Tras la rueda de prensa ofrecida por los coordinadores provincial y comarcal de IU, Sebastián Pérez y Miguel Calero, respectivamente, donde informaron de la situación en la que se encuentra la querella interpuesta contra Santiago Cabello por supuestas irregularidades en las contrataciones en el Ayuntamiento de Pozoblanco, quedaba conocer la posición del primer edil pozoalbense. Cabello, a preguntas de los periodistas en un acto de la campaña electoral andaluza, negó las informaciones ofrecidas por los responsables de IU y, por lo tanto, el propio auto judicial donde se alude a «negligencia» por parte del Consistorio. 

Cabello aseguró que el juzgado remitió una petición de documentación al Ayuntamiento el 10 de julio de 2025 y que la misma fue remitida «cuatro días después y dentro del plazo legal establecido». El primer edil insistió en que el juzgado vuelve a solicitar la misma información el día 9 de marzo de 2026 y es el 12 de marzo cuando «le volvimos a enviar y a remitir toda la documentación que nos habían solicitado por el cauce administrativo correspondiente». Según esta información, hasta en dos ocasiones se le habría remitido la misma información al juzgado. 

Interpelado porque es el propio juzgado el que incide en que ha sido el Ayuntamiento el que no ha colaborado remitiendo esa información, tal y como se especifica en el auto, Cabello insistió en que «todos los datos y las fechas están claras». Unas declaraciones que chocan directamente con el auto judicial con fecha de 7 de mayo al que ha tenido acceso este periódico y que incide en que se pretende un archivo de un procedimiento del que no se ha podido llevar a cabo ninguna de las diligencias instructoras interesadas en la «querella por la negligencia del propio Ayuntamiento, que ha hecho caso omiso al requerimiento del juzgado de aprobar una información relevante para poder llevar a cabo con las máximas garantías para todos los implicados las declaraciones de los investigados y no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de ninguno de los interesados y que fue solicitado en primer lugar como se puede ver en el escrito de querella, y practicando el requerimiento mediante oficio a dicho Ayuntamiento en fecha 27 de junio de 2025 sin haber recibido respuesta hasta el 12 de marzo de 2026 tras ser nuevamente realizado dicho requerimiento«, tal y como se puede leer en el propio auto que se adjunta a continuación. 

Carga contra IU

El alcalde pozoalbense cargó contra IU y, especialmente, contra Miguel Calero al que acusó de buscar la confrontación, el odio y la crispación. Además, Santiago Cabello expuso que la rueda de prensa ofrecida por IU «está fuera de lugar» considerando que no «es el momento de hacer este tipo de declaraciones» refiriéndose al contexto de campaña electoral. 

El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y su homólogo a nivel comarcal, Miguel Calero, han ofrecido hoy miércoles una rueda de prensa en Pozoblanco en la que han abordado la situación de la querella que presentó la formación contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la anterior concejala de Personal, Inmaculada Reyes, sobre supuestas irregularidades en materia de contratación en el Ayuntamiento pozoalbense. Una querella que fue admitida a trámite por el juzgado de la localidad y ante la que hubo citaciones para declarar que luego fueron pospuestas por diversos recursos interpuestos. Ahora, más de un año después de que la querella fuera admitida a trámite -lo fue en febrero de 2025- la formación ha denunciado una «maniobra de bloqueo y dilación» a la justicia para que el caso se archive sin la práctica de las diligencias correspondientes. 

Una acusación que IU sustenta en un auto emitido por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco donde se especifica que «no se ha podido llevar a cabo ninguna de las diligencias instructoras interesadas en la querella por la negligencia del propio Ayuntamiento que ha hecho caso omiso al requerimiento del Juzgado de aportar información relevante para poder llevar a cabo con las máximas garantías para todos los implicados las declaraciones de los investigados y no vulnerar el derecho a la tutela judicial».

En su correlato, Miguel Calero ha recordado que se citó como investigados al alcalde y a la ex concejala para declarar el 11 de marzo, aunque la comparecencia terminó aplazándose al 17 de ese mismo mes. IU sostiene que, desde entonces, las defensas iniciaron una cadena de recursos para retrasar el procedimiento judicial. Entre las diligencias solicitadas figuraba la entrega de nóminas relacionadas con el hijo de la secretaria particular del alcalde, documentación requerida por el juzgado el 27 de junio de 2025 y que, según denuncian, no fue remitida hasta el 12 de marzo de 2026 «a las puertas de que expirara el plazo normativo de doce meses».

La formación afirma que presentó varios escritos reclamando impulso procesal, tanto en septiembre de 2025 como en febrero de 2026, cuando además solicitó una prórroga de seis meses para continuar la instrucción antes de que expirara el plazo legal. El juzgado acordó finalmente ampliar la investigación seis meses mediante un auto dictado el 4 de marzo de 2026, resolución que posteriormente fue recurrida por las partes investigadas. Sin embargo, un nuevo auto fechado el 7 de mayo desestimó dichos recursos y confirmó la prórroga. El recurso de esa prórroga está ahora en la Audiencia Provincial, aunque según ha confirmado IU eso no imposibilita que se puedan practicar las correspondientes diligencias. 

En esa resolución judicial, leída durante la comparecencia, el magistrado considera que la petición de archivo defendida por las partes investigadas responde a una «interpretación sesgada en beneficio propio», señalando además que no se habían podido practicar diligencias «por la negligencia del propio Ayuntamiento», al no atender los requerimientos judiciales de documentación. IU considera «gravísimo» que durante nueve meses no se remitiera la información solicitada por el juzgado y critica que posteriormente se solicitara el archivo de la causa alegando falta de diligencias practicadas.

Sebastián Pérez, dirigente provincial de IU, afirmó que el Partido Popular está utilizando instituciones públicas «para bloquear y obstaculizar la justicia», interpelando también al partido a nivel provincial y andaluz. «Si el alcalde no tiene nada que ocultar, debería facilitar toda la documentación y declarar cuanto antes», ha asegurado Pérez, que ha defendido que IU seguirá «vigilante» para garantizar que la justicia «sea igual para todos».

Por su parte, Miguel Calero ha insistido en que las presuntas irregularidades denunciadas no se limitan a la legislatura anterior, sino que continúan produciéndose actualmente a través de contratos y prórrogas que, según indicó, «no se ajustan a la legalidad». IU ha solicitado ahora que el juzgado practique de forma inmediata las diligencias pendientes, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, antes de que finalice la prórroga de instrucción prevista para septiembre.

Durante la comparecencia, la formación también mostró su solidaridad con el propio Calero por los recientes disparos sufridos contra su vehículo, un asunto que ya se encuentra judicializado y bajo investigación.

• La querella también afecta a la ex concejala de Personal, Inmaculada Reyes

La vida política en Pozoblanco se sigue dirimiendo también en los juzgados. Izquierda Unida ha informado en la tarde de hoy lunes sobre la querella presentada contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la ex concejala de Personal, Inmaculada Reyes, por supuestas irregularidades en procesos de contratación referentes al periodo comprendido entre los años 2020 y 2024. La rueda de prensa ha sido ofrecida por el coordinador provincial de la formación, Sebastián Pérez; el coordinador comarcal, Miguel Calero; la concejala del grupo municipal, Natalia León; y la abogada Amanda Meyer. Antes de entrar a explicar el contenido de la querella, Calero ha precisado que «no es un día alegre, todo lo contrario, porque en los 45 años de democracia local es la primera querella que se presenta contra un alcalde». 

Respecto a la querella, que se presentó el pasado jueves en los juzgados de Pozoblanco, Amanda Meyer ha detallado que se circunscribe a dos delitos continuados de prevaricación administrativa y a la malversación de fondos públicos. La querella, que aporta 45 documentos recogidos del propio Ayuntamiento, recoge actuaciones desde 2020 a 2024 donde «se acredita que se ha establecido un sistema de contratación irregular al margen de la ley, fuera de la normativa», ha precisado la abogada que tildó esas maniobras de «contrataciones a dedo». Amanda Meyer ha ahondado en que este paso judicial se fundamenta en tres hechos que «son continuados en el tiempo»: contrataciones temporales «sin tener en cuenta las advertencias de la secretaría general o de la intervención del propio Ayuntamiento que se producen de manera sistemática»; contrataciones temporales «al margen del reglamento de bolsa» e «incluso cometiendo irregularidades en la duración de esos contratos»; y el joven que cobró sin trabajar y donde IU entiende que «podemos estar ante un caso de malversación». 

La abogada ha explicado que en la querella se adjuntan los documentos «que acreditan que se desoyeron las exhortaciones al cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios», así como «establece las diferentes maneras en las que el alcalde mandató realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa». A este respecto, Meyer ha asegurado que también se acredita el «incumplimiento» de los tiempos máximos de contratación que establece la ley. Por otro lado, la letrada ha apuntado que los informes de la anterior secretaria advirtiendo de estas circunstancias son «casi mensuales» y ha señalado que el primero en dar la alerta fue «un interventor comisionado que llegó de Diputación». Meyer ha recalcado que «la querella tiene la vocación de que se investiguen estos hechos, IU se presenta como acusación particular y esperamos que se admita a trámite y se acuerden todas las diligencias y la toma de declaraciones de personas que hemos propuesto». La abogada ha separado este proceso de la decisión tomada por la Fiscalía a raíz de la denuncia del PSOE ya que «son procesos diferentes». Por último, respecto al caso del joven que cobró sin trabajar ha puesto en valor que «es un dato más que acredita el sistema de contratación al margen del procedimiento». 

Extensión en el tiempo

El amplio periodo que abarca esta querella, cuatro años, ha provocado que Miguel Calero sea cuestionado sobre los tiempos de la misma. A este respecto, el que fuera concejal de IU durante el mandato anterior ha recalcado que «los entramados son muy difíciles de descifrar». «Cuando se hacen contratos de corta duración donde se nos dice fecha de inicio y fecha de fin, contratos de seis meses, te los crees. Después, cuando uno examina con tiempo te das cuentas de que no es así», ha declarado. En su intervención también ha señalado la supuesta creación de una bolsa de peones diversos «de la que no tenemos constancia hasta la fecha de ninguna publicación». Además, Calero ha señalado que todo el «entramado» afecta a un total de 1.700 contratos. Tanto Calero como la actual concejala Natalia León han asegurado que la querella se interpone porque «no podemos ser cómplices ni perpetuar esta situación». Ambos han señalado también lo que implican estas contrataciones para el proceso de estabilización que se está realizando ahora y que, fundamentalmente, se ajusta al tiempo trabajado con el consiguiente «beneficio» para las personas que han sido objetos de esos contratos. 

Por último, Sebastián Pérez ha aludido al PP provincial y andaluz para que «no mire hacia otro lado». «Ellos han sido protectores de toda esta maquinaria, no pueden ponerse de perfil», ha indicado para finalizar su intervención alabando el trabajo «delicado, riguroso y de mucho tiempo» de IU para armar esta querella.