Últimamente vengo realizando esfuerzos para sustraerme a este despropósito de increpación social. Hoy me toca de cerca la fibra sensible y no puedo menos que alzar mi voz ante el reciente acontecimiento de la sentencia dictada en el proceso de “La Manada” que por mor de las circunstancias transitó por nuestro Valle de Los Pedroches y no buscando hierbas frescas, sino destrozando flores de primavera. 

No es otro error judicial el pronunciamiento judicial.

Un error es una equivocación involuntaria que, solo con un poco de sentido común se puede enmendar y no volver a repetir, cuando éstos se repiten sistemáticamente se convierten en un sistema de funcionamiento anómalo de cualquier actividad.

Pongamos que hablamos de la Justicia.

Los sujetos que la administran (jueces-as y tribunales) no pueden ser tan necios como para estar diariamente en la crítica social por su torpeza cometiendo error tras error.

Como en cualquier otra actividad humana hay jueces-juezas buenos, reguladores y malos profesionales pero todos ellos están condicionados por un sistema organizativo interno y un control político que condicionan y limitan el ejercicio de su libertad.

Un sistema rígido en manos de quienes manejan los hilos de la maquinaria judicial, por una parte a través de la elección y por otra no facilitando los medios personales y materiales para su desarrollo.

Es una maquinaria obsoleta y reaccionaria la que se resiste a democratizarse para no poner al descubierto sus seculares vicios ocultos y el pueblo pueda exigir sus cabezas.

El sistema judicial está fundamentado en una concepción decimonónica (al igual que la mayoría de leyes básicas vigentes que se mantienen con parcheos continuos) que se resiste históricamente a democratizarse con un régimen de control interno sin posibilidad de revisión (dejarían de ser los pastores que cuidan el ganados frente al ataque los lobos en la novela ejemplar cervantina). El oscurantismo que envuelve el sistema es contrario a todo principio de trasparencia exigible en una democracia consolidada, como se dice de la nuestra.

Para el ascenso profesional no basta con que sea o demuestre ser un buen profesional, sino que, además, toque la cuerda del instrumento que marca el ritmo.

Por tanto creo que la solución a estos llamados “errores judiciales” que vienen generando tanta alteración de la paz social  con injusticias que generalmente sufren las capas sociales más baja no está en la protestan puntual, que también, sino en la modificación del sistema tanto a nivel interno como externo.

Durante varias décadas vengo predicando en el desierto que la justicia debe impregnarse de un contenido social que la aproxime a la realidad y no como una función elitista fuera del control ciudadano.

Deben ser los ciudadanos a través de órganos de base quienes elijan a jueces-juezas y tribunales, además de establecer un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial que no esté basado exclusivamente en ser un pepito grillo que memorice 400 temas teóricos como base de la oposición a ingreso en la carrera judicial (hay mucho fundamentalista que te recita la biblia de memoria con puntos y comas).

Una democracia sesgada no es democracia.

En una verdadera democracia todas las Instituciones del Estado deben ser y obedecer los intereses de sus ciudadanos y demostrado está que el poder Judicial defiende por encima de la libertad individual de quienes administran justicia, intereses espurios partidistas de quienes los nombran. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial porque cada uno pretende colocar a quienes le son más dóciles, y así llevamos años.

Los principios que deben regir los ascensos en la magistratura deben ser, méritos, libre elección y remoción de cargos. Mientras esto no sea así, seguiremos sufriendo los “errores de la justicia”.

 
Juan Pedro Dueñas Santofimia.
Letrado de la Administración de Justicia, jubilado