El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Pozoblanco por vulneración de la libertad sindical y obliga al Consistorio a dar la información solicitada por los representantes sindicales. Esa información hace referencia a las cantidades abonadas en conceptos de productividad al personal funcionario desde julio de 2021 a enero de 2024; un listado detallado de los servicios extraordinarios realizados por el personal del Ayuntamiento correspondiente a los ejercicios 2022, 2023 y enero de 2024; el informe de planificación preventiva correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023; y los acuerdos que hacen referencia a las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración». Contra esta sentencia del TSJA cabe recurso de casación. 

La resolución judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF contra la sentencia de 2 de septiembre dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, no estimando la indemnización que se solicitaba manteniendo, aquí sí, el criterio del primer juzgado. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge los fundamentos de derecho que llevaron al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba a desestimar la demanda y el recurso de CSIF. Unos fundamentos que se amparan, fundamentalmente, en la colisión que la información requerida podría tener con la protección de datos. Sin embargo, el TSJA avala el derecho de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Pozoblanco, mayoritaria en dicha administración, de poder tener acceso a la información solicitada. 

El Sector de Administración Local de CSIF Córdoba espera que esta sentencia pueda hacer cambiar la actitud que ha mantenido hasta ahora el alcalde de Pozoblanco en cuanto «a su injustificada falta de voluntad negociadora con los delegados de CSIF en el Ayuntamiento y del resto de sindicatos a la hora de tratar las distintas cuestiones que afectan a la plantilla municipal y, de este modo, evitar la excesiva judicialización en la que ha entrado el ámbito laboral de esta administración».