Tras dos años de parón por la pandemia del Covid-19, la Feria Agroganadera podría vivir un tercer año en blanco si no se solucionan los problemas que afectan al consorcio organizador de la misma, conformado por el Ayuntamiento de Pozoblanco y por Covap. Unos problemas que se ciñen a la forma jurídica de la entidad y que tiene que adaptarse a la normativa que marca la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ya que una de las entidades que conforman dicho consorcio es de carácter público. La transición hacia una nueva forma jurídica deja en el aire la organización de una nueva edición de la Feria Agroganadera en su fecha tradicional, es decir, en el mes de abril. Con todo, ambas partes están trabajando en encontrar una vía o solución que permita la celebración del certamen agroganadero y por eso, en las últimas semanas, se han mantenido hasta tres reuniones que tendrán su continuidad en un nuevo encuentro la próxima semana. 

Aunque el tiempo aparece ahora como una losa, esta problemática no es nueva y la adopción de esa nueva forma jurídica es conocida desde hace tiempo. Tanto es así que desde la presidencia del consorcio se han pedido varios informes, algunos de ellos con fecha de 2018, para determinar el proceso a seguir. Son cuatro los informes que obran en poder del consorcio, tres referentes al proceso y uno, de los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba, que aborda la situación en la que quedarían los trabajadores del consorcio. Volviendo a los informes sobre el proceso a seguir, aparece uno con fecha de diciembre de 2019 donde se especifican las opciones que ambas entidades tienen para mantener el objetivo común por el que se formalizó el consorcio, es decir, la celebración de la Feria Agroganadera. 

Así las cosas, dicho informe detalla que el consorcio puede seguir como tal pero ajustándose a las necesidades de contratación de personal que marca la legislación. Además, establece dos nuevas vías: la disolución del consorcio planteándose la cesión de activos y pasivos a otra entidad del sector público, es decir, al Ayuntamiento; o una tercera vía donde se podrá optar por la disolución y liquidación del consorcio. La diferencia entre ambas propuestas es que en la primera sería el Consistorio pozoalbense el que llevaría el peso de la organización, aunque se podrían establecer fórmulas de colaboración, mientras que en la segunda sería la entidad privada la que desarrollaría la actividad aunque para ello recibiera ayuda económica del propio Ayuntamiento, como, por ejemplo, estableciendo una subvención nominativa. Aquí el problema que existe es que el Ayuntamiento todavía no ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2022. 

Al margen de ese informe y tras el primero que se emite con fecha de 2018, hay un tercer informe, con fecha de junio 2021, que habla de que la toma de las decisiones tiene que realizarse con «inmediatez», mientras que el último de ellos aborda el futuro de los trabajadores. Ese cuarto documento fue encargado a los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba. 

Los tiempos

Sea cual sea la decisión definitiva, incluso si se establecen otras alternativas, el tiempo corre en contra ya que los procesos para la preparación de la Feria estás más que ajustados. Con todo, ambas entidades mantienen la idea de intentar encontrar fórmulas para no renunciar ni posponer la celebración de una nueva edición de la Feria Agroganadera en un año especialmente complejo para el sector. De momento, no hay pronunciamiento oficial ya que el acuerdo sobre la fórmula a seguir no existe, pero ayer jueves se celebró la última reunión en este sentido, emplazándose todas las partes a un nuevo encuentro la semana que viene para seguir avanzando en la adopción de acuerdos.