La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha mostrado su preocupación por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación.

«La plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra», explica la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien añade que «desde CCOO también entendemos que reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado: el de tomar la decisión de denunciar».

Por otra parte, «la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo. La realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente. La sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días», describe la responsable sindical.

Cabe mencionar que, en el juzgado de lo penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad. La situación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no es excepcional. Han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia, se asegura dede el sindicato. 

«Los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable», destaca Jiménez.

El malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de veinte años de antigüedad. «Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico», denuncia la delegada de CCOO.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%. Tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses. 

La situación en el resto de la provincia tampoco ofrece un panorama mejor. Los juzgados trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos Civiles previstas para el año que viene contribuirá a mejorar las ratios de trabajo. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de violencia sobre la mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, «la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales», advierte la representante de CCOO. 

Las Jornadas de Otoño cerraron este viernes una nueva edición marcada por una temática que ha girado en torno a la geopolítica, la política y, especialmente, la justicia. Precisamente este último bloque centró la sesión final, presidida por el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado.

El primero en intervenir fue José Antonio Montero Fernández, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien además recordó su paso por Pozoblanco al inicio de su carrera. Montero Fernández trazó un detallado mapa del acceso a la judicatura, la selección de jueces y el proceso de nombramiento de magistrados. Alertó sobre las lagunas del proyecto legislativo con el que el Gobierno pretende modificar dicho acceso, especialmente por la falta de consenso, y defendió que cualquier reforma debería abordarse mediante un Pacto de Estado. También analizó la situación del CGPJ y su prolongado bloqueo, que atribuyó a la injerencia política y que, dijo, ha generado “desconfianza” en el órgano. Por ello, abogó por un sistema de elección protagonizado por los propios jueces, aunque advirtió del riesgo de caer en “corporativismo y autocomplacencia”.

El segundo análisis de la tarde llegó de la mano de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), institución que definió como el “intérprete supremo de la Constitución”. Subrayó que su jurisprudencia debe mantenerse en diálogo constante con los tribunales internacionales, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras explicar la estructura y funciones del TC, Arnaldo señaló la incomodidad del actual número de miembros —doce— ya que un posible empate se resuelve mediante el voto de calidad del presidente, algo que consideró una “anomalía”. Recordó que ocho de sus integrantes son elegidos por el Parlamento, dos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno, y repasó las competencias del órgano: control de leyes, resolución de conflictos competenciales y recursos de amparo.

La última conferencia, titulada “¿Es efectivo y real el control de las decisiones del Gobierno por el Tribunal Supremo?”, fue impartida por Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente tanto del TS como del CGPJ. Lesmes explicó que el Supremo no interviene en la iniciativa política, pero sí controla la actividad administrativa del Gobierno, que calificó de “muy amplia” y con impacto cotidiano en los ciudadanos. Subrayó que no es posible la democracia sin un poder judicial independiente, y respondió afirmativamente a la pregunta central de su ponencia: ese control existe y es esencial para prevenir la arbitrariedad, elevar la ética pública y mejorar la transparencia. En su intervención final, realizó un repaso histórico de la evolución legislativa española hasta llegar a la Constitución de 1978.

El cierre de las jornadas corrió a cargo de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Fundación, quien sintetizó las conclusiones principales. Destacó que España cuenta con un sistema judicial “reputado objetivamente”, basado en oposiciones y concursos que garantizan la calidad profesional, y subrayó que la justicia es “muy estimada por los ciudadanos”. No obstante, reconoció la lentitud de los procesos y afirmó que la justicia es “el poder peor tratado”, motivo por el cual los tiempos de resolución siguen siendo excesivos.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Raquel López, ha visitado hoy miércoles Pozoblanco para abordar los presupuestos de la Administración andaluza. Acompañada por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, López ha avanzado algunas de las actuaciones en materia de justicia y administración pública en toda la provincia de Córdoba, adelantando algunas de las actuaciones que se realizarán en la comarca de Los Pedroches. 

La más significativa es el establecimiento de un Punto de Encuentro Familiar (PEF) en Pozoblanco para dar cobertura tanto al partido judicial pozoalbense como al de Peñarroya-Pueblonuevo. Los puntos de encuentro familiares son servicios gratuitos que tienen por objetivo ser un espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor.

En la actualidad, la Junta tiene ubicados puntos de encuentro en Córdoba capital, Posadas y Lucena y a partir del próximo año incorporará el de Pozoblanco. Raquel López ha asegurado que será en el primer trimestre del año cuando se ponga en funcionamiento este servicio de carácter gratuito para el que en la actualidad se está buscando ubicación. 

Por otro lado, la delegada territorial ha avanzado que la mediación penal para adultos, que se puso en marcha en octubre de este mismo año en Córdoba, también podrá ser utilizada por la ciudadanía de Los Pedroches de manera itinerante a partir del próximo año. Una herramienta de mediación con expertos en la materia que sigue en la línea de «humanizar» la justicia. 

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sido condenado por despido improcedente a una trabajadora después de que la misma demandara al Consistorio por despido nulo y subsidiariamente improcedente. La sentencia hace referencia a una relación contractual que finalizó en el año 2022 y fue emitida el 18 de diciembre de este mismo año. 

El Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, estima parcialmente la demanda interpuesta declarando el carácter indefinido no fijo del contrato que vinculaba a ambas partes y, por tanto, declara el despido improcedente. Por otra parte, se desestima la pretensión de la demandante de declarar el despido nulo. 

Con ese fallo, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha sido condenado a pagar a la demandante casi 5.000 euros después de que durante la sentencia se argumenten las razones del despido improcedente y, por tanto, se establezca el derecho de indemnización de la trabajadora. 

La sentencia aborda, de igual modo, el carácter indefinido de la relación laboral tras sucederse varios contratos en el tiempo para un mismo puesto de trabajo. 

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso del Gobierno andaluz contra el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de 6 de agosto, que denegó la ratificación judicial de la medida recogida en la Orden de 5 de agosto de la Consejería de Salud y Familias consistente en «limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y hostelería con música» a las personas que pudiesen acreditar un certificado Covid digital de la Unión Europea (UE) o un test de antígenos o PCR negativos realizados en las últimas 72 horas.

El Supremo comparte con el TSJA la falta de justificación apropiada de la medida propuesta, que se postulaba de forma general para todo el territorio andaluz, para todos los municipios de la Comunidad con independencia de la tasa de incidencia, sin vinculación a su situación sanitaria y a su evolución, según la sentencia facilitada por el TS. Del mismo modo, el Alto Tribunal coincide con el TSJA en que no se habían justificado en este caso la idoneidad y necesidad de las medidas. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entendía que era competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida de implantar el pasaporte Covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal.

La Junta de Andalucía interpuso un recurso de casación contra el citado auto alegando que «infringía los artículos 43 de la Constitución y 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía». La resolución impugnada «sienta una doctrina que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales», ya que la Comunidad Autónoma «no podría adoptar la medida sanitaria de limitación del acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de música».

La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, Purificación Joyera, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, han firmado un convenio de colaboración entre las dos administraciones que posibilitará que los jóvenes menores infractores de la zona puedan cumplir las medidas impuestas por los jueces en Pozoblanco a través de trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. Este convenio posibilitará que los menores no se tengan que desplazar a Córdoba para lo que el Consistorio pondrá a disposición de Justicia lugares, ubicaciones y actividades que los menores puedan llevar a cabo. 

En este sentido, el primer edil ha detallado tras la firma del convenio que se valoran como actividades la limpieza de instalaciones así como el mantenimiento, aunque también ha precisado que se intentará que estos menores realicen tareas socieducativas para lo que se podría buscar la colaboración de colectivos u asociaciones con el objetivo de que los menores realicen trabajos que les permitan la relación con otras personas. Se trata, por tanto, de una mejoría en las condiciones de «reinserción» de estos menores. 

El convenio, que tiene que ser ratificado en sesión plenaria, tiene vigencia de un año y podrá ser renovado automáticamente con la conformidad de las dos partes. Para la delegada territorial el documento «permitirá a los menores realizar estos trabajos en su propio entorno, lo que le da un valor añadido porque ante el error cometido serán capaces de valorar lo que cuesta la reposición de su entorno». Además, Joyera ha explicado que la responsabilidad de los menores recae en la Junta de Andalucía, aunque los responsables de asociaciones o del Ayuntamiento sí tienen que nombrar un tutor que acredite la asistencia y luego realice un informe modelo propuesto por Justicia.

Este acuerdo permitirá llevar a cabo la ejecución de las medidas judiciales y mediaciones penales con la finalidad de que el menor infractor comprenda que otras personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Todo ello con la autorización judicial correspondiente y bajo la supervisión del Servicio de Justicia de la Delegación.

Atasco en los juzgados

Por otro lado, la delegada ha abordado con el alcalde la situación de los juzgados de Pozoblanco. «Según he podido saber tanto por el alcalde como por las autoridades judiciales provinciales, no se ha cubierto la baja de uno de los titulares del juzgado y esto está provocando retrasos. La dotación de los jueces no es competencia de nuestra Consejería, sino del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», ha indicado. 

“Desde luego la cobertura de esta baja debe ser una prioridad, por lo que como delegada de Justicia me sumo y comprendo la reivindicación que nos plantean desde Pozoblanco porque esta situación va a provocar retrasos en unos juzgados que venían funcionando de forma correcta. Por nuestra parte ambos juzgados cuentan con refuerzos y en ningún momento nos ha llegado petición para incluirlo en el Plan de Choque”, ha concluido Joyera.

Las últimas sentencias relacionadas con casos de violencia hacia las mujeres han puesto en el punto de mira a la justicia en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las calles de Pozoblanco volvieron a llenarse de la condena contra esta violencia a través de la manifestación convocada por la Asociación de Mujeres Ventana Abierta y que fue secundada por el Ayuntamiento de la localidad y por otros colectivos. Ataviados con máscaras representando a cada una de las mujeres asesinadas por su parejas o ex parejas y cuyos nombres fueron recordados uno a uno, la manifestación recorrió en silencio parte del Paseo Marcos Redondo y la calle Mayor hasta llegar a las puertas del Consistorio pozoalbense.

Allí, el silencio de rompió y varios hombres y mujeres dieron cuenta de los casos de violencia de género acontecidos en este último año leyendo los nombres de las víctimas. Después, Ventana Abierta leyó un manifiesto que puso sus críticas en la acción de la justicia, una justicia que consideran «machista». «Desde la justicia hay muchos profesionales que trabajan a diario para que sea más igualitaria, pero la justicia patriarcal que subyace en muchas sentencias sobre violencia machista demuestra que aún queda un importante camino por recorrer», expusieron.

«Hablar de machismo en la justicia no es algo inventado por las feministas, Naciones Unidas habla de un importante sesgo machista en la justicia», aludieron para luego poner el foco en ciertas sentencias que vienen provocando esa frustración. Los juicios paralelos a las mujeres, a las víctimas y los estereotipos también fueron criticados en una noche donde se volvió a poner el foco en la necesidad de formación para revertir esta situación, también en el campo de la judicatura. «Las agresiones sexuales son la consecuencia de la cultura de la violencia que se potencia cada día más en nuestra sociedad y que no se castigan», se expuso.

Los datos de los casos de violencia de género que ha atendido el Centro de la Mujer de enero a septiembre de 2018 volvieron a ponerse de relieve para hablar de realidades. En ese periodo de tiempo se han tratado 51 nuevos casos de los que 17 han precisado de medidas de protección. El mayor número de casos se concentra en el tramo de edad de 40 a 49 años con 17 casos, frente a los 16 registrados de 30 a 39 años, los 11 de 19 a 19 años y los 7 de 50 a 65 años.