La provincia de Córdoba ha constituido esta semana de manera formal el Observatorio Provincial contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, un órgano de coordinación, análisis y respuesta operativa impulsado por la Junta de Andalucía para erradicar cualquier tipo de violencia (física o verbal) en los centros de salud y hospitales cordobeses. En el acto, presidido por la delegada de Sanidad y Consumo, María Jesús Campos, ésta ha puesto de manifiesto el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía y del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien la semana pasada anunció que el Gobierno andaluz va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario.

La delegada ha explicado que “cuidar a quienes nos cuidan no es una opción, es un deber institucional, social e irrenunciable. Frente a las agresiones en el ámbito sanitario no cabe un sólo paso atrás ni la más mínima tolerancia: la respuesta debe ser contundente, coordinada e inmediata. La delegada territorial ha remarcado que el Observatorio permitirá la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones orientadas a la mejora de la intervención para mitigar las agresiones a las personas profesionales del SSPA.

Así, María Jesús Campos ha explicado que “este órgano nace con una vocación eminentemente práctica y de acción directa en los centros, queremos espacios asistenciales plenamente seguros y con el Observatorio consolidaremos mecanismos de prevención eficaces, dotaremos de respaldo jurídico y psicológico integral a los trabajadores afectados desde el primer minuto y garantizaremos que el principio de autoridad se preserve con absoluta firmeza en cada acto médico o asistencial».

Entre las líneas de actuación prioritarias fijadas se ha destacado la evaluación continuada del riesgo en centros con monitorización constante de las áreas y servicios más sensibles para implementar o reforzar medidas disuasorias (sistemas de videovigilancia, botones de aviso, presencia de seguridad) y la agilización de los circuitos de denuncia con una coordinación estrecha con los interlocutores policiales para simplificar los trámites y para garantizar una actuación inmediata ante cualquier incidente.

Finalmente ha puesto sobre la mesa la importancia de la concienciación ciudadana, para lo que se pondrán en marcha campañas permanentes para promover el respeto mutuo, la empatía y la dignificación de la labor que desempeñan tanto el personal asistencial como los equipos de gestión y servicios.

Necesidad de analizar las causas de los incidentes

Por su parte, el Sindicato de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba ha trasladado en el grupo de trabajo territorial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía la necesidad de avanzar en una estrategia más eficaz para prevenir y combatir las agresiones que sufren los y las profesionales en los centros sanitarios de la provincia, valorando positivamente que también se empiece a incorporar acciones y datos de los centros sanitarios privados.

Desde CCOO se ha insistido en que ninguna agresión puede tener justificación alguna, independientemente de las circunstancias que concurran. Al mismo tiempo, el sindicato considera imprescindible que las administraciones profundicen en las causas que están provocando estas situaciones y adopten medidas preventivas, de protección y de concienciación dirigidas tanto a las plantillas como al conjunto de la ciudadanía. Cabe recordar que en la provincia de Córdoba se ha pasado 121 registros de agresiones en 2024 a los 151 en el año 2025

El secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba de CCOO de Córdoba, José Damas, que ha asistido a la reunión del grupo de trabajo en representación del sindicato, ha señalado que “no podemos conformarnos con actuar cuando la agresión ya se ha producido. No es suficiente con contabilizar incidentes o agresiones, sino que tenemos que ser capaces de identificar qué está provocando estas situaciones y poner en marcha medidas preventivas que sean realmente eficaces”.

En este sentido, CCOO ha trasladado su preocupación por que en los informes de algunos centros aparezca como causa de determinadas agresiones la expresión “sin causa aparente” y que se deje ahí el análisis. “Es necesario investigar cada situación y determinar, en la medida de lo posible, qué factores han intervenido, ya sean organizativos, asistenciales, relacionados con los tiempos de espera, la información proporcionada a la ciudadanía, la falta de recursos o cualquier otra circunstancia”, ha remarcado el secretario general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba.

CCOO viene reclamando desde hace tiempo la creación de un Observatorio de Agresiones de ámbito provincial, en el que, además de la Administración y los distintos organismos y colectivos implicados, tengan una participación efectiva los representantes de las personas trabajadoras, especialmente los delegados y delegadas de prevención. “Para el sindicato, la participación de la representación de las plantillas resulta fundamental porque permite incorporar al análisis la experiencia directa de quienes desarrollan diariamente su actividad en los centros sanitarios y conocen de primera mano las situaciones de riesgo que pueden producirse”, apunta Damas.

El comité de empresa y la representación sindical de funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco ha mostrado su «preocupación ante » la decisión del Consistorio, anunciada en una reunión y avanzada por este periódico, de optar por «una vía» diferente a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para regularizar la incidencias retributivas entre el personal del Ayuntamiento. En una nota de prensa, el comité de prensa muestra su preocupación por esta situación, pero también rechaza «las formas y cauces a través de los que se está llevando la gestión del personal en el Consistorio». 

Los representantes sindicales recuerdan la «obligatoriedad» de las entidades locales de dotar a su administración de dos instrumentos: la Relación de Puestos de Trabajo, como instrumento administrativo que organiza y detalla los puestos de trabajo y el personal de una entidad pública, incluyendo vacantes, retribuciones y requisitos; y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), consistente en el establecimiento de una serie de procedimientos sistemáticos, analíticos y valorativos que permitan determinar, del modo más objetivo posible, el valor relativo que cada puesto tiene para una determinada organización. 

En este punto se recuerda que en 2018, con Santiago Cabello ya como alcalde, la Diputación de Córdoba asistió al Ayuntamiento pozoalbense en la elaboración de un borrador de documento de RTP que «fue condenado al olvido ya que nunca llegó a tramitarse ni a negociarse». Además, se hace hincapié en que en mayo de 2025, el primer edil anunció que había iniciado el proceso de actualización de la RPT y la VPT «en el marco de una apuesta decidida por la modernización de la gestión de los recursos humanos municipales». Los representantes de los trabajos inciden en que en ese anuncio se tildaba de «herramientas fundamentales» a ambos documentos criticando, a su vez, que no han sido convocados, informados o partícipes de ningún proceso relativo al inicio de la elaboración de esas dos herramientas. 

«Ahora nos encontramos con que de manera unilateral se pretende obviar el cumplimiento de la normativa y sustituirlo por una vía transitoria, temporal y provisional», prosigue el comunicado. «Claro que pretender que a estas alturas el Ayuntamiento de Pozoblanco cumpla con los procedimientos legalmente establecidos supone pedir demasiado, tratándose de una administración ya condenada por vulneración de derechos fundamentales», indica el comité de prensa en alusión a a la tardanza en la entrega en la documentación del último borrador de RPT y VPT -tres años- y señala que se lleva «casi un año y medio sin cumplir con normalidad con la  periodicidad establecida en el reglamento de funcionamiento de mesa general de negociación». 

Criterios objetivos

Así las cosas, el comité de empresa y la representación sindical de funcionarios pide la redacción de un documento que se base en «criterios objetivos y técnicos» y la posterior negociación con los representantes sindicales para avanzar en las deficiencias en el área de recursos humanos. Unas irregularidades que también se mencionan y que se entran en que no se aplica la antigüedad en el puesto a pesar de que la misma haya sido uno de los criterios a tener en cuenta en el proceso de estabilización; se liquiden complementos de destino por debajo del tramo legalmente establecido conforme a la categoría profesional; o se carezcan de valoración de su complemento específico o el asignado se haya efectuado de forma «arbitraria». 

Por último, el comunicado se refiere directamente al alcalde indicando que «lleva tiempo más que suficiente en el cargo para haber cumplido con la obligación legal de dotar al Ayuntamiento de una RPT y una VPT» y recuerda que para ello hay que «tener capacidad negociadora y respetar las competencias legales y derechos de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, sin tener que aprovechar una reunión con algunos trabajadores para hacer recaer la responsabilidades sobre trabajadores que no se encontraban presentes, no habían sido invitados ni deciden». 

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud (SATSE, CSIF, CCOO y UGT) han desmentido las declaraciones realizadas por la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, que afirmó que la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo fue aprobada «por unanimidad» en dicho órgano.

Los sindicatos defiende que «esta afirmación no se ajusta a la realidad» porque «en ningún momento la Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado, ni por unanimidad ni por ningún otro procedimiento, la fusión laboral de ambos hospitales ni la creación de un ámbito territorial único a efectos de concursos de traslados, OPE o contratación». 

En un comunicado, los sindicatos afirman que «lejos de existir unanimidad, los sindicatos han manifestado públicamente su rechazo frontal a esta propuesta, tal y como recoge el comunicado de la Junta de Personal del Área Sanitaria Norte de Córdoba, integrada por todas las organizaciones sindicales, que ha expresado su más absoluto rechazo a esta medida». «Resulta incoherente y profundamente preocupante que se intente presentar como acordada una medida que ha generado un rechazo sindical unánime en los órganos de representación de los trabajadores, y que además no ha sido objeto de negociación real», prosiguen. 

Después de negar esas afirmaciones, los sindicatos alertan que esta medida introduce movilidad geográfica forzosa encubierta; supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar; dificulta la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales; y pude provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, con el consiguiente deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía.

Por último, los sindicatos exigen a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud la paralización «inmediata» de cualquier avance en este proceso, así como «transparencia y rigor» en la información pública y «respeto» a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales. 

• El sindicato denuncia la falta de impulso de la oferta de empleo público (OEP) de 2022, próxima a su caducidad

CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios y en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Pozoblanco, lamenta la falta de voluntad de este Consistorio en solucionar la deficiencia de personal que sufre esta institución desde hace tiempo. La central sindical señala que «no podemos olvidar que en los últimos diez años la pérdida de efectivos ha sido considerable, bien por jubilación o bien por movilidad, afectando, principalmente, a puestos de auxiliares administrativos, y administrativos, y no habiéndose incluido en la oferta de empleo público (OEP) una respuesta adecuada a estas categorías». 

El sindicato remarca que «la escasez de efectivos ha derivado en una arbitraria e irregular asignación de cometidos por parte de la alcaldía a través del correo electrónico y de otros medios tecnológicos, prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos para estos fines». En este sentido, delegados y delegadas de CSIF en el Ayuntamiento pozoalbense critican «la falta de interés» del gobierno municipal en la ejecución de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2022, que está próxima a su caducidad, una «circunstancia que impide el normal funcionamiento de una Administración como ocurre en este caso».

Además de lo anterior, la central sindical recuerda que el Ayuntamiento de Pozoblanco sigue recibiendo sentencias desfavorables por vulneración de derechos de sus funcionarios tan básicos como es el de percibir sus retribuciones en tiempo y forma. «Por todo ello, instamos al Consistorio al cumplimiento de estas resoluciones judiciales porque entendemos que ni este ni ningún ayuntamiento pueden actuar al margen de la ley y, menos aún, al margen de lo que la Justicia ha dictaminado», indican desde el sindicato. 

Del mismo modo, CSIF pone de manifiesto que el Consistorio no está cumpliendo con su obligación fijada en el actual convenio colectivo de facilitar ropa y calzado homologados de trabajo al personal laboral con derecho a este material según las necesidades del servicio. El sindicato resalta que esta indumentaria no se viene entregando a la plantilla desde el año 2022.

Finalmente, la central sindical denuncia que la mesa de negociación del Ayuntamiento lleva sin reunirse desde julio de 2024, cuando el acuerdo por el que se constituyó hace tres años y medio este foro, formado por el equipo del gobierno municipal y los representantes sindicales, establecía que cada año debían celebrarse seis sesiones de carácter ordinario.

CSIF ha vuelto a denunciar «la falta de voluntad negociadora» por parte del alcalde de Pozoblanco a la hora de tratar las cuestiones  que afectan directamente a la plantilla municipal. Unas quejas a las que se suman los otros sindicatos con representación en el Consistorio, Sipan y CCOO, y que alude a que desde el pasado mes de septiembre no se celebran las sesiones ordinarias de la Mesa General de Negociación, cuando su periodicidad establecida por la reglamentación vigente es la de dos meses.

Los sindicatos señalan que el Comité de Seguridad y Salud del Consistorio no tiene lugar desde julio de 2022, a pesar de que deberían celebrarse cada tres meses, según lo fijado por la normativa de prevención de riesgos laborales y en el convenio colectivo y acuerdo marco, lo que origina que se desconozcan las dependencias que pueden tener deficiencias y los riesgos que se pueden estar asumiendo por los trabajadores.

Además de lo anterior, el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia número 1142/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se condenaba al Consistorio por vulneración de la libertad sindical al no hacer entrega a los representantes de los trabajadores de diversa información relevante para llevar a cabo su labor sindical.

CSIF también pone de manifiesto que se sigue incumpliendo lo previsto tanto en los presupuestos generales del Estado y en las resoluciones publicadas por la Secretaría de Función Pública en el marco de una administración del siglo XXI, en cuanto que la plantilla municipal continúa recibiendo sus nóminas conforme a las cuantías marcadas en 2023, sin que se hayan hecho efectivos los incrementos retributivos fijados en la normativa.

Igualmente, para la central sindical, «todavía resulta más triste comprobar que las pocas veces que se ha alcanzado un acuerdo en la Mesa General de Negociación, como es el caso de la confección de la relación y la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pozoblanco, posteriormente se le niega el traslado de los documentos a los departamentos y entidades que deben ejecutar tales cometidos o colaborar en ellos a pesar de que es una obligación legal dotar a esta Administración de tal instrumento». 

El Comité de Empresa, cuya mayoría ostenta CSIF, muestra especialmente su malestar con lo ocurrido en un reciente pleno municipal en el que se les atribuía tener conocimiento de expedientes sancionadores abiertos a trabajadores del Consistorio, una afirmación totalmente incierta.

Los representantes del personal municipal también denuncian el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Pozoblanco del convenio colectivo suscrito con el personal laboral y del acuerdo marco sobre condiciones laborales y sociales firmado con el personal funcionario en cuanto al apartado de mejoras sociales que comprenden tanto las prestaciones médico-farmacéuticas como las ayudas de estudio o en materia de ropa de trabajo y dotación de equipos de protección individual, un material que no ha sido entregado a los empleados públicos municipales desde 2021.

Del mismo modo, el Comité de Empresa y la representación sindical de los funcionarios del Consistorio reclaman que se respete la normativa sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) en las liquidaciones de nóminas de algunos empleados públicos del Ayuntamiento, «deficiencia que debe ser corregida de manera inmediata». Finalmente, CSIF señala que «no comprendemos la falta de impulso de la alcaldía en los procedimientos o el hábito de casi agotar los plazos legales antes de impulsar los mismos al generar la necesidad de más servicios extraordinarios y, por consiguiente, que se eleve considerablemente el gasto público».

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba han trasladado su pesar a familiares y allegados del trabajador pozoalbense de 30 años fallecido en la noche del lunes en un accidente de tráfico ocurrido cuando circulaba con un camión por la A-435, conocida como la carretera de Iryda.

«Por desgracia, este accidente vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar la precauciones en carretera porque los accidentes de tráfico, tanto en itinere como en misión, pueden tener gravísimas consecuencias para las personas trabajadoras e incluso, como en este triste caso, la muerte», explican desde los sindicatos. 

Para UGT y CCOO, «no solo es importante que los vehículos estén en óptimas condiciones y que se le hagan revisiones periódicas para evitar fallos mecánicos que puedan provocar accidentes, sino que es fundamental que las personas trabajadoras, especialmente quienes se dedican al transporte de mercancías y viajeros por carretera, cuenten con la formación necesaria para prevenir accidentes tan penosos como el que hoy lamentamos». 

En este sentido, ambos sindicatos también hacen hincapié en los riesgos psicosociales que generan las altas exigencias que muchas empresas dedicadas al transporte por carretera imponen a su personal. «Muchas veces los y las conductoras ponen en riesgo sus vidas conduciendo sin los debidos descansos por miedo a perder su trabajo o, en el caso de camioneros y camioneras autónomos, por miedo a perder la clientela o a no facturar lo suficiente para cubrir gastos», indican. 

Las consecuencias de esta sobrecarga laboral y de la presión que genera la estamos lamentando hoy con la muerte de este joven trabajador, la undécima en lo que va de año en la provincia, once más de las que se deberían haber producido.

El sindicato de  Enfermería y Fisioterapia Satse-Córdoba ha hecho pública una nota prensa en la que denuncia la lista de espera para recibir un tratamiento de fisioterapia que actualmente hay en el Área Sanitaria Norte de Córdoba al que pertenece el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco. 

Según Satse, desde la crisis del Covid-19 se ha ido incrementando la lista de espera y, por consiguiente, el tiempo en ser atendidos, de los pacientes que requieren atención de gisioterapia en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, que está conformado por las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. 

En este sentido, el sindicato afirma que «resulta alarmante la situación en la que se  encuentra actualmente este servicio en el que la espera de los pacientes con tratamiento prescrito de fisioterapia con carácter urgente, es de más de dos meses. En cuanto a la espera del resto de pacientes es de más de seis meses«. 

Ello, a juicio del sindicato, contrasta con el nulo índice de sustituciones que se tiene previsto para este verano ya que la dirección del Área Sanitaria «lo ha situado en el cero por ciento», es decir, «no se tiene contemplado ningún contrato de sustitución de fisioterapia. Esta situación se agrava porque además la plantilla del Hospital no está completa ya que, a fecha de hoy, existe una plaza de fisioterapia es está dotada presupuestariamente, pero que se encuentra sin ocupar. 

Todo ello, asevera SATSE, «repercutirá directamente en el incremento del tiempo que tienen que esperar los pacientes para recibir las sesiones de fisioterapia prescritas, incrementando aún más la lista de espera que podría llegar en septiembre a más de tres meses para pacientes urgentes y más de nueve meses para el resto de pacientes». 

Para SATSE resulta «incomprensible» que se mantenga una lista de espera de mas de seis meses y, por el contrario, la dirección no proceda a completar la plantilla de fisioterapeuta que actualmente tiene reconocida el Hospital Valle de los Pedroches. El sindicato califica esta situación de «temeridad, insensibilidad hacia la población dependiente, que es la que requiere principalmente tratamiento rehabilitador, e irresponsabilidad, por parte de la directora gerente del Área Sanitaria Norte» a la que el sindicato le remitió una carta la semana pasada informándole sobre la necesidad de completar la plantilla de Fisioterapia y de sustituir la totalidad de las vacaciones de esta categoría, para que no se incremente esta lista de espera.

Finaliza la Nota de SATSE exigiendo a la directora gerente del Área que rectifique y proceda a instaurar un plan de acción inmediato para solucionar de forma definitiva esta desmesurada lista de espera con un incremento de profesionales de fisioterapia en el Área Sanitaria Norte de Córdoba para poder dar respuesta a la demanda actual.

CCOO, UGT y CSIF desconvocan sus movilizaciones en defensa de la Atención Primaria en Andalucía ante el avance de la negociación con el Servicio Andaluz de Salud del acuerdo sobre este nivel asistencial y que podría firmarse en una reunión de la Mesa Sectorial el 22 de mayo.

Las organizaciones sindicales han tomado esta decisión después de que la Administración se haya comprometido a la modificación de la Orden de tarificación con la retirada de cualquier alusión a la Atención Primaria, así como a la negociación de un nuevo modelo de carrera profesional más flexible y que facilita el acceso a los distintos niveles a todos los profesionales.

De este modo, las tres organizaciones sindicales desconvocan las movilizaciones a la espera de la firma de un texto definitivo de este acuerdo, cuyo objetivo es frenar “la grave situación” en la que se encuentra la puerta de entrada al Sistema Sanitario Público andaluz.

“Valoramos que finalmente la Administración sanitaria haya reconducido su postura y se haya comprometido con seriedad a poner medidas sobre la mesa para subsanar la compleja situación que atraviesan los profesionales que trabajan en la Atención Primaria en Andalucía y la ciudadanía a la que se presta servicio”, añaden.

CSIF ha expresado su más firme condena y repulsa a la agresión sufrida el pasado miércoles por un enfermero y una técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches por parte de un familiar de un paciente que se encuentra ingresada en este centro sanitario. Estos profesionales fueron objeto todo tipo de insultos e improperios por parte de esta persona, quien mantuvo en todo momento una actitud agresiva hacia los profesionales hasta que se personaron allí efectivos de la seguridad privada del centro.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, ha reiterado todo el apoyo de la central sindical a los profesionales agredidos verbalmente y espera que la Administración actúe con contundencia en los tribunales para que este tipo de actos violentos no queden impunes. El sindicato lleva reclamando varios años al SAS que incluya un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía que refleje sanciones administrativas conformes a la gravedad de estos episodios violentos.

CSIF Sanidad Córdoba recuerda que en 2022 se registraron 133 agresiones a profesionales del sector sanitario en Córdoba, 7 de tipo físico y el resto fueron verbales. De este modo, cada tres días se viene produciendo un ataque a algún trabajador o trabajadora del SAS, una estadística que queda corroborada con los últimos episodios de este tipo que han ocurrido en la capital y en el resto de la provincia.

 Maestre destacó que “es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar las agresiones que se producen ante el colapso en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial, así como más vigilancia en estas instalaciones por parte de profesionales en la materia”. 

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha desconvocado la huelga de ambulancias, cuyo inicio estaba previsto para hoy martes, tras cerrar en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) un acuerdo con SSG TSI, adjudicataria del servicio de ambulancias en la provincia.

El secretario General del mencionado sindicato, Juan Manuel Mena, ha explicado que la empresa se ha comprometido a solventar «de inmediato» todas las cuestiones planteadas por CCOO, motivo por el que el sindicato ha decidido retirar la convocatoria, si bien «vigilaremos que se cumpla el acuerdo en todos sus puntos y de no ser así, no dudaremos en ejercer las medidas necesarias para que se cumpla», advierte.

La empresa se compromete a hacer entrega de la nómina a los trabajadores y trabajadoras que no dispongan de ella y así lo soliciten desde el inicio del servicio el pasado septiembre y también entregarán la ropa de abrigo que corresponde según el convenio, si bien, «dada la situación de colapso en los proveedores» se amplia el plazo para entregar la ropa durante febrero y marzo.

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es el que se refiere a las guardias programadas. En concreto, la empresa ha aceptado abonar 240 euros por la guardia programada de 24 horas o su fracción proporcional y mantener 180 euros para la guardia para transporte urgente de 24 horas o fracción proporcional. 

La parte sindical y empresarial también han acordado «ir progresivamente reduciendo el número de guardias en los próximos años, de manera que vayan desapareciendo durante la vigente del presente contrato o se presupuesten por el Servicio Andaluz de Salud».

Junto a lo anterior, ambas partes han acordado que aquellos trabajadores y trabajadoras que tuvieran que cobrar nocturnidad, recibirán el cobro de la misma en el mes de febrero, partiendo desde el inicio del servicio en septiembre de 2022. Asimismo, para los trabajos en festivos se aplicará el importe de la guardia en programado o su fraccionamiento. El pago de las guardias se hará desde enero.