El Ayuntamiento de Barcelona deberá indemnizar o readmitir al cocinero natural de Pedroche Manuel Escribano, que fue despedido tras no acreditar un nivel B2 de catalán. La decisión llega tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha estimado parcialmente el recurso del trabajador. En su resolución, el TSJC indica que su cese fue un despido improcedente, aunque niega que se el mismo vulnerara los derechos fundamentales o fuese discriminatoria por razón de la lengua. 

El caso comenzó cuando Manuel Escribano participó en un proceso de estabilización de empleo público dentro del área de alcaldía del Ayuntamiento catalán. Escribano fue cesado al no superar la prueba de catalán que se exigía en la convocatoria. Esta decisión fue recurrida en los tribunales por el afectado, recibiendo ahora el respaldo de la justicia, al menos, parcialmente. Y es que la sentencia indica que no vulneraron los derechos en relación a la lengua exigida. 

En este sentido, el fallo indica que la petición del B2 en catalán no es discriminatoria porque es una exigencia solicitada a todos los candidatos y en caso de ver esa medida desproporcionada se indica que se deberían haber impugnado las bases de manera previa. La sentencia del TSJC obliga al Ayuntamiento a readmitir a Escribano o a indemnizarlo con 58.696,92 euros. 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia el uso de bandos municipales por parte de la alcaldía de Villanueva del Duque contra una sentencia judicial relativa al despido nulo de una trabajadora a la que ha tenido que readmitir e indemnizar por daños y perjuicios. Según el sindicato, los mencionados bandos, que se vienen produciendo desde hace más de un mes, contienen información que no concuerda con la realidad de la sentencia judicial y, lo que es más grave, están poniendo en cuestión a la trabajadora y hostigándola ante la opinión pública, cuando la trabajadora no ha hecho sino ejercer sus derechos laborales, tal y como recoge la sentencia.

El sindicato precisa que el Ayuntamiento de Villanueva del Duque despidió en abril de 2020 a la trabajadora tras más de cuatro años desempeñando las mismas funciones en el Consistorio y tras haber solicitado, mediante acuerdo, el contrato indefinido no fijo que por ley le correspondía. Ante la negativa de la entidad local a reconvertir el contrato, la trabajadora afectada se vio obligada a interponer una demanda solicitando por vía judicial que se le reconociera ese derecho laboral adquirido. En ese momento, el Ayuntamiento decidió despedirla de forma inmediata.

La trabajadora solicitó ante el juzgado la nulidad del despido, una nulidad reconocida por una sentencia firme en la que se dictamina que el despido, además de ser nulo, se realizó “como represalia ante su petición de ser considerada fija”. De esta forma, el juzgado condenó al Ayuntamiento de Villanueva del Duque a la inmediata readmisión de la denunciante “a su puesto de trabajo en las mismas condiciones laborales que tenía antes del despido y con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la readmisión, con descuento de las cantidades percibidas por desempleo”.

CCOO apunta que éste no es el único despido que el Ayuntamiento realizó indebidamente. Otras dos trabajadoras despedidas también ejercieron sus derechos ante la Justicia, que declaró sus despidos improcedentes. De esta manera, las tres trabajadoras deben recibir, por sentencia, el correspondiente pago de indemnizaciones y salarios. «Estas tres sentencias vienen a demostrar la política de despidos y precariedad laboral que se aplica en el Ayuntamiento de Villanueva del Duque, a quien CCOO exige que deponga su actitud y deje de verter falsedades sobre las mencionadas sentencias. De no hacerlo, el sindicato no dudará en acudir de nuevo a la Justicia para denunciar el hostigamiento público al que se está sometiendo a esta trabajadora simplemente por haber ejercido un derecho que le corresponde, como ha dejado claro la sentencia judicial», apunta el sindicato. 

Los bandos

Los bandos denunciados por el sindicato niegan lo anteriormente expuesto y recogido en la sentencia ya que defienden que «no es cierto, que la finalización del contrato fuera a consecuencia de su petición de hacerla trabajadora indefinida, puesto que se estaban realizando trámites en este sentido y esta trabajadora conocía la decisión del ayuntamiento con anterioridad a su petición. Esto demuestra que no ha  existido ningún tipo de represalia por parte del ayuntamiento. Dicha sentencia obliga al ayuntamiento a readmitirla como trabajadora y a pagarle los salarios del tiempo transcurrido desde que finalizó su contrato. Esto no supone mayor coste para el ayuntamiento que si hubiese seguido trabajando, por lo que no supone ningún coste adicional, pero si supone que percibirá los salarios de un trabajo que no ha realizado». 

Una segunda nota apunta va más allá indicando que «el Ayuntamiento entiende que no ha perjudicado a ninguna trabajadora, al contrario, han estado trabajando en el mismo durante varios años, desarrollando una actividad laboral que les ha reportado un rendimiento económico y una mayor experiencia de cara a su desarrollo profesional».