El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Belalcázar, Eloy Copé Botella, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario del mes de julio con el objetivo de que el equipo de gobierno informe sobre los hechos ocurridos los días 16 y 18 de julio en las dependencias municipales, cuando se produjo una actuación policial que finalizó con retirada de documentación y material informático.

En el escrito, registrado el pasado 24 de julio, el edil explica que ha tenido conocimiento de que durante esas jornadas se personaron agentes de la Policía Judicial en el Ayuntamiento, algo que ha podido corroborar este periódico, para llevar a cabo diversas actuaciones. Para ello, se produjo el desalojo del público y del personal que se encontraba en el edificio mientras se desarrollaba la intervención, de la que no han trascendido más detalles. La moción señala además que, según expone el concejal, en las dependencias municipales permaneció presente el anterior alcalde, Francisco Luis Rodríguez, pese a que ya no forma parte de la actual corporación municipal.

Copé afirma en el documento que, hasta la fecha, la alcaldesa no ha ofrecido información a la corporación municipal sobre lo sucedido, pese a que asegura que los vecinos se interesan por estos hechos y solicitan explicaciones. Por ello, el único acuerdo que plantea la moción es que la alcaldesa informe en el pleno ordinario de julio a todos los miembros de la corporación municipal sobre lo ocurrido durante esas actuaciones y que, una vez estudiado el procedimiento, se responda a la moción en tiempo y forma.

• La edil no recupera Urbanismo, que seguirá gestionada por Santiago Cabello, y accede a delegaciones hasta ahora gestionadas por María Fernández

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco ha vuelto a ser reorganizado una vez que se ha reincorporado al día a día tras su baja por maternidad Anastasia Calero. La edil no recupera en su totalidad las delegaciones que gestionaba con anterioridad y pierde la cartera de mayor peso, Urbanismo, Obras y Servicios, aunque accede a otras como Juventud o Infancia, ya que María Fernández ve reducidas sus responsabilidades ante la próxima baja, también por maternidad, a la que hará frente. 

Así las cosas, Anastasia Calero volverá a ser concejala de Limpieza y Jardines, Residuos Urbanos, Suministros, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Atención Integral a la Ciudadanía, Barrios, Asociaciones y Colectivos y Mayores y Dependencia. A estas delegaciones suma Absentismo Escolar, Discapacidad, Inmigración, Infancia y Juventud, hasta ahora dirigidas por María Fernández. 

Según la resolución de alcaldía, Urbanismo seguirá entre las concejalías que gestiona el primer edil, Santiago Cabello, que también suma Vivienda y Suelo, que estaba en la lista de carteras de la concejala de Servicios Sociales.  Finalmente, Miguel Ruiz queda únicamente con Consumo y Salud, mientras que Agustín Cantero mantiene Deportes, Edificios Municipales, Infraestructuras e Instalaciones Municipales, Movilidad y Tráfico, estas últimas también gestionadas anteriormente por Anastasia Calero. El resto de concejales mantienen sus delegaciones sin cambios. 

Junta de Gobierno Local

Por otra parte, Calero volverá a la Junta de Gobierno Local como segunda teniente de alcalde, en sustitución de María Fernández, mientras que Agustín Cantero seguirá como primer teniente de alcalde. La composición de ese órgano se mantiene con Lola García, Marisa Sánchez y Manuel Jesús Fernández con la presidencia de Santiago Cabello. Sorprende, por tanto, que Calero no vuelva con todas las concejalías con las que se fue y pierda el nombramiento como primera teniente alcalde. 

Decenas de trabajadores del Ayuntamiento de Pozoblanco siguen a la espera de que se regularice su situación retributiva después del proceso de estabilización. Un problema que se arrastra desde hace meses y que se circunscribe a la falta de adecuación de los complementos de destino, específicos y del concepto de antigüedad. El equipo de gobierno anunció en una reunión el pasado mes de abril que se estaba trabajando en una propuesta para adecuar esos conceptos que tendría que ser, posteriormente, negociada con los representantes sindicales. 

En esa misma reunión se aseguró que esa propuesta iba a llegar de manera «inminente«, pero transcurridos dos meses no se conocen avances que hayan tenido repercusión en las nóminas de los trabajadores. La situación para algunos de ellos es «insostenible» y critican que «las promesas se queden en eso porque no llegan» por lo que las nóminas siguen sin contemplar, en algunos casos, conceptos que los trabajadores tienen derecho de recibir. 

Por otro lado, y según ha podido saber este periódico, la parte sindical no ha sido convocada a ninguna mesa de negociación para avanzar en la hoja de ruta que el equipo de gobierno explicó a los trabajadores en la mencionada reunión celebrada en el centro Impulsa. En ese encuentro, algunos trabajadores ya alzaron la voz por entender que los tiempos se están dilatando sin que se concrete nada por lo que se extienden en el tiempo una situación que los trabajadores afectados consideran «injusta». 

El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y su homólogo a nivel comarcal, Miguel Calero, han ofrecido hoy miércoles una rueda de prensa en Pozoblanco en la que han abordado la situación de la querella que presentó la formación contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la anterior concejala de Personal, Inmaculada Reyes, sobre supuestas irregularidades en materia de contratación en el Ayuntamiento pozoalbense. Una querella que fue admitida a trámite por el juzgado de la localidad y ante la que hubo citaciones para declarar que luego fueron pospuestas por diversos recursos interpuestos. Ahora, más de un año después de que la querella fuera admitida a trámite -lo fue en febrero de 2025- la formación ha denunciado una «maniobra de bloqueo y dilación» a la justicia para que el caso se archive sin la práctica de las diligencias correspondientes. 

Una acusación que IU sustenta en un auto emitido por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco donde se especifica que «no se ha podido llevar a cabo ninguna de las diligencias instructoras interesadas en la querella por la negligencia del propio Ayuntamiento que ha hecho caso omiso al requerimiento del Juzgado de aportar información relevante para poder llevar a cabo con las máximas garantías para todos los implicados las declaraciones de los investigados y no vulnerar el derecho a la tutela judicial».

En su correlato, Miguel Calero ha recordado que se citó como investigados al alcalde y a la ex concejala para declarar el 11 de marzo, aunque la comparecencia terminó aplazándose al 17 de ese mismo mes. IU sostiene que, desde entonces, las defensas iniciaron una cadena de recursos para retrasar el procedimiento judicial. Entre las diligencias solicitadas figuraba la entrega de nóminas relacionadas con el hijo de la secretaria particular del alcalde, documentación requerida por el juzgado el 27 de junio de 2025 y que, según denuncian, no fue remitida hasta el 12 de marzo de 2026 «a las puertas de que expirara el plazo normativo de doce meses».

La formación afirma que presentó varios escritos reclamando impulso procesal, tanto en septiembre de 2025 como en febrero de 2026, cuando además solicitó una prórroga de seis meses para continuar la instrucción antes de que expirara el plazo legal. El juzgado acordó finalmente ampliar la investigación seis meses mediante un auto dictado el 4 de marzo de 2026, resolución que posteriormente fue recurrida por las partes investigadas. Sin embargo, un nuevo auto fechado el 7 de mayo desestimó dichos recursos y confirmó la prórroga. El recurso de esa prórroga está ahora en la Audiencia Provincial, aunque según ha confirmado IU eso no imposibilita que se puedan practicar las correspondientes diligencias. 

En esa resolución judicial, leída durante la comparecencia, el magistrado considera que la petición de archivo defendida por las partes investigadas responde a una «interpretación sesgada en beneficio propio», señalando además que no se habían podido practicar diligencias «por la negligencia del propio Ayuntamiento», al no atender los requerimientos judiciales de documentación. IU considera «gravísimo» que durante nueve meses no se remitiera la información solicitada por el juzgado y critica que posteriormente se solicitara el archivo de la causa alegando falta de diligencias practicadas.

Sebastián Pérez, dirigente provincial de IU, afirmó que el Partido Popular está utilizando instituciones públicas «para bloquear y obstaculizar la justicia», interpelando también al partido a nivel provincial y andaluz. «Si el alcalde no tiene nada que ocultar, debería facilitar toda la documentación y declarar cuanto antes», ha asegurado Pérez, que ha defendido que IU seguirá «vigilante» para garantizar que la justicia «sea igual para todos».

Por su parte, Miguel Calero ha insistido en que las presuntas irregularidades denunciadas no se limitan a la legislatura anterior, sino que continúan produciéndose actualmente a través de contratos y prórrogas que, según indicó, «no se ajustan a la legalidad». IU ha solicitado ahora que el juzgado practique de forma inmediata las diligencias pendientes, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, antes de que finalice la prórroga de instrucción prevista para septiembre.

Durante la comparecencia, la formación también mostró su solidaridad con el propio Calero por los recientes disparos sufridos contra su vehículo, un asunto que ya se encuentra judicializado y bajo investigación.

El comité de empresa y la representación sindical de funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco ha mostrado su «preocupación ante » la decisión del Consistorio, anunciada en una reunión y avanzada por este periódico, de optar por «una vía» diferente a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para regularizar la incidencias retributivas entre el personal del Ayuntamiento. En una nota de prensa, el comité de prensa muestra su preocupación por esta situación, pero también rechaza «las formas y cauces a través de los que se está llevando la gestión del personal en el Consistorio». 

Los representantes sindicales recuerdan la «obligatoriedad» de las entidades locales de dotar a su administración de dos instrumentos: la Relación de Puestos de Trabajo, como instrumento administrativo que organiza y detalla los puestos de trabajo y el personal de una entidad pública, incluyendo vacantes, retribuciones y requisitos; y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), consistente en el establecimiento de una serie de procedimientos sistemáticos, analíticos y valorativos que permitan determinar, del modo más objetivo posible, el valor relativo que cada puesto tiene para una determinada organización. 

En este punto se recuerda que en 2018, con Santiago Cabello ya como alcalde, la Diputación de Córdoba asistió al Ayuntamiento pozoalbense en la elaboración de un borrador de documento de RTP que «fue condenado al olvido ya que nunca llegó a tramitarse ni a negociarse». Además, se hace hincapié en que en mayo de 2025, el primer edil anunció que había iniciado el proceso de actualización de la RPT y la VPT «en el marco de una apuesta decidida por la modernización de la gestión de los recursos humanos municipales». Los representantes de los trabajos inciden en que en ese anuncio se tildaba de «herramientas fundamentales» a ambos documentos criticando, a su vez, que no han sido convocados, informados o partícipes de ningún proceso relativo al inicio de la elaboración de esas dos herramientas. 

«Ahora nos encontramos con que de manera unilateral se pretende obviar el cumplimiento de la normativa y sustituirlo por una vía transitoria, temporal y provisional», prosigue el comunicado. «Claro que pretender que a estas alturas el Ayuntamiento de Pozoblanco cumpla con los procedimientos legalmente establecidos supone pedir demasiado, tratándose de una administración ya condenada por vulneración de derechos fundamentales», indica el comité de prensa en alusión a a la tardanza en la entrega en la documentación del último borrador de RPT y VPT -tres años- y señala que se lleva «casi un año y medio sin cumplir con normalidad con la  periodicidad establecida en el reglamento de funcionamiento de mesa general de negociación». 

Criterios objetivos

Así las cosas, el comité de empresa y la representación sindical de funcionarios pide la redacción de un documento que se base en «criterios objetivos y técnicos» y la posterior negociación con los representantes sindicales para avanzar en las deficiencias en el área de recursos humanos. Unas irregularidades que también se mencionan y que se entran en que no se aplica la antigüedad en el puesto a pesar de que la misma haya sido uno de los criterios a tener en cuenta en el proceso de estabilización; se liquiden complementos de destino por debajo del tramo legalmente establecido conforme a la categoría profesional; o se carezcan de valoración de su complemento específico o el asignado se haya efectuado de forma «arbitraria». 

Por último, el comunicado se refiere directamente al alcalde indicando que «lleva tiempo más que suficiente en el cargo para haber cumplido con la obligación legal de dotar al Ayuntamiento de una RPT y una VPT» y recuerda que para ello hay que «tener capacidad negociadora y respetar las competencias legales y derechos de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, sin tener que aprovechar una reunión con algunos trabajadores para hacer recaer la responsabilidades sobre trabajadores que no se encontraban presentes, no habían sido invitados ni deciden». 

• Dichas incidencias hablan de trabajadores cobrando por debajo de lo estipulado por ley, de arbitrariedad en el establecimiento de determinados complementos y en diferencias entre trabajadores con las mismas funciones 

La estabilización no ha resuelto los problemas del Ayuntamiento de Pozoblanco en materia de personal, nada más lejos de la realidad. Ayer miércoles 15 de abril, el Centro Impulsa acogió una reunión convocada desde alcaldía con todo el personal estabilizado para abordar la problemática que afecta a algunos de esos trabajadores, así como las retribuciones pendientes. Un encuentro al que acudieron los afectados y, por la parte política, el primer edil, Santiago Cabello, el concejal de Personal, Manuel Fernández, además de otros concejales del equipo de gobierno como Lola García, Agustín Cantero y Miguel Ruiz. Una reunión que llega después de que la semana pasada, concretamente el jueves 9 de abril, se juntaran más de una treintena de trabajadores afectados para valorar posibles acciones, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya han iniciado la vía judicial para reclamar diversas cuestiones ante el «silencio administrativo» después de reclamar por escrito explicaciones sobre sus demandas. 

Pero, ¿cuáles son los problemas que afectan a parte del personal de la Administración local pozoalbense? En concreto, se abordaron los atrasos pendientes de cobrar, la falta de adecuación de los complementos de destino y específicos -hay trabajadores cobrando por debajo de la ley-, el reconocimiento de las antigüedades y la falta de igualdad entre trabajadores que están realizando las mismas tareas pero sus nivel de retribución es diferente. Además, hay hasta cinco trabajadores en cuyas nóminas no aparece complemento específico por lo que perciben un salario por debajo de lo que les corresponde.    

La primera de las problemáticas, la regularización de los atrasos desde el 2023 parece que esta misma semana quedará resuelta ya que se han abonado los de ese año, los de 2024 y en esta misma semana, según lo indicado por el primer edil en esa reunión se abonarán los de 2025. La solución para el resto de cuestiones será algo más lenta. Según ha podido saber este periódico, esa solución no pasa, de momento, por dos herramientas que el Ayuntamiento había anunciado: la elaboración de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En mayo de 2025 se anunció que se había iniciado el proceso de actualización de ambas herramientas para «garantizar la equidad interna y retributiva entre los distintos puestos y funciones». Sin embargo, los gestores municipales han optado por una vía «transitoria, temporal y provisional» para acabar con las irregularidades. 

Cabello ha dejado claro que hasta la fecha los informes determinaban que la vía para regularizar todas las situaciones pasaban por esas herramientas, pero ahora se ha abierto otra puerta. Por ello, tras la regularización de los atrasos el siguiente paso será el de trabajar en los complementos de destino, específicos y en las antigüedades bajo una propuesta que deberá ser negociada con los representantes sindicales en la Mesa de Negociación. Ese acuerdo también se elevará a pleno y el objetivo es llevarlo de manera inminente, algo que levantó las suspicacias de los trabajadores durante la reunión porque se señaló que ya en el mes de octubre se había hablado de esta posibilidad sin que se haya puesto solución medio año después. Además, se abogó porque hubiera «voluntad negociadora», algo ante lo que algunos representantes sindicales señalaron que para tener voluntad «es necesario convocar» las mesas correspondientes. 

Irregularidades

Con todo, esa es la hoja de ruta que se fijó en la mencionada reunión, donde los trabajadores reclamaron mayor agilidad y también cuestionaron que una Administración pueda estar pagando por debajo de lo estipulado por ley. Otra de las intervenciones a tener en cuenta fue la del técnico que viene prestando ayuda al Ayuntamiento -Diputación- que, según las fuentes consultadas, aseguró que durante el proceso de corrección de errores han aflorado «numerosas incidencias» ante problemas de gestión que se han agravado por «falta de criterio». Y es que según lo asegurado al igual que hay trabajadores que han cobrado de menos, los hay del otro lado, que han cobrado por encima de lo que establecen sus complementos o categoría.

Durante la reunión, la parte política responsabilizó a la técnica, pero los trabajadores pusieron el foco en que los últimos en aprobar los presupuestos son los representantes políticos y gestores municipales y lamentaron que una administración pública «no cumpla la ley». Para que no ocurran situaciones similares aparecen la VPT y la RPT, dos instrumentos que no se descartaron, pero que sí se dejó claro que no estarán realizados en un corto espacio de tiempo. 

El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco llegó, en la noche del martes 24 de marzo, con varios puntos fuera del orden del día que aglutinaron el debate y las discrepancias entre los diferentes grupos políticos. La sesión se caldeó nada más arrancar por las referencias a lo ocurrido en la última sesión plenaria cuando el alcalde llegó más de media hora tarde lo que provocó que PSOE e IU se levantaran y se marcharan del salón de plenos, pero tuvo más momentos álgidos a los que se sumó la plataforma que reivindica la residencia municipal, que volvió a acudir a la sesión para recordar el compromiso político adquirido. El pleno no contó con la presencia del concejal Gerardo Arévalo, que se ausentó por motivos de salud. 

Precisamente fueron los puntos que entraron vía urgencia los que más debate despertaron: la resolución de las alegaciones al presupuesto y, por tanto, la aprobación del mismo y una modificación de crédito, que como ya adelantó este periódico, asciende a 4,5 millones de euros. La mayoría absoluta del equipo de gobierno (PP) fue suficiente para sacar adelante ambos puntos, pero la unanimidad no se impuso. El tema del presupuesto conllevó la aprobación parcial de unas de las alegaciones presentadas por los representantes sindicales, mientras que las presentadas de forma individual fueron rechazadas, aunque se reconocen agravios comparativos pero se reconduce a la necesidad de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) para su corrección, dos herramientas sobre las que hay compromisos pero no avances, de momento. 

La estimación parcial que recoge el informe, al que ha tenido acceso este periódico, tiene en cuenta dos cuestiones: defectos en la tramitación y defectos en la elaboración de la plantilla 2026.  En el primero de los casos se reconoce una entrega «tardía» de la documentación solicitada que limitó los derechos de los interesados, mientras que respecto a los defectos en la elaboración de la plantilla se determina que las modificaciones de complementos específicos y la determinación de los niveles de complemento de destino introducido en la plantilla 2026 para determinados puestos de trabajo «se han realizado sin seguir el procedimiento de Valoración de Puestos de Trabajo ni la preceptiva negociación colectiva». Debido a esa estimación, se debe volver a la situación de retribuciones complementarias de cada puesto existente a 31 de diciembre corrigiendo «las modificaciones discrecionales de complementos específicos y la determinación de los niveles de complemento de destino», que tendrán que ser negociados. 

Hasta aquí lo que se recoge en el informe que en términos políticos tuvo lecturas muy diferentes. La primera se tradujo en un intercambio de intervenciones entre el portavoz de IU, Emanuel Vioque, y el alcalde, Santiago Cabello, que interrumpió a su compañero de corporación hasta en cuatro ocasiones para matizar al político de izquierdas. Vioque señaló «algunas curiosidades» como que en el informe se apunten «modificaciones discrecionales y sin seguir el proceso de negociación colectiva» lo que se traduce en que «haya personal en el Ayuntamiento que por la misma función que otro se le estén pagando complementos diferentes». Cabello aseguró que todos los trámites se habían hecho conforme a la ley y se respaldó en los técnicos del Consistorio asegurando que «todas las nóminas se han pagado con garantías, bajo la ley» cuando Vioque le preguntó si era capaz de asegurar que durante 2025 no se había abonado ninguna nómina mal teniendo como base las tablas salariales. Después de ese intercambio de pareceres, el portavoz del PSOE, Rafael Villarreal, entró en escena para defender la postura de su grupo asegurando que «se siguen haciendo complementos sin seguir los trámites necesarios», pero indicando también que «el presupuesto aprobado no tiene garantías, es falso y no corresponde con la realidad. Si no hay alegaciones, qué hubiera pasado, ¿se hubiera seguido pagando de forma discrecional a los trabajadores?». El primer edil volvió a apoyarse en que el presupuesto llegó con «todos los informes favorables» para refutar los argumentos dados por la oposición. 

Modificación de crédito 

El otro punto de interés estuvo en la modificación de crédito propuesta por el equipo de gobierno y que asciende a 4,5 millones de euros y que fue explicada por el primer edil. Cabello dio detalles de muchas de las iniciativas que tienen idea de llevar a cabo como el proyecto de la circunvalación que viene presupuestado con una dotación de de 850.000 euros, actuar sobre el bar de la parada de autobuses, el local de la banda de música, el aparcamiento del bulevar o la caseta municipal y de la juventud o el aljibe del santuario de la Virgen de Luna. Respecto a las actuaciones que recibirán un suplemento de crédito destacan los 855.000 euros destinados a la mejora de infraestructuras viarias donde se incluyen la reforma de calles como la Avenida Carmen Sallés, Jesús, Mayor, Doctor Ochoa o Doctor Marañón o los 860.000 euros que irían destinados al acondicionamiento de la zona infantil ajardinada de la piscina municipal. Además, se contempla la incorporación de 300.000 euros para el mercado de abastos como aportación a los planes provinciales. Todas estas actuaciones entran en las que se realizarán con incorporación de crédito extraordinario donde también aparecen subvenciones nominativas a varios colectivos como la escuela de fútbol (30.000 euros), la asociación de hermanamiento (14.000 euros), la asociación de acogida infantil (5.000 euros) y Sueño Compartido (5.000 euros). Volvió a encontrarse el equipo de gobierno con la negativa de la oposición a respaldar esta modificación por considerarla propaganda, además de señalar discrecionalidad, de igual modo, a la hora de otorgar subvenciones. 

Mociones

Entre las cuestiones que sí venían recogidas en el orden del día, se aprobaron por unanimidad dos mociones: una donde se  solicita a la Junta de Andalucía mayores recursos para el sistema de dependencia y telasistencia y otra encaminada a solicitar lo que viene reclamando la plataforma ‘Que pare el tren’ sobre las demandas de la estación de AVE de Villanueva de Córdoba. La primera de ellas, presentada por el PSOE, contempló una enmienda del PP para pedir más financiación al Gobierno central y la segunda, presentada por PSOE e IU, se aprobó por unanimidad con peticiones tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. La que no salió hacia adelante fue la presentada por los socialistas en contra de la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya, recogida ya en el último concurso de traslados publicado en el BOJA. Los populares se ampararon en que «no es una fusión, es una organización administrativa» para rechazar la moción. 

• Las cuestiones económicas también aparecerán en la dación de cuentas 

La coincidencia con la Semana Santa provocará que el pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Pozoblanco se adelante una semana y se celebre mañana día 24 a partir de las 21:00 horas. El pleno llega después de la atípica situación que se vivió en el mes de febrero cuando PSOE e IU decidieron levantarse tras esperar más de media hora el inicio de la sesión por la tardanza del primer edil que se encontraba en un acto en Córdoba. 

Independientemente de los antecedentes, la sesión de marzo se parecerá a la de febrero en lo que se refiere a un orden del día donde no aparecen cuestiones de la gestión municipal y sí mociones. Así, se debatirán un total de tres mociones, a la espera de alguna que pueda entrar vía urgencia, dos de ellas presentadas por el PSOE y una tercera presentada por los socialistas conjuntamente con IU. 

De esta forma, el PSOE elevará a pleno la moción que también se incluyó en el mes de febrero y que no fue debatida por las circunstancias antes mencionadas. El texto abordará la defensa del sistema de dependencia y del servicio andaluz de teleasistencia, mientras que la segunda moción mostrará su rechazo a la fusión laboral de los hospitales del norte de la provincia de Córdoba, es decir, del hospital de Pozoblanco y el de Peñarroya-Pueblonuevo. 

La moción presentada conjuntamente por PSOE e IU estará encaminada a solicitar al Ministerio de Transporte que declare la estación de AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches como Obligación de Servicio Público (OSP). 

Datos económicos

Aunque su inclusión dentro del orden del día como dación de cuenta aleja el debate, todo apunta a que el pleno se adentrará en cuestiones económicas con el cierre del ejercicio presupuestario. Y es que una de esas daciones de cuenta hace referencia al expediente de liquidación y cierre del ejercicio presupuestario y otra a los informes sobre una resolución de discrepancias relativas a algunos reparos interpuestos desde el departamento de Intervención.

Los choques entre la Policía Local y los gestores del Ayuntamiento de Pozoblanco no son nuevos, basta con echar una mirada a la hemeroteca para saber que el colectivo ha hecho públicas siempre sus demandas. Hace unos días, la sección pozoalbense del Sindicato Andaluz de Policía ponía sobre la mesa una serie de problemas en la Jefatura de la Policía Local de Pozoblanco, demandas que fueron recogidas por la oposición en el pleno del pasado martes y que tuvieron respuesta del primer edil, Santiago Cabello. Sin embargo, a los representantes sindicales no han convencido las explicaciones dadas por el primer edil y el Sindicato Andaluz de Policía ha vuelto a exponer lo que entienden que es necesario para el correcto funcionamiento de la Jefatura. 

La Oferta de Empleo Público (OEP) es una de las cuestiones a las que aludió Santiago Cabello cuando contestó a la oposición en el apartado de ruegos y preguntas, destacando la incorporación de siete agentes: cuatro lo hicieron en septiembre y tres lo harán una vez pasado el periodo en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). Esas incorporaciones se produjeron en septiembre de 2025 y atienden a la OEP de 2021 y 2022, habiendo todavía plazas por convocar correspondientes a la OEP de 2023, 2024 y 2025. 

Otra de las cuestiones que viene reivindicando la Policía Local es la adhesión a las campañas de seguridad vial organizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). A este respecto, Cabello apuntó que el pasado año hubo adscripción a dos: una del 7 al 13 de abril -campaña de velocidad- y otra los días 26, 27 y 28 de noviembre -control de furgonetas-, asegurando que «jamás» pone trabas para la adhesión. En este sentido, el sindicato de Policía asegura que en 2025 hubo 14 campañas preventivas de la DGT y pone en duda la adhesión del Ayuntamiento porque «es curioso que la jefatura no haya recibido ningún tipo de instrucción al respecto, pero más curioso es que el Consistorio se haya sumado a una campaña de velocidad si no dispone de medios para su control». 

Las cámaras de viodeovigilancia también han sido fruto de debate. En este punto, Cabello asegura que se ha hecho «un esfuerzo importante» en mantenimiento señalando que «otra cosa es que los responsables de controlarlas no quieran hacerlo». Sin embargo, el sindicato policial puntualiza que en su documento de quejas no indican que las cámaras no funcionen, sino que hay una ausencia de control y gestión para llevar a cabo un «servicio óptimo». Del mismo modo, el primer edil pozoalbense detalló que en 2025 se han destinado 52.000 euros a recursos materiales para la policía y 14.000 de ellos en compra de vestuario, nombrando pantalones, botas, guantes, linternas o chalecos. De la otra parte, se recuerda que «un peto policial» es una cosa y un chaleco antibalas otra diferente. 

El último de los puntos denunciados por la representación hacía mención a la gestión de expedientes y en esta cuestión sí hubo conformidad porque el primer edil reconoció que ha habido un espacio de tiempo en el que no ha existido esa figura explicando que «se han nombrado instructores» y quedarán resueltos para que se pueda «completar todo el trámite administrativo». 

Sueldos

Otra de las cuestiones que sacó a relucir Santiago Cabello durante la sesión plenaria para refrendar condiciones óptimas del servicio fue la del sueldo. En este sentido, aseguró que «hay policías que cobran más que el alcalde de Pozoblanco» y recordó que la regularización «según convenio» llegó con él como concejal de Personal. Aquí, el sindicato ha recordado que «los funcionarios policiales cobran lo que trabajan, nada más; si cobran es porque trabajan y si realizan más servicios es porque falta personal». En lo que sí se han puesto de acuerdo es en tenderse la mano mutuamente para la prestación de un correcto servicio, aunque antes las partes se acusan de hacer «política«.