El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, tuvo que acudir el pasado martes al Juzgado Número 1 de lo Social de Córdoba para declarar en el juicio oral abierto tras una demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de la localidad y contra el primer edil en materia de tutela del derecho de derechos fundamentales por acoso laboral interpuesta por un funcionario del Consistorio. La demanda se interpuso a finales del mes de septiembre de 2022, posteriormente fue admitida a trámite y finalmente el martes se celebró la vista oral.

Según fuentes consultadas por este periódico, el juicio oral se alargó durante algo más de cuatro horas donde testificaron ambas partes, así como diversos testigos llamados tanto por la acusación como por la defensa. No obstante, el juicio no quedó visto para sentencia ya que la parte denunciada presentó ese mismo día una serie de documentación por lo que el juez dio cinco días al abogado de la acusación para el estudio de la misma y presentar las alegaciones pertinentes, si se estima oportuno. Esas mismas fuentes aseguran que la parte acusada intentó llegar a un acuerdo antes del juicio, aunque no fue aceptado por el denunciante por lo que tuvo lugar el siguiente paso, es decir, la vista oral. 

En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se relata la correlación de hechos que han llevado al funcionario a acudir a la justicia. Los hechos detallados en la demanda se remontan a junio de 2016 cuando supuestamente «surgieron una serie de discrepancias» entre el trabajador del Ayuntamiento y el primer edil por la forma de desarrollar el trabajo del primero. Dos años después se presenta una denuncia por acoso laboral en el Ayuntamiento «sin que se iniciara ningún protocolo» y empiezan los periodos de baja médica del funcionario por este motivo. La situación empeoro con dos «traslados forzosos» a diferentes dependencias municipales «sin concretar las funciones a desempeñar».

Unos hechos de los que se desprende, según la demanda, «un comportamiento continuado de acoso y hostigamiento por parte de la Corporación demandada con el pleno conocimiento del señor alcalde, adoptando una conducta omisiva». La acusación pide una indemnización que se fija en 60.000 euros por el tiempo «prolongado» en el que a su juicio se mantiene esta situación, así como por «el grave deterioro psíquico» que ha padecido el trabajador «durante estos años, con menoscabo de su integridad física y moral».

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Pozoblanco para conocer su versión de los hechos, sin que por el momento haya optado por hacer declaraciones al respecto.