La parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha denunciado la falta de inacción por parte de la Junta de Andalucía para tomar las medidas necesarias que eviten los vertidos y, por tanto, la contaminación del agua de La Colada. En una visita al norte de la provincia de Córdoba, la parlamentaria ha podido comprobar «in situ» el estado del cauce del arroyo Guadarramilla antes de desembocar al embalse de La Colada, acompañado por el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y el coordinador comarcal de IU en Los Pedroches, Miguel Calero.

Tras la visita, la parlamentaria ha anunciado que exigirá al Gobierno de Moreno Bonilla que incluya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027 la “inversión necesaria” para poner en marcha una potabilizadora de última generación en el norte de la provincia de Córdoba, cuya ubicación concreta deberá determinarse mediante los estudios y criterios técnicos correspondientes.

La parlamentaria ha señalado que los informes existentes alertan de la presencia de sustancias nocivas para la salud en las aguas de La Colada y ha reclamado a la Junta que deje de “enredar” y centre sus esfuerzos en atajar el problema de la contaminación. En este sentido, ha defendido que la potabilizadora sería una medida para garantizar el suministro de agua potable mientras se adoptan las actuaciones necesarias para frenar y revertir la contaminación. 

Por su parte, Sebastián Pérez ha señalado que «la situación es muy preocupante» y ha recordado que han pasado tres años desde aquella crisis sin que se haya dado una respuesta definitiva al problema de la contaminación. “Los informes últimos vienen diciendo la realidad, que la contaminación sigue aumentando, y a eso le sumamos la inacción de un Gobierno andaluz que niega la realidad y no actúa”, ha señalado.

Pérez ha recordado que el grupo provincial de IU planteó un convenio interadministrativo para abordar esta situación que fue aprobado por el Gobierno provincial del Partido Popular. “El compromiso ya está recibido y aprobado, ahora lo que toca es hacerlo efectivo”, ha reclamado. En este sentido, ha exigido una actuación coordinada de la Diputación, la Junta de Andalucía, las confederaciones hidrográficas y el resto de administraciones competentes para frenar los vertidos contaminantes y ejecutar las infraestructuras necesarias. “Hemos perdido tres años. O actuamos ya o la contaminación va a seguir avanzando de forma galopante”, ha advertido.

Cauce del arroyo Guadarramilla a su paso por Pozoblanco 

En cuanto al cauce del arroyo Guadarramilla a su paso por Pozoblanco, Miguel Calero ha puesto el foco en la necesidad de que el Ayuntamiento de Pozoblanco ejecute las actuaciones pendientes en emisarios y colectores para evitar que “aguas contaminadas continúen llegando a los cauces”. Ha señalado que la mejora de la depuradora de Pozoblanco debe ir acompañada de la renovación de las redes que presentan deficiencias y pueden provocar vertidos directos al cauce. En ese sentido, ha puesto de manifiesto la necesidad de primar la actuación sobre el colector del polígono industrial que conecta con la carretera de Villaharta, que presenta un agua ponzoñosa que luego conecta con el agua que sale de la depuradora. 

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha exigido responsabilidades al Gobierno andaluz por la gestión realizada en torno a la playa de La Colada tras su reapertura y posterior cierre al baño por la presencia de cianobacterias, acusando al Partido Popular de haber actuado con «una absoluta irresponsabilidad» y de «poner en riesgo la salud de la ciudadanía». «El embalse de La Colada sigue contaminado y el Partido Popular lo sabe. Lo que no puede hacer es ocultar la realidad y enviar a la gente, a niños y niñas y a personas mayores, a bañarse en unas aguas contaminadas. Eso es una irresponsabilidad», ha afirmado Pérez. 

Desde Izquierda Unida recuerdan que la Junta reabrió la playa tras una mejora puntual de los análisis provocada por las lluvias y no como consecuencia de ninguna actuación para combatir la contaminación. «No han hecho ni una sola intervención sobre el origen del problema. Han preferido montar una operación de propaganda y pocos días después la propia realidad les ha obligado a volver a cerrar la playa«, ha señalado. 

Pérez ha lamentado que, en lugar de asumir responsabilidades, el Partido Popular haya tratado de desacreditar a quienes venían alertando de esta situación. «Nos llamaban alarmistas por denunciar que la playa no reunía las condiciones para el baño y los hechos han demostrado que teníamos razón. Lo que debería hacer la Junta es dejar de negar la evidencia y empezar a actuar sobre las causas que provocan esta contaminación», ha manifestado. 

El coordinador provincial ha criticado además que el Gobierno andaluz continúe negando un problema que, a su juicio, conocen perfectamente los vecinos y vecinas del norte de la provincia. «Todo el mundo sabe que nadie consume agua del grifo con normalidad y que las aguas del embalse siguen afectadas por la contaminación. Los informes oficiales llevan tiempo alertando del aumento de la contaminación por nitratos y de la degradación de las masas de agua superficiales y subterráneas», ha asegurado. 

Pérez ha recordado que la contaminación por fuentes difusas de origen agrario es una competencia de la Junta de Andalucía y ha reclamado que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno abandone la «improvisación» y asuma de una vez sus responsabilidades. «La solución pasa por un plan serio de inversiones para acabar con los vertidos contaminantes y por la construcción de una potabilizadora de última generación que garantice agua de calidad a los más de 80.000 vecinos y vecinas del norte de Córdoba. Llevamos años reclamándolo y el Partido Popular sigue sin actuar», ha defendido. 

Del mismo, ha advertido de que mantener esta situación supone poner en “riesgo” el futuro de una comarca estratégica para la provincia, especialmente en un contexto de crisis climática y de sequías cada vez más frecuentes. «No podemos permitir que el norte de Córdoba vuelva a quedarse sin agua potable teniendo embalses con agua. La Junta debe reconocer el problema, dejar de desacreditar a quienes lo denunciamos y empezar a trabajar junto al resto de administraciones para ofrecer soluciones definitivas», ha concluido. 

La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha criticado la gestión que el Gobierno andaluz está realizando de la playa de La Colada tras su nuevo cierre al baño por los elevados niveles de contaminación, apenas unos días después de haber autorizado su reapertura. Para la organización, esta forma de actuar evidencia una gestión «basada en la improvisación» que genera incertidumbre y puede comprometer la salud de la ciudadanía.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha recordado que la formación ya advirtió la pasada semana de que la playa no reunía las condiciones adecuadas para el baño y ha señalado que «los hechos han vuelto a demostrar que el problema sigue existiendo y que no se puede ocultar con campañas de imagen ni con decisiones precipitadas«. «Lo preocupante es que la Junta sigue sin actuar sobre el origen del problema. La contaminación continúa ahí porque el Partido Popular se niega a afrontar las inversiones necesarias para erradicarla. Mientras tanto, se transmite una sensación de normalidad que la realidad acaba desmintiendo pocos días después», ha afirmado. 

Desde Izquierda Unida consideran que la apertura de la playa tras una mejora puntual de los análisis fue una decisión precipitada. «Lo prudente habría sido esperar a contar con varios resultados consecutivos que confirmaran la estabilidad de la calidad del agua antes de permitir nuevamente el baño. No se puede gestionar un espacio de estas características a golpe de análisis aislados cuando está en juego la salud pública», ha añadido Pérez. 

La organización también ha criticado la respuesta del Partido Popular tras las denuncias realizadas por IU en redes sociales. «En lugar de asumir responsabilidades, prefirieron desacreditar nuestras advertencias. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse y la playa ha tenido que cerrarse otra vez», ha señalado el coordinador provincial. 

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha reclamado al Gobierno andaluz que «abandone las actuaciones coyunturales y afronte de una vez las infraestructuras que el norte de la provincia necesita». «Más de 80.000 vecinas y vecinos siguen esperando una solución definitiva. Es imprescindible impulsar una potabilizadora de última generación y mejorar las depuradoras para eliminar el problema de la contaminación y garantizar un suministro de agua de calidad», ha manifestado. 

Rodríguez ha insistido en que «la obligación de cualquier administración es ofrecer seguridad y certezas a la ciudadanía. No es aceptable abrir una playa y volver a cerrarla pocos días después porque eso demuestra ausencia de planificación y una gestión que no está a la altura de lo que merece el norte de Córdoba». Izquierda Unida ha reiterado que continuará exigiendo a la Junta de Andalucía que actúe sobre las causas de la contaminación y abandone una política que, a su juicio, «prioriza la propaganda frente a las soluciones», garantizando unas infraestructuras hidráulicas que respondan a las necesidades de la comarca y protejan la salud de la población. 

La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha elaborado y presentado alegaciones contra el proyecto de ampliación de la explotación porcina «El Ladrillar», situada en el término municipal de Alcaracejos, al considerar que «no garantiza la protección de los recursos hídricos de la comarca de Los Pedroches». El texto de las alegaciones ha sido también presentado por varios vecinos de los Pedroches, entre ellos la Fundación Savia. 

IU recuerda que la zona norte de la provincia sufrió una «grave crisis» de abastecimiento de agua potable debido a la contaminación del embalse de La Colada, una situación que obligó durante más de un año a suministrar agua mediante camiones cisterna a miles de vecinos y vecinas.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado que «la prioridad debe ser proteger el agua y evitar que se repitan situaciones que tanto daño han causado a la ciudadanía, a los negocios y a la actividad económica de la comarca». Pérez ha explicado que «IU apoya al sector ganadero existente en la comarca como una actividad económica fundamental para Los Pedroches, pero rechaza la ampliación y la instalación de nuevas macrogranjas de porcino debido a su elevado impacto ambiental y a la gran producción de purines, amoniaco y otros residuos«. 

Además, ha señalado que este modelo «no fomenta la economía circular ni aporta riqueza a la comarca», ya que «gran parte de su capital está en manos de multinacionales y fondos de inversión que tienen como único objetivo la rentabilidad económica y no el desarrollo sostenible». Esta situación provoca, además, una «competencia desleal para las explotaciones ganaderas tradicionales del cerdo ibérico».

Entre las cuestiones planteadas por IU figura que la explotación se ubica en la cuenca del embalse de La Colada, una zona oficialmente declarada vulnerable a la contaminación por nitratos. La organización considera que el proyecto «no demuestra de forma suficiente que el aumento de la actividad no tendrá consecuencias sobre las masas de agua superficiales y subterráneas«.

Además, la alegación señala que la empresa prevé que los purines y estiércoles generados sean gestionados por terceros, «sin concretar suficientemente dónde se aplicarán, en qué condiciones ni cómo se garantizará el control efectivo de estos residuos ganadero». «Si la contaminación del agua sigue siendo un problema pendiente después de años de medidas y restricciones, lo lógico es exigir el máximo nivel de garantías antes de autorizar nuevas ampliaciones», ha indicado Pérez.

IU también cuestiona el «fuerte» incremento del consumo de agua previsto en el proyecto. Según la documentación presentada, el número de reproductoras aumentaría en torno a un 70%, mientras que el consumo de agua pasaría de 7.000 a más de 26.000 metros cúbicos anuales.

Para Sebastián Pérez, «resulta difícil entender un incremento tan elevado del consumo de agua en una comarca que conoce perfectamente las consecuencias de la escasez y los problemas de abastecimiento». La organización también alerta de «posibles insuficiencias» en las balsas destinadas al almacenamiento de purines y recuerda que la explotación cuenta con antecedentes de denuncias relacionadas con vertidos.

Por todo ello, IU Córdoba solicita a la Junta de Andalucía que no autorice la ampliación de la actividad ya que «no es compatible con la protección de los recursos hídricos y con los objetivos de recuperación ambiental de la cuenca de La Colada». «Lo que estamos planteando es sentido común. Si queremos combatir la contaminación del agua, no podemos permitir proyectos que generen dudas razonables sobre su impacto ambiental. La protección del agua debe estar por encima de cualquier otro interés», ha concluido Sebastián Pérez.

El grupo municipal de Izquierda Unida en Pozoblanco ha denunciado que el municipio ha perdido la oportunidad de acceder a ayudas extraordinarias del Gobierno de España destinadas a reparar daños provocados por el tren de borrascas que afectó a buena parte del país durante el pasado invierno. Según la formación, la localidad no figura entre los municipios beneficiarios de unas subvenciones que permitirán movilizar importantes inversiones en otros puntos de la comarca. Los concejales Emmanuel Vioque y Natalia León señalaron «la falta de gestión de Santiago Cabello» como la razón para no haber conseguido acceder a esas ayudas. 

La concejala Natalia León explicó que la provincia de Córdoba recibirá alrededor de 71 millones de euros procedentes de estas ayudas extraordinarias, de los que cerca de nueve millones recaerán en municipios de Los Pedroches. Sin embargo, Pozoblanco no aparece en la relación de localidades admitidas para acceder a la financiación. León señaló que estas subvenciones podían destinarse a obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales, equipamientos públicos, redes viarias o actuaciones de mejora relacionadas con los daños causados por los temporales. Entre las actuaciones que podrían haberse beneficiado de estos fondos citó la renovación de colectores y otras infraestructuras hidráulicas, lo que además habría contribuido a reducir las sanciones que el Ayuntamiento viene afrontando por vertidos de aguas residuales.

La edil recordó que, tras la publicación del decreto, los ayuntamientos debían remitir una valoración técnica de los daños sufridos para determinar la cuantía de las ayudas. Según explicó, en marzo se publicaron varias órdenes ministeriales y el listado definitivo de municipios admitidos, donde Pozoblanco no figuraba. «No sabemos si no se presentó la documentación o si no cumplía los requisitos exigidos», afirmó.

IU también lamentó que el Ayuntamiento no aprovechara una reunión celebrada en abril por la Subdelegación del Gobierno, dirigida a alcaldes y técnicos municipales, en la que se informó sobre estas ayudas y sobre la posibilidad de presentar alegaciones o acogerse a subvenciones del 50 por ciento para aquellas localidades que habían quedado fuera de la primera convocatoria. Según León, su grupo no tiene constancia de que el alcalde asistiera a dicho encuentro ni de que se presentaran las correspondientes alegaciones.

Por su parte, el portavoz de IU, Emmanuel Vioque, aseguró que Pozoblanco vuelve a quedarse rezagado respecto a otros municipios vecinos. Como ejemplo, citó las cantidades que recibirán localidades como Añora, con aproximadamente 3,3 millones de euros; Villanueva de Córdoba, con alrededor de 1,6 millones; El Viso, cerca de 1,5 millones; o Hinojosa del Duque, con más de un millón de euros.

Vioque sostuvo que la pérdida de estas ayudas se suma a otras convocatorias en las que, según IU, Pozoblanco tampoco logró captar financiación relevante, como algunos programas europeos Next Generation. A su juicio, el municipio podría haber destinado estos fondos a proyectos como la mejora de los colectores, la creación de zonas de sombra en los colegios o actuaciones para resolver los problemas de inundaciones en el entorno del camino de la Virgen de Luna.

Otras ayudas

La formación también criticó la gestión municipal en relación con las ayudas de la Junta de Andalucía para caminos rurales. Aunque Pozoblanco recibirá 128.000 euros para actuaciones en seis caminos, IU considera que otros municipios han conseguido importes superiores al presentar proyectos de mayor envergadura. Durante la comparecencia, los representantes de IU señalaron además que, en una comisión informativa, el equipo de gobierno no aclaró con precisión si se había solicitado alguna de las ayudas extraordinarias ni en qué convocatoria concreta se había participado.

Por último, Vioque aseguró que la situación responde a una falta de gestión del actual equipo de gobierno y reclamó al alcalde, Santiago Cabello, una mayor implicación en la captación de recursos externos para el municipio. «No entendemos cómo, con las necesidades que tiene Pozoblanco, seguimos perdiendo oportunidades de financiación mientras otros municipios del entorno consiguen inversiones millonarias», concluyó.

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha registrado una solicitud de información para conocer las actuaciones que está llevando a cabo el Consistorio en materia de prevención y control del virus del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por mosquitos cuya expansión en Andalucía ha generado una creciente preocupación sanitaria en los últimos años.

Desde IU recuerdan que, aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves o incluso son asintomáticos, esta enfermedad puede provocar complicaciones neurológicas graves, especialmente en personas mayores, inmunodeprimidas o con patologías previas. Del mismo modo, señalan que los mosquitos vectores encuentran condiciones favorables para su reproducción en aguas estancadas, balsas, depósitos, fuentes ornamentales y otros espacios donde el agua permanece sin renovación.

La iniciativa registrada pone de manifiesto que la Diputación de Córdoba ha aprobado recientemente un programa específico de ayudas destinado a financiar actuaciones de vigilancia, control vectorial, desinsectación y elaboración o actualización de planes municipales frente al Virus del Nilo Occidental en municipios menores de 50.000 habitantes.

Izquierda Unida recuerda que Pozoblanco está catalogado actualmente como municipio de riesgo bajo, pero destaca que limita con municipios considerados de riesgo alto, como Alcaracejos, circunstancia que aconseja reforzar la vigilancia y las medidas preventivas. La formación también señala la existencia en el municipio de diversos espacios que podrían favorecer la proliferación de mosquitos, entre ellos fuentes ornamentales, zonas húmedas, balsas de agua y áreas con presencia habitual de aves. En este sentido, llaman especialmente la atención sobre el entorno del Campo de Golf Municipal, el Club Hípico, el microembalse y el Arroyo del Pilar.

Según expone IU en su escrito, en las instalaciones del campo de golf existen dos balsas de agua no potable que permanecen de forma permanente y que, si no cuentan con un adecuado mantenimiento y control, podrían convertirse en focos de reproducción de mosquitos. Además, advierten de que estas infraestructuras presentan también riesgos desde el punto de vista de la seguridad al no disponer del vallado perimetral necesario para evitar riesgos de caídas.

La solicitud presentada reclama información sobre la existencia y actualización del Plan de Control de Mosquitos de Pozoblanco, las medidas de vigilancia y control ya ejecutadas o previstas, así como la posible solicitud de las ayudas convocadas por la Diputación Provincial. Del mismo modo, Izquierda Unida pide conocer si se han realizado inspecciones, tratamientos larvicidas o actuaciones de desinsectación en las balsas del campo de golf y qué medidas se están adoptando en el Arroyo del Pilar, especialmente en la zona próxima a la carretera de Villaharta, en los puntos de confluencia de colectores de aguas residuales.

Para el portavoz de IU, Emmanuel Vioque, “la prevención es la herramienta más eficaz frente al Virus del Nilo Occidental. Conocer qué medidas se están aplicando y actuar antes de que aparezcan problemas de salud pública es una obligación de cualquier administración responsable”. Por ello, la formación solicita que, en caso de que no se hayan desarrollado actuaciones suficientes, se realice una evaluación técnica especializada de las zonas con mayor riesgo potencial y se estudie la elaboración de un plan específico de vigilancia y control de focos de proliferación del mosquito vector en todo el término municipal, prestando especial atención a las áreas con masas de agua, presencia de aves y explotaciones equinas.

El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y su homólogo a nivel comarcal, Miguel Calero, han ofrecido hoy miércoles una rueda de prensa en Pozoblanco en la que han abordado la situación de la querella que presentó la formación contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la anterior concejala de Personal, Inmaculada Reyes, sobre supuestas irregularidades en materia de contratación en el Ayuntamiento pozoalbense. Una querella que fue admitida a trámite por el juzgado de la localidad y ante la que hubo citaciones para declarar que luego fueron pospuestas por diversos recursos interpuestos. Ahora, más de un año después de que la querella fuera admitida a trámite -lo fue en febrero de 2025- la formación ha denunciado una «maniobra de bloqueo y dilación» a la justicia para que el caso se archive sin la práctica de las diligencias correspondientes. 

Una acusación que IU sustenta en un auto emitido por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco donde se especifica que «no se ha podido llevar a cabo ninguna de las diligencias instructoras interesadas en la querella por la negligencia del propio Ayuntamiento que ha hecho caso omiso al requerimiento del Juzgado de aportar información relevante para poder llevar a cabo con las máximas garantías para todos los implicados las declaraciones de los investigados y no vulnerar el derecho a la tutela judicial».

En su correlato, Miguel Calero ha recordado que se citó como investigados al alcalde y a la ex concejala para declarar el 11 de marzo, aunque la comparecencia terminó aplazándose al 17 de ese mismo mes. IU sostiene que, desde entonces, las defensas iniciaron una cadena de recursos para retrasar el procedimiento judicial. Entre las diligencias solicitadas figuraba la entrega de nóminas relacionadas con el hijo de la secretaria particular del alcalde, documentación requerida por el juzgado el 27 de junio de 2025 y que, según denuncian, no fue remitida hasta el 12 de marzo de 2026 «a las puertas de que expirara el plazo normativo de doce meses».

La formación afirma que presentó varios escritos reclamando impulso procesal, tanto en septiembre de 2025 como en febrero de 2026, cuando además solicitó una prórroga de seis meses para continuar la instrucción antes de que expirara el plazo legal. El juzgado acordó finalmente ampliar la investigación seis meses mediante un auto dictado el 4 de marzo de 2026, resolución que posteriormente fue recurrida por las partes investigadas. Sin embargo, un nuevo auto fechado el 7 de mayo desestimó dichos recursos y confirmó la prórroga. El recurso de esa prórroga está ahora en la Audiencia Provincial, aunque según ha confirmado IU eso no imposibilita que se puedan practicar las correspondientes diligencias. 

En esa resolución judicial, leída durante la comparecencia, el magistrado considera que la petición de archivo defendida por las partes investigadas responde a una «interpretación sesgada en beneficio propio», señalando además que no se habían podido practicar diligencias «por la negligencia del propio Ayuntamiento», al no atender los requerimientos judiciales de documentación. IU considera «gravísimo» que durante nueve meses no se remitiera la información solicitada por el juzgado y critica que posteriormente se solicitara el archivo de la causa alegando falta de diligencias practicadas.

Sebastián Pérez, dirigente provincial de IU, afirmó que el Partido Popular está utilizando instituciones públicas «para bloquear y obstaculizar la justicia», interpelando también al partido a nivel provincial y andaluz. «Si el alcalde no tiene nada que ocultar, debería facilitar toda la documentación y declarar cuanto antes», ha asegurado Pérez, que ha defendido que IU seguirá «vigilante» para garantizar que la justicia «sea igual para todos».

Por su parte, Miguel Calero ha insistido en que las presuntas irregularidades denunciadas no se limitan a la legislatura anterior, sino que continúan produciéndose actualmente a través de contratos y prórrogas que, según indicó, «no se ajustan a la legalidad». IU ha solicitado ahora que el juzgado practique de forma inmediata las diligencias pendientes, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, antes de que finalice la prórroga de instrucción prevista para septiembre.

Durante la comparecencia, la formación también mostró su solidaridad con el propio Calero por los recientes disparos sufridos contra su vehículo, un asunto que ya se encuentra judicializado y bajo investigación.

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha valorado la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de rechazar la solicitud de la Diputación de Córdoba para utilizar el embalse de La Colada como fuente de abastecimiento para la comarca de Los Pedroches. Pérez ha señalado que esta resolución «confirma que ya existe una conexión operativa y funcional entre La Colada y Sierra Boyera», realizada en el marco de actuaciones de emergencia, por lo que «no tenía sentido plantear nuevas inversiones para duplicar una infraestructura que ya está realizada». 

El coordinador provincial vuelve a insistir en que Izquierda Unida Córdoba «lleva todo este tiempo señalando que las obras de conexión no eran necesarias», y ha criticado que la Diputación y su presidente, Salvador Fuentes, «hayan defendido destinar millones de euros a actuaciones innecesarias en lugar de afrontar el problema real». «El problema no es la conexión, el problema es la contaminación», ha subrayado Pérez, quien ha denunciado que «no se ha hecho absolutamente nada para frenar los vertidos contaminantes que llegan al embalse de La Colada desde hace años». 

En este sentido, ha lamentado que «se haya perdido tiempo y recursos públicos en proyectos que no solucionan el fondo del problema», mientras la ciudadanía del norte de la provincia «ha sufrido las consecuencias, llegando a estar un año sin agua potable y con el riesgo de que esta situación vuelva a repetirse». Desde IU Córdoba reiteran que «las prioridades deben ser la conexión eléctrica, la construcción de una potabilizadora de última generación y, sobre todo, el control efectivo de los vertidos contaminantes». 

«Lo que no puede seguir ocurriendo es que se ignore la realidad y se siga malgastando dinero público mientras el embalse de La Colada continúa contaminado», ha señalado Pérez. Por todo ello, IU Córdoba exige al Gobierno andaluz y a la Diputación de Córdoba que «dejen de marear la perdiz y actúen de forma inmediata sobre el único problema real: la contaminación del agua garantizando así un suministro seguro y de calidad para los vecinos y vecinas de Los Pedroches».