La Policía Local de Pozoblanco denunció el pasado fin de semana a un establecimiento hostelero de la localidad por permitir a menores de edad tanto apostar como utilizar máquinas de juego, según ha informado la propia Policía a través de sus redes sociales. La denuncia se llevó a efecto una vez que se tuvo conocimiento de esta infracción y se inició una investigación para comprobar que la información era correcta. 

Según los datos aportados por la Policía, fue el pasado viernes cuando los agentes recibieron información sobre la posibilidad de que menores estuvieran apostando y jugando en un establecimiento de la localidad. Tras recibir esta información se abrió una investigación que permitió la identificación de tres menores. Posteriormente, la Policía elevó la denuncia al órgano competente de la Junta que será el encargado de proceder a la sanción.

En este sentido, en 2019 se aprobó el Decreto ley por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que contempló el endurecimiento del régimen sancionador, de manera que varias infracciones que hasta la fecha eran graves pasaron a ser muy graves. Entre ellas, se encuentra el permitir el acceso y la práctica de juego a las personas que lo tengan prohibido y el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre establecidos. Las infracciones calificadas de muy graves serán sancionadas con multas que oscilan entre los 10.001 y los 300.000 euros.

La Policía recuerda que se puede contactar con el número de teléfono gratuito 900 533 025 para personas que puedan tener problemas de ludopatía y en el que pueden recibir orientación ante esa problemática. 

• La edil socialista se ha disculpado públicamente

(Actualizado, 12:20 horas). El vicepresidente de Vox Córdoba, Rafael Saco, acompañado de otros miembros del partido ha presentado en la mañana de hoy miércoles una denuncia en los juzgados de Pozoblanco contra la edil socialista Rosario Rossi por un presunto delito de odio. La denuncia viene motivada por la aparición de la portavoz socialista en el Ayuntamiento pozoalbense en una fotografía subida a una red social delante de una pintada donde puede leerse «Vox=Nazis de mierda». Para la formación política se trata de un hecho «inaceptable» motivo que le ha llevado a presentar esta denuncia. 

Antes de entrar al juzgado, Saco ha apuntado que «no sabemos si es la autora material de una pintada donde se nos insulta y se nos equipara a un régimen totalitario, no estamos dispuestos a consentir este tipo de actuaciones». «Este hecho es más grave aún si tenemos en cuenta que es un cargo electo, debería tener más empatía y respeto por un grupo parlamentario que representa a casi 4 millones de españoles», ha indicado el vicepresidente de Vox, que ha puntualizado que «debería tener más respeto por otras opciones políticas igual de legales que la suya». 

Entre los miembros del partido también se encontraba el pozoalbense Ventura Redondo, que ha expresado que «es una vergüenza que la representante de los socialistas en Pozoblanco se pueda jactar en una foto que para nada refleja lo que es Vox, es una falta de respeto para nuestros votantes y simpatizantes y también una falta de respeto para su propio partido». 

La foto en cuestión fue subida a una red social el pasado mes de agosto, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido. Al parecer, y según la información que aparece en dicha fotografía subida a una red social ajena a la concejala socialista, la misma se habría tomado en una localidad de la provincia de Cádiz. 

Disculpas de la concejala socialista

Después de conocerse el paso dado por Vox, Rosario Rossi ha querido dar su versión indicando que la fotografía en cuestión «es satírica» y que «pretendía ridiculizar un acto vandálico», añadiendo que «si el mensaje hubiera sido contrario también habría habido foto». 

No obstante, Rossi ha reconocido «lo desafortunado del hecho» y ha pedido disculpas a las personas que se hayan podido molestar porque «no era mi intención ofender a nadie». Unas disculpas que ha querido hacer extensivas a «los militantes y simpatizantes socialistas a quienes este hecho y las consecuencias del mismo hayan podido provocar malestar”.

El pasado mes de octubre 2017 el que fuera en su día concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Ángel Salamanca, comenzó una particular cruzada denunciando públicamente lo que a su juicio constituyen unas posibles irregularidades relacionadas con el departamento de Urbanismo del Consistorio pozoalbense. Frente a los medios de comunicación, Salamanca aportó una serie de documentación centrada básicamente en la adjudicación de la dirección de ejecución de obra de la última fase del bulevar de la Avenida Villanueva de Córdoba -recién comenzada- y en el concurso de ideas del Mercado de Abastos. En ese mismo encuentro con los periodistas, el arquitecto técnico avanzó que llevaría el tema ante la Fiscalía para que ésta determinase si se estaba incurriendo o se había incurrido en algún tipo de delito. Según ha podido saber hoyaldia.com esa denuncia ya se ha hecho efectiva y el pasado 3 de enero Ángel Salamanca expuso los hechos ante la Guardia Civil, mientras que el pasado 22 de febrero habría ratificado esa denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco tras ser citado por el juez titular del mismo.

Hoyaldia.com ha tenido acceso a la denuncia realizada ante la Guardia Civil, once folios donde el denunciante se detiene en diferentes proyectos realizados desde el Ayuntamiento abordando algunas actuaciones relacionadas con el bulevar de la Avenida Villanueva de Córdoba y denunciando posibles irregularidades en la adjudicación de la dirección de la ejecución material y la coordinación de obras. En la denuncia se detalla el proceso que Salamanca ya ha denunciado públicamente con anterioridad aportándose información y documentación relativa a ese proceso y se habla claramente de procesos «amañados» y de «irregularidades claras» ante los desajustes en fechas  de la adjudicación de procesos y los informes pertinentes.

Durante su declaración y según se recoge en el texto también se hace mención al concurso por el que se adjudicó la remodelación del Mercado de Abastos explicando los errores en la constitución de la mesa incumpliéndose lo establecido en el pliego de condiciones, así como posibles errores en ese mismo pliego. Por último, Salamanca asegura que «he solicitado toda la documentación de este procedimiento y se me ha negado en repetidas ocasiones».

Hasta aquí la denuncia hace mención a aspectos que Ángel Salamanca ya había hecho públicos ante los medios de comunicación y en diferentes escritos realizados en este periódico, sin embargo, la denuncia aporta datos nuevos ya que el denunciante se centra en otras posibles irregularidades que hablan de una «doble vara» de medir de los técnicos correspondientes, aportando para ello cuestiones relacionadas con el establecimiento de algunas empresas de la localidad y los procesos en los que se han visto inmersas. Del mismo modo, se habla de hechos que se remontan a los años de alcaldía de Antonio Fernández como la implantación del Parque Solar en la carretera de Villaharta.

En los últimos días se han intensificado las denuncias sobre los recortes de personal en el Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco a través de varios sindicatos. Hoy quienes dan un paso hacia delante en denunciar esa situación son los 45 profesionales de enfermería de la Unidad de Medicina Interna del citado centro sanitario que aclaran que actúan «libremente, alejados de ideologías y representaciones sindicales» con la idea de no buscar culpables sino «invitar a nuestros gestores y a la sociedad en general a una profunda reflexión sobre qué tipo de sanidad queremos y que en los últimos años se  está alejando de la que merecemos«.

A través de un comunicado suscrito por estos 45 profesionales se detalla la realidad que se vive en la actualidad en el Hospital hablando de situaciones que «están poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes». Además, los profesionales de la enfermería alegan que en esa búsqueda de soluciones no han encontrado la respuesta de la dirección, que según su versión, no ha atendido a una denuncia clara y tajante al afirmar que «actualmente no está garantizada la seguridad del paciente».

El comunicado en su totalidad se expresa en los siguientes términos:

«La unidad de Medicina Interna del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches ocupa las plantas primera y tercera. En la actualidad oferta el mayor número de camas de nuestro hospital y los mayores índices de ocupación. Las características y heterogeneidad  del paciente que cuidamos (avanzada edad, oncología, hematología, cardiología, psiquiatría, etc.) requieren  una atención permanente durante 24h diarias. 

En los últimos años nos hemos ido adaptando a una situación de ajuste presupuestario, tratando de que en ningún momento  el paciente sea privado de unos cuidados necesarios desde su ingreso.  Los recortes presupuestarios continúan produciéndose,  hasta llegar a una situación en la que dudamos poder mantener una asistencia de calidad hacia nuestros pacientes. El personal de nuestra unidad, DUE Y TCAE (Diplomados en Enfermería y Técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería), en adelante personal de enfermería, entiende que ha llegado el momento, por ética y responsabilidad hacia nuestra sociedad, de denunciar públicamente las situaciones que diariamente están poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes.

Los recortes en materia de personal nos están llevando a situaciones tales como afrontar turnos con una sola auxiliar de enfermería en una planta con una ocupación por encima de 25 pacientes,  habiéndose convertido en habitual que sólo dos diplomados en enfermería realicen su labor durante el turno de mañana.  Resulta muy complicado, con los índices de ocupación de nuestra unidad,  poder llevar a cabo nuestra labor con menos de tres profesionales de cada categoría por turno de mañana y tarde, con lo que el déficit habitual es de  4 profesionales diarios. Actualmente no está garantizada la seguridad del paciente, situación que hemos denunciado en reiteradas ocasiones a la dirección de nuestro hospital.

En ocasiones puntuales,  se ha recurrido a desplazar a personal de otras unidades por unas horas, situación que lejos de aportar alguna solución ha generado aún más riesgo por el descubierto que dichos profesionales generan en su unidad de procedencia. Se da la circunstancia de que, por si la carga de trabajo de las plantas primera y tercera no fuese suficiente, se ha convertido en habitual  ingresar a pacientes procedentes de la unidad de  hospital de día para la administración de sus tratamientos.

Contamos habitualmente con pacientes en aislamiento, lo que conlleva unas necesidades especiales y una ocupación de tiempo por encima de la media, y teniendo en cuenta que partimos con una plantilla bajo mínimos llegamos a situaciones en las que el personal no puede estar disponible para el resto de pacientes. La nueva normativa relativa al procedimiento de ingresos supone una carga más debido a la presión ejercida desde otras unidades, que desconocen las condiciones en las que estamos trabajando.

La organización interna y los medios e instalaciones con los que trabajamos no ayudan sino a agravar la situación, teniendo en cuenta que contamos con un espacio de trabajo e instalaciones con más de treinta años, únicos que no han sido reformados en nuestro hospital. Una razón más para pensar que, por algún motivo,  no se valora en su justa medida a nuestro servicio. En los últimos 5 años hemos contado con cuatro supervisoras de enfermería diferentes,  lo que evidencia más si cabe que algo no está funcionando.

Desde el mes de mayo de 2016 hemos contactado en tres ocasiones con el director gerente para buscar soluciones, pero no hemos recibido respuesta. Nos hemos ofrecido a trabajar de modo voluntario sin percibir remuneración alguna en momentos de alta ocupación en nuestras plantas, propuesta que también ha sido ignorada.

Hablamos de seguridad, de responsabilidad y de sensibilidad. Hablamos desde nuestra posición junto al paciente 24h diarias, de las carencias detectadas y de la frustración que nos genera no poder hacer más. La oferta de nuestras plantas se mide en número de camas, pero cada cama está ocupada por un paciente que es único, con unas necesidades diferentes y que nuestra organización, a día de hoy, no garantiza atender adecuadamente.

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un hospital que siempre fue referente por la alta cualificación de sus profesionales y por la calidad asistencial administrada,  y debemos luchar por preservarla«.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Guijo ha presentado en el Juzgado de Pozoblanco una demanda contra el ex alcalde Eloy Aperador Muñoz (PSOE) por presuntas irregularidades en el cobro de dietas y expedientes sin justificar cometidas durante el período en el que fue alcalde del municipio, concretamente desde junio de 1991 a junio de 2015, según ha comunicado el propio Consistorio en un comunicado.

Según consta en la denuncia, la nueva corporación presidida por Jesús Fernández Aperador, al hacerse cargo de la gestión del Ayuntamiento en junio de 2015, ha tenido conocimiento de una serie de expedientes y situaciones que pudieran ser constitutivos de «presuntos actos ilícitos», por lo que ha decidido ponerla en conocimiento de las autoridades competentes para que las valoren y decidan lo que estimen oportuno.

En el comunicado, el Consistorio indica que las presuntas irregularidades se centran en el pago de dietas y desplazamientos sin justificación aparente por un importe que asciende a los 52.000 euros. Según consta en el escrito, el ex alcalde optó por no cobrar del Ayuntamiento «para percibir su sueldo como trabajador de la Diputación de Córdoba», recibiendo las compensaciones económicas que recibía por el tiempo dedicado a su labor de alcalde exclusivamente en lo que respecta a indemnizaciones por asistencia a plenos y a dietas por gastos de desplazamiento.

En el comunicado aportado por el Consistorio, se insiste en que Aperador recibía por esas dietas «una cantidad fija que variaba en pocas ocasiones», por lo que entienden que «tenía una apariencia de sueldo encubierto«. Además de la constancia de los pagos, que el Ayuntamiento sitúa en más de 1.000 euros al mes en desplazamientos, se hace hincapié en que ello suponía pasar un kilometraje de 200 kilómetros y unas dietas que «no están justificadas ya que no existen tickets, sino una factura global al mes». «La lógica y legalidad vienen a determinar que si el alcalde tiene que desplazarse desde el Ayuntamiento a hacer alguna gestión sea el Ayuntamiento el que abone esos gastos pero si por una cuestión personal el alcalde decide vivir en otra localidad carece de sustento legal el que el Ayuntamiento soporte esos gastos», prosigue el comunicado.

Otras supuestas irregularidades

Otras de las irregularidades reflejadas en la denuncia es la ausencia de expediente de contratación en obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento en el período de tiempo en el que fue alcalde Aperador, concretamente en la obra de la Casa del Cura, cuyo coste ascendió a 48.867,68 euros «sin existir ni un solo documento que haga referencia al expediente de contratación».

Respecto a esta cuestión, en la denuncia se profundiza en la existencia de una secretaria que «no era funcionaria de carrera y estaba puesta a dedo por el alcalde», una circunstancia que llevó a que «nunca se emitiera ningún reparo». Una situación que varió, según el nuevo equipo de gobierno, cuando de forma transitoria varió la titular de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento «por una de carrera que presentó un reparo al pago de la factura por realizarse una obra en un edificio de propiedad municipal sin existir el expediente de contratación y por no estar recogida la actuación en el Plan de Inversiones del presupuesto municipal y, por tanto, no existir consignación presupuestaria en el presupuesto vigente». Prosigue el comunicado asegurando que «el que fuera alcalde hizo caso omiso a la advertencia legal y continuó contratando sin control alguno, cesando a la secretaria y contratando de nuevo a la anterior».

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Guijo ha puesto en conocimiento del juez otra serie de presuntas irregularidades, tales como las referentes a operaciones de tesorería realizadas entre el Ayuntamiento y la residencia de mayores Santa Ana y sobre el expediente de reintegro de subvención concedido al Ayuntamiento de El Guijo para la elaboración de un plan de ordenación urbana. En el caso de la residencia de mayores Santa Ana se realizaron trasvases financieros sin informe técnico alguno para sufragar gastos corrientes del Ayuntamiento, lo que ha generado una deuda de 111.624,78 euros, según los actuales gestores.

En cuanto al reintegro de subvención para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, la Consejería de Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía habría concedido en julio de 2009 una subvención de 70.583,94 euros para la redacción del Plan General de Ordenación urbana de El Guijo, una cantidad que habría sido consumida en gastos corrientes, sin que se haya elaborado ni proyecto o pliego de licitación para iniciar los trabajos de elaboración del PGOU. «Ahora, la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para solicitar el reintegro de la subvención, por lo que además de tener que devolver esta cantidad el municipio se queda sin una herramienta esencial para el desarrollo urbanístico, social y económico como es el PGOU», finaliza el comunicado.

Movimiento hoy en el Juzgado de Pozoblanco con las declaraciones de los tres representantes sindicales de la Policía Local que han declarado ante la jueza ratificando la denuncia que interpusieron contra el ex alcalde del municipio, Pablo Carrillo, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación. De momento, y según las fuentes consultadas, el primer edil no habría sido llamado a declarar.

La denuncia se interpuso el pasado mes de marzo aunque no fue hasta el mes de junio cuando fue admitida a trámite. Después de estar algo más de hora y media en el interior del juzgado, los representantes sindicales de la Policía han indicado que «hemos ratificado la denuncia que interpusimos por un presunto delito de malversación de fondos públicos al estar permitiendo que se paguen una serie de conceptos a funcionarios que no se dan». Además, también han incidido en lo que para ellos es un supuesto delito de prevaricación al «no tramitar expedientes de tráfico y la extracción de puntos que acarreaban esas denuncias».

«Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2015, se han producido durante el periodo en el que fue alcalde Pablo Carrillo», han apuntado para matizar que las denuncias no tramitadas se refieren tan solo a aspectos de tráfico aunque han avisado que «en el momento que no se tramiten expedientes se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial». Con el proceso de instrucción en marcha, los miembros de la Policía esperan «al juicio que será por lo penal en Córdoba».

En su día, Pablo Carrillo declaró a este periódico que él había tramitado todos los expedientes que le habían llegado en el periodo en el que fue alcalde de Pozoblanco.

Situación con el actual equipo de gobierno

Por otro lado y aprovechando el momento, también han sido interpelados por los periodistas por la situación actual de las negociaciones con el equipo de gobierno confirmando que «aún no han empezado» y que darán comienzo mañana jueves. Con todo, han tendido puentes para el entendimiento afirmando que «vemos predisposición y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que el conflicto esté resuelto antes de final de año».

Respecto a los supuestos cambios que habrá en el departamento -avanzados por el primer edil en la entrevista que hoy publica este periódico-, se ha anotado que «creemos que es una reestructuración en todo el Ayuntamiento no sólo en la Policía».