La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado una pena de seis años de prisión para el sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque, según informa Europa Press.

El párroco se sentará en el banquillo de los acusados el 11 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en la localidad de la comarca de Los Pedroches.

Tras prestar declaración en la instrucción del caso y defender su «total inocencia» en estos hechos, la juez de Pozoblanco acordó su puesta en libertad con cargos, pero imponiéndole una orden de alejamiento de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque.

Reacciones políticas

Ante la petición de la Fiscalía, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha instado a que se «aparte» al sacerdote que fuera párroco de Villanueva del Duque hasta que se instruya el caso sobre la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a una menor, a la par que ha pedido «tolerancia cero con los abusos».

Por su parte, la dirección provincial de IU en Córdoba considera «intolerable» que el Obispado de Córdoba haya «recolocado» a este sacerdote «como responsable en la parroquia de Espiel». En este sentido y en un comunicado, el responsable de Organización Provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha indicado que «en este caso nos encontramos ante una situación de presuntos abusos, que se están dirimiendo en los tribunales y, aún admitiendo en derecho la presunción de inocencia, el ordenamiento jurídico pone, por encima de todo, el interés superior del menor, en este caso la menor de la que el sacerdote tiene una orden de alejamiento, pero también, lógicamente, el interés superior de todos los menores, que está por encima de cualquier otra consideración en el ordenamiento jurídico».