La residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba vivió hace unos días una jornada de formación para obtener el sello de Calidad+Humanización basada en la empatía ante el residente. Y es que en dicha formación, los trabajadores pudieron sentir cómo es vivir con las patologías asociadas al envejecimiento. 

Eso fue posible gracias al traje NHuma que simula situaciones de dependencia como la hemiparesia, la dificultad en la movilidad, el déficit visual o el temblor de la enfermedad del Parkinson.

El objetivo principal, es que los trabajadores empaticen con los usuarios del Centro para poder entenderlos y darles una atención de calidad. «Vivir estas experiencias nos hace darnos cuenta de las vivencias de cada uno de nuestros usuarios», explican desde la residencia. 

Esta formación forma parte del proyecto “Centros con alma , vidas con sentido”, en el que se enfatiza en dar a los residentes una atención centrada en la persona, en la que cada mayor reciba un trato de máxima calidad , personalizado y adaptado a sus gustos y preferencias.

El abastecimiento de agua potable en las localidades de Los Pedroches se está realizando con cierta normalidad, más allá de algún retraso y algún cambio de ubicación para ajustarse a los tiempos y a la logística. Esto para la población en general, pero hay población más vulnerable y centros que están muy atentos estos días a cualquier cambio ante el suministro. Esa es la realidad que se vive en los centros de mayores y en los centros educativos, con medidas muy similares en los municipios donde los ayuntamientos están trabajando para reducir las incidencias teniendo en cuenta también que muchos de esos centros son municipales.

En las residencias de mayores encontramos diferentes situaciones, desde las que han apilado agua embotellada durante estas últimas semanas viendo la situación que se acercaba, hasta las que acuden a recoger el agua que se proporciona desde las cisternas habilitadas por Emproacsa y por las diferentes empresas suministradoras. Entre esas dos vías hay una tercera y es la que están realizando algunos ayuntamientos comprando agua embotellada y facilitándosela a las residencias por cuestiones de trazabilidad del agua.

En esta situación nos encontramos a una de las localidades que más ha apostado por el sector servicios y de cuidados, Alcaracejos, y aquí su alcalde, José Luis Cabrera, nos cuenta que “nosotros, a través del Patronato, hemos decidido comprar agua embotellada para los centros porque nadie nos garantiza la trazabilidad, así que para beber el agua que se está utilizando es esa”. El primer edil indicó que “lo estamos haciendo con total normalidad, otra cosa es que fuera necesaria también para el aseo, pero al tratarse de agua solo para beber es asumible”. En esta misma situación se encuentra el alcalde de Villanueva de Córdoba, Gabriel Duque, que explicó a este periódico que desde el Consistorio también se está comprando agua embotellada para las residencias por el mismo motivo, las dudas que puede crear la trazabilidad.

En localidades con residencias privadas los ayuntamientos no se han puesto de perfil y han mostrado todo su apoyo para facilitar el transporte de agua, como es el caso de Dos Torres. En Pedroche, por ejemplo, la cercanía entre el punto de suministro y la residencia permite a los trabajadores a acudir diariamente a ese punto para recoger el agua y tener abastecida una de las residencias más importantes de la comarca. Todo ello pasados unos días porque lo cierto es que tras conocerse la noticia hubo inquietud no solo por el abastecimiento, sino por lo que suponía a nivel de personal. Una inquietud que también llegó a las personas mayores, aunque para este sector de la población también los ayuntamientos han habilitado teléfonos y canales de comunicación para que se les lleve el agua a sus casas.

Centros educativos

Especial atención también merecen los centros educativos, muchos de ellos con fuentes instaladas en el interior que han tenido que cerrarse o especificar que no es agua potable, para dejar algún punto para que el alumnado pueda refrescarse ante días especialmente calurosos. Prácticamente la totalidad de los centros educativos han remitido cartas a las familias explicando una situación conocida, recomendando que sean los alumnos los que llevan su agua desde sus casas y dejando claro que el corte del agua a nivel general no es posible dado que se utiliza para otros usos como la limpieza o en los aseos.

Las residencias de mayores están ocupando la actualidad en algunos municipios de Los Pedroches por diferentes motivos. El envejecimiento de la población y el hecho de ser un servicio que crea importantes puestos de trabajo hace de estas infraestructuras una apuesta para algunos municipios. Dos Torres y Torrecampo son noticia en los últimos días por proyectos relativos a las residencias de mayores, en el primero de los casos por el proyecto de nueva construcción que se quiere acometer, y en el segundo por la ampliación que ha sido licitada. 

En el caso de Torrecampo, la residencia municipal es protagonista por la licitación del proyecto de ampliación que se encuadra dentro del Plan Plurianual de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal en el cuatrienio 2020-2023 de la Diputación de Córdoba. El proyecto contempla la ampliación de diez habitaciones en la planta primera dando continuidad a las que ya hay en la actualidad. Además, en la planta baja se realizarán modificaciones suprimiendo cuatro habitaciones actuales para convertirlas en un espacio de sala de estar y otras modificaciones que afectarán a la zona de aseos, la cocina y la enfermería. 

Siguiendo con las modificaciones, el proyecto prevé la demolición de la zona de almacén de la planta primera y en esa zona ubicar nuevas habitaciones. El almacén pasará a ubicarse en la planta alta, pero situado en la zona de la fachada de la calle Rosario y parcialmente en la zona de la fachada de la calle Ejido. El importe base de la licitación es de 424.686,95 euros y el plazo de ejecución de estas obras es de seis meses. Las empresas interesadas tendrán hasta el día 4 de abril para presentar las ofertas correspondientes para optar a este contrato. 

Nueva residencia, el anhelo de Dos Torres

Y de Torrecampo a Dos Torres porque el alcalde de la localidad, Manuel Torres, presentó el proyecto que va a presentar a la Junta de Andalucía el Ayuntamiento para la construcción de una nueva residencia al viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso. Se trata de un proyecto para el que ya existe parcela donde iría ubicada una residencia con una superficie total útil de 1.745 metros cuadrados sobre una superficie total construida de 2.060 metros cuadrados y un gran espacio destinado a patio y zona ajardinada. 

Hablamos de una residencia de 50 plazas -24 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales- y el Ayuntamiento buscaría optar a fondos Next Generation para su construcción. La zona baja de la misma albergaría la consejería, la zona de administración, varias salas de visitas, dos salas de enfermería con aseo propio y estancias diáfanas para uso de salón-estar y comedor. Además, se instalarían dos salas de atención especializada y se construiría un gran patio ajardinado para el ocio con zona biosaludable y huertos. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha acordado no ratificar la orden de la Junta de Andalucía relativa a exigir el certificado Covid-19 de vacunación o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial «al no contar con una limitación temporal de su vigencia». 

Así lo ha anunciado este jueves el alto tribunal andaluz en un comunicado en el que aclara que «pese a considerar que la medida planteada por la Junta de Andalucía cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y que hay una escasa entidad de la restricción de los derechos fundamentales, no ratifica la orden al no contar con una limitación temporal de su vigencia».

Desde el TSJA explican que «en la solicitud de la administración autonómica -presentada ante el tribunal el 30 de noviembre- no se adjunta ninguna razón del por qué no existe limitación temporal de la medida ni las razones por las que no es posible la fijación de un plazo determinado de vigencia». Así, «en el caso de que el Tribunal ratificara la orden en los términos en los que ha sido presentada, tendría una duración totalmente indefinida y se sustraería al control de su proporcionalidad, necesidad e idoneidad», señala el auto.

La Consejería de Salud y Familias comenzó en el día de ayer martes a administrar en la provincia la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 en 33 residencias de mayores. Para ello, los equipos de enfermería se desplazarán a los centros para inocular la tercera dosis a a 6.078 personas institucionalizadas en ellos, según informó la Consejería de Jesús Aguirre. 

De las algo más de 6.000 personas que fueron vacunadas en el día de ayer con la tercera dosis, 1.710 fueron en residencias del Área Sanitaria Norte de Córdoba, concretamente de los centros residenciales de Pedroche, Dos Torres y El Guijo. En estas tres residencias comenzó la aplicación de esa tercera dosis que proseguirá en los siguientes días. 

Junto a esta población, desde hace unas semanas, se está vacunando además con la tercera dosis a los pacientes inmunodeprimidos, con trasplante de órgano sólido o personas que se encuentren recibiendo o hayan recibido terapia inmunosupresora con motivo de un trasplante de órgano sólido, independientemente del tiempo transcurrido.

Igualmente, se viene administrando esta tercera dosis a personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos (alo y autotrasplante). También está indicada esta tercera dosis a pacientes tratados con fármacos anti‐CD20, entre los que se encuentran rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumumab tiuxetan, veltuzumab y tositumomab. Cerca de la mitad de esta población ha sido ya vacunada con la tercera dosis.

El sindicato de enfermería Satse ha reclamado la convocatoria urgente y extraordinaria de una reunión conjunta de los Consejos Interterritoriales de Sanidad y Servicios Sociales para que una vez finalizada ya la vacunación del Covid-19 en las residencias de mayores, todas las administraciones competentes acuerden la puesta en marcha de las actuaciones ya comprometidas de cara a mejorar la atención y cuidados en estos centros asistenciales, sean de carácter público, privado o concertado.

Satse subraya que, una vez que las residencias de mayores han recobrado cierta normalidad tras la inmunización de sus residentes y personal, ha llegado el momento de que el Gobierno central y las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales empiecen a hacer realidad todas las actuaciones necesarias para mejorar el funcionamiento de estos centros y que no se vuelvan a producir las consecuencias que tuvo la pandemia en un colectivo tan sensible y vulnerable.

En este sentido, el sindicato recuerda que «en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país los distintos partidos políticos acordaron una serie de medidas tendentes a lograr una correcta coordinación entre estos centros sociosanitarios y la Atención Primaria y Especializada y, a día de hoy, aún no se han empezado a poner en marcha»

Al respecto, SATSE, que viene denunciando desde hace mucho tiempo las graves deficiencias existentes en los centros de mayores de nuestro país en materia de recursos humanos y materiales, así como en su relación con los servicios sanitarios, destaca que las enfermeras y enfermeros están llamados inexcusablemente a desarrollar un papel fundamental en la necesaria coordinación y comunicación entre los ámbitos sanitarios y de servicios sociales, logrando así una mejor atención sociosanitaria a los mayores residentes.

En sintonía con lo propuesto en el Congreso de los Diputados, Satse apuesta por la creación de un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social encargado de planificar de manera conjunta los cuidados de larga duración, establecer un sistema integrado de información y asegurar la calidad de las prestaciones, así como definir los protocolos a seguir en casos de crisis sanitarias como la actual.

“La pandemia del Covid-19 nos ha demostrado, con especial virulencia y dramatismo, que las residencias de mayores sufren numerosas deficiencias que impiden ofrecer la atención y cuidados que nuestros mayores se merecen y no podemos permitir que, una vez pase la actual crisis, pueden caer de nuevo en el olvido”, apuntan desde la organización sindical.

Del mismo modo, el sindicato considera «absolutamente necesario» reforzar las plantillas de profesionales que trabajan en este tipo de recursos de servicios sociales y, especialmente, las de enfermeras y enfermeros. Al respecto, incide en que la media de personas mayores por cada enfermera o enfermero supera los 100 residentes, dándose el caso de comunidades autónomas donde hay centros con más de 200 personas por cada profesional.

Por ello, el sindicato de enfermería reclama, entre otras mejoras, que, aunque no exista una obligación reglamentaria al respecto, todos los centros de mayores con menos de 50 residentes tengan, al menos, una enfermera o enfermero por turno, y que la dirección y/o gestión de los mismos sea desempeñada por estos profesionales.

De otro lado, la organización sindical demanda la realización de auditorías exhaustivas e independientes en todos los centros sociosanitarios, ya sean públicos, privados o concertados, y que se establezcan protocolos y normas básicas de obligado cumplimiento en aspectos tales como la atención sanitaria, higiene, alimentación, ocio y tiempo libre, ejercicio y apoyo psicológico de los mayores residentes.

A la espera de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las medidas anunciadas en relación al coronavirus ayer miércoles por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, otra de las cuestiones abordadas fue la recuperación de la visitas y salidas en los centros residenciales de mayores y grandes dependientes. Al igual que ocurriera con la prohibición de la venta de alcohol a partir de las seis de la tarde, el presidente comentó la recuperación de esas visitas en su cuenta oficial de Twitter. 

En este sentido, avanzó que se van a recuperar las visitas y salidas de dichos centros «salvo en áreas donde la incidencia sea muy elevada», además de incidir en que esto ocurrirá siempre y cuando haya pasado un periodo de siete días de la segunda dosis de la vacuna. Las visitas seguirán restringidas en aquellos centros que se encuentren en municipio con un nivel de alerta 4 grado 2, es decir, con más de mil casos por cada cien mil habitantes. 

Del mismo modo, las visitas y salidas tendrán que ajustarse a la Orden del 4 de diciembre que especifica que los centros tendrán que diseñar un protocolo de visitas de tal forma que las mismas sean planificadas y previamente concertadas. Así mismo, se recogía que las visitas deberán realizarse por una única persona en cada ocasión y por cada residente y con una duración máxima de una hora. 

Siguiendo con esa Orden, la misma especifica que las visitas y salidas serán suspendidas en el caso de que exista al menos un caso confirmado de Covid-19 entre las personas residentes o trabajadoras hasta 28 días después de la fecha de diagnóstico del último caso, o en caso de existir un único enfermo confirmado se reducirá a 14 días mínimos, así como si hay más de tres casos en sospecha hasta conocer el resultado negativo de la correspondiente prueba. 

El Gobierno andaluz ha manifestado este lunes que tiene como objetivo, una vez que las vacunas contra el coronavirus lleguen a la comunidad, vacunar a todos los residentes y trabajadores de las residencias de mayores en dos semanas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, explicó que una vez que se inicie con la vacunación en toda España, algo que está previsto que ocurra este domingo 27, la Junta comenzará con los residentes y trabajadores de residencias de ancianos y que el objetivo es que en dos semanas estén todos vacunados. En esta primera fase de vacunación que desarrollará la Junta también se incluyen los trabajadores sanitarios y los grandes dependientes.

El consejero agregoó que para la dispensación de las vacunas a los mayores y trabajadores de residencias se contará con 73 equipos de vacunación, compuestos por enfermeros con gran experiencia en vacunación y que han sido formados específicamente para administrar la vacuna contra el Covid-19.

Tras referirse al convenio con la empresa farmacéutica Bidafarma para la distribución de la vacuna y a que ya está preparado el operativo de custodia de las vacunas, Bendodo indicó que desde los dos centros de almacenamiento con los que cuenta la comunidad, en Sevilla y en Granada, se distribuirán las vacunas diariamente, los días laborables, a todas las provincias.

Esas vacunas, según precisó, llegarán a 49 centros de atención primaria y 37 hospitales, y se contará con 178 equipos de vacunación, con 526 enfermeros y enfermeras con gran experiencia previa en el manejo de vacunas y formados específicamente para la vacuna contra el Covid-19. 

La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, ha comunicado hoy en Córdoba la ayuda económica extraordinaria y urgente que su delegación va a destinar a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19. Troncoso ha detallado que se ha previsto un presupuesto de 1.869.326,87 en Córdoba para dotar a los centros de una cuantía fija mensual por plaza concertada y ocupada, que se materializará con la última liquidación presentada y validada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados. Esta cantidad estará destinada para los 184 centros que hay en la provincia de Córdoba.

Inmaculada Troncoso ha indicado que los centros residenciales y de atención a la dependencia “realizan un gran esfuerzo día a día para hacer frente a la pandemia, desde el primer momento, para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y ofrecer una atención de calidad a las personas mayores y personas con discapacidad, los más vulnerables al coronavirus”. Troncoso ha recordado, además, que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, adoptó desde el principio medidas para ayudar al sector como en los centros de día, donde se ha garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas. En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas y se mantuvieron los pagos al sector. 

Para esta segunda ola, la Consejería ha previsto este pago adicional mediante el que los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.   

La actividad de los centros de atención a personas mayores y con discapacidad se ha visto alterada directamente por la situación de crisis sanitaria. De esta manera, las medidas preventivas de salud pública afectan sensiblemente a la gestión habitual de estos recursos mediante la exigencia de planes de contingencia y actuación para la prevención de la epidemia por Covid-19. Unas medidas que conllevan un incremento en los gastos, lo que está suponiendo un perjuicio notable a la capacidad económica de las entidades prestadoras del servicio. Este riesgo para la continuidad del sector supondría un importante impacto para las personas en situación de dependencia y sus familias de gran repercusión social.

Mediante el pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.

Esta cuantía fija mensual se determinará en función de diferentes requisitos como el número de plazas concertadas y ocupadas los días 1 de cada mes durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, haber prestado los servicios concertados, no haber cesado en la actividad y haber afrontado los gastos extraordinarios a que se ha hecho referencia. Las entidades beneficiarias deberán destinar las prestaciones a la finalidad prevista, garantizando la continuidad de los servicios.

En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades a percibir por plaza oscilan entre los 66,30 euros de las plazas para mayores dependientes y los 147,60 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido. Para el servicio de centros de día y noche y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 17,21 euros en los casos de terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado y los 63,84 para personas con daño cerebral sobrevenido.

La delegada considera que esta situación requiere de una actuación inmediata, con un regulación necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento la medida económica extraordinaria para paliar una situación de urgente necesidad.

Desde que el pasado mes de marzo estallara la crisis sanitaria del Covid-19 la situación en las residencias de mayores está en el punto de mira, primero por ser puntos especialmente vulnerables y segundo por las restricciones que han llevado a las familias a reducir los contactos obligados por las circunstancias. Una situación que se vio agravada con el cierre perimetral de los municipios andaluces, ya que entre las causas permitidas para viajar de una localidad a otra no se recoge el hecho de visitar a un familiar en una residencia. 

Es por ello que la Plataforma en Defensa de las Personas Mayores y Dependientes se ha movilizado para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que cambie esta situación ya que «lamentablemente nuestros mayores han vuelto a quedar en el olvido», según defiende la portavoz del colectivo, María José Vázquez. «No se tiene en cuenta que muchas personas mayores y dependientes están en residencias que no se encuentran en los municipios donde viven sus familias», explica.

En este sentido, desde la Plataforma se ha remitido un escrito al consejero de Salud y Familias, al director de Personas Mayores y al director general de Cuidados Sociosanitarios solicitando que «con carácter urgente» se autoricen estos desplazamientos. Una misiva que tuvo respuesta en el día de ayer por parte de la Dirección General de Personas Mayores dando la razón a la plataforma, según especificó Vázquez. El compromiso ha sido el de remitir esa solicitud a la Consejería de Salud y Familias. 

Esta situación afecta a muchas familias de la comarca ya que son muchas las que tienen a sus familiares en residencias en diferentes localidades por la falta de plazas existentes en algunos municipios.