La Ley de Dependencia cerró en 2019 con 7.750 personas en la provincia de Córdoba esperando a recibir alguna de las prestaciones o recursos que contempla la mencionada ley, una cifra que viene a suponer un incremento en 1.614 personas con respecto a 2018. Ese aumento en las listas de espera fue explicado en el día de ayer por la delegada delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, indicando que hay que incluir las «peticiones camufladas» y no contabilizadas por el anterior ejecutivo socialista. 

Siguiendo con las cifras, la delegada afirmó que, durante el primer año del actual gobierno el número de prestaciones en la provincia ha pasado de  29.536 a  31.150. En todo el cúmulo de guarismos queda una variante que añadir y es la que hace referencia a los tiempos de espera de los usuarios para acceder a las ayudas que en la actualidad se sitúan en torno al año y medio y dos años. 

Otra de las cuestiones que fue abordada por Troncoso fue el de la financiación y aquí sí hay coincidencia con el anterior gobierno socialista, ya que se pone el foco en el hecho de que el Gobierno central tan sólo aporte el 18 por ciento de la financiación en esta materia, soportando la Junta de Andalucía el 82 por ciento restante. Un argumento que venía esgrimiendo el gobierno socialista presentando una realidad que conduciría hacia el Pacto de Estado que hace unos días pedía la Consejera del ramo, Rocío Ruiz. 

Así, Troncoso señaló que, para poder establecer un sistema de financiación «ajustado a la realidad, que sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia».

Además de la financiación, la delegada destacó que la prevención de la dependencia «es un elemento importante para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema», ya que el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y, especialmente, la población de 80 años y más, «es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el Servicio Andaluz de Ayuda a Domicilio». Así, ha destacado que el Pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que «se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia».

El documento también propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente «cronificables». Por otra parte, Troncoso ha señalado la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, «con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad».