas partes han acordado que aquellos trabajadores y trabajadoras que tuvieran que cobrar nocturnidad, recibirán el cobro de la misma en el mes de febrero, partiendo desde el inicio del servicio en septiembre de 2022. Asimismo, para los trabajos en festivos se aplicará el importe de la guardia en programado o su fraccionamiento. El pago de las guardias se hará desde enero.