Las organizaciones mayoritarias de Correos con más de un 76% de la representación, CCOO y UGT, han decidido convocar una huelga en Correos los próximos días 1, 2 y 3 de junio y realizar una manifestación hasta el Parlamento el primer día de huelga para denunciar el desguace de Correos y exigir la implicación del Gobierno con un servicio postal público.
Ambos sindicatos llevan más de dos años denunciando el desguace de Correos, implantado por su presidente, Juan Manuel Serrano, que ha emprendido un proceso de reconversión y desguace del Servicio Público Postal con el inaceptable aval de Moncloa, lo que está provocando la desilusión y frustración de los trabajadores y trabajadoras de Correos.

La implantación del «modelo Serrano» condena a Correos a ser un operador paquetero, logístico y de carga de mercancías donde el negocio puro y duro prima sobre el servicio postal público a la ciudadanía. En opinión de los sindicatos Serrano ha demostrado ser un pésimo gestor que pone en riesgo la viabilidad y el futuro de la mayor empresa pública del país, dando razones más que suficientes para convocar una huelga general que detenga el daño irreparable que se está haciendo a Correos como empresa y al servicio público postal, comprometiendo el futuro de 47.000 trabajadores y trabajadoras y sus familias. 

Para CCOO y UGT es inaceptable que Correos esté al borde de la quiebra técnica y ruina económica, con cientos de millones acumulados en pérdidas (más de 500 millones en tres años, 400 millones de déficit estructural, préstamos por un montante de 1.000 millones para el pago de las nóminas), todo como consecuencia de la renuncia de Serrano a defender una mayor financiación pública, el caos en la gestión y el despilfarro en fastos megalómanos, ocurrencias sin contrastar y proyectos fracasados.

Las dos fuerzas sindicales denuncian el abandono de la carta y del SPU, la política agresiva de precios que ahuyenta clientes y la incapacidad de aprovechar el crecimiento del mercado de paquetería, que en otros grandes operadores europeos reporta millones de beneficios. Del mismo, critican el abandono al servicio público, tanto en el mundo rural de la España vaciada como en el urbano y oficinas donde la calidad del SPU no importa y todo se sacrifica para, sin rumbo alguno, reconvertir a la plantilla en “paqueteros” y chicos y chicas para todo. En este sentido, lamentan la implantación del empleo basura con la pérdida de 7.000 puestos, 25 por ciento de jornadas a tiempo parcial en todas las áreas de actividad, y la precarización de las condiciones laborales.

A todo lo anterior se unen cambios organizativos impuestos, negociados a escondidas únicamente con el 24 por ciento de la representación (CSIF, SL y CIG), que precarizan a todos los colectivos y que suponen romper el modelo de reparto actual, con pérdida de eficiencia y calidad notables, cerrar y trasladar centros de reparto alejándolos de la atención a la ciudadanía, eliminar las Unidades de Servicios Especiales, perdiendo especialización y valor añadido en la atención a la ciudadanía, implantar un modelo organizativo y funcional caótico y ruinoso en oficinas que relega la atención del usuario común, el mayoritario, a un segundo plano en beneficio de los grandes clientes, invasión de los CTA por Correos Express (CEX) y creación de centros nodales en un escenario de caos escandaloso y de confusión de cargas de trabajo y plantillas justificando el desbarajuste con el argumento de la generalización de las “sinergias de Grupo” con el último fin de sustituir el empleo de la matriz por el de la filial, y una clamorosa política publicitaria vacía de los servicios rurales ligada a una España vaciada se están dejando de lado al tiempo que se precarizan, etc.

CCOO y UGT exigen a este gobierno progresista -que nombró a Serrano- que deje de mirar para otro lado, y frene su alocada huida ultraliberal, para volver a replantear el futuro de Correos desde un modelo de servicio público, moderno, competitivo, eficaz y eficiente, con financiación suficiente e inversiones que garanticen su viabilidad. Ambas organizaciones han anunciado que, de no revertir la situación, el jueves día 7 de abril reunirán a 200 delegados y delegadas para dar el pistoletazo de salida a la movilización «contra el desguace».