Pretender justificar las monarquías en la preexistencia y reconocimiento de un solo hecho, cual es la cuna en que se nace,  resulta contrario al estado natural de las cosas, a la realidad social y choca frontalmente con las propias leyes que rigen los Estados modernos al reconocerles privilegios exorbitantes. Las monarquías medievales tuvieron su fundamento en el vasallaje (concepto equivalente a criado o mozo). Una democracia debe fundamentarse en los principios de libertad e igualdad, sin que tenga cabida una relación política de servidumbre, propia de tiempos afortunadamente ya pasados.

Este, curiosamente, es el sistema que se nos impuso por la vigente Constitución de 1978 en cuyo artículo primero se dice: “La forma del Estado Español ES la Monarquía…”. En su propia redacción va implícito el contenido impositivo de la Monarquía al utilizar el tiempo de presente del verbo ser. No dice, como debiera, «SERÁ una vez que pase el necesario filtro democrático de la aceptación popular”, con lo cual, sin otras consideraciones para aproximarnos a una democracia real y plena, es necesario la reforma  de la Constitución y la celebración de un referéndum acerca de la voluntad de los españoles de legitimar una monarquía u otro sistema de gobierno democrático.

Por si fuera poco argumento, añadir que, la institución de la Monarquía cuya figura representativa es el rey, ha llegado a una situación de desprestigio que deshonra a todo el país. El respeto a la ley, dice nuestra Constitución, es fundamento del orden político y la paz social; o lo que es lo mismo, aquel que no respeta la ley  quebranta  el orden político y altera la paz social. Es evidente que el rey «emérito» no ha respetado las leyes al realizar actos ajenos a su función, que le han generado pingües beneficios, que además ha ocultado a la Hacienda Pública en paraísos fiscales, causando daños colaterales alterando el orden político, la paz social y poniendo en entredicho la más alta representación que ostentaba en las relaciones internacionales.  No es posible causar más daños a una Institución y a un país.

La monarquía como símbolo de la  unidad nacional ha generado una división interna entre los propios españoles que incuestionablemente debe llevar a plantearnos su continuidad o no como Institución haciéndose necesario una reforma para recomponer, en lo posible, los daños causados. Pero además debe hacerse realidad, y no quede en papel mojado  como tantos otros artículos de nuestra  Constitución) la igualdad de todos los españoles ante la ley.  Igualdad que el propio rey emérito en otro de sus actos cínicos tuvo la hipocresía de reconocer públicamente, cuando el que se sentaba en el banquillo no era él y con el propósito de salvar su culo pues a buen seguro que, dada su avaricia, también pillaría del caso Nóos.

Difícil situación a la que  han llevado todos y cada uno de los miembros de la casa real. Unos por su participación directa en sucios negocios; otros por su permisibilidad habiéndose lucrado de una u otra forma de los beneficios ilegítimamente obtenidos con las comisiones  y los demás mirando hacia otro sitio mientras viven, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey, sin olvidar a los políticos de turno que conocían, según parece, tales maquinaciones. Vergonzoso para cualquier español de bien que haya tenido que ser la Fiscalía de un país extranjero la que haya abierto el melón poniendo a la Fiscalía General del Estado español a los pies de los caballos en otra manifestación más de su parcialidad en la persecución de los delitos  públicos, como es el que supuestamente ha cometido el rey emérito porque, existiendo indicios más que suficientes, ha tenido que ser un país extranjero quien nos de lección de democracia

Lamentable es que determinados partidos políticos (uno de los cuales incluso forma parte del gobierno ) se hayan opuesto a la creación de una comisión de investigación para aclarar hechos tan graves como supuestamente ha cometido un Jefe de Estado. Flaco favor a la democracia le está haciendo estos políticos de nuevo cuño. Siendo así como ha sido, dado que el silencio implica un reconocimiento implícito además de su notoriedad y evidencia, ahora nos encontramos con la madre del cordero al establecerse constitucionalmente que la figura del rey es inviolable.

Aquí comenzará un largo y tortuoso camino más enrevesado que el Proceso de Kafka acerca del alcance y contenido de la inviolabilidad y saldrán defensores en uno y otro sentido interpretando, los unos, que la inviolabilidad alcanza a todos los actos personales como tal rey por derecho de cuna no en relación concreta con su función como jefe del Estado, y otros, los más acordes con el sentido común y la justicia dirán que solo está exento de cualquier responsabilidad en aquellas actuaciones que haya realizado como Jefe del Estado, ya que de lo contrario tendría, como el agente 007 licencia para matar.        

Mucho me temo que la enfermedad no se curará. El enfermo seguirá en paliativos judiciales, alargando el proceso  hasta donde haga falta (en eso la administración de justicia tiene más que sobrada experiencia) y al final será la propia  naturaleza la que emita veredicto, dada la edad del «emérito». Como vulgarmente se dice : «muerto el perro se acabó la rabia». 

Triste pero cierto, una cosa es el dogma de que todos somos iguales ante la ley y otra distinta es la realidad. Se trata de una falacia, en el sentido de que a todos se nos puede sentar en el banquillo de los acusados, situación que justificará esa supuesta igualdad ante la ley y otra, muy distinta, ser iguales ante la justicia, que permite a los unos salir absueltos de todo cargo y a otros, con menos méritos, condenados. Son los privilegios que otorga el derecho de cuna.