La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer el archivo de la pieza política de los cursos de formación, en la que hay 24 ex altos cargos socialistas acusados, al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de estos exresponsables del Gobierno andaluz. Entre esos cargos se encontraba el que fuera alcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández.

La petición se basa en que tras las investigaciones practicadas, y las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación. «Las resoluciones de exoneración o exceptuación, como quiera que se les denomine, dictadas por los consejeros imputados, no son constitutivas de prevaricación», sostiene la Fiscalía antes de señalar que «podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno».

La Fiscalía recuerda que el archivo solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas. 

Antonio Fernández fue detenido el 24 de marzo de 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación contra el fraude de los cursos de formación que investigaba la juez Mercedes Alaya, para posteriormente ser puesto en libertad con cargos tras acusarle de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la asignación de cursos de formación.

El exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández, negó en el día de ayer «trato de favor» a ninguna de las empresas de esta provincia en los cursos de formación, aunque admitió que la «única que se paso en la modulación» fue Faasa y remitió la explicación a su declaración ante la justicia, según informa EFE.

Así lo expuso en la comisión de investigación que estudia el posible fraude en los cursos de formación en Andalucía.  Antonio Fernández se acogió inicialmente a su derecho a no declarar, si bien más tarde cambio de opinión y decidió responder a determinadas preguntas de los grupos.

Detenido e investigado por el presunto fraude de la formación en marzo del 2105 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de una orden de la juez Mercedes Alaya, el también exalcalde socialista de Pozoblanco negó «trato de favor» a las que empresas recibieron subvenciones e indicó que «todo se hizo conforme» a los procedimientos. «La valoración de los cursos estaba perfectamente modulada, la única que se ha pasado en la modulación ha sido Faasa, pero tiene una explicación y se dará en el lugar que proceda», sostuvo el exdelegado quien, a preguntas del PSOE, aseveró que «nunca» actuó contra la legalidad y que «no tenía margen» dar subvenciones a quien quería.

Fernández, que discrepó con las conclusiones del informe de la Intervención de Córdoba, explicó que las exoneraciones de expedientes llevadas a cabo en la provincia eran decisión del entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila, y precisó que estas decisiones «no fueron» exclusivamente en formación sino en distintos ámbitos, entre ellas a programas con ayuntamientos y mancomunidades. De las subvenciones otorgadas a la autoescuela Virgen de la Luna, de la que fue socio fundador, y a una asociación de discapacitados, en la que trabajan dos hermanos suyos, indicó que «no se inhibió porque no había ninguna colisión de intereses».

Sobre el incremento de las subvenciones a la autoescuela por tres hasta alcanzar más de un millón de euros, según el PP, el exdelegado lo achacó, primero al tiempo que lleva recibiendo subvenciones y, segundo, a que «se han disparado los costes» en los últimos años. También comentó que la formación que ofrecía esta empresa era «más costosa y cualificada» que otras de la competencia. Sin embargo, se negó a contestar sobre la «repetición de ayudas a los mismos beneficiarios» de algunos cursos, caso de la empresa de la mujer del exdirigente socialista, Rafael Velasco, o sobre los cursos impartidos en las sedes que «compartían» el PSOE y UGT en Nueva Carteya.

Antes, en una intervención inicial Fernández lamentó que entre la ciudadanía «cale» el mensaje de que se malversaron 3.000 millones de euros y se refirió a la «tribulaciones y al calvario» al que están sido «sometidos» la mayoría de los ex delegados provinciales.