• Los grupos de la oposición no dan por cerrado el caso y recuerdan que las irregularidades han sido reconocidas en el decreto de Fiscalía  

(Actualizado, 18:30 horas). El Ayuntamiento de Pozoblanco ha emitido una nota de prensa valorando la decisión de la Fiscalía de archivar diligencias ante la denuncia presentada por el PSOE por el caso del joven que cobró sin trabajar. Una comunicación donde el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, da por zanjado el asunto, sin atender a que la Fiscalía le abre la posibilidad a los socialistas de seguir con el caso en otras instancias judiciales. Sin saber si esto ocurrirá, lo que sí hace el primer edil es tildar de «cacería personal y política» el caso. Cabello recalca que durante todo el proceso se ha puesto la documentación requerida al Ministerio Público y a la oposición, un extremo este último negado por los grupos de la oposición. 

Cabello ha pedido a la oposición que «asuma que éste no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira con la que han intentado romper la estabilidad de Pozoblanco y que ha tenido que resolver la justicia y la Fiscalía de forma contundente». «Han sido 276 días de mentiras, de situaciones injustas, con insultos y con innumerables zancadillas, descalificaciones, amenazas graves y continuas hacia mi persona y mi secretaria, a nuestras familias, al equipo de gobierno, a nuestro partido con el único fin de hacernos un inmenso daño político y un irreparable daño personal», ha explicado. 

El primer edil aboga porque «cada uno asuma ahora sus responsabilidades, sus disculpas o sus dimisiones porque ha sido muy grave lo ocurrido como para que quede en el olvido». Por último, ha dado las gracias «a todos los que cada día me han mostrado su apoyo, su ánimo y cariño con decenas de mensajes que me han dado fuerzas para seguir adelante». 

Reacción del PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafael Villarreal, ha mostrado su respeto hacia la decisión de la Fiscalía pero también ha defendido la actuación de su grupo porque «como reconoce el informe de la Fiscalía hubo irregularidades». «No podemos dar por bueno que una persona que no trabaje para el Ayuntamiento cobre como si lo estuviera haciendo, nosotros entendemos que era un caso que debíamos elevar a la justicia y así lo hicimos», ha incidido Villarreal. Además, recuerda que «el caso se empezó a investigar una vez que saltó a la prensa, cuando la oposición decidió hacer una comisión de investigación, meses después de que ocurriera. De lo contrario, la transparencia del alcalde hubiera sido el silencio». «Vamos a seguir ejerciendo con responsabilidad y contundencia nuestra labor pública y no nos vamos a amedrentar por declaraciones que tildan de personal algo que no lo es», ha indicado en declaraciones a este periódico. Respecto a la posibilidad de seguir en otras instancias judiciales con este caso, Villarreal ha precisado que «es algo que no descartamos y que vamos a valorar con nuestros servicios jurídicos».

También ha valorado esta decisión el concejal Gerardo Arévalo que ha precisado que «estamos ante unas diligencias preprocesales, es decir, previas al procedimiento. No han llamado a nadie a declarar para averiguar qué ha pasado». «Respeto la decisión de la Fiscalía, pero siempre he dicho que aquí hay una irregularidad, algo que deja claro el informe de la fiscal», ha profundizado. «Lo que he querido siempre es que se devuelvan las cantidades, algo que pasó meses después y eso ocurrió porque hubo unas irregularidades», ha asegurado. «Aquí se sigue intentado tergiversar la historia, está claro que hubo una persona que cobró si trabajar, eso es una realidad y quién permitió eso sigue mintiendo», ha finalizado. 

Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Emmanuel Vioque, ha declarado a hoyaldia.com que «creemos que para nada es un caso que está zanjado ya que, en virtud de las pruebas aportadas, se entiende, y así se dice, que ha habido una serie de irregularidades aunque las mismas no rocen el ilícito penal y las deja en meras infracciones administrativas». «Creemos que esto no está zanjado. El propio decreto de Fiscalía dice que esto no es una instrucción penal, simplemente una serie de averiguaciones pero no quita que este caso se pueda elevar mediante querella ya que la investigación hasta la fecha ha sido muy somera», prosigue.Vioque asegura que «invito a quien quiera dar zanjado por este tema que no lo haga porque todavía hay más que ver, sobre todo, porque ha habido unas irregularidades que desde el principio ha denunciado IU, algo que se corrobora en el decreto y en la sentencia previa». Finalmente, el portavoz de IU asegura «respetar» la decisión de Fiscalía y en respuesta al comunicado del alcalde invitándolo a «que aporte las amenazas que ha recibido y tome las vías que sean necesarias porque entendemos que no son ciertas ni reales y tiene una connotación más personal que política. 

La Fiscalía de Córdoba ha archivado las diligencias contra el Ayuntamiento de Pozoblanco tras la denuncia presentada por el PSOE de la localidad por el caso del joven que cobró sin trabajar. Así se establece en un decreto en el que también se especifica que contra esta resolución no cabe recurso alguno, aunque recuerda que esta denuncia podrá ser reiterada ante la autoridad judicial. El archivo llega después de que la Fiscalía abriera estas diligencias el pasado mes de junio por posibles delitos de malversación y prevaricación. 

En los fundamentos jurídicos recogidos se insiste, recogiendo la doctrina, que para que exista el delito de prevaricación «no es suficiente la mera ilegalidad, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales del orden contencioso administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal que perdería su carácter de última ratio». Así, la fiscal se apoya en un informe emitido por el secretario del Ayuntamiento donde se producen «una suerte de irregularidades». 

Irregularidades que hablan de ausencia de publicaciones, duplicidad de contratos y de no verificaciones de asistencia a puestos de trabajo. En su escrito, la fiscal determina que «no hay razones que induzcan a estimar que las irregularidades observadas en la contratación respondan a una conducta arbitraria e injusta de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable». Por tanto, defiende que la existencia de irregularidades en el proceso de contratación que ha culminado con la reparación de la legalidad  -tras la devolución de las cantidades indebidamente percibidas- «no justifica el inicio de ninguna investigación penal». 

Tras este archivo habrá que conocer si el PSOE sigue con la causa elevándola a los tribunales o da por zanjado este tema a nivel judicial. Además, se está pendiente del término de la comisión de investigación abierta en el Consistorio y que después de haberse prorrogado hasta en dos ocasiones prosigue sin convocarse. 

Tras conocerse en el día de ayer la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Córdoba al Ayuntamiento de Pozoblanco por el caso del joven que cobró sin trabajar hoy llegan las reacciones. Hay que recordar que el Ministerio Público ha decidido incoar las investigaciones para dirimir si existe un presunto delito de prevaricación y otro de malversación, según la información a la que ha tenido acceso este periódico. 

Equipo de gobierno

La primera reacción es la del equipo de gobierno que, tras la petición de valoración por parte de este periódico, indicó que carecen de la información «oficial» sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, pero que «ofrecerá su total disponibilidad para facilitar toda la información que se le pueda solicitar sobre la gestión de Personal con total transparencia». En este punto, se incide en que es algo que «ya se está haciendo en la comisión de investigación que actualmente sigue abierta con el apoyo de todos los grupos municipales y en la que se ha facilitado toda la información requerida a los partidos de la oposición. Se mantendrá como es preceptivo esa misma línea de trabajo con el objetivo de que se pueda clarificar esta situación desde todos los ámbitos competentes». 

PSOE

El PSOE, por su parte, emitió una nota de prensa en el día de ayer en la que apelaba a la «prudencia» porque es la justicia «la que se tiene que hablar». Con todo, el portavoz de los socialistas, Rafael Villarreal, defendió que «le toca hablar al alcalde, no puede seguir mirando hacia otro lado». «Santiago Cabello tiene que explicar a la ciudadanía qué ocurrió para abonar nóminas a una persona que no estaba trabajando y, lo que es más grave, no poner solución cuando se tuvo conocimiento claro de que esto estaba ocurriendo”, asegura el portavoz socialista.

«Le toca al primer edil dejar de tirar balones fuera y ya que no ha dado las explicaciones oportunas en la comisión de investigación, le invito a que lo haga ante la ciudadanía asumiendo su responsabilidad”, defendió en el comunicado enviado a los medios de comunicación. Unas declaraciones que contradicen las defendidas por el propio equipo de gobierno que asegura que en la comisión se está dando toda la información y todas las explicaciones pertinentes. 

IU

El portavoz de IU, Emmanuel Vioque, indicó a este periódico que «valoramos de forma positiva todo lo que sea esclarecer los hechos que ya se vienen denunciando políticamente». «Hace algún tiempo señalamos el poco rigor que tiene este equipo de gobierno, especialmente Santiago Cabello, por la legalidad vigente, algo que no era una opinión política de este grupo municipal sino que empezaba a ser una opinión judicial con los diferentes procesos abiertos que tiene este Ayuntamiento en la vía laboral», indicó Vioque. El portavoz de IU señaló también el juicio del día 8 de julio «por el caso por el que abre diligencias la Fiscalía».

«Se nos ha criticado mucho desde el equipo de gobierno por decir esto, pero la realidad una gravedad mayor de la que al PP le gustaría y, con mucha precaución porque Fiscalía está pidiendo información simplemente, podemos afirmar que escrupulosos en los procesos de contratación y pago de nóminas, que competen a la alcaldía, no son», aseguró el portavoz. Vioque sustenta esta argumentación en la posibilidad que tenía Fiscalía de archivar el caso y «sin embargo pide información porque ve que algo no está acorde a la ley vigente». «Sabemos que esto puede acabar en un archivo o en una querella, queda mucho por ver, pero todo lo que venimos denunciando desde IU, durante este mandato y el anterior, se está empezando a ver», sentenció. 

Gerardo Arévalo

El último en valorar esta decisión fue Gerardo Arévalo que señaló que «es un paso más en el protocolo establecido en la investigación de un caso para determinar si los hechos constituyen un delito». «Ahora viene la segunda parte, investigar quienes son los culpables, creo en la justicia y creo que va a llegar hasta el final», indicó el ex concejal del equipo de gobierno quien separó los hechos de lo que dictamine la justicia porque «independientemente de eso no quita que sea una vergüenza para la institución y una desfachatez, todas las partes implicadas han reconocido que ese dinero se pagó». 

Arévalo considera ese reconocimiento suficiente para que «el alcalde dimita y se vaya porque nunca contó la verdad a la ciudadanía, ocultó la verdad. Vamos a esperar a lo que dice Fiscalía, pero son hechos que han ocurrido y constituyen una bajeza moral suficiente para una dimisión». Por último, Gerardo Arévalo pidió «respetar a la fiscalía, dejarlos trabajar y no interferir porque son personas preparadas, confío totalmente en la justicia sea cual sea su decisión».

El grupo municipal del PSOE ha anunciado que ha llevado a la Fiscalía de Córdoba el caso del joven que cobró sin trabajar en el Ayuntamiento de Pozoblanco. Lo ha hecho en una rueda de prensa ofrecida esta misma tarde donde ha avanzado que la documentación ya obra en poder de la Fiscalía ya que el PSOE entiende que “los hechos pueden ser constitutivos de delitos”. “Hemos actuado de forma responsable, tras asesorarnos, los hechos son suficientemente graves y se lo debemos a la ciudadanía de Pozoblanco”, ha indicado el portavoz municipal del PSOE, Rafael Villarreal, que ha matizado que seguirán en la comisión de investigación que se dirime de manera interna en el Consistorio pozoalbense.

Villarreal ha explicado “hemos adjuntado toda la documentación y ahora será la Fiscalía la que determine si puede haber delito o no y si ocurre la primera de la circunstancia lo remitirá al juzgado, que será el que actúe”. Para llegar hasta este punto, Villarreal ha hecho un correlato de los acontecimientos situando el inicio en el mes de enero, fecha en el que el caso saltó a prensa, y como últimos hechos ha destacado la expulsión de Gerardo Arévalo del grupo municipal del PP. A este respecto, el portavoz socialista ha tildado de “inverosímil” que el equipo de gobierno quiera desligar ambos hechos, es decir, la expulsión del caso elevado a la Fiscalía.

Por el momento, el PSOE ha matizado que seguirá formando parte de la comisión de investigación que solicitó junto a IU pero no se ha mostrado optimista ante los avances de la misma y los posibles dictámenes y ha vuelto a incidir en la idea de que “no se puede ser juez y parte” en referencia a la participación del alcalde, Santiago Cabello, en dicha comisión. Precisamente al primer edil ha acusado Villarreal de querer darle la vuelta a la situación y ha asegurado que “en ningún momento el alcalde pidió que se le dejasen de abonar las nóminas al joven”.

El caso, por tanto, da un paso más desde que el pasado mes se conociera y ahora será la Fiscalía de Córdoba la que se pronuncie.

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por IU en relación a la jura de bandera civil celebrada en Dos Torres y que suscitó polémica tras el homenaje en la Cruz de los Caídos por entender que esa cruz sólo representa a una parte de los caídos y forma parte de los símbolos del franquismo. La decisión de la Fiscalía llevó en el día de ayer al PP a exigir a la formación de izquierdas que pidiera perdón.

Así, el diputado autonómico del PP de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, afirmó tras conocer el archivo y la consideración de la Fiscalía de que no existió delito alguno en los hechos denunciados, “que se confirma que la denuncia de IU estaba basada en la mentira, en la intención de hacer daño sin miramientos y en una interpretación torticera y subjetiva de la Ley”.

“Seguramente IU sabía que no existía delito pero decidieron apostar por la mentira para dañar al PP y a un municipio referente de Los Pedroches, como es Dos Torres. Por ello exigimos a Izquierda Unida que pida perdón a los vecinos de Dos Torres, a su Alcalde y al Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado”, concluyó Miguel Ángel Torrico

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado una pena de seis años de prisión para el sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque, según informa Europa Press.

El párroco se sentará en el banquillo de los acusados el 11 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en la localidad de la comarca de Los Pedroches.

Tras prestar declaración en la instrucción del caso y defender su «total inocencia» en estos hechos, la juez de Pozoblanco acordó su puesta en libertad con cargos, pero imponiéndole una orden de alejamiento de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque.

Reacciones políticas

Ante la petición de la Fiscalía, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha instado a que se «aparte» al sacerdote que fuera párroco de Villanueva del Duque hasta que se instruya el caso sobre la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a una menor, a la par que ha pedido «tolerancia cero con los abusos».

Por su parte, la dirección provincial de IU en Córdoba considera «intolerable» que el Obispado de Córdoba haya «recolocado» a este sacerdote «como responsable en la parroquia de Espiel». En este sentido y en un comunicado, el responsable de Organización Provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha indicado que «en este caso nos encontramos ante una situación de presuntos abusos, que se están dirimiendo en los tribunales y, aún admitiendo en derecho la presunción de inocencia, el ordenamiento jurídico pone, por encima de todo, el interés superior del menor, en este caso la menor de la que el sacerdote tiene una orden de alejamiento, pero también, lógicamente, el interés superior de todos los menores, que está por encima de cualquier otra consideración en el ordenamiento jurídico».

El sindicato Profesional de la Enfermería Satse-Córdoba, advirtió el pasado día 19 de enero, ante los medios de comunicación, que si en 72 horas no se solucionaba el déficit de profesionales que sufría el Hospital Valle de los Pedroches y los Centros de Salud del Área Norte daría traslado de la situación a la Fiscalía, así como a las Inspecciones de Trabajo y de Servicios. Después de lo anunciado en el día de ayer se cumplió esa advertencia con el registro de los escritos dirigidos a dichos organismos, según ha informado el sindicato.

En los escritos registrados Satse pone en conocimiento de dichos organismos la «grave situación de precariedad en cuanto a la falta de profesionales y las consecuencias que ello tiene para los pacientes y ciudadanos en general, poniéndose en riesgo tanto la seguridad del paciente como la de los propios profesionales», según especifica.

Del mismo modo, en los escritos se detalla la situación que se evidencia en las distintas unidades del Hospital de Pozoblanco, así como en diversos Centros de Salud, lo que a su entender «no solo conlleva una pérdida de calidad y riesgo para la seguridad del paciente, sino que colisiona frontalmente contra la protección de la salud laboral de los profesionales».

Por otro lado, Satse formalizó también en el día de ayer la correspondiente comunicación a la Subdelegación del Gobierno, para la realización de dos Concentraciones, una el próximo día 7 de febrero a las 11 de la mañana en la puerta de entrada de Consultas Externas del Hospital de Pozoblanco, y otra para el próximo día 9 de febrero a las 19:30  de la tarde en la puerta del Ayuntamiento de Pozoblanco. A ambas concentraciones están convocados, tanto los profesionales del Hospital de Pozoblanco y Centros de Salud del Área Sanitaria Norte, como  los ciudadanos del Área Sanitaria Norte de Córdoba.

El Juzgado número 1 de Pozoblanco ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias y actuaciones llevadas a cabo y motivadas por la denuncia que el pasado mes de marzo interpusieron los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Pozoblanco contra el ex alcalde de la localidad, Pablo Carrillo, según han informado los delegados de personal en un comunicado.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de marzo por un posible delito de malversación de fondos públicos y prevaricación y según reza la nota la Fiscalía tendrá que investigar y emitir el informe pertinente sobre las actuaciones a realizar.

Después de conocer la denuncia, que fue admitida a trámite en el mes de junio, el pasado mes de septiembre tres representantes sindicales acudían al Juzgado de Pozoblanco en el inicio de las declaraciones. Por aquel entonces, declaraban que se había ratificado la denuncia «por un presunto delito de malversación de fondos públicos al estar permitiendo que se paguen una serie de conceptos a funcionarios que no se dan».

Otro de los argumentos que se esgrimía en la denuncia se basaba en la no tramitación de expedientes de tráfico y la extracción de puntos que acarreaban esas denuncias. En aquel momento, los representantes sindicales aludían a que las supuestas irregularidades se habrían cometido en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 bajo «el mandato de Pablo Carrillo».

Por su parte, el ex acalde exponía por aquel entonces que durante los años en los que había sido el máximo responsable del Consistorio pozoalbense había tramitado todo los expedientes que le habían llegado.