• Dichas incidencias hablan de trabajadores cobrando por debajo de lo estipulado por ley, de arbitrariedad en el establecimiento de determinados complementos y en diferencias entre trabajadores con las mismas funciones 

La estabilización no ha resuelto los problemas del Ayuntamiento de Pozoblanco en materia de personal, nada más lejos de la realidad. Ayer miércoles 15 de abril, el Centro Impulsa acogió una reunión convocada desde alcaldía con todo el personal estabilizado para abordar la problemática que afecta a algunos de esos trabajadores, así como las retribuciones pendientes. Un encuentro al que acudieron los afectados y, por la parte política, el primer edil, Santiago Cabello, el concejal de Personal, Manuel Fernández, además de otros concejales del equipo de gobierno como Lola García, Agustín Cantero y Miguel Ruiz. Una reunión que llega después de que la semana pasada, concretamente el jueves 9 de abril, se juntaran más de una treintena de trabajadores afectados para valorar posibles acciones, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya han iniciado la vía judicial para reclamar diversas cuestiones ante el «silencio administrativo» después de reclamar por escrito explicaciones sobre sus demandas. 

Pero, ¿cuáles son los problemas que afectan a parte del personal de la Administración local pozoalbense? En concreto, se abordaron los atrasos pendientes de cobrar, la falta de adecuación de los complementos de destino y específicos -hay trabajadores cobrando por debajo de la ley-, el reconocimiento de las antigüedades y la falta de igualdad entre trabajadores que están realizando las mismas tareas pero sus nivel de retribución es diferente. Además, hay hasta cinco trabajadores en cuyas nóminas no aparece complemento específico por lo que perciben un salario por debajo de lo que les corresponde.    

La primera de las problemáticas, la regularización de los atrasos desde el 2023 parece que esta misma semana quedará resuelta ya que se han abonado los de ese año, los de 2024 y en esta misma semana, según lo indicado por el primer edil en esa reunión se abonarán los de 2025. La solución para el resto de cuestiones será algo más lenta. Según ha podido saber este periódico, esa solución no pasa, de momento, por dos herramientas que el Ayuntamiento había anunciado: la elaboración de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En mayo de 2025 se anunció que se había iniciado el proceso de actualización de ambas herramientas para «garantizar la equidad interna y retributiva entre los distintos puestos y funciones». Sin embargo, los gestores municipales han optado por una vía «transitoria, temporal y provisional» para acabar con las irregularidades. 

Cabello ha dejado claro que hasta la fecha los informes determinaban que la vía para regularizar todas las situaciones pasaban por esas herramientas, pero ahora se ha abierto otra puerta. Por ello, tras la regularización de los atrasos el siguiente paso será el de trabajar en los complementos de destino, específicos y en las antigüedades bajo una propuesta que deberá ser negociada con los representantes sindicales en la Mesa de Negociación. Ese acuerdo también se elevará a pleno y el objetivo es llevarlo de manera inminente, algo que levantó las suspicacias de los trabajadores durante la reunión porque se señaló que ya en el mes de octubre se había hablado de esta posibilidad sin que se haya puesto solución medio año después. Además, se abogó porque hubiera «voluntad negociadora», algo ante lo que algunos representantes sindicales señalaron que para tener voluntad «es necesario convocar» las mesas correspondientes. 

Irregularidades

Con todo, esa es la hoja de ruta que se fijó en la mencionada reunión, donde los trabajadores reclamaron mayor agilidad y también cuestionaron que una Administración pueda estar pagando por debajo de lo estipulado por ley. Otra de las intervenciones a tener en cuenta fue la del técnico que viene prestando ayuda al Ayuntamiento -Diputación- que, según las fuentes consultadas, aseguró que durante el proceso de corrección de errores han aflorado «numerosas incidencias» ante problemas de gestión que se han agravado por «falta de criterio». Y es que según lo asegurado al igual que hay trabajadores que han cobrado de menos, los hay del otro lado, que han cobrado por encima de lo que establecen sus complementos o categoría.

Durante la reunión, la parte política responsabilizó a la técnica, pero los trabajadores pusieron el foco en que los últimos en aprobar los presupuestos son los representantes políticos y gestores municipales y lamentaron que una administración pública «no cumpla la ley». Para que no ocurran situaciones similares aparecen la VPT y la RPT, dos instrumentos que no se descartaron, pero que sí se dejó claro que no estarán realizados en un corto espacio de tiempo. 

A las 8:30 horas de la mañana, los trabajadores de planta de Grapesa -Granitos Los Pedroches S.A.- se concentraban a las puertas de la empresa para iniciar la huelga que decidieron emprender ante la falta de acuerdo con los responsables de Grapesa y la cantidad económica que se les adeuda. En el futuro está el cierre de una de las empresas más emblemáticas con sede en Pozoblanco y que viene a liquidar tras casi cuarenta años en el mercado.

El representante de los trabajadores, Miguel Cobos, ha explicado que la huelga ha sido convocada tras «el impago que asciende a cuatro meses más los atrasos desde 2009 lo que suma en total unos 10.000-11.000 euros por trabajador». La huelga, secundada por los trabajadores de planta que quedan en la empresa -unos 11 de los 60 que ha aglutinado en algunos momentos entre directos e indirectos- llega tras la falta de acuerdo en los actos de conciliación que se han realizado ante el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales). Un proceso en el que los trabajadores pedían el pago de las nóminas, así como la aplicación de las tasas salariales correspondientes -continúan con las 2012- y se aceptó la salida de tres compañeros. Unos preacuerdos que quedaron en nada porque «la empresa no cumplía con su parte», según ha matizado Cobos. 

«Cuando le comunicamos al gerente nuestra decisión de ir a la huelga, nos dijo que la empresa cerraba por liquidación y que nos íbamos todos a la calle. Nos ofreció que estuviésemos trabajando un mes completo sin cobrar y que luego nos pagarían los administradores concursales si había dinero», ha relatado el representante de los trabajadores que también ha asegurado que «nos dijeron que el dinero que se recaudase era para pagar a los abogados que llevasen la liquidación. Este es el final de una historia que comenzó en 2011 cuando Grapesa entró en concurso de acreedores y ya entonces «intentaron hacer un ERE y nunca lo hemos permitido porque pensábamos que la situación no estaba tan mal».

Los trabajadores indicaron durante su reivindicación que sus compañeros de la fábrica de Ruanes (Cáceres) también han iniciado hoy un proceso de huelga ante la situación pareja que viven. Y precisamente en la apertura de esa planta ven muchos de los trabajadores de la fábrica de Pozoblanco el inicio del fin de Grapesa porque «nunca ha dado resultado». Con todo, Cobos ha apuntado que «no se está dejando de vender a Estados Unidos, México, la zona de Marruecos y Argel y al norte de Europa pero pensamos que se debe estar vendiendo a muy bajo precio y no hay rentabilidad, pero todo esto son conjeturas porque no nos dan ningún tipo de información al respecto».

Por último, Cobos ha denunciado que «desde el viernes por la mañana no deja de salir material, incluida alguna máquina y lo que creemos que pretenden es dejar Grapesa vacía para cuando lleguen los administradores se encuentren lo mínimo y nosotros no podamos cobrar nuestra parte de indemnización».

Acusaciones de sabotaje por parte de la empresa

La tensa situación que se vive en el seno de la empresa es palpable y esa tensión finalizó el pasado viernes con una denuncia ante la Guardia Civil. Una denuncia realizada por el encargado en contra de dos trabajadores «porque supuestamente le hemos insultado y hemos guardado el mando a distancia de los puentes grúas, algo que hacemos todos los fines de semana y ante una previa de cierre lo que hicimos fue guardarlo bajo llave, por lo que lo único que están buscando es la bronca».

Hoyaldia.com se ha puesto en contacto con el gerente de Grapesa, Javier Gaztelu, para conocer la versión de la empresa. Gaztelu ha apuntado que «teníamos material vendido para pagar las nóminas de esos trabajadores, que es nuestra única prioridad, pero han saboteado la empresa y ante esa situación estamos incapacitados para hacer dinero». Gaztelu ha indicado en declaraciones a este periódico que «no sólo han guardado el mando a distancia, algo que no es suyo, sino que también han cortado la luz de los puentes grúa, saboteando la instalaciones e impidiendo que un material que ya estaba vendido salga de la fábrica». Un extremo que han negado los trabajadores a través de su representante que ha explicado que «no hemos hecho nada que no se haga un fin de semana cualquiera, nosotros hemos bajado un diferencial, como hacemos siempre, no tenemos capacidad para dejar a toda la fábrica sin luz».

La versión del gerente

Por otra parte, Gaztelu ha explicado a hoyaldia.com que la deuda con los trabajadores asciende a algo menos de tres nóminas y ha afirmado que «nunca hemos pedido que trabajen gratis». El gerente ha apuntado que «esta es una empresa que lleva 40 años en el mercado y siempre cobrando pero hay una situación del sector que ha provocado que el 70 por ciento de las empresas del sector cierren, esta es la única, fuera de Galicia, que sigue en pie. Hemos tratado de resistir pero la ubicación, lejos de la materia prima y de los puertos marítimos, ha provocado que la rentabilidad sea baja».

Gaztelu ha negado también que los trabajadores no tengan información al respecto de la situación de la empresa y ha alegado que «cuando nos comunicaron que iban a hacer huelga se les comunicó que esa situación implicaba el cierre, pero es su decisión y están en su derecho». Por último, ha dejado claro que el futuro de la empresa pasa por «la liquidación» y ha destacado que «nuestra prioridad es pagar a los trabajadores».