En el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre los indicadores de la gestión económica referidos al ejercicio de 2025 da a conocer las liquidaciones de los presupuestos de los ayuntamientos, unos datos que se evalúan respecto al cumplimiento de dos indicadores principalmente, de un lado la estabilidad presupuestaria y de otro la regla de gasto. Estas evaluaciones permiten conocer si los ayuntamientos están realizando un correcta gestión económica en base a los presupuestos aprobados y si necesitan una financiación externa ante una situación de déficit.

En el listado de ayuntamientos de la comarca de Los Pedroches solo aparecen cuatro ayuntamientos que cumplen con ambos parámetros, es decir, con la estabilidad presupuestaria y la regla de gastos, que son Cardeña, Dos Torres, Pedroche y Pozoblanco. Mientras que el resto aparecen con uno o los dos indicadores señalados como «no cumple». Si cuatro son los que cumplen con los dos indicadores, solo uno, el ayuntamiento de Villanueva de Córdoba es el que incumple ambos parámetros.

Sin embargo, conviene señalar que también quedan registrado que siete de los ayuntamientos de Los Pedroches no han presentado la correspondiente información o no la han firmado, por lo que se desconoce la situación sobre su gestión económica. Entre estos ayuntamientos se encuentran Belalcázar, Fuente La Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto.

El informe económico del Ministerio de Hacienda recoge que tres municipios de la comarca necesitan de financiación, en esta tablar aparecen Añora, Villanueva de Córdoba y El Viso. También aparecen como en la tabla que no cumplen con la regla de gasto los ayuntamientos de Alcaracejos, Conquista, Torrecampo y Villanueva de Córdoba. Los que sí cumplen con la regla de gasto son los ayuntamientos de Añora, Cardeña, Dos Torres, Pedroche, Pozoblanco y El Viso.

El Ministerio de Hacienda impulsará en las próximas semanas un nuevo Real Decreto-ley para que las Entidades Locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso. Este anuncio llega después de que el Congreso de los Diputados no diera luz verde a la propuesta de Hacienda sobre los remanentes de tesorería y que venía a defender que pudieran utilizar 5.000 millones a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados durante años

Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. 

Del mismo modo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. 

Además, con carácter excepcional se permitirá que las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Ayuntamientos en riesgo financiero 

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. 

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. 

Se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas. 

Sistema de financiación 

Otro aspecto fundamental que también se recuperará en este nuevo decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones. 

También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria. 

Remanentes 

El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso. El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada con la FEMP y que suponía poner solución a un problema estructural y complejo como es el uso de los remanentes de tesorería no haya tenido el respaldo del Congreso. En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse. 

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que su departamento tiene la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos. Hacienda confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos.