El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado hoy viernes sobre las alegaciones que el Gobierno andaluz va a presentar contra el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en relación con el expediente de concesión de aguas del embalse de La Colada para el abastecimiento de los municipios de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

Molina ha calificado el informe como “profundamente equivocado, técnicamente cuestionable y jurídicamente extralimitado” y ha confirmado que la Junta ha presentado alegaciones formales para defender “el interés general y el derecho de los vecinos y vecinas del norte de la provincia a contar con un sistema de abastecimiento hídrico moderno, eficiente y con garantías”.

Ha recordado que la Junta, a través de la Secretaría General del Agua, está plenamente legitimada para intervenir, al ser la administración que ejecuta las obras necesarias para que esta concesión sea efectiva. “El informe pretende limitar el alcance de nuestra intervención, algo inadmisible desde el punto de vista legal y administrativo”, ha afirmado.

El delegado ha criticado con firmeza que se haya denegado la autorización a las infraestructuras proyectadas -tramo de aspiración, estación de bombeo, tramo de impulsión y caminos de acceso-, alegando motivos económicos, ambientales o de supuesta redundancia. “Rechazamos frontalmente que se pretendan imponer decisiones técnicas que no le competen a la Confederación”, ha dicho, subrayando que “las alternativas viables deben ser elegidas por quienes van a ejecutar, mantener y garantizar el servicio: la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba”.

Molina ha defendido que las infraestructuras previstas “no sólo son necesarias, sino imprescindibles para un abastecimiento estable y seguro a medio y largo plazo”. Frente a una toma flotante provisional ejecutada sin proyecto y en contexto de emergencia, la Junta propone “una torre de toma fija, robusta, eficiente, segura desde el punto de vista laboral, con mejor control de calidad del agua y más resiliencia frente a sequías y averías”.

También ha explicado que el caudal de 600 litros por segundo que contempla el proyecto “está plenamente justificado”, ya que se basa en datos reales del funcionamiento del sistema en el último año de sequía, con más de 7 hectómetros cúbicos bombeados, además de contemplar usos agroganaderos e industriales.

En cuanto al argumento ambiental, Molina ha señalado que “no se puede aceptar una supuesta afección ambiental sin datos ni análisis técnico”, y ha recordado que el proyecto incorpora un estudio de impacto ambiental con medidas correctoras avaladas por el Ayuntamiento de Belalcázar. “Si se requiere evaluación ambiental, será el órgano competente quien lo determine. No puede ser la Confederación quien se arrogue esas competencias”, ha recalcado.

Sobre la eficiencia económica, el delegado ha sido claro: “La inversión la asume la Junta, no el Estado. No le corresponde a la Confederación opinar sobre el uso de fondos públicos andaluces”. Además, ha defendido que “la eficiencia se mide en fiabilidad del servicio, reducción de costes a largo plazo y resiliencia ante el cambio climático”.

Por último, ha rechazado que las obras propuestas empeoren la calidad del agua captada. “La torre de toma ofrece mayores garantías de control y selección de capas de agua. La potabilidad la asegura la Empresa Provincial de Aguas, no el organismo de cuenca”, ha dicho.

Adolfo Molina ha concluido exigiendo “la rectificación del informe de la CHG y la autorización de las obras tal y como han sido proyectadas”. “Lo que está en juego aquí no es un trámite administrativo, sino el derecho al agua de miles de personas. La Junta ha actuado con responsabilidad, con rigor técnico y con voluntad de consenso. Pedimos lo mismo a las instituciones del Estado: que no pongan obstáculos donde debe haber colaboración y soluciones”, ha subrayado.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria, dotado con 1,5 millones de euros en el presupuesto 2021, para las 24 localidades andaluzas afectadas por la DANA e inundaciones producidas entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre pasados en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Tres localidades de Los Pedroches se verán beneficiadas por estas ayudas. 

Para agilizar la transferencia de estos fondos condicionados, se ha aprobado un decreto ley con el fin de que las entidades locales cuenten con estos recursos lo antes posible para poder acometer las actuaciones derestitución, reparación, conservación o limpieza de las infraestructuras e instalaciones de servicios públicosmunicipales afectados.

En concreto, los municipios beneficiados de la comarca son Alcaracejos, Hinojosa del Duque y Pozoblanco. La primera recibirá 28.255,57 euros; Hinojos percibirá 22.790,21 euros; y Pozoblanco 23.856,65 euros. Las cuantías oscilan en función de criterios objetivos de necesidad (población, superficie urbana y gravedad de los daños sufridos) y de capacidad financiera (participación en los tributos de la comunidad autónoma), con distintas ponderaciones para lograr un uso más eficiente de los fondos y la mayor justicia en su reparto.

No será obstáculo para la percepción de estas transferencias las posibles deudas de las entidades locales con la hacienda pública estatal o autonómica o con la Seguridad Social. Con cargo al programa se podrán financiar actuaciones en redes de abastecimiento de agua potable a domicilio o evacuación y tratamiento de aguas residuales; accesos a los núcleos de población; pavimentación y señalización de las vías urbanas; alumbrado público; limpieza de vías; retirada de escombros o lodos; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios; cementerios; bibliotecas; instalaciones deportivas; centros educativos, sanitarios, de servicios sociales o culturales así como el parque público; y la reparación o adquisición del mobiliario urbano como farolas, bancos, vallas y similares.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán notificar, en el plazo de tres días desde la publicación del Decreto-Ley en el BOJA, la aceptación de la financiación por vía electrónica, a través de la web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. El director general de Administración Local dictará resolución por la que se reconoce y cuantifica la asignación para cada entidad local beneficiaria, que será notificada mediante su publicación en la página web de la Consejería.

Una vez dictada esta resolución, las entidades locales deberán presentar, en el plazo de dos meses, una relación de los proyectos o actuaciones, contenido, presupuesto y plazo de ejecución, un informe justificativo y certificación del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno. La presentación de la documentación se realizará de forma telemática, en modelo normalizado, a través de la web de la Consejería e irá dirigida a laDelegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia, que validará, en el plazo de diez días, que los proyectos presentados cumplen los requisitos del Decreto-Ley y los elevará a la Dirección General de Administración Local para que declare su financiabilidad, también en diez días. Los fondos se ingresarán a la entidad local en el más breve plazo posible, tras la fiscalización del correspondiente expediente de gasto.

Los ayuntamientos deberán acreditar la ejecución de las obras en el plazo de dos meses desde su finalización y antes del 31 de diciembre del 2022, si bien se podrá otorgar una prórroga de hasta doce meses por solicitud motivada.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, ha recordado que hasta el 21 de diciembre sigue abierta la convocatoria para emprendedores rurales que quieran llevar a cabo un proyecto en consonancia con la estrategia de su territorio, que se canalizan a través de los siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) existentes en la provincia de Córdoba.

El reparto comarcal se realiza de la siguiente manera: el GDR de la Campiña Sur de Cordobesa tendrá un presupuesto de 1.040.000 euros; el GDR del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba de 1.131.596 euros; el GDR del Medio Guadalquivir 499.000 euros; el GDR de Los Pedroches 1.057.000 euros; el GDR de la Sierra Morena Cordobesa 1.392.208 euros; el GDR de la Subbética Cordobesa 433.703 euros; y el GDR del Valle del Alto Guadiato 572.233 euros.

“Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura. La apuesta es clara y dirigida a la sostenibilidad del medio rural cordobés, de manera que los proyectos aprobados contribuyan a fijar a la población en el territorio”, informó Cabello.

La delegada animó a los potenciales beneficiarios a participar en la convocatoria, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus agrupaciones, que vayan a ejecutar un proyecto u operación contemplado en la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) seleccionada. “Para Córdoba contamos con un presupuesto de 6,12 millones de euros en esta convocatoria 2020, que fue publicada el 20 de octubre en BOJA, y dispone de un total de 32 líneas de ayudas para la provincia que desarrollarán las siete EDL comarcales”, explicó. 

“Hay que destacar que durante este año se han pagado en la provincia un total de 13 expedientes referidos a otros tantos proyectos de la convocatoria 2017, por un montante de 325.454 euros y que ha generado una inversión de 481.572 euros. Los trece proyectos referidos corresponden a cuatro comarcas en las que han destacado las iniciativas de mejora de la eficiencia energética y los proyectos de modernización de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias”, subrayó la delegada territorial. 

En lo referido a la convocatoria 2018, en los dos últimos meses se han resuelto favorablemente ayudas a un total de 14 proyectos innovadores en el medio rural, beneficiando a dos comarcas. La suma de las ayudas asciende a 580.399 euros, y destacan los proyectos de modernización de la agroindustria local y la mejora de las instalaciones sociales y deportivas de los municipios. Se prevé que estas ayudas generen una inversión de 948.992 euros.

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha denunciado el que considera “el último ejemplo del ninguneo y la deslealtad institucional de la Junta de Andalucía  a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas” y ha afirmado que “el regidor de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, se ha enterado de la reapertura al público del castillo de la localidad a través de los medios de comunicación ya que ningún responsable de la Junta de Andalucía ni de la delegación territorial de Cultura se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para comunicarlo de forma oficial”.

Amo ha explicado que “si bien la gestión del monumento es competencia de la administración autonómica, no hubiera estado de más una llamada al alcalde de Belalcázar para comunicar la decisión de volver a abrir sus puertas al público”. En este sentido, Lola Amo ha afirmado que la única llamada que ha recibido el alcalde de la localidad por parte de la delegada territorial de Cultura haya sido para informarle sobre el procedimiento de la reserva de plazas para la visita y toda vez que decenas de personas están llamando al Ayuntamiento de Belalcázar a pesar de que el Consistorio no es competente para ello”.

Según Amo, “en estos momentos, en los que estamos preocupados por los rebrotes de la pandemia, es fundamental que los ayuntamientos y sus regidores conozcan de antemano la llegada masiva de personas de fuera del municipio”. “La deslealtad de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos es habitual desde la llegada de PP y Cs al Gobierno andaluz, pero se ha hecho más patente desde que comenzó la pandemia del coronavirus”, ha afirmado Lola Amo, que ha recordado que “los alcaldes se enteraron por los medios de comunicación del número de contagios en sus municipios y se les ha ninguneado en todo lo referente a la gestión de la pandemia”.

Por todo ello, la dirigente socialista ha exigido al Gobierno andaluz que “deje a un lado la confrontación y el partidismo porque los alcaldes y alcaldesas, con independencia de su color político, son los máximos representantes de los municipios y la lealtad institucional debe prevalecer por encima de todo lo demás”. “Es necesario que la Junta de Andalucía rectifique su manera de actuar e inicie la senda del diálogo con todos los alcaldes y alcaldesas”, ha concluido la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE cordobés.

El ocio nocturno está en el punto de mira desde hace semanas después de que algunos de los brotes registrados hayan tenido su origen en fiestas o discotecas. Es por eso que la Junta de Andalucía lleva unos días anunciando medidas al respecto que, de momento, ayer se concretaron en la prohibición de realizar botellón, una medida que en muchos municipios de la comarca de Los Pedroches fue tomada durante la semana pasada. Aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abordó poner coto al ocio nocturno en una reunión con los alcaldes de las ocho provincias andaluzas, de momento no se dieron a conocer las medidas o detalles de esas restricciones. 

Así, el presidente planteó a los alcaldes de las capitales andaluzas declarar el botellón como actividad insalubre, nociva y peligrosa, en el marco de la Ley de Salud Pública para amparar jurídicamente la prevención y vigilancia que evite la celebración de esta práctica durante la pandemia. Del mismo, propuso limitar el ocio nocturno, así como reforzar su control para evitar más contagios y nuevos brotes de la Covid-19 en Andalucía, según informó la Junta. 

El presidente andaluz indicó que es importante que haya, entre todos, transferencias de información y una colaboración leal, algo que ha considerado siempre necesario, pero más todavía en momentos tan complicados como los que estamos atravesando a raíz de la crisis del coronavirus. 

Así, señaló que esta pandemia nos está poniendo a prueba como sociedad, ante lo que ha aseverado que la mejor medida que podemos tomar para afrontar la crisis con éxito es la unidad por lo que hizo un llamamiento a la participación de todos los sectores de la sociedad andaluza para propiciar una Gran Alianza por Andalucía que nos permita salir antes y mejor de esta crisis sanitaria y socioeconómica. 

De este modo, recordó que está llevando a cabo una ronda de reuniones y foros para recabar inquietudes, propuestas y estrategias de todos los sectores de la sociedad porque, según dijo, “el diálogo siempre es necesario y más todavía en un momento tan complicado como el que atravesamos a raíz de la pandemia de la Covid-19”. 

Moreno incidió en que el virus aún no se ha ido y todavía sigue entre nosotros e insistió en la necesidad de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar que aumente el número de contagios, a la vez que ha resaltado la responsabilidad que han demostrados los municipios ante la pandemia y el esfuerzo, el compromiso y dedicación de los alcaldes. “Sin los alcaldes y los ayuntamientos no hay posibilidad de arrinconar al virus o intentar paliar sus efectos porque quien crea que se puede conseguir esto sin ellos está equivocado. Los alcaldes y los ayuntamientos son una pieza fundamental”, agregó. 

En este punto, subrayó que es esencial revitalizar las economías en los municipios y dar respuesta a necesidades sociales, aunque ha abogado por tomar nuevas medidas que busquen el equilibrio entre la salud y la actividad que sostiene miles de empleos. 

El Partido Popular de Pozoblanco ha criticado la actitud de la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches en relación a las canalizaciones de la presa de La Colada. Aprovechando la reciente inauguración de la playa artificial de La Colada, los populares han echado en falta que ambas administraciones aprovechasen la coyuntura y la situación para solicitar algo más que el uso recreativo de dicha infraestructura y reivindicar que la Junta cumpla con el compromiso adquirido «hace más de una década» para permitir que el «agua del embalse llegue a los vecinos y a las explotaciones agrarias de Los Pedroches».

Así, el secretario general de los populares pozoalbenses, Eduardo Lucena, explica en una nota que «considera inexplicable que un acto de este tipo no se aprovechase para reclamar a la Junta que cumpla su promesa de hace más de una década” y conecte al fin “el pantano de La Colada con el de Sierra Boyera” para que el agua del embalse pueda llegar a los vecinos y a las explotaciones agrarias de Los Pedroches, muy perjudicadas por este incumplimiento autonómico. Los populares no entienden que cargos socialistas “estén celebrando por todo lo alto los avances en los usos recreativos de La Colada mientras que sobre su uso principal y más necesario existe un tremendo olvido, completamente inexplicable, de más de una década”. “Se está perjudicando a nuestros empresarios del campo, vitales para nuestra economía y nuestra sociedad, y a los vecinos del Valle mientras personas con altas responsabilidades miran hacia otro lado”, explica Lucena.

Por todo ello califica de “silencio cómplice” la actitud de administraciones presididas por miembros del PSOE como la Diputación o la Mancomunidad de Municipios, “dirigentes que nunca se atreven a reclamar a la Junta una de las inversiones más demandadas de Los Pedroches y que es una muestra palpable del escaso interés que la Junta de Andalucía muestra por nuestra comarca”. El secretario general de los populares pozoalbenses denuncia la dejadez de la institución provincial, pues confinanció con un 10 por ciento las obras del embalse y luego, cuando ha gobernado el PSOE, “nunca se ha preocupado ni ha exigido a la Junta que le dé utilidad para los ciudadanos y para los agricultores a esa infraestructura en cuya construcción se invirtió dinero de todos los cordobeses”. Lucena entiende que la labor de la Diputación, bien al contrario, ha consistido “en tapar las vergüenzas de la Junta”, como si el objetivo fuese “ocultar la evidencia de que durante más de una década se han incumplido de forma sistemática los compromisos adquiridos”.

El secretario general de los populares de Pozoblanco sostiene, vista la situación, que no cabe sino “la rebeldía” frente al «maltrato que la Junta mantiene hacia Los Pedroches y frente a la decisión del PSOE de convertir las administraciones que gobierna en engranajes del partido puestos al servicio de sus intereses electorales”. Lucena considera que esa política es la que ha propiciado “que no se invite a cargos populares de la zona, como obliga la cortesía institucional, a actos organizados por las administraciones socialistas”.

El Partido Popular de Pozoblanco recuerda “la falta de diplomacia que administraciones como la Junta o el Ministerio de Agricultura han mantenido durante las últimas semanas con el alcalde de nuestra localidad y presidente local de nuestro partido, Santiago Cabello, al que no se invitó ni a una reunión de la consejera de Sanidad con alcaldes de la zona ni a la visita que el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, realizó a Covap y a explotaciones del municipio». Avisa por último el secretario general de que el PP de Pozoblanco incrementará sus esfuerzos para defender Los Pedroches y para “denunciar los abusos que a menudo se cometen”.  “Nuestra intención es colaborar mano a mano con la sociedad civil y con todo el que se sume con el fin de sacar a nuestra tierra del olvido al que se la somete día tras día”, ha explicado el secretario general del PP.

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, ha visitado este jueves Villanueva de Córdoba, donde se ha reunido con la alcaldesa del municipio, Dolores Sánchez, y ha abordado los proyectos que tiene en marcha el Gobierno de la Junta en esta localidad, a la que la Administración autonómica destina 4,2 millones de euros en políticas de empleo, desarrollo económico y atención social. En la reunión también han estado presentes los portavoces de los grupos municipales y se ha abordado las necesidades y la situación del municipio, así como la necesidad de colaboración institucional, informa la Junta en un comunicado.

Según ha manifestado Crespín, la Junta de Andalucía destina al municipio un total de 4,2 millones de euros en políticas de fomento del empleo, desarrollo económico inclusión social y apoyo a la Dependencia. Además, la delegada y la alcaldesa se han reunido con las personas beneficiarias del plan ‘Emple@joven’, destinado a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes al objeto de reducir el tiempo de inactividad existente entre la finalización de su período formativo o el inicio de la situación de desempleo y el desempeño efectivo de un puesto de trabajo.

En el caso de Villanueva de Córdoba, esta iniciativa cuenta con 202.300 euros que generarán 25 empleos. Los sectores en los que trabajan se refieren a Revalorización de espacios públicos urbanos y Puesta al día y Digitalización del Archivo municipal. El objetivo principal de ‘Emple@joven’ es dar respuesta a las necesidades urgentes de empleo de la población joven andaluza, a través de distintas iniciativas y líneas de ayudas asociadas.

Por su parte, el decreto ‘Emplea@30+’ es un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población de más de 25 años. En Villanueva de Córdoba, se han invertido 123.500 euros que generarán 20 puestos de trabajo.
También en materia de empleo, Crespín se ha referido al Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), por el que Villanueva de Córdoba va a recibir en esta última convocatoria 113.500 euros por parte de la Junta de Andalucía, en concepto del 75 por ciento del 45 por ciento de materiales para obras.

En la convocatoria de 2016, el Gobierno andaluz concedió a Villanueva de Córdoba 114.000 euros para llevar a cabo seis proyectos (la remodelación de acerado en la calle Cerro, la ampliación calle San Fernando, la remodelación acerados calle Luna, la remodelación y reforma calle Ramón y Cajal, la de acerados Calle Pedroche y Plaza Manuel Aulló y el cerramiento del solar municipal en calle Poetisa Juana Castro. En total, se han beneficiado 189 trabajadores con 3.215 jornales.

Crespín y Sánchez han abordado, igualmente, el Decreto por la Inclusión. Recientemente se ha publicado la convocatoria del Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación para 2017. En una primera asignación, se propone a Villanueva de Córdoba 44.451 euros. Este año se ha incrementado la financiación de los servicios sociales comunitarios, dentro del Plan Concertado. Durante los dos últimos años, Villanueva de Córdoba ha recibido en esta línea, unos 90.000 euros, más de 7.500 euros para garantía alimentaria, y más de 21.000 para suministros mínimos vitales.

• Además, anuncia medidas de presión para acabar con esta situación

El alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, ha remitido un oficio a la directora provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Carmen Ruz Navarro, para reclamar una actuación urgente por parte de esta entidad de la Junta de Andalucía ante la “situación insostenible y de extrema insalubridad e inseguridad” en la que se encuentra la promoción de 54 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra ubicadas en el Paseo de Los Llanos de Pozoblanco y que dependen de la AVRA, según informa el Consistorio en una nota.

Pozuelo acompaña el documento, remitido el pasado martes, con un buen número de fotografías del estado de las viviendas, sobre todo las zonas comunes –parking, pasillos, accesos- y el entorno, en concreto el jardín y parque público colindante.

“Las graves incidencias e irregularidades no sólo afectan a la promoción y a quienes residen en ella sino que se han extendido a toda la barriada de Los Llanos, que siempre ha sido un lugar tranquilo y sin problemas, y al colegio Ginés de Sepúlveda”, ha explicado el alcalde.

El alcalde ha demandado a la Agencia de Vivienda, como base de su reivindicación, que tome medidas urgentes para acabar con la ocupación sistemática e ilegal de viviendas en esta promoción, ya que en este hecho reside buena parte del problema que se ha creado. Además, esta circunstancia genera una grave distorsión de la convivencia no sólo por la ocupación en sí, sino los compartimientos incívicos de quienes acceden a estas viviendas sin permiso.

El alcalde ha expresado que “si no se ataja el problema de la ocupación ilegal y no se arbitran cauces para la expulsión de las personas que, residiendo ya en estas viviendas, incumplan sus obligaciones de pago y de comportamiento, no se podrá constituir una comunidad de vecinos que funcione de forma correcta porque hay miedo entre parte de quienes habitan las casas y ello deriva en la dejación de las instalaciones y la falta de mantenimiento de servicios básicos como la luz y el agua”.

Así, según afirma el alcalde, la mayoría de los portales y de las cocheras se encuentran en un estado “lamentable, llenos de basura” y eso genera rechazo, miedo e inseguridad, ya que además se han dado casos de tráfico de drogas.

Emiliano Pozuelo ha recordado que ya hace más de un año, en concreto en febrero de 2016 se mantuvo un encuentro con la  delegada de Fomento y Vivienda para intentar buscar soluciones a este problema.

“Existió un compromiso por parte de la delegada de llevar a cabo medidas de control, seguridad y salubridad en la promoción, pero no se ha hecho absolutamente nada, prueba de ello es que la situación sigue siendo insostenible”, ha afirmado el alcalde.

Así, el alcalde ha afirmado que desde este momento, el Ayuntamiento pondrá en marcha medidas de presión en colaboración con los agentes sociales y entidades afectadas del barrio para exigir a la Junta de Andalucía que tome en cuenta las reivindicaciones y cumpla con sus compromisos.

Un problema que viene de lejos

Esta nueva denuncia se une a las ya realizadas desde el Consistorio durante esta legislatura y a las que los propios vecinos han llevado a cabo reclamando poner fin a una situación que amenaza la tranquilidad de la que siempre ha gozado la zona.

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente comenzó en el día de ayer en Alcaracejos unas sesiones informativas, que se extenderán con el fin de llegar a los interesados de toda la provincia, para informar de la nueva orden de ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, según ha dicho el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.

Zurera, que acudió a la primera sesión en Alcaracejos junto con el alcalde de la localidad, Luciano Cabrera, explicó que el BOJA publicó el pasado 17 de junio la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, así como la convocatoria para 2015.

Dicha Orden, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020, contempla un presupuesto de 20 millones de euros para la convocatoria de 2015 en toda Andalucía. Esta cantidad puede ampliarse en caso de que fuese necesario para atender a los jóvenes interesados que cumplan los requisitos.

La novedad más significativa que recoge la convocatoria respecto a años anteriores es la propia naturaleza del incentivo, que pasa de ser una ayuda a la inversión a una prima, conforme a lo establecido en el nuevo Marco Nacional. Además, el proceso de instalación tiene que haber comenzado con anterioridad a la solicitud de ayuda.

Estos incentivos, cuya cuantía oscilará entre 30.000 euros de base por instalación a 70.000 euros en función de la creación o mantenimiento de empleo y la dimensión del plan empresarial, están financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía.

Zurera destacó que esta convocatoria, que estará abierta hasta mediados de septiembre, es “menos compleja que las del marco anterior, pues se ha realizado un importante esfuerzo de simplificación, eliminando requisitos para poder agilizar la tramitación”.

La Junta de Andalucía siempre ha planteado, indicó el delegado, el relevo generacional en la ganadería y en la producción agrícola como un asunto prioritario. La apuesta de la Consejería de Agricultura es que se mantenga la actividad agraria en la provincia de Córdoba, que se rejuvenezca la edad media de los agricultores y ganaderos, y que se fortalezca el sector primario, redundando en la generación de riqueza y en el mantenimiento de la población en el medio rural.

Zurera insistió en que la Junta garantiza que todos los jóvenes que se inician en la actividad agraria, y cumplan los requisitos, podrán recibir ayudas. Durante el marco de programación previo, aún con datos provisionales, se concedieron ayudas para la instalación de jóvenes agricultores por valor de 9,1 millones de euros, generando una inversión en la provincia de Córdoba superior a los 14 millones de euros.