• Los hechos ocurrieron en la piscina del camping de Pozoblanco en agosto de 2023

El hombre acusado de asestar veinticuatro puñaladas a su pareja en la piscina del camping de Pozoblanco en agosto de 2023 se enfrenta a una petición de cárcel de 29 años, realizada por la acusación particular, mientras que las conclusiones provisionales del ministerio fiscal rebajan esa petición en un año, según la información adelantada por el Diario Córdoba. 

Las acusaciones atribuyen al acusado la presunta comisión de varios delitos: asesinato en grado de tentativa; tres delitos de malos tratos; un delito de malos tratos habituales; lesiones y amenazas. Así, se ponen en evidencia supuestos delitos de malos tratos que habrían tenido lugar antes de la agresión del mes de agosto de 2023. El escrito de acusación describe episodios reiterados en este sentido, así como conductas encaminadas a la intimidación de la víctima. 

Además de esos supuestos delitos, el acusado se enfrenta a uno de asesinato en grado de tentativa después de que llevara a cabo «un ataque premeditado, sorpresivo y alevoso. Sobre las 13:.00 horas en el camping municipal de Pozoblanco cogió del maletero un destornillador de 21 centímetros y con la inequívoca y firme convicción de asesinar a su pareja se aproximó a ella por la espalda mientras caminaba indefensa y cargada con bolsas en la mano, se aproximó por detrás y le asestó 24 puñaladas por el cuerpo.», según se recoge en el escrito de la acusación particular. 

La víctima necesitó tratamiento médico y quirúrgico y en la actuación se encuentra en situación de incapacidad permanente a causa de las heridas provocadas por el acusado, que se encuentra en prisión provisional dictada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco.

La sección 3 de lo penal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso presentado por la alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde, contra el que fuera primer edil de la localidad, Ángel Moreno, y la gerente de la Fundación Virgen del Buensuceso, Mamen Pozón. El auto, que es firme, desestima el recurso de apelación presentado por Valverde contra el auto del 30 de enero de 2025 que dictó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco y donde se acordó el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciarse indicios de delito sin que se abriera, por tanto, proceso judicial. 

Tanto Ángel Moreno como Mamen Pozón fueron acusados de un supuesto delito de falsedad documental con motivo de la confección de las actas del patronato de la mencionada Fundación. El juzgado pozoalbense entendió, como se puede leer en el auto, que la falsedad «es inocua y no altera la verdad en el tráfico jurídico», además de señalar que no se constata «dónde reside el concreto perjuicio para la denunciante o terceros», según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico. 

Después de apoyarse en la jurisprudencia al respecto -sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2012-, el magistrado de la Audiencia Provincial coincide con el auto emitido en primera instancia insistiendo en que «no queda clara la efectiva finalidad de las teóricas alteraciones y mutaciones documentales» por lo que desestima el recurso interpuesto por la alcaldesa de Villaralto con una resolución que es firme.

La también diputada socialista durante los dos primeros años de este mandato ha reaccionado a esta resolución a través de sus redes sociales poniendo de relieve los dos años de «lucha y desgaste». Además, incide en que «lo más indignante no es sólo la persecución personal, sino la utilización de recursos públicos para una causa que, a todas luces, responde más a un interés personal y político que a una verdadera búsqueda de justicia». 

Un tema en el que, de igual modo, ha incidido Ángel Moreno vía redes sociales criticando que se hayan gastado recursos públicos en una «causa sin fundamento». 

Fe de erratas: En una primera edición de esta noticia se publicaba que la parte apelante tenía que pagar las costas del proceso, algo que no se ajusta a lo establecido en el propio auto. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco ha admitido a trámite la querella presentada por IU contra el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, y la ex concejala de Personal, Inmaculada Reyes, por presuntas irregularidades en procesos de contratación. La querella fue interpuesta el pasado mes de octubre y contra la resolución dictaminada cabe interponer recurso de reforma  y, también, recurso de apelación. 

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica que los hechos relatados en la querella presentan, «aparentemente», los caracteres de un delito de prevaricación administrativa por lo que procede la admisión a trámite de la querella. Del mismo modo, se procede incoar diligencias previas y se señala la declaración tanto de Santiago Cabello como de Inmaculada Reyes el próximo 11 de marzo. 

La abogada Amanda Meyer explicaba el pasado mes de octubre que la querella, que aporta 45 documentos recogidos del propio Ayuntamiento, recoge actuaciones desde 2020 a 2024 donde, a su juicio, «se acredita que se ha establecido un sistema de contratación irregular al margen de la ley, fuera de la normativa», Amanda Meyer precisó en que este paso judicial se fundamenta en tres hechos que «son continuados en el tiempo»: contrataciones temporales «sin tener en cuenta las advertencias de la secretaría general o de la intervención del propio Ayuntamiento que se producen de manera sistemática»; contrataciones temporales «al margen del reglamento de bolsa» e «incluso cometiendo irregularidades en la duración de esos contratos»; y el joven que cobró sin trabajar y donde IU entiende que «podemos estar ante un caso de malversación». 

La Fiscalía de Córdoba ha archivado las diligencias contra el Ayuntamiento de Pozoblanco tras la denuncia presentada por el PSOE de la localidad por el caso del joven que cobró sin trabajar. Así se establece en un decreto en el que también se especifica que contra esta resolución no cabe recurso alguno, aunque recuerda que esta denuncia podrá ser reiterada ante la autoridad judicial. El archivo llega después de que la Fiscalía abriera estas diligencias el pasado mes de junio por posibles delitos de malversación y prevaricación. 

En los fundamentos jurídicos recogidos se insiste, recogiendo la doctrina, que para que exista el delito de prevaricación «no es suficiente la mera ilegalidad, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales del orden contencioso administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal que perdería su carácter de última ratio». Así, la fiscal se apoya en un informe emitido por el secretario del Ayuntamiento donde se producen «una suerte de irregularidades». 

Irregularidades que hablan de ausencia de publicaciones, duplicidad de contratos y de no verificaciones de asistencia a puestos de trabajo. En su escrito, la fiscal determina que «no hay razones que induzcan a estimar que las irregularidades observadas en la contratación respondan a una conducta arbitraria e injusta de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable». Por tanto, defiende que la existencia de irregularidades en el proceso de contratación que ha culminado con la reparación de la legalidad  -tras la devolución de las cantidades indebidamente percibidas- «no justifica el inicio de ninguna investigación penal». 

Tras este archivo habrá que conocer si el PSOE sigue con la causa elevándola a los tribunales o da por zanjado este tema a nivel judicial. Además, se está pendiente del término de la comisión de investigación abierta en el Consistorio y que después de haberse prorrogado hasta en dos ocasiones prosigue sin convocarse. 

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, visitó este lunes Pozoblanco para anunciar algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo en los juzgados de la localidad. Precisamente, esa fue su primera parada en su visita a la localidad de Los Pedroches donde compartió las preocupaciones y necesidades de los funcionarios y trabajadores del juzgado. Nieto aseguró que la Junta de Andalucía quiere «trabajar sobre el terreno, no sobre la moqueta y conocer las necesidades de primera mano para planificar una programación adecuada del trabajo para el futuro inmediato tras las vacaciones». 

En esa programación se introduce una inversión en los juzgados de Pozoblanco que alcanzará los 45.000 euros y que tiene por objetivo que esta infraestructura sea autosuficiente a nivel energético a través de la instalación de panales solares por lo que también se apuesta por la sostenibilidad. «El compromiso que hemos asumido con los jueces, letrados y funcionarios de justicia es hacer de manera inmediata una inversión que va a permitir generar la energía del juzgado casi al cien por cien con paneles solares», explicó José Antonio Nieto tras esta visita. 

Antes de afrontar esta inversión, la Consejería de Justicia realizaría una auditoría energética para garantizar que todos los espacios de uso tengan la climatización adecuada tanto en los meses de invierno como en los de verano. La auditoría llega tras detectar que hay zonas que actualmente tienen problemas para esa correcta climatización y de ahí que se quieran conocer cuáles son esas deficiencias para corregirlas.

Incremento de personal

Por otro lado, y sin precisar la cantidad que se invertirá y los tiempos en los que se realizará, el consejero de Justicia avanzó que también se van a mejorar las instalaciones del Registro Civil a la par que se quiere agilizar la atención a la ciudadanía de ese mismo Registro que tiene a cargo el juzgado número 2 de Pozoblanco. Las actuaciones en este sentido contemplan, de igual manera, la posibilidad de incrementar la plantilla, en este caso, del juzgado número 1. La idea es conseguir que a través del Pacto de Estado contra la Violencia hacia las Mujeres se pueda incorporar algún funcionario por ese este juzgado el que «tiene las competencias de la mujer». 

• La demanda fue interpuesta por el joven que cobró sin prestar contraprestación laboral alguna y la vista oral ha tenido lugar hoy lunes en la Ciudad de la Justicia de Córdoba

El caso del joven que cobró sin trabajar para el Ayuntamiento de Pozoblanco ha vivido hoy un capítulo más con la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Social número 3 de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Una vista que llega tras la demanda interpuesta por el joven por entender que se ha vulnerado su derecho al trabajo y al de la ocupación efectiva. La vista oral se ha desarrollado con el juez dictaminando que la demanda queda vista para sentencia tras escuchar el relato de los hechos, además de las conclusiones de todas las partes. No así las testificales que han quedado fuera por entenderse que no procedían. 

El relato realizado por el abogado de la Diputación de Córdoba, que defiende los intereses del Consistorio, ha sido pormenorizado concretándose que en ningún momento hubo relación laboral entre ambas partes puesto que no existe contrato firmado. En ese correlato de los hechos, el abogado ha hecho hincapié en que la contratación de la candidata que quedó en segundo lugar en el proceso de selección se debió a un informe que dictaminaba una concatenación de contratos, pero que esa «discrepancia» de criterios no conduce a una relación laboral que nunca existió. Es más, el abogado ha indicado que ante esa discrepancia podría haber una reclamación del joven pero no en esta vía jurisdiccional. 

Ese ha sido, por tanto, el eje donde se ha sustentado toda la vista oral, el de la no relación laboral entre las partes lo que ha llevado al juez a indicar que «no voy a permitir que se me utilice» al asegurar que si quedaba acreditado que no había relación laboral -todas las partes lo han ratificado- el Juzgado de lo Social «no es competente» en dicha materia puesto que no puede haber vulneración de ningún derecho. Un hecho en el que la Fiscal también se ha mostrado tajante asegurando que «no deberíamos ni estar aquí». 

Después de las conclusiones del abogado del joven, de la defensa del Ayuntamiento y del Ministerio Público, el magistrado se ha dirigido al primero de ellos preguntándole si «de verdad le interesa a su cliente que yo emita una sentencia». Algo que finalmente ocurrirá ante la decisión del abogado de seguir adelante con la causa. 

• La apertura de diligencias está relacionada con el caso del joven que cobró si trabajar 

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias al Ayuntamiento de Pozoblanco después de examinar la documentación aportada por el PSOE pozoalbense en relación al caso del joven que cobró varias nóminas sin trabajar en el Consistorio. La Fiscalía determina que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación, ambos recogidos en el Código Penal. 

Así se determina en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se acuerda «incoar las oportunas diligencias de investigación» determinando, de igual modo, la primera acción. El Ministerio público ha solicitado al Consistorio pozoalbense un informe que deberá hacer la secretaría general sobre la legalidad del proceso de selección y contratación de las dos personas que percibieron nóminas para un único puesto de integrador social. 

El Ministerio público elabora un relato de los hechos que se investigan y que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía el pasado mes de marzo por el grupo municipal del PSOE. Una vez que la Fiscalía recibe una denuncia puede practicar diligencias de investigación y, en ese caso, pueden concluir con su remisión a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno, o puede acordar su archivo, si no encuentra fundamentos para ejercitar acción alguna.

Hay que recordar que el caso se destapa en el mes de enero, momento en el que saltó a la prensa, y es entonces cuando se conoció que el Ayuntamiento había estado abonando nóminas a una persona sin que estuviera trabajando en el Ayuntamiento. Posteriormente, se conoció la vinculación familiar con la secretaria personal del alcalde. A nivel político, PSOE e IU solicitaron una comisión de investigación, que ha tenido que ser prorrogada por no emitir un dictamen en el tiempo estipulado, mientras que judicialmente los socialistas decidieron acudir a la Fiscalía. 

Los juzgados como protagonistas

Esta no es la única acción abierta a nivel jurídico respecto a este tema ya que el próximo 8 de julio está programada la vista oral por la demanda que interpuso el joven que cobró sin trabajar por «vulneración de derechos fundamentales» contra el Ayuntamiento de Pozoblanco. La defensa del joven entiende que se vulneró el derecho a la ocupación efectiva y el derecho al trabajo por lo que hay una demanda que se dirimirá en los juzgados, aunque de manera previa a esa vista oral se celebrará el acto de conciliación entre ambas partes.  

• Los hechos denunciados señalaban una posible «inacción» ante unas obras ilegales 

El Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Peñarroya-Pueblonuevo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que afectada al alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), ante la denuncia presentada por un posible delito de prevaricación por la inacción ante unas obras ilegales. La causa se remonta a abril de 2023 y ahora el juzgado ha dictaminado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones aunque caben recursos se reforma y apelación.

El expediente que acabó en el juzgado se remonta a 2010 cuando Antonio Vigara era el primer edil de la localidad y hace referencia a la construcción de unos garajes que no se llegaron a realizar ya que esa zona se rellenó con la consiguiente denuncia de una vecina afectada. 

En lo que respecta al caso, el primer edil certificó que el expediente abordaba una construcción ilegal que data de 2010 que «nos encontramos cuando llegamos a la alcaldía». Al parecer, hay un decreto de paralización de la obra, aunque la misma se continuó haciendo e incluso una sentencia que dictaminaba que había que eliminar el relleno que se puso en el terreno. Llegados a este punto, falleció el dueño de dicho terreno y «no hemos podido continuar con el expediente hasta que no han estado claros los nuevos herederos» con lo que se abrió un vacío legal de varios años. Fernández también explicó cuando el caso saltó a la escena pública que hubo una sentencia firme favorable a la denunciante con el pago de una indemnización de 30.000 euros y que la situación se hubiera solventado con la construcción de un muro de hormigón en el perímetro pero el propietario no llevó a cabo esta acción. 

• Además, le acusa de vender humo en relación al proyecto del polígono industrial 

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ofreció en la tarde de ayer jueves una rueda de prensa en la que abordó dos cuestiones de la actualidad política pozoalbense, la demanda al propio Consistorio y al alcalde, Santiago Cabello, por supuesto acoso laboral y el proyecto del polígono industrial. Respecto a la demanda, Calero aseguró que tanto el Ayuntamiento como el primer edil «eran conocedores de esta situación» llegando a propiciarla y adelantó que si la sentencia es favorable para el funcionario «pediremos la dimisión de Santiago Cabello y que afronte la indemnización con su patrimonio personal». En la segunda cuestión, la del polígono industrial, el portavoz de IU acusó a Cabello de «vender humo» y explicó el proceso en el que proyecto se encuentra. 

Antes de adentrarse en ese proyecto, Miguel Calero hizo un recorrido por la situación que llevó a un funcionario a demandar al Ayuntamiento y al alcalde porque «no es una cuestión nueva, se viene arrastrando desde hace muchos años aunque los episodios más duros surgen a partir de 2018″. En este sentido, el portavoz de IU calificó de «calvario» lo vivido por el funcionario porque «le quitaron todas las herramientas para poder realizar su trabajo lo que le provoca una situación de tensión y ansiedad psicológica que se traduce en una baja laboral». Posteriormente, continuó el relato Calero, llegaron los diferentes desplazamientos a lugares como el almacén de los eléctricos o el Centro de Estacionamiento de Vehículos Pesados donde «no hay actividad» lo que derivó en otra situación de baja. 

Este relato le llevó a Calero a afirmar que «el Ayuntamiento y el alcalde eran conocedores de esa situación, no solo conocedores, sino que la propiciaron» explicando que «la delegada de Personal hace una propuesta donde se muestra a favor para que dicho funcionario vuelva al área de seguridad del Ayuntamiento». Un informe que llega ya que el denunciante es Policía en segunda actividad, sin embargo la propuesta fue «rechazada por el alcalde». El portavoz de IU incidió en que «denuncié públicamente en pleno esta situación y al finalizar una reunión el 20 de abril de 2022 el alcalde  me propone hablar con este trabajador para solucionar el problema». Según Calero, el funcionario le autorizó a negociar en su nombre pero cuando volvió a pedir una reunión con el primer edil para tratar este tema «ni le interesa ni quiere acordarse de lo que me dijo, ni me escuchó, ni m recibió y hasta hoy». 

Este relato lleva a una demanda cuya vista oral se celebró el pasado 17 de enero apuntando el concejal de la formación de izquierdas que «unos minutos antes de esa vista el abogado del alcalde le propone al funcionario que si retira la demanda se le asigna un puesto digno en el Ayuntamiento». «Estas son las formas de actuar que tiene nuestro alcalde», apuntó Calero que finalizó este tema asegurando que «si el alcalde llega a ser condenado desde IU pediríamos públicamente su dimisión y reclamaríamos que la indemnización la pague con su patrimonio personal porque no estamos ante una situación que se desconociera». 

Polígono industrial

Por otro lado, Miguel Calero abordó el proyecto del polígono industrial apuntando que «se vende a la opinión pública de tal modo que parece que se están realizando las obras de urbanización y nada más lejos de la realidad, se trata de una licitación para que un estudio de arquitectura haga un proyecto». Además, explicó que «la reparcelación afecta a una única unidad de 246.000 metros cuadrados de los que quedan 156.000 metros cuadrados netos  de los que 56.000 se quedan en reserva para Covap porque la industria ya ha manifestado en varias ocasiones su necesidad de reserva de suelo ante posibles ampliaciones. Si algún día se realiza la urbanización habría 100.000 metros cuadrados de suelo útil, no los 580.000 metros cuadrados que está vendiendo porque eso corresponde a tres unidades de ejecución«. 

Por último, el portavoz hizo un recorrido por un proyecto cuyo plan parcial de urbanización se aprobó en abril de 2018 y «el plan de reparcelación no se lleva a cabo hasta finales de 2020 con una subvención de Diputación, algo que también se le olvida decir». «Cuando tienes el estudio de reparcelación el siguiente paso es iniciar la redacción del proyecto y lo saca unos meses antes de las elecciones para confundir a la opinión pública porque no vende nada más que humo como hace cuatro años vendió el cronograma de la residencia», sentenció. 

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba a pagar 3.000 euros al secretario municipal en una sentencia que tiene su raíz en dos multas interpuestas por la Policía Local al mencionado funcionario por estacionar su vehículo en un lugar reservado para miembros de la Corporación. Unas multas ante las que el secretario presentó alegaciones por la vía administrativa que fueron desestimadas por los agentes, por lo que el funcionario recurrió ante el juzgado de lo contencioso-administrativo. Finalmente, en el fallo se da la razón al demandante, imponiendo las costas del procedimiento al Consistorio jarote así como a la indemnización de 3.000 euros por el daño moral sufrido. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso hoyaldia, reconoce que si bien en sentido estricto los secretarios no forman parte de la Corporación, las funciones concedidas a los mismos reguladas en el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local «resulta patente que el demandante ostentaba el derecho a poder estacionar en el lugar en el que lo hacía por su condición de personal al servicio de la Corporación». Un hecho ante el que se argumenta que se está ante una sanción «irregular e improcedente» entendiendo el magistrado que es «del todo evidente» que debió estimarse el recurso de reposición contra la resolución sancionadora. Además, se hace hincapié en que sí se estimó otro recurso relativo a otro expediente sancionador idéntico no comprendiéndose que exista «una respuesta divergente y contradictoria a ambos recursos administrativos». 

Además de estas afirmaciones, la sentencia recoge que se trata de una «irregular actuación que viene precedida por una particular animadversión del referido agente denunciante hacia el secretario municipal lo que ha desembocado en una clara y patente postura de acoso por parte de dicho agente hacia el demandante mediante el levantamiento de denuncias en absoluto justificadas». Se profundiza en esta situación hablando del informe emitido por el Jefe de la Policía ante las alegaciones presentadas por el secretario ante los expedientes sancionadores, un informe del que se dice que es «por su contenido claramente favorecedor y protector de la inapropiada actuación del agente denunciante». 

La sentencia recoge, del mismo modo, que «estamos ante un plan aparentemente al amparo del cumplimiento de un deber, pero ideado para acosar y perjudicar reiteradamente al demandante en represalia por su quehacer profesional como secretario del Ayuntamiento en la toma de decisiones con las que no coincidía y no eran del agrado del agente denunciante». La sentencia finaliza con el fallo antes mencionado que obliga al Consistorio al pago al secretario de 3.000 euros por el daño moral sufrido, el reconocimiento del derecho subjetivo de estacionar su vehículo en la zona reservada para personal corporativo, anulándose, del mismo modo, los expedientes sancionadores.