Las asociaciones ALCER Córdoba (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), AUTACOR (Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba), la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba y APAT han manifestado «una enérgica oposición y profunda preocupación» ante la decisión de la Junta de no prorrogar el convenio «histórico» con los taxistas para el traslado de pacientes de hemodiálisis desde el Hospital Reina Sofía a los centros dializadores.

Este servicio se ha prestado durante tres décadas por lo que las asociaciones consideran que «ha sido un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de pacientes, liberándoles del estrés constante de tener que buscar alternativas para acceder a un tratamiento vital». Para estas asociaciones la decisión resulta «incomprensible» ya que dar el servicio a través de ambulancias no medicalizadas supondrá «un mayor coste para el erario público y un perjuicio más molesto para le paciente».

En una nota de prensa, las asociaciones aseguran que «se ha optado por desmantelar el convenio existente en base a un argumento de equidad territorial alegando que al no prestarse este servicio en taxi a otras ciudades, no se puede mantener en Córdoba. Los taxistas se oponen a la decisión porque, a su juicio, «prioriza la homogenización administrativa sobre las necesidades reales de los pacientes y la eficiencia probada del servicio». Así, defienden que «desmantelar un sistema que funciona perfectamente, sin una alternativa mejor y por motivos que desconocemos, es un grave error que pagarán los pacientes, haciéndoles más vulnerables a las consecuencias de su patología». 

Por último, defienden el servicio atendiendo a criterios como la rapidez y la puntualidad, la flexibilidad, el coste-eficiencia para el sistema sanitario y la comodidad y salud del paciente. 

La Junta de Andalucía ha adjudicado las rutas de taxi rural CO1, que conecta Fuente Obejuna con Pozoblanco, y la CO2, que conecta Belmez con Pozoblanco, por un importe total de 34.000 euros, tal y como informó la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, junto con el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello.

«Desde el Gobierno de Andalucía reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. Hoy damos un paso más en esa dirección con la continuidad del Programa Andalucía Rural Conectada en la provincia de Córdoba, garantizando el acceso al transporte público en nuestros municipios y núcleos rurales», puso de manifiesto Granados.

Las nuevas adjudicaciones se han realizado a los operadores pozoalbenses, Domingo Alejandro González y Fermín Fernández Márquez, quienes estarán al frente de las rutas CO1, que presta el servicio los lunes y miércoles, y la CO2, los martes y jueves.

Con un presupuesto de 17.000 euros por cada adjudicación y «con un modelo de contratación abierto y eficiente, seguimos respondiendo a esta demanda histórica de nuestros municipios», añadió la responsable de Fomento. En este sentido, añadió, que !la Junta seguirá asumiendo la mayor parte del coste, lo que garantiza una tarifa accesible para los usuarios, con tarifas variables según el punto de partida».

Desde la puesta en marcha de estas rutas en el año 2021, dentro del Programa Andalucía Rural Conectada, en concreto, la ruta CO1 ha beneficiado a unos 300 usuarios, mientras que la CO2, a unos 200. Por tanto, «a la luz de los buenos datos, el objetivo es seguir creciendo para atender a un mayor número de municipios», señaló Granados.

Para hacer uso de este transporte, existe un centro de llamadas (call center) gratuito que ofrece el servicio de información y reservas, de forma que los usuarios pueden llamar por teléfono y cerrar el servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. Andalucía Rural Conectada se configura como un servicio público de transporte regular a la demanda.