La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad cordobesa de Pozoblanco ha fijado para el viernes 25 de noviembre la declaración de la joven de 21 años que denunció los supuestos abusos sexuales que presuntamente cometieron en mayo los cuatro jóvenes investigados en este caso y en prisión, tras ser detenidos meses después en Pamplona, junto a otro varón más, por una supuesta violación grupal a una mujer en los Sanfermines de este año, según informa Europa Press. 

Esta era una de las peticiones que realizaron los abogados de los acusados el pasado 28 de octubre cuando se les tomé declaración por videoconferencia. Ese día, además está prevista la declaración de otros tres testigos, que ya declararon en su día. De esta forma, la jueza habría tomado en cuenta la petición de los abogados que pidieron la repetición de estas declaraciones ya que los letrados no estuvieron presentes en la primera declaración ante la juez.

Por otro lado,, uno de los abogados defensores, Luis Romero, ha adelantado a Europa Press que «si no se considerara la petición de nulidad de pruebas», entre ellas el vídeo del caso, prevé calificar los hechos como «una falta de vejaciones injustas», puesto que, a su juicio, los hechos «no se pueden calificar como delito de abuso sexual».

La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozoblanco (Córdoba) ha citado a declarar por videoconferencia para el mañana día 28 de octubre a los cuatro jóvenes investigados por supuestos abusos sexuales a una joven de 21 años de edad, antes de que fueran detenidos meses después en Pamplona, junto a otro varón más, por una supuesta violación grupal a una mujer en los Sanfermines de este año, según informa Europa Press. 

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han detallado que los hombres declararán por videoconferencia desde los centros penitenciarios donde se encuentran de manera provisional y sin fianza, en Navarra y Madrid. En este sentido, dichas citaciones las fija el Juzgado de Pozoblanco después de que hace un par de semanas aceptara la inhibición del magistrado de Pamplona, por lo que ha abierto la causa en la que investiga los posibles delitos realizados por los cuatro varones hacia la joven de 21 años, que supuestamente sufrió por parte de ellos abusos sexuales y lesiones.

En concreto, entre las diligencias de investigación a realizar se encuentran la declaración de la víctima, la declaración de los cuatro investigados a través de videoconferencia, al tiempo que citará a testigos, solicitará una prueba de un médico forense y estudiará los análisis toxicológicos, para conocer si los detenidos suministraron sustancias tóxicas a la joven de 21 años, entre otras pruebas.

Al respecto, el abogado defensor de uno de los cuatro investigados, Luis Romero, del Bufete Luis Romero y Asociados, ha manifestado que «este caso nunca hubiera salido a la luz pública ni hubiera habido denuncia de la joven, si no es porque están haciendo una investigación general de toda la vida de estos jóvenes, al investigar los últimos cinco o seis años de sus mensajes de móvil y han encontrado este caso».

Ante ello, ha informado de que se plantea pedir la nulidad de las actuaciones «desde el principio», porque, a su juicio, ha habido «irregularidades muy importantes», dado que «no se ha empezado la investigación porque la joven haya denunciado voluntariamente», sino que «esto ha derivado porque la Policía Foral de Navarra se ha entrevistado con la joven para denunciar y se han excedido las competencias».

Además, ha resaltado que «esto ha salido de unos teléfonos que son investigados en un juzgado concreto» en Navarra, de modo que «el juzgado ha excedido sus competencias», a la vez que considera que «la forma en la que se ha hecho no es la adecuada». Por tanto, cuando analice las diligencias de la causa, Luis Romero defiende que «hay base» para pedir «a corto plazo» la nulidad por «defectos de forma».

Movimiento inusual el que ha habido esta mañana en los juzgados de Pozoblanco con la declaración del que fuera alcalde de la localidad en la anterior legislatura, Pablo Carrillo. Después de la denuncia por un presunto delitos de prevaricación y presentada por representantes sindicales, el proceso llevaba hoy a la declaración del ex alcalde que se ha mostrado muy seguro y tranquilo tras comparecer ante la jueza. Así, Carrillo ha declarado a los medios de comunicación que «estoy muy tranquilo y lo que quiero es que se aclare cuanto antes todo esto porque nunca actué fuera de la ley». Carrillo salía de los juzgados después de una declaración que se ha extendido alrededor de los cuarenta minutos.

«Esta es una denuncia que viene de meses atrás y que se archivó aunque fue recurrida y la Audiencia volvió a decir que se hicieran unas comparecencias para recabar datos. Me consta que ya ha venido algún funcionario y hoy me tocaba a mí», ha expuesto para seguir indicando que «estamos ante denuncias que considero muy graves que ponen en cuestión no solo a mí persona, sino también a muchos funcionarios». En este sentido, Carrillo ha apostillado que «se están achacando unas retribuciones que se cobran sin hacer el trabajo, eso es muy grave, dice mucho de los funcionarios pero no sólo de los funcionarios, sería también de sus representantes, del departamento de nóminas, de concejales delegados, de secretaría, intervención, es una sinrazón».

Así, el ex alcalde pozoalbense ha defendido la labor y el trabajo del personal del Ayuntamiento de la localidad y ha puesto de relieve que tan sólo por «su formación» el Consistorio ha salido hacia delante ante la «falta de personal» en determinados puestos. Además, ha querido exponer que «el Ayuntamiento de Pozoblanco es ejemplo de gestión económica en Andalucía, es de los pocos que presenta superávit».

El conflicto con la policía, detrás de la denuncia

Carrillo ha terminado sus declaraciones a la salida del juzgado indicando que «no quiero pensar, que lo pienso a veces, que todo esto viene por el litigio que mantuve con la policía». «No quiero pensar que todo esto sea fruto de eso, de que no saben dónde escudriñar para desprestigiar porque parte de la pena ya la estoy cumpliendo viniendo aquí que es algo que no es agradable, pero no tengo nada que ocultar, me siento orgullo de la gestión que se hizo».

El Juzgado número 1 de Pozoblanco ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias y actuaciones llevadas a cabo y motivadas por la denuncia que el pasado mes de marzo interpusieron los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Pozoblanco contra el ex alcalde de la localidad, Pablo Carrillo, según han informado los delegados de personal en un comunicado.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de marzo por un posible delito de malversación de fondos públicos y prevaricación y según reza la nota la Fiscalía tendrá que investigar y emitir el informe pertinente sobre las actuaciones a realizar.

Después de conocer la denuncia, que fue admitida a trámite en el mes de junio, el pasado mes de septiembre tres representantes sindicales acudían al Juzgado de Pozoblanco en el inicio de las declaraciones. Por aquel entonces, declaraban que se había ratificado la denuncia «por un presunto delito de malversación de fondos públicos al estar permitiendo que se paguen una serie de conceptos a funcionarios que no se dan».

Otro de los argumentos que se esgrimía en la denuncia se basaba en la no tramitación de expedientes de tráfico y la extracción de puntos que acarreaban esas denuncias. En aquel momento, los representantes sindicales aludían a que las supuestas irregularidades se habrían cometido en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 bajo «el mandato de Pablo Carrillo».

Por su parte, el ex acalde exponía por aquel entonces que durante los años en los que había sido el máximo responsable del Consistorio pozoalbense había tramitado todo los expedientes que le habían llegado.