El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha valorado la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de rechazar la solicitud de la Diputación de Córdoba para utilizar el embalse de La Colada como fuente de abastecimiento para la comarca de Los Pedroches. Pérez ha señalado que esta resolución «confirma que ya existe una conexión operativa y funcional entre La Colada y Sierra Boyera», realizada en el marco de actuaciones de emergencia, por lo que «no tenía sentido plantear nuevas inversiones para duplicar una infraestructura que ya está realizada». 

El coordinador provincial vuelve a insistir en que Izquierda Unida Córdoba «lleva todo este tiempo señalando que las obras de conexión no eran necesarias», y ha criticado que la Diputación y su presidente, Salvador Fuentes, «hayan defendido destinar millones de euros a actuaciones innecesarias en lugar de afrontar el problema real». «El problema no es la conexión, el problema es la contaminación», ha subrayado Pérez, quien ha denunciado que «no se ha hecho absolutamente nada para frenar los vertidos contaminantes que llegan al embalse de La Colada desde hace años». 

En este sentido, ha lamentado que «se haya perdido tiempo y recursos públicos en proyectos que no solucionan el fondo del problema», mientras la ciudadanía del norte de la provincia «ha sufrido las consecuencias, llegando a estar un año sin agua potable y con el riesgo de que esta situación vuelva a repetirse». Desde IU Córdoba reiteran que «las prioridades deben ser la conexión eléctrica, la construcción de una potabilizadora de última generación y, sobre todo, el control efectivo de los vertidos contaminantes». 

«Lo que no puede seguir ocurriendo es que se ignore la realidad y se siga malgastando dinero público mientras el embalse de La Colada continúa contaminado», ha señalado Pérez. Por todo ello, IU Córdoba exige al Gobierno andaluz y a la Diputación de Córdoba que «dejen de marear la perdiz y actúen de forma inmediata sobre el único problema real: la contaminación del agua garantizando así un suministro seguro y de calidad para los vecinos y vecinas de Los Pedroches». 

El pasado sábado, Sara Obrero fue presentada como nueva coordinadora local de IU Hinojosa del Duque por lo que sustituye en el cargo a Miguel Ángel Pérez. El acto contó con la presencia de la coordinadora entrante y el saliente, además de con Rosa María Rodríguez, candidata al Parlamento Andaluz de Por Andalucía, y Santiago Jesús Aranda, concejal de IU en el Ayuntamiento hinojoseño. 

Durante el acto, se reconoció y agradeció el trabajo realizado por Miguel Ángel Pérez al frente de la organización local en los últimos años además de sentar las bases de trabajo de la nueva coordinadora. Así, Obrero expuso que asume esta responsabilidad «con el objetivo de seguir reforzando el trabajo de la organización en el municipio y su compromiso con la ciudadanía hinojoseña». 

Con este relevo en la coordinación local, Izquierda Unida Hinojosa del Duque inicia una nueva etapa con el objetivo de «seguir trabajando por un municipio más justo, participativo y con más oportunidades para todos y todas». 

El acto contó además con la asistencia de militantes y simpatizantes, así como con la presencia de miembros de Izquierda Unida de otras localidades de la comarca. También acudieron representantes de otros partidos políticos y miembros de distintas asociaciones vecinales del municipio, «en una muestra de apoyo y de participación en la vida social y política de Hinojosa del Duque», se destaca desde la formación. 

El grupo municipal de Izquierda Unida en Pozoblanco ofreció ayer miércoles una rueda de prensa en la que denunció lo que considera una falta de organización institucional y diversos problemas en la gestión del Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular. Entre las críticas denunciadas por Emmanuel Vioque y Natalia León destacaron el retraso en la celebración de los últimos plenos municipales y la situación del departamento de personal. 

Como no podía ser de otra forma, las críticas comenzaron con lo ocurrido el pasado martes con los propios ediles de IU abandonando el pleno, también lo hicieron los del PSOE, porque el mismo no comenzó hasta las 21:22 horas cuando el primero de ellos estaba convocado a las 20:45 horas. Emmanuel Vioque precisó que «no fuimos nosotros quienes abandonamos el pleno, los que se ausentaron fueron los concejales del PP y, en este caso, también la vicesecretaría de este Ayuntamiento». Vioque defendió que a las 20:45 horas se debería haber levantado acta de la situación plenaria y como el primer edil no había delegado sus funciones seguir el artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que precisa que «si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después». 

Vioque aseguró que de haberse llegado a algún acuerdo este sería «nulo de pleno derecho» y alegó que «esta falta de respeto, que no es una falta de respeto personal a nosotros como concejales, sino a la población y a la ciudadanía que nos eligió, se viene dando sistemáticamente». A este respecto, Natalia León apuntó que «no hablamos de una circunstancia excepcional, hablamos de una forma de actuar reiterada» y ambos aseguraron que todo se hubiera evitado si hubiera comunicación entre el primer edil, Santiago Cabello, y los diferentes portavoces de la oposición. 

Problemas en el departamento de personal

Después de explicar esta cuestión, los concejales de IU abordaron la situación del departamento de personal. Según indicaron, desde que el alcalde asumió directamente la gestión del área en 2024 se han producido cambios continuos de responsables y bajas laborales. A eso se le une una «merma» en la información facilitada a los grupos de la oposición y que «no hay mes que no detectemos errores entre la información que se nos facilita y los decretos de alcaldía». 

Por otro lado, el grupo afirmó que actualmente cerca de noventa trabajadores que obtuvieron plaza mediante procesos de estabilización aún no disponen de contrato formalizado, lo que, a su juicio, genera «inseguridad jurídica». Además, denunciaron errores en nóminas relacionados con complementos salariales que, según explicaron, no coinciden con las tablas aprobadas en el presupuesto municipal y señalaron que cualquier modificación debería realizarse mediante negociación con los sindicatos. «Estamos detectando que los importes que se están abonando no son los que se corresponden con los aprobados en pleno en las tablas salariales recogidas en el presupuesto de 2025, porque recordemos que el de 2026 no está aprobado todavía. De hecho, en algunos casos estos complementos se han incrementado y en otros se han reducido. Sin embargo, para poder hacer estas modificaciones se tiene que hacer mediante un procedimiento de valoración objetiva de puestos de trabajo acordado en una mesa de negociación entre, cosa que no ha sucedido», apuntaron. 

«Estamos viviendo situaciones que no deberían de producirse nunca en una Administración pública, contratos sin formalizar durante años, personas con contratos temporales que acaban sus contratos, pero que no lo han llegado a firmar nunca, discrepancias entre complementos salariales y lo que se ha aprobado en pleno. Es que aquí no estamos hablando de debates políticos abstractos, estamos hablando de seguridad jurídica, de derechos laborales y de rigor en la gestión de lo público», defendió Natalia León. 

Subida salariales

Otro de los puntos abordados fue la subida salarial de cargos públicos municipales. Izquierda Unida sostuvo que el equipo de gobierno pretende aplicar incrementos retributivos con efectos retroactivos desde 2023 que, según su interpretación, no se ajustan a la normativa vigente para cargos electos. «El señor alcalde se quiere aplicar una subida salarial –y el resto de corporativos con salario de este ayuntamiento– que no les pertenece. Y no les pertenece no porque se puedan subir o no bajar el sueldo, muy lícitamente lo pueden hacer, sino porque se está aplicando una base legal que solo se le puede aplicar a los funcionarios«, argumentó Vioque. «Esto ocurre, además, todavía de forma más sangrante, porque no es que se vayan a aplicar una subida para 2026 de su sueldo, es que encima lo quieren hacer con efectos retroactivos de 2023. Y esto sí que ya es una desvergüenza para esta Administración. Si el señor alcalde en el año 2023 no quiso hacer una subida de sueldo porque estábamos en año de elecciones, lo que no puede permitirse es que en 2026 tengamos que pagar el sueldo que en 2023 no se quiso subir», zanjó a este respecto. 

Por último, IU habló sobre las alegaciones presentadas al presupuesto asegurando que las alegaciones presentadas se encuentran todavía en proceso de resolución. Señalaron que el plazo administrativo está próximo a finalizar y esperan conocer pronto el resultado.

El grupo municipal de Izquierda Unida también se sumará a la presentación de mociones en el pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco correspondiente al mes de enero con una que buscará un acuerdo para la adquisición de un camión de autoescala para el parque de bomberos de la localidad. 

Según la moción facilitada por IU, el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Pozoblanco aprobado el pasado 29 de julio de 2025 recoge que el parque de bomberos de Pozoblanco dispone de 20 bomberos y 5 vehículos de autobomba. La moción refleja que de ese conjunto de recursos humanos y materiales desaparece la autoescala, matriculada en 1990, inoperativa y fuera de servicio desde noviembre de 2024. 

«A pesar de que el parque comarcal de Pozoblanco lleva sin servicio de autoescala más de un año, en la última licitación del Consorcio Provincial no se contempla la adquisición de una autoescala para el mismo», prosigue el texto de la moción añadiendo que «los vehículos con autoescala son una herramienta imprescindible para el cuerpo de bomberos, en el ejercicio de sus intervenciones en altura de rescate, así como para la extinción de incendios». 

Además, se precisa que ante un posible incendio en edificios con varios pisos de altura la ausencia de un camión con autoescala, menoscaba la rapidez y agilidad de respuesta en caso de emergencia, puesto que el vehículo más cercano que cumple con estas características, se encuentra a más de 43 kilómetros de Pozoblanco y 63 de Villanueva de Córdoba». Es por ello que los acuerdos planteados instan al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba y a la Diputación  de Córdoba a que doten al parque comarcal de Pozoblanco, «a la mayor brevedad posible», de un camión con autoescala automática con una longitud de trabajo de 27 metros de similares características a las dotadas a los parques comarcales de Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo.

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha denunciado lo que cataloga de «irregularidad» y que atañe a la convocatoria de la última comisión de personal. IU denuncia que la convocatoria, extraordinaria y urgente, «evidencia una forma de actuar reiterada por parte del equipo de gobierno del Partido Popular orientada a dificultar la labor de fiscalización de la oposición, a recortar la transparencia institucional y a improvisar una y otra vez». 

Para contextualizar esta denuncia, IU señala que por acuerdo plenaria la comisión de personal, junto con la de lo Social y la de Urbanismo, debían celebrarse en fecha ordinaria el primer jueves del mes. El día inicialmente fijado era el 1 de enero, festivo. La normativa municipal establece de forma expresa que, cuando la fecha prevista coincide con un día festivo, la sesión debe celebrarse el siguiente día hábil a todos los efectos, es decir, el 2 de enero. Sin embargo, dichas comisiones no fueron convocadas ni en esa fecha ni en los días posteriores, sin que se ofreciera explicación alguna a los grupos de la oposición. 

Finalmente, «la comisión de personal fue convocada para el 15 de enero, remitiéndose la notificación a las 15:22 horas del mismo día, lo que la convirtió de facto en una comisión extraordinaria y urgente, suprimiendo además el punto de ruegos y preguntas, imprescindible para el ejercicio del control político por parte de la oposición», señalan desde IU. 

La explicación ofrecida por el equipo de gobierno fue la de concentrar en una misma jornada las tres comisiones municipales —Personal, Servicios Sociales y Urbanismo— tras la modificación de su periodicidad en el pleno ordinario de diciembre, estableciéndose su celebración el primer jueves de cada mes. Sin embargo, «desde Izquierda Unida consideramos que esta justificación no ampara en ningún caso una convocatoria extraordinaria y urgente, máxime cuando ninguna de las comisiones incluía asuntos de carácter urgente. Lejos de responder a una necesidad objetiva, esta forma de proceder evidencia improvisación y falta de planificación, utilizadas además como pretexto para suprimir el punto de ruegos y preguntas, esencial para el control democrático. En ningún momento se informó previamente a la oposición de un cambio de calendario ni de la decisión de celebrarlas el 15 de enero, casi dos semanas después de la fecha en la que legalmente deberían haberse convocado», prosiguen. 

La denuncia se amplía en lo relativo a la información para esa comisión ya que, según la versión de IU, parte de la documentación se remitió a las 16:02 horas y el acta de la sesión anterior a las 18:13 horas, «apenas dos minutos antes del inicio de la comisión de servicios sociales (18:15) y con la comisión de personal prevista para las 18:30 horas, imposibilitando materialmente su análisis previo». 

«Desde el Grupo Municipal de IU queremos subrayar que esta situación no es puntual. Desde que Santiago Cabello asumió la Concejalía de Personal se han producido recortes continuados en el acceso a la información, que no solo no han sido revertidos por el actual delegado, Manuel Fernández, sino que se han consolidado. A ello se suma la práctica habitual de convocar comisiones de manera extraordinaria y urgente en lugar de ordinaria o extraordinaria, así como la exclusión sistemática del apartado de ruegos y preguntas en dichas convocatorias», denuncia el grupo municipal de IU. 

«Resulta especialmente grave que, pese a que el día de celebración de las comisiones de personal se modificó para facilitar la asistencia del delegado —debido a que trabaja fuera de Pozoblanco de lunes a miércoles—, no se garantice ni la convocatoria en tiempo y forma ni el acceso adecuado a la documentación.  Todo ello responde a una estrategia clara: poner trabas a la oposición, limitar su capacidad de conocer los procedimientos que se desarrollan en el área de Personal e impedir la transparencia en un departamento clave para los derechos laborales del personal municipal», defiende IU. 

Por último, desde IU se indica que «este equipo de gobierno aprovecha la mayoría absoluta que les facilitó la ciudadanía de Pozoblanco, para actuar al margen de los procedimientos establecidos y del respeto institucional que se debe guardar al resto de fuerzas políticas, que igualmente también son elegidas por la ciudadanía» y se exige «respeto a los acuerdos plenarios, a la normativa vigente y a los principios básicos de funcionamiento democrático, y reclamamos que se ponga fin a una forma de gobernar basada en la improvisación permanente, la falta de información y el menosprecio al papel de la oposición». 

IU se ha sumado a valorar la salida de Santiago Cabello como presidente de la Mancomunidad de Municipios asegurando que no se trata de ninguna decisión personal, sino una imposición. Ha sido el coordinador comarcal de la formación, Miguel Calero, quien ha realizado la valoración en una nota de prensa. 

«La decisión de dimitir de Santiago Cabello no ha sido una opción personal, como ha indicado en nota de prensa, para asumir las competencias de la Mancomunidad de Caminos y otras tareas dentro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco. Con respecto a la Mancomunidad de Caminos, si consideraba que tenía poco tiempo para dedicarle no la hubiera asumido. La dimisión le ha venido impuesta desde el PP provincial ante la insostenible situación de descoordinación y malestar permanente por parte de los alcaldes del PP de la comarca ante su nula capacidad de gestión y de puesta en común con el resto de compañeros de partido que, desde hace tiempo, venían mostrando su rechazo a su forma de proceder», asegura. 

Por otra parte, Calero ha apuntado que en los dos años al frente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Santiago Cabello «ha sido incapaz de defender a la comarca en temas tan vitales para su futuro como la contaminación del agua y en otros asuntos fundamentales que afectan a Los Pedroches como la instalación de macrogranjas o plantas de biogás. Su única labor ha sido la de recibir las subvenciones que han venido a la comarca por parte de otras administraciones, sin afrontar los retos actuales y sin aportar nada positivo ni innovador para el desarrollo de la misma, alejando a la institución comarcal de la cooperación con los municipios y de la participación de la sociedad civil de nuestra comarca». 

Desde IU se asegura que el PP provincial no era ajeno a los problemas que «el señor Cabello ocasiona en aquellos lugares donde gobierna, sin embargo, poco importó cuando lo designaron presidente. Con su «renuncia» no sólo se certifica la incapacidad política de Santiago Cabello, si no la del propio Partido Popular en la comarca de Los Pedroches», zanja.  

El proceso de la instalación de la planta de biogás en el término municipal de Dos Torres sigue su curso y el plazo de alegaciones abierto ante este proyecto se ha saldado con el registro de algunas. Es el caso de IU de Pozoblanco que ha presentado alegaciones y observaciones al proyecto atendiendo a cuestiones como la apertura de un nuevo plazo de alegaciones, las dimensiones de la planta o la dispersión de purines. 

En el documento presentado por IU se alude las dimensiones de la planta, planeada para tratar 246.574 toneladas anuales, y que compara con la de COVAP que trata unas 100.000 toneladas al año para dar servicio a sus socios y con capacidad para incrementar esa cantidad. De ahí, que IU entienda que la nueva planta de biogás «no es una necesidad real» para atender a los ganaderos de vacuno de leche, sino para el tratamiento de «los purines de porcino de las actuales macrogranjas, las que se encuentran en construcción y las que se instalen en el futuro si nadie lo impide». 

Respecto a la declaración de interés social, se apunta que esta instalación responde a un interés económico y que la creación de puestos de trabajo es relativa debido al alto grado de automatización de este tipo de plantas. IU pide al Ayuntamiento de Dos Torres que reconsidere la declaración de interés social, necesaria para que el proyecto sea viable, y alude a los malos olores y gases «perniciosos» para la salud que desprenden este tipo de plantas «máxime cuando se destina una gran superficie al aire libre a la acumulación de estiércoles para la elaboración de compost». 

IU centra, de igual modo, sus observaciones en el sustrato introducido en el biodigestor señalando la mezcla de diferentes residuos entre los que se encuentran los de las depuradoras. Del mismo modo, se señala la dispersión de purines por los campos sin un control exhaustivo de la cantidad repartida por hectárea como el principal problema de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en la comarca y se alude a que el proyecto no cuantifica las cantidades de digestato líquido y sólido que generará la planta. Esa falta de información también se enfoca al autoabastecimiento de agua, ya que el proyecto no indica las fuentes de captación ni se especifica si se va recuperar el agua contenida en el digestato. Otra de las observaciones que se realiza al proyecto es el posible «efecto llamada» nuevas macrogranjas o aportación de sustrato de fuera de la comarca». 

Peticiones

Ante esas observaciones, IU pide que se amplíe o aperture un nuevo plazo de alegaciones ya que entiende que la documentación del expediente «está incompleta», así como que se reconsidere la declaración de interés social por parte del Ayuntamiento de Dos Torres. Del mismo modo, la formación política pide que se tenga en cuenta para la no autorización de la planta el «muy posible efecto llamada a nuevas macrogranjas» ya que provocaría «un deterioro de nuestro medio ambiente». 

En el caso de que el proyecto siga adelante, IU solicita que se lleve a cabo la separación completa del digestato en sólidos y líquidos que permita la reutilización del agua regenerada y que la forma de abastecimiento de agua en planta sea mediante la reutilización del agua regenerada procedente del digestato líquido para no depender de la captación de agua subterránea. Por último, IU pide que se adopten medidas efectivas para evitar la lixiviación teniendo en cuenta la proximidad de la planta al afluente del arroyo Santa María y que se busquen ubicaciones alternativas que «cuenten con mejores comunicaciones por carretera y eviten el paso de vehículos pesados por núcleos urbanos». 

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha alertado hoy de un hecho «gravísimo» que está afectando a miles de familias en la provincia: la pérdida por parte del Gobierno andaluz de documentación relacionada con las solicitudes y revisiones de la Ley de Dependencia correspondientes al año 2023.

Pérez ha explicado que, según la información recibida por IU desde distintos municipios, trabajadores sociales están comunicando a las familias que las solicitudes de 2023 no constan en ningún registro oficial, por lo que la Junta de Andalucía está obligando a las personas afectadas a iniciar de nuevo todo el procedimiento. Uno de esos municipios ha sido, por ejemplo, Villaralto. 

«Estamos ante un auténtico drama personal y familiar. El Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido la documentación y, de facto, ha borrado del mapa a personas que solicitaron su inclusión o revisión en la Ley de Dependencia durante el año 2023″, ha denunciado el coordinador provincial.

Desde IU Córdoba se advierte de que este hecho condena a «miles de personas a esperar dos años más, en un sistema ya colapsado», y que muchas de ellas están falleciendo sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho. «Estamos ante un nuevo escándalo y una gestión nefasta que demuestra cómo el Gobierno andaluz está destrozando los servicios públicos y, en este caso, la propia Ley de Dependencia», ha añadido Pérez.

El dirigente provincial ha subrayado que la situación «no es un simple error administrativo, sino una vulneración de un derecho fundamental», y ha denunciado la falta total de transparencia de la Junta, que «ni informa a las familias ni reconoce públicamente el alcance del problema». «En una provincia como Córdoba, con una población muy envejecida y con un alto porcentaje de personas dependientes, el Gobierno andaluz ha dejado sin respuesta a miles de hogares. Hoy, en la práctica, la Ley de Dependencia no existe para quienes la solicitaron en 2023″, ha lamentado Pérez.

IU Córdoba ha exigido explicaciones inmediatas a la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía y ha pedido conocer si esta situación se está produciendo también en otras provincias andaluzas.Asimismo, la formación ha anunciado que pedirá a su grupo parlamentario en el Parlamento andaluz que registre las iniciativas necesarias para aclarar lo sucedido, y ha recomendado a las familias afectadas que presenten recursos de alzada y reclamaciones en sus municipios.

Por último, Pérez ha avanzado que IU no descarta acudir a los tribunales, ya que «esto supone haber vulnerado un derecho reconocido por ley y haber dejado sin protección a miles de personas dependientes y a sus familias».

IU Pozoblanco ofreció ayer lunes una rueda de prensa en la localidad pozoalbense donde el coordinador provincial de la formación, Sebastián Perez, su homólogo a nivel comarcal, Miguel Calero, y la concejala en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Natalia León, expusieron la posición del partido ante la instalación de plantas de biogás en la comarca de Los Pedroches. Aunque hay noticias de la instalación de varias infraestructuras de este tipo, la formación se centró en la que se va a instalar en el término municipal de Dos Torres, pero en las inmediaciones del casco urbano de Pozoblanco -en la carretera que une esta localidad con El Guijo-. La formación se mostró favorable a este tipo de infraestructuras siempre y cuando se ajusten a los parámetros de sostenibilidad, pero solicitó información y transparencia para saber si se trata de una construcción de pequeñas dimensiones o, por el contrario, una marcroplanta. 

Precisamente el acceso a la información fue una de las cuestiones que puso en cuestión IU pidiendo al alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, que facilite todos los datos y no se escude en que «los únicos afectados son los propietarios de fincas aledañas porque es toda la ciudadanía la que puede verse afectada», en palabras de Natalia León. En este sentido, la edil narró que se personó en el Consistorio usía para solicitar información y conocer pormenores de la instalación indicando que, a tenor de los planos vistos, se trata de un espacio considerable lo que lleva a la formación a pensar que «podríamos estar ante la instalación de una macroplanta». 

«Estamos absolutamente a favor de las energías renovables, pero desde un punto de vista sostenible y las macroplantas crean más problemas de los que resuelven», apuntó Miguel Calero que puso el foco en que detrás de estas infraestructuras puedan estar empresas eléctricas y fondos buitres, además de señalar que «no estaremos solucionado un problema medioambiental, sino ahondando en el problema de contaminación que tenemos». Por ello, pidió que los ayuntamientos y la Mancomunidad se pongan de acuerdo para establecer políticas que impidan el asentamiento de este tipo de infraestructuras. Calero defendió, de igual modo, el modelo cooperativista de Covap y el trabajo que la cooperativa realiza en este sentido indicando que «Covap siempre ha indicado que puede ampliar su planta en función de las demandas de sus socios para la recogida de purines». 

Ambos políticos, junto a Sebastián Pérez, expusieron que de implantarse una macroplanta esas instalaciones tratarían residuos venidos de otras zonas por lo que el coordinador provincial criticó que «alguien pueda entender que la solución para una zona con problemas de contaminación sea la colocación de un polo de atracción de residuos». Pérez también resaltó el modelo de economía circular de Covap y que permite acogerse a los parámetros de «sostenibilidad» frente a «los fondos de inversión que acuden a zonas despobladas, con poca oposición de la ciudadanía, para instalar focos de contaminación». «Exigimos que se haga pública la información y en el momento en que sepamos lo que está ocurriendo actuaremos en consecuencia en el Parlamento Andaluz e incluso en el Gobierno de España», concluyó el coordinador provincial. 

Con un vídeo en sus redes sociales, IU Pozoblanco ha querido poner de relieve la falta de mantenimiento que existe en algunos parques infantiles de la localidad con elementos que se alejan de estar en un buen estado de conservación. Desde la formación de izquierdas se ha criticado esta situación y se ha pedido a los gestores del Ayuntamiento pozoalbense una correcta identificación de las deficiencias y su correspondiente arreglo, además de los trabajos de mantenimiento. 

La concejala de IU, Natalia León, explica que después de pasear por los parques infantiles de la localidad se han detectado «columpios rotos, desgastados, zonas precintadas, partes rotas y suelos en mal estado» por lo que incide en que estos espacios deben ser «seguros y fiables» para que los más pequeños puedan jugar con libertad. Además, señala que el mantenimiento de los parques infantiles es responsabilidad de los ayuntamientos por ley. 

Otro de los aspectos que ha criticado IU es la falta de paneles informativos en algunos de los parques infantiles, paneles con señalización de diferente índole, entre la que debe de aparecer la normativa de estos espacios. Aunque hay algunos parques que sí tienen esta señalización, en otros es inexistente y en otros parques aparece el cartel pero borrado totalmente. 

Después de señalar esta situación, Natalia León hace hincapié en que «para el PP parece que lo que no sale en redes sociales no existe. No tiene que ser el pueblo el que tenga que denunciar, debe ser el propio Ayuntamiento el que detecte estas deficiencias» para acometer un mantenimiento correcto de este y otros espacios públicos.