La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, se ha desplazado hasta el municipio de El Viso donde ha participado, junto al alcalde del municipio, Juan Díaz, en el acto de inicio de la obra de una vivienda unifamiliar en régimen de alquiler asequible, a la que se destinará una inversión de 127.398 euros.

Siles ha destacado que “la generación de vivienda protegida es uno de los pilares esenciales par la lucha contra la despoblación del territorio y bajo este prisma la Diputación tiene entre sus objetivos garantizar una oferta de vivienda a precio asequible para que sus ciudadanos puedan asentarse en los municipios de la provincia”.

En este sentido, ha detallado que “la actuación forma parte del segundo programa de inversiones para la promoción de viviendas protegidas en alquiler que se gestiona por el Grupo Cinco mediante el convenio de gestión directa de la Empresa Provincial del Suelo y Vivienda y la Diputación de Córdoba y se enmarca en el Plan Vive Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración de la Junta para el periodo 2020-2030”, ha detallado Siles.

“Hay que destacar que la colaboración institucional favorece el impulso de políticas que inciden directamente en cubrir una de las mayores necesidades que actualmente tienen los ciudadanos, que es la vivienda a precios asequibles”, ha añadido Siles.

La también presidenta del Grupo Cinco ha señalado que “este programa se realiza en coordinación y colaboración financiera con los ayuntamientos, que han cedido los suelos residenciales en los que se ubican las promociones mediante la suscripción de convenios, pero además, para configurar este Programa de inversiones desde la Diputación hemos puesto especial interés en adaptarnos a las necesidades que los ayuntamientos nos han demandado. Para nosotros promover una vivienda es igual de importante que un número superior”.

La delegada de la institución provincial ha abundado que “esta casa, junto con el resto que conforma el Programa de Inversiones, será gestionada por el Servicio de Administración del Área de Bienestar Social de la Delegación de Vivienda, por lo que el compromiso de la Diputación con la promoción con este proyecto de alquiler social es total, desde la concepción del mismo y la solicitud de financiación hasta la puesta a disposición de los ciudadanos”.

Finalmente, Siles ha adelantado que “el trabajo de colaboración desarrollado por Cinco S.A. con los Ayuntamientos de Lucena y Montoro ha fructificado en que los proyectos presentados de 29 y 6 viviendas respectivamente se hayan adscrito al Programa de Fomento del Parque de Vivienda de Alquiler lo que les permitirá obtener una financiación de 760.191 euros y 210.842 en cada uno de ellos”.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha manifestado que “estamos trabajando desde el Ayuntamiento para tener más terreno público de cara a construir más viviendas que, como esta que se va a construir, sean energéticamente sostenibles y además en régimen de alquiler, que es importante sobre todo para las personas jóvenes que quieren tener su primera vivienda”. Díaz, tras destacar la colaboración institucional, ha recalcado que “es importante para el medio rural este tipo de proyectos y la ayuda de la Diputación, porque es imprescindible para el futuro de cualquier ciudadano y ciudadana disponer de algo tan esencial como una vivienda”

La vivienda objeto de esta promoción tendrá una superficie útil de 101 metros cuadrados distribuidas en dos plantas que incluyen salón, cocina, tres habitaciones, un baño y un garaje, además de un patio trasero, con lo que responde a la tipología de vivienda tradicional de la zona, además de contar con un modelo constructivo sostenible con una calificación energética de tipo A. Para su ejecución, la empresa constructora dispondrá de un plazo de siete meses y una semana.

El Programa de Inversiones para la construcción de 46 viviendas de alquiler asequible en 11 municipios cuenta con una financiación de 5,5 millones de euros, de los que 2,2 millones de euros han sido aportados por la Junta de Andalucía provenientes de los Fondos Europeos Next Generation.

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha cancelado desde 2024 hasta la actualidad 679 viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba, (569 en la capital), tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces. En Andalucía, la cifra asciende a casi 10.300 viviendas. 

Así lo recogen los datos recabados por la Dirección General de Ordenación Turística de la Consejería que estima que durante el 2024 y hasta agosto de 2025 se contabilizaron en la comunidad autónoma un total de 10.266 entre cancelaciones de parte o de oficio a instancias de los ayuntamientos y de la Consejería a causa de la normativa urbanística o turística.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, destaca que estas cifras demuestran que “nuestra gestión turística no está pensada sólo para el visitante”, ya que se impulsa un turismo donde el residente sea “un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas”.

Así, ante la proliferación de esta modalidad de alojamientos, -ha continuado- “vimos la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad”. Como resultado, en el caso concreto de la provincia, la Junta de Andalucía va a firmar convenios con municipios de Córdoba para controlar las VUT.

“Con estas cifras queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados”, incidió Bernal resaltando la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. “Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces”, insistió. 

Estrategia de la Consejería

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros ha contribuido a clarificar la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos.

Además, se regula la posibilidad de que la Consejería pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

Igualmente, de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Con ello, se han adoptado, con carácter de urgencia, medidas que ya permiten a los ayuntamientos andaluces adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano.

Hinojosa del Duque tendrá cuatro viviendas en alquiler social energéticamente eficientes, que se construirán próximamente en la localidad dentro de un proyecto enmarcado en distintos programas de la Diputación de Córdoba. Los detalles de este proyecto se han dado a conocer hoy viernes en una reunión mantenida por parte de miembros del equipo de gobierno con la delegada de Presidencia y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, María del Carmen Granados, y la gerente del Grupo 5 de Diputación, de Córdoba, Carmen Pérez. 

El alcalde hinojoseño, Matías González, explicó que «las viviendas se construirán en la zona que conocemos como Las Malvinas» y catalogó de «muy positivo» el hecho de que estas viviendas vayan a ser construidas por una empresa de la localidad. Por su parte, la delegada de Vivienda de Diputación de Córdoba, Marta Siles, mostró su «satisfacción por poner en marcha hoy aquí, en Hinojosa del Duque, el punto de partida del Plan del Programa de Vivienda de Diputación», recordando que «construir viviendas asequibles es una de las mejores maneras de asentar población en nuestros municipios».

La delegada de Vivienda indicó que «este programa es posible gracias a la colaboración entre instituciones como la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de los municipios dónde se van a llevar a cabo», algo que, según ha destacado, «hace posible políticas que ayudan a las personas». Por su parte, la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, María del Carmen Granados, señaló que «el acceso a la vivienda es el principal reto social al que se enfrentan las administraciones», con el objetivo de «poner vivienda asequible en el mercado para facilitar el acceso a los ciudadanos, como es el caso de las cuatro viviendas que comenzarán a construirse en Hinojosa del Duque».

La construcción de las cuatro viviendas en alquiler social energéticamente eficientes está dentro del Programa de Ayudas a la Construcción de Viviendas en Alquiler Social en edificios energéticamente inteligentes y el Programa de Inversiones para la promoción de viviendas protegidas en alquiler del Parque de Viviendas de Titularidad de la Diputación de Córdoba.

Ya se ha firmado el acta de inicio de la construcción de estas cuatro viviendas unifamiliares en régimen de alquiler que tienen un presupuesto cercano a los 375.000 euros. Se trata de viviendas que responden a una tipología tradicional de casa de dos plantas, tres dormitorios y con un patio trasero. El alquiler de cada una de ellas estará cercano a los 200 euros al mes.

• Se trata de un total de tres viviendas, dos en Dos Torres y una en El Viso 

La Diputación de Córdoba ha aprobado vía plenaria un acuerdo en materia de vivienda que afecta a dos localidades de la comarca de Los Pedroches, Dos Torres y El Viso. En concreto, se trata de la cesión de unos terrenos para la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler. 

Así, se ha dado luz verde a la cesión, por parte de los ayuntamientos de Dos Torres, El Viso, Hornachuelos e Iznájar de los terrenos para la construcción, a través del Grupo CINCO, de un total de 16 viviendas protegidas en régimen de alquiler en estos municipios.

En base a este acuerdo, se construirá una vivienda en El Viso (en la calle Pintor José Gónzález), siete en Hornachuelos (Avenida Reina de los Ángeles y calle Jaén), cinco en Iznájar (en la manzana entre la Calle A y C de nueva apertura) y tres en Dos Torres (en las calles Hermita, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Florencia).

De este modo, ha indicado el portavoz del PP en la entidad provincial, Antonio Martín, indicó que «estamos dando el pistoletazo de salida para la edificación de las 46 viviendas contempladas en el Programa Plurianual de Inversiones que está previsto edificar en once municipios hasta 2026, con una cuantía global de 4.728.821 euros». 

El ejercicio del derecho de propiedad debe también cumplir una función social con un contenido claramente delimitado de acuerdo con las leyes de cuyo derecho nadie podrá ser privado si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Ese interés social proclamado y garantizado constitucionalmente constituye la base del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impide asimismo su uso especulativo.

Este es el nudo crucial del problema, el uso especulativo de la vivienda, que se ha visto incrementado aún más desde la Ley de liberación del suelo dictada durante el gobierno del partido popular bajo la presidencia de José María Aznar (Ley 6/1998) que facilitó la inversión en la construcción de vivienda con finalidad inversora de alta rentabilidad cuyo interés se encubría bajo criterios de flexibilización de las clasificaciones urbanísticas declarando, entre otros, que el suelo no calificado específicamente como no urbanizable pasaría, por exclusión, a ser suelo urbanizable facilitando además, como función y competencia de los ayuntamientos, las recalificaciones que tantas plusvalías han generado a los titulares (generalmente sujetos adinerados, propietarios de terrenos) y las consabidas comisiones a políticos y altos cargos de la administración.

Hoy nos encontramos con unas viviendas con precios inasumibles para el grueso de la población y, dada su finalidad especulativa, con unos arrendamientos abusivos que obstaculizan el fin social de la vivienda.

Si, como establece nuestra Constitución, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, cumplida la exigencia constitucional de disfrute de vivienda digna por todas las personas que ya la poseen, el resto de su patrimonio inmobiliario (concretado en la vivienda) sería lícito quedase supeditado al interés general para el cumplimiento de su fin social.

Ello no significa en modo alguno que esas llamadas segundas viviendas puedan ser expropiadas ni en su titularidad ni en su uso y disfrute (distinto tratamiento tendría aquellas viviendas que por permanecer vacías durante un determinado tiempo, sin causa justificada, pudieran serlo), pero sí ser sometidas a una regulación legal específica y concreta con base en el principio constitucional del derecho al disfrute de vivienda digna mientras haya algún ciudadano/a que no pueda tener acceso a ese disfrute.

Es defendible y lícito el argumento de poseedores de segunda vivienda deshabitada por ser producto de su ahorro y esfuerzo personal pretendiendo hacerlo productivo. Lo inaceptable es que ese lícito propósito de rentabilidad conlleve fines especulativos.

La riqueza debe generar riqueza dentro del marco legal, según el producto o materia prima de que traiga causa. Eso es un principio básico en un mercado de libre comercio pero la vivienda, dada su finalidad de cumplimiento de un fin social, debe abstraerse de ese libre mercado, en lo que respecta a su disfrute por aquellas personas que carezcan de recursos para su adquisición en propiedad o pago de alquileres abusivos.

La ley catalana de la vivienda, entre otras, establece la necesidad de creación de un parque específico de viviendas asequibles que permita atender las necesidades de los ciudadanos que necesitan un alojamiento. En esta línea el gobierno de Rajoy dicto algunos decretos, forzados por las Recomendaciones de la Comunidad Europea, pretendiendo que todas aquellas viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias de las que fueran lanzados sus propietarios se integraran en un Parque para ser destinadas a viviendas de uso social con renta limitada para aquellas personas que hubieran sido lanzadas de ellas y se hallaran en riesgo de exclusión social.

Hecha la ley, hecha la trampa.

Las entidades financieras que instaban el lanzamiento por impago de hipotecas buscaron el subterfugio (ante la pasividad de jueces y tribunales) para violar esos Decretos de Rajoy y en lugar de adquirir la propiedad de la vivienda por el impago de hipoteca las derivaban a sociedades extranjeras y así salían del control para su integración en ese pretendido Parque de Viviendas. Hoy vemos el resultado. Esas viviendas están siendo objeto de un verdadero conflicto social y legal, tanto por la inquietud que están generando en la sociedad el movimiento Okupa (legalmente inaceptable pero legítimamente asumible) como por las operaciones fraudulentas que se están llevando a cabo por esas llamadas sociedades buitres que se están haciendo dueñas de un mercadeo inhumano e ilícito.

Es necesario y urgente la aprobación de una ley que regule el alquiler de vivienda basada en los  principios constitucionales de su uso social de la vivienda sin fines especulativos y sometimiento de toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, al interés general. Es algo que está en nuestra Constitución. No se trata de experimentos con gaseosa, sino del cumplimiento y desarrollo de principios legales que obligan al gobierno, máxime si, como se dice, tenemos un gobierno de izquierdas que protege, ante todo, los fines sociales y necesidades de los más débiles.

La normativa europea define el concepto de “vivienda vacía” como aquellas viviendas destinadas a políticas sociales tanto si son resultado de procesos de nueva construcción o rehabilitación como si se obtienen en virtud de programas sociales de mediación y cesión. Hoy tenemos en España miles de viviendas vacías, mientras hay también miles de personas que están viviendo en la calle.

No se sonrojan aquellos que dicen ser, nuestro país, un Estado Social, Democrático y de Derecho.

Pues que venga dios y lo vea.

El 1 de agosto finalizará el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios que ha habilitado la Junta de Andalucía en régimen de concurrencia competitiva. El objetivo de estas ayudas es el de fomentar la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, contribuyendo a financiar las actuaciones que mejoren sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. 

Ante la importancia de estas ayudas, varios ayuntamientos de la comarca han habilitado un servicio de atención a la ciudadanía para tramitar estas solicitudes y facilitarles los trámites. El Ayuntamiento de Pozoblanco se ha sumado a esta tendencia y ayer informaba que se ha habilitado un punto de información y tramitación especial en la planta baja del Consistorio, concretamente en el servicio de Atención a la Ciudadanía, que estará atendido por personal habilitado por el Ayuntamiento.

Una actuación que fue solicitado por el grupo municipal del PSOE, concretamente el 10 de julio, en un escrito donde se destacaba que ante la «necesidad de rehabilitación de determinadas zonas del casco antiguo, sería oportuno habilitar una oficina técnica para que los vecinos pudieran acogerse a estas ayudas». Ahora esa oficina es una realidad y los vecinos podrán ser atendidos para facilitarles el proceso, antes de que finalice el plazo el 1 de agosto.  

La Diputación de Córdoba, a través de su Área de Bienestar Social, pondrá en marcha próximamente una Oficina de Intermediación Hipotecaria para prestar apoyo y asistencia, preferentemente en municipios de menos de 20.000 habitantes, a familias en riesgo de exclusión social por el desalojo de sus viviendas.

Así lo ha anunciado la responsable del Área, Felisa Cañete, quien ha explicado que “la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido de un modo directo los efectos de la crisis económica”. “Queremos abordar este problema de un modo integral con el fin de prevenir situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por impago de deuda hipotecaria o alquiler”, ha subrayado.

La vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que “realizará un servicio de prevención, ya que ofrecerá asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la hipoteca”. De igual modo, ha continuado, “prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca”.

“Vamos a informarles sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago, asesoramiento jurídico en procedimientos judiciales y de desahucio, etc.”, ha destacado Cañete.

Por último, Cañete ha indicado que “siempre que sea posible se prestará un servicio de protección a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de la ejecución de hipoteca o por morosidad en el pago del alquiler cuando sea por causas objetivas y justificadas que los sitúen en riesgo de exclusión social”.

Para la puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la Diputación de Córdoba tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas, además de las propias de la institución provincial, que permita el realojo de familias afectadas por este grave problema.

La oficina prestará servicios cuando se den las siguientes circunstancias: cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento y siempre que sean deudores de buena fe –que exista coherencia entre sus actos patrimoniales y sus rentas-.

Las viviendas del Plan 54 situadas en el Paseo de Los Llanos de Pozoblanco siguen generando conflictos tanto por la forma de adjudicación como por las situaciones creadas después de la concesión de dichas viviendas. Los responsables del Ayuntamiento de la localidad han abordado este tema en varias reuniones con representantes de la Junta de Andalucía sin que se hayan puesto sobre la mesa soluciones que vengan a solventar el problema, algo que ha llevado a los gestores a poner otra solución encima de la mesa, la cesión de la propiedad del edificio al Consistorio pozoalbense.

Así lo ha declarado a este periódico el alcalde del municipio, Emiliano Pozuelo, que apostó porque la solución pasa por “una cesión de la propiedad del edificio y nosotros ya actuaremos y buscaremos la fórmula”. Pozuelo resaltó que no se puede permitir que “haya personas viviendo sin tener piso adjudicado o que haya quienes estén subarrendando sus pisos”. El primer edil también habló sobre la seguridad de la zona afirmando que “lo que no puede ser es que se tenga atemorizado a todo un barrio con un colegio a 50 metros. Todas los procesos tienen un camino y ahora hay que intentar dialogar pero si no se llega a buen puerto tendremos que llegar a otras medidas”.

Pozuelo dibujó un escenario de inseguridad unido a la falta de responsabilidad por parte de los inquilinos. “Hay alquileres sin pagar que ascienden a 6.000-7.000 euros, el que menos debe tiene una deuda de 4.000 y los que pagan han venido a preguntarnos qué hacen porque saben que están haciendo el tonto”, indicó.

Cronología

Para entender la situación actual hay que retrotraerse en el tiempo y a las políticas sociales y de vivienda impulsadas desde la Junta de Andalucía que entendió que no podía haber viviendas de su propiedad vacías. Esto llevo a una adjudicación bajo unos parámetros que no fueron los estipulados en un primer momento y que han generado el conflicto actual. Desde la llegada de los actuales regidores al Ayuntamiento se han mantenido dos reuniones donde se ha buscado resolver la situación sin éxito aunque consiguiendo algunas paralizaciones de adjudicación.

“Tuvimos una primera reunión cuando aún no estaba definida la persona que sería la responsable de la empresa y delegación y cuando les pregunté por la situación se echaban las culpas unos a otros, la Junta al Ayuntamiento y el Ayuntamiento a la Junta”, relató Pozuelo que prosiguió afirmando que “ese mismo día estaba prevista la adjudicación de nueve viviendas más y les dijimos que qué podríamos hacer para paralizarla. Realizamos un requerimiento y conseguimos que esas nueve viviendas no fueran adjudicadas”.

No fue el único requerimiento ya que también se instó a la Junta a que pusieran una solución sobre la mesa. “Nos dijeron que la Junta no va a desahuciar a nadie y que la solución pasa por trabajar desde un punto de vista policial y con los servicios sociales para intentar que esas personas se reinserten en la sociedad. Yo les planteé que esa no era la solución y que si no eran capaces de encontrarla que nos dejaran que la buscásemos nosotros”, apostilló Pozuelo.

El alcalde también explicó a hoyaldia.com que desde la Junta se “nos pidió ayuda para que les hiciésemos llegar una notificación para exigirles el pago del alquiler o de lo contrario el proceso iría por vía judicial. Eso llegó a través de la Policía para ver si de alguna forma se podían sentir intimidados y dio fruto en dos viviendas que han quedado vacías”.

Así las cosas, los gestores mantuvieron una segunda reunión, ya con la delegada Josefina Vioque, donde se volvió a dejar constancia de la problemática y se obtuvo el compromiso de que “vendrían para ver qué se podía hacer, aunque entiendo que todas las soluciones no dejan de ser parches”, sentenció el edil pozoalbense.