El grupo municipal de Izquierda Unida ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aportado su propio dictamen de la comisión de investigación que se constituyó en el Ayuntamiento de Pozoblanco para dilucidar las razones que llevaron a pagar a un joven que no trabajó para el Consistorio. El dictamen, elaborado al parecer por la secretaria general del Ayuntamiento, fue aprobado el pasado día 30 de diciembre por el equipo de gobierno (PP) en solitario en una sesión plenaria que se convocó por la mañana y a la que no asistieron, por motivos laborales, los grupos de la oposición. Ese dictamen no es aceptado por IU que ha elaborado uno propio, que hará llegar a los domicilios de la ciudadanía pozoalbense, y del que ha dado algunas pinceladas durante esa rueda de prensa. 

Después de indicar hechos que el portavoz de la formación, Emmanuel Vioque, catalogó como «irrefutables» por la documentación aportada tanto él como su compañera de formación Natalia León indicaron las conclusiones a las que llega la formación y que pasan por la depuración de responsabilidades políticas. En este sentido, IU solicita que sea el alcalde, Santiago Cabello, quien aporte de su propio patrimonio las cantidades que por este caso han repercutido en las arcas municipales. Unas cuantías que ascienden a 24.000 euros más intereses y que se desglosan de la siguiente forma: 18.000 euros por falta de justificación de dos contratos relativos a la subvención del programa Joven Ahora y 5.000 euros correspondientes a la Seguridad Social del joven que cobró sin trabajar.

La formación de izquierdas hizo un correlato de los hechos y dejó en el aire preguntas que todavía no han sido contestadas. La primera de ellas hace referencia a la falta de firma en tiempo y forma de los contratos laborales por parte de alcaldía y la segunda se centra en el caso del hijo de la secretaria personal del alcalde. A este respecto, IU se pregunta las razones que llevaron al primer edil a no paralizar la situación, rescindir el contrato de la persona seleccionada y contratar al joven con arreglo a la normativa. Por otro lado, catalogaron de «curioso» que hasta dos años después no se comenzar con el trámite para la devolución de los salarios percibidos sin trabajar algo que habla de «la falta absoluta de la función que debe desempeñar el alcalde y que ha llevado un coste personal y un coste económico a las arcas municipales, además de dañar la imagen del Ayuntamiento». 

Querella

Por otro lado, IU informó que todavía no sabe nada de la querella que registró el pasado mes de octubre y donde denunciaron más de 1.700 contrataciones realizadas por el Consistorio pozoalbense ante el juzgado de la localidad. Una querella que está ligada con el caso del joven que cobró sin trabajar porque también se incluye entre los hechos denunciados.