El matrimonio acusado de abusar y maltratar, supuestamente, a una mujer con la que llegaron a un acuerdo de llevar a cabo una gestación subrogada se encuentra en búsqueda y captura. El matrimonio, que residía en la comarca de Los Pedroches, está acusado de delitos continuados de violación, detención ilegal y amenazas. La Fiscalía de Córdoba dio a conocer en octubre, durante la presentación de su memoria de actividad, este caso de gestación subrogada, que estaba siendo investigado como trata.

Los hechos, según se recoge en un auto del juzgado número 2 de Pozoblanco, adelantado por ABC Córdoba y al que ha tenido acceso este periódico, se remontan a diciembre de 2021, cuando el matrimonio se puso en contacto a través de la red social Facebook con una mujer de origen peruano con la finalidad de alquilar su vientre a cambio de dinero. Tras mantener varias conversaciones, y según este auto, acordaron que la mujer, de bajos recursos económicos, conviviría con el matrimonio y mantendría relaciones sexuales con el hombre para intentar quedarse embarazada, ya que la inseminación artificial implicaba un desembolso económico. A cambio, la víctima recibiría una compensación económica que oscilaría entre los 15.000 y 20.000 euros. El 30 de enero de 2022, la víctima llegó al aeropuerto de Sevilla, donde la recogió el matrimonio trasladándose los tres hasta el norte de la provincia. Ahí es donde, según recoge el auto judicial, empezó el calvario de la víctima, que había vendido parte de sus bienes para poder comprar el billete de avión.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco señala que, un día después de llegar a Los Pedroches, la mujer le dijo a la víctima que tenía que mantener relaciones sexuales con su esposo. Según el auto, aunque la víctima en un principio intentó convencerla de que el proceso se realizara por inseminación artificial, ante la negativa de la mujer, accedió a mantener una única relación sexual. Sin embargo, al día siguiente, la joven se enfrentó a la misma petición y, de nuevo, ante su negativa, fue encerrada junto al esposo para que mantuvieran relaciones, algo que ocurrió sin su consentimiento, pone de manifiesto el documento.

Días después la situación se repitió y ante su negativa, la víctima empezó a recibir amenazas y fue obligada a mantener relaciones sexuales de nuevo. El auto indica que el matrimonio cortó el wifi de la vivienda para que la víctima no pudiera comunicarse con su familia. El 5 de febrero la joven comentó al matrimonio que un tío suyo pasaría a recogerla, momento en el que recibió un puñetazo por parte de la mujer, que, según consta en el auto, le dijo que «solo se iría muerta de la casa«. Desde ese momento, añade el documento, la víctima no pudo salir del domicilio porque todas las puertas estabas cerradas y fue obligada nuevamente a mantener relaciones sexuales.