El 17 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Pozoblanco asumió una moción presentada por el grupo municipal del PSOE que mantenía entre sus acuerdos instar a la Junta de Andalucía celeridad para la construcción del comedor escolar en el colegio Manuel Cano Damián, un servicio prometido y anunciado para el curso 2019/2020. Con el siguiente curso escolar ya iniciado, ese proyecto aún no ha visto la luz y el centro sigue sin contar con un servicio que tienen los otros dos colegios públicos de la localidad. En sus previsiones iniciales, tras ofertarlo como servicio para el anterior curso escolar, fueron 80 alumnos los que demandaron acudir a un comedor que todavía sigue esperando para ser una realidad. 

Esto provocará que el próximo pleno ordinario en el Consistorio aborde una moción de similares características, presentada también por los socialistas, y que en su parte expositiva defiende que «lo cierto es que el comedor ni está construido y ni siquiera hay fecha estimada para que sea una realidad, un hecho que ha supuesto que algunos alumnos hayan optado por cambiar de centro por no cubrir una necesidad que tienen muchas familias y que venía en la oferta del centro». 

Así las cosas, la moción vuelve a proponer en sus acuerdos instar a la Consejería de Educación a acelerar los plazos previstos para la construcción de este servicio en el centro educativo Manuel Cano Damián para que sea una realidad «lo antes posible». Además, se pide que se concreten los plazos de implantación de dicho servicio para evitar los «evidentes perjuicios» a progenitores, alumnado y comunicado docente provocados por la incertidumbre. Los socialistas vuelven a incidir en la necesidad de buscar una alternativa para poder prestar el servicio concedido, un punto que en la anterior moción no salió hacia delante por los votos en contra del actual equipo de gobierno que entendió que esa alternativa podía ser una «chapuza». 

Más docentes y mejora de infraestructuras

Aunque en la moción socialista cobra protagonismo esta infraestructura, en el texto también se recogen algunas de las deficiencias a las que han tenido que hacer los centros educativos ante el inicio de un curso marcado por el coronavirus y sus respectivos protocolos. En este sentido, el PSOE critica la falta de espacios y personal, así como el estado de un de los patios del colegio Virgen de Luna. Por este motivo, entre los acuerdos también se propone instar a la Junta de Andalucía a mejorar las infraestructuras y dotación de personal en los centros educativos de la localidad. 

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco para explicarles la moción presentada por los populares y aprobada en el seno de la Diputación de Córdoba. Una moción encaminada a que la Semana Santa de las 13 localidades de la provincia que tiene algún tipo de declaración turístico se beneficien con una subvención otorgada por la entidad provincial.

La moción fue presentada por el PP y contó con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos, mientras que IU y Ganemos votaron en contra. Esa aprobación implicará que se tenga que hacer una modificación de crédito para incluir una partida destinada a tal fin en el presupuesto de 2017, aunque aún no se sabe la cuantía económica con la que se dotará dicha partida. Lo que sí ha adelantado Lorite es que el equipo de gobierno ya se ha puesto en contacto con los representantes de las agrupaciones para conocer sus necesidades y poder diseñar esa modificación presupuestaria.

Lorite ha agradecido el apoyo del PSOE aunque ha apuntado que «ha sido complicado llegar a un acuerdo» ya que los socialistas presentaron una enmienda encaminada a eliminar la subvención directa y que esa ayuda fuera dirigida a la promoción. El político popular ha explicado que «finalmente entendieron que nuestra propuesta era mejor ya que cada Semana Santa tiene unas particularidades y unas necesidades».

Por último, Lorite ha puesto de relieve la importancia de la Semana Santa también a nivel económico y ha puesto como ejemplo que «mueve a un colectivo de 300.000 personas en Cordoba, algo que no tiene comparación en ningún otro colectivo» a la par que ha valorado «el esfuerzo y el trabajado social que realizan las cofradías todos los días del año».

• Se ampara en las quejas ciudadanas ante unas supuestas irregularidades que ha generado esa revisión 

El grupo municipal de CDeI del Ayuntamiento de Pozoblanco presentará el próximo lunes en pleno una moción que irá encaminada a solicitar la anulación de las cartas de pago de 60 euros que algunos ciudadanos han tenido que abonar por la revisión catrastal. Una moción que el grupo motiva por las «numerosas quejas» de ciudadanos de la localidad al recibir una notificación «donde se les comunica la revisión efectuada y las modificaciones que según dicha revisión se aplican a los inmuebles de su propiedad, al mismo tiempo que reciben una carta de pago por importe de 60 euros por cada inmueble revisado».

La moción avanzada en su exposición de motivos apuntando que las quejas vienen registrándose porque se entiende que «la revisión teóricamente efectuada, no se ha realizado mediante una visita de ningún técnico a su inmueble por lo que en un gran número de expedientes los propietarios están detectado innumerables errores». Además, también se resalta que se han detectado errores sobre la inexactitud de la titularidad de los inmuebles «adjudicando de forma distinta a como debiera ser la titularidad de las propiedades».

Por otro lado, la propuesta se centra en que a las molestias ocasionadas hay que sumar «el coste añadido» que están teniendo que realizar algunos ciudadanos al tener que recurrir a técnicos y profesionales a fin de emitir certificaciones de mediciones y demás trámites para poder justificar así el error cometido por el Catrasto y evitar de esta forma que su recibo anual del IBI se dispare en muchos casos a porcentajes totalmente desmesurados.

Ante esta situación, el CDeI propondrá que se inicien los trámites para solicitar ante el gobierno de España, el Ministerio de Haciendo y la Dirección General del Catrasto que se anulen las cartas de pago enviadas a los ciudadanos exigiéndoles el pago de 60 euros por cada inmueble revisado por estimar que dicha revisión no se ha efectuado con las garantías suficientes para los propietarios y observando que con la mecánica que se ha llevado a cabo dicha revisión, se han producido multitud de errores que no pueden ser imputados a los ciudadanos.