CSIF denuncia el impago de las nóminas de febrero y de la dos subidas del 0,5 por ciento correspondientes a la Ley de Presupuestos Generales de 2023  a los más de 150 trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Pozoblanco, con los consiguientes inconvenientes y perjuicios causados a la economía familiar de estos profesionales y a sus compromisos financieros particulares adoptados con terceros, como es el caso de las cuotas de los créditos hipotecarios. El sindicato ha comprobado que esta demora no se ha producido por ningún fallo técnico ni por falta de liquidez.

El Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, sindicato mayoritario en el Consistorio pozoalbense al contar con el 75 por ciento de los delegados sindicales, considera «insólita» esta situación, ya que «nunca se había producido hasta la llegada de Santiago Cabello a la alcaldía, momento desde el que se han registrado pequeños retrasos en el pago de las nóminas», pero no en los niveles tan elevados como los ocurridos con la mensualidad del pasado mes, teniendo en cuenta que hoy es 6 de marzo. «Reclamamos con urgencia una solución por parte del primer edil a este asunto a fin de que se abone lo antes posible la nómina que les corresponde a los empleados y empleadas del Consistorio pozoalbense», reclama CSIF.

La central sindical, por otra parte, incide en su denuncia de la negativa del Gobierno municipal a facilitar la entrega de documentación en materia de productividad, servicios extraordinarios e informes de planificación preventiva solicitados entre 2021 y 2024 por este sindicato, una cuestión que CSIF va a llevar a los tribunales al «considerar que se trata de una postura antisindical del alcalde hacia los legítimos representantes de la plantilla municipal». 

CSIF recuerda que a principios de este año también denunció la falta de cobertura de las bajas y los permisos de los funcionarios y del personal laboral del Ayuntamiento de Pozoblanco, con especial incidencia en aquellos departamentos en los que desarrollan su labor delegados y simpatizantes de CSIF, lo que supone una clara discriminación hacia esta organización. El sindicato entiende que el Gobierno municipal también está actuando en este caso en contra de lo establecido en la Ley de Libertad Sindical.