Tiempos convulsos donde los mas firmes valores de las sociedades democráticas están perdiendo su esencia humana.
La justicia no es solo una norma sino el arte supremo de ordenar el caos y encontrar el lugar exacto en el gran concierto de la existencia. Como recogía el primer gran sabio de nuestra historia, Platón, “Tener y hacer lo que es propio, donde cada parte de un sistema cumple su papel de manera adecuada y coordinada para que la sociedad alcance un estado de equilibrio y eficacia”.
Nuestro amor al prójimo es nuestro amor hacia nosotros mismos, y nuestro amor a nosotros mismos es lo que convierte en prisión nuestra voluntad.
No podemos mantenernos ajenos, sin pecar gravemente con la ley que nos obliga a procurar, en la medida de nuestras capacidades, el bien general de todas las personas de buen espíritu y tratar de mejorar la situación desenterrando las injusticias, para que cada cual hago lo que debe hacer y no excitarnos a que “El que pueda hacer, que haga”.
La propia iglesia católica, por boca de León XIII, a través de su encíclica “Rerum Novarum” publicada a finales del siglo XIX, reconocía (no sin gran esfuerzo en el ámbito de la llamada Doctrina Social de la Iglesia) que la religión cristiana podía unir a los ricos con los proletarios, llamando a ambos al cumplimiento de sus deberes y, ante todo, a los deberes de justicia.
Mas recientemente, la filósofa y activista francesa, Simone Weil (1909/1943), decía que para comprender la injusticia hay que vivirla, reiterando como forma de amar, la atención al otro, entendiendo que la obligación moral está antes que el derecho individual, arraigada en el ser humano como necesidad básica.
María del Carmen, esa anciana de 87 años vecina de Madrid, recientemente lanzada del domicilio donde vivió desde su juventud, ya no tendrá tiempo de comprender la injusticia que ha vivido.
Solo nos queda apelar a los gobernantes a que cumplan y hagan cumplir las leyes fundamentales que nos hemos dado para esa convivencia en paz y armonía, obligando a cada parte del sistema a cumplir con lo que debe hacer y no con lo que pueda hacer.

Existe en nuestro ordenamiento jurídico de un valor esencial, regulando lo que Montesquieu en el siglo XVII-III vino a analizar en su Tratado “El espíritu de las Leyes”, dice así: “Las normas se interpretarán (…) según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.
¿Cómo se debe interpretar este precepto de obligado cumplimiento por los administradores de la Justicia, cuando se trata de derechos y obligaciones constitucionales? Nuestra Constitución, regulando la política social y económica, obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social y económica y jurídica de la familia (art. 39.1), a que todos los españoles tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47), que toda la riqueza del país en sus distintas formas y se cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (art.128.1).
Pero como digo, nuestra Constitución se ha convertido en el globo terráqueo al que daba patadas Charles Chaplin, en el film. “El Gran Dictador”, solo sirve como divertimento o instrumento arrojadizo por algunos políticos irresponsables que encuentran en el contrario la
obligación que ellos mismo no fueron capaces de cumplir. Será porque después de más de XXV siglos no se han leído la “República” de Platón”.
En otros tiempos, las riquezas de lo particulares formaban el tesoro público; ahora es el tesoro público patrimonio de algunos particulares
disimulados bajo forma de sociedades anónimas de todo tiempo y estructura, donde pretenden disipar los reproches de sus conciencias,
quienes no solo no creen en la justicia de los hombres, sino tampoco en la divina.

La Diputación de Córdoba, a través de su Área de Bienestar Social, pondrá en marcha próximamente una Oficina de Intermediación Hipotecaria para prestar apoyo y asistencia, preferentemente en municipios de menos de 20.000 habitantes, a familias en riesgo de exclusión social por el desalojo de sus viviendas.

Así lo ha anunciado la responsable del Área, Felisa Cañete, quien ha explicado que “la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido de un modo directo los efectos de la crisis económica”. “Queremos abordar este problema de un modo integral con el fin de prevenir situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por impago de deuda hipotecaria o alquiler”, ha subrayado.

La vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que “realizará un servicio de prevención, ya que ofrecerá asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la hipoteca”. De igual modo, ha continuado, “prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca”.

“Vamos a informarles sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago, asesoramiento jurídico en procedimientos judiciales y de desahucio, etc.”, ha destacado Cañete.

Por último, Cañete ha indicado que “siempre que sea posible se prestará un servicio de protección a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de la ejecución de hipoteca o por morosidad en el pago del alquiler cuando sea por causas objetivas y justificadas que los sitúen en riesgo de exclusión social”.

Para la puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la Diputación de Córdoba tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas, además de las propias de la institución provincial, que permita el realojo de familias afectadas por este grave problema.

La oficina prestará servicios cuando se den las siguientes circunstancias: cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento y siempre que sean deudores de buena fe –que exista coherencia entre sus actos patrimoniales y sus rentas-.