Hoy 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Esta nueva prestación de la Seguridad Social busca reducir el nivel de pobreza y exclusión y persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias, e incluye una serie de políticas articuladas alrededor de la ayuda.

La solicitud debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del Ingreso Mínimo Vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) enviará un SMS a los solicitantes que resulten beneficiarios de la ayuda.

Los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es) y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos para acceder a esta prestación, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que la próxima semana comenzará a funcionar también en horario de tarde.

El INSS reconocerá de oficio la prestación a casi 75.000 familias que ya reciben la asignación de menor a cargo y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley. Estos beneficiarios recibirán un SMS y una resolución donde se explica su concesión. Además, percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio, casi un mes antes de lo que correspondía.

El Ingreso Mínimo Vital establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completará las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, que se distribuirá en doce pagas.

Requisitos

El primer requisito para acceder al IMV será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpidode residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

El Gobierno ha aprobado este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80 por ciento la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16 por ciento de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.

El ingreso mínimo vital un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva. Esta cantidad mínima se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros, en tanto que se establece un complemento adicional de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad.

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en que «nace un nuevo derecho social en España», que supone «tomarse en serio de verdad el mandato constitucional» porque «no hay libertad si no se llega a final de mes». Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 por ciento son menores. El 16 porciento de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España.

Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada «trampa de la pobreza», situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social. Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza para comprobar que el beneficiario no supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual. Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.

En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.

La ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo. De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación. Los potenciales beneficiarios tendrán que solicitar el IMV preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. El Gobierno trabaja en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos o con la ayuda de las entidades del tercer sector.