Estos días de cierta convulsión social, bastante habitual por otra parte (tema electoral en Cataluña, los estudios de la princesa en el extranjero, la posible vuelta al país del emérito, etc.) lo que mayor relevancia ha tenido, afortunadamente, han sido las palabras de  Pablo Iglesias en relación con la falta de democracia plena.

¡Tenemos un pirómano en el gobierno! Sea quizás la más llamativa de todas las falacias que se han lanzado contra el vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias. Todo ello  porque, según los defensores de la patria, los amantes de la hipocresía y los preceptores de los torpes ciudadanos, tienen miedo, a buen seguro, de que la sociedad cuestione temas transcendentales para mejorar la vida en sociedad

Un pueblo que cuestiona su propio sistema organizativo, es un pueblo libre que sabe pensar y debe poder decirlo; lo contrario sería lo que pretenden con la presión que se está ejerciendo por los que piden la decapitación del vicepresidente Iglesias a quien niegan el derecho a expresarse libremente, dentro  o fuera del gobierno, al igual que se escandalizan cuando un juez emite una opinión pública sobre determinado tema social – es mejor que todos estén calladitos, no vayan a descubrirse verdades que el pueblo no debe saber- ese pueblo soberano que es utilizado periódicamente como justificación de su libre elección y del que solo se acuerdan días antes de cualquier convocatoria electoral.

Si las palabras de Pablo Iglesias, cuestionando la plena democracia, han tenido tanta relevancia no cabe sino pensar que alguna verdad contienen, verdad que hay que acallar mandando a toda la caballería contra él  (hasta el propio “jarrón  chino” ha vuelto del exilio para unirse a la tropa).

Las opiniones, que sean merecedoras de ello, deben rebatirse con opiniones argumentadas con hechos y razones convincentes y no acudiendo a la coacción con manifiestos firmados por aquellos precisamente que son los causantes de la minoría de edad de nuestro país, al que no supieron emancipar en la democracia que les fue entregada por conquista social.

Es inadmisible la actitud de los “escandalizados” cuando las organizaciones internaciones, al caso, posicionan a España en el puesto 22 del ranking de las democracias modernas con una puntuación de 8,2, según publica en Enero pasado la revista “The Economist”.  Es evidente, no hay pleno, algo falta para conseguir el diez, y el puesto número uno o, al menos, poder compartirlo con los países que viene encabezándolo en los últimos años,  los países escandinavos,( Suecia, Noruega e Islandia) que  nos sirven de referencia; para eso debemos ser críticos con nuestro propio sistema, con propósito de mejorarlo o hacerlo “manifiestamente mejorable” (palabras literales de Pablo Iglesias).

Una democracia «plena» no puede permitirse meter en la cárcel a ciudadanos por expresar sus ideas en uso de la libertad de expresión que, siendo el mayor derecho de que goza el ser humano, su limitación únicamente debería estar sancionado administrativamente y no con penas de privación de libertad. Curiosamente los hoy escandalizados están tramitando la modificación del Código Penal, ¿lo hacen porque es viejo o porque es inadecuado a una supuesta democracia plena?.

En una democracia plena no cabe, en forma alguna, que para poder ejercer sus derechos básicos los ciudadanos, tengan que esperar entre 3 y 5 años para obtener una respuesta de los tribunales, ante demandas que se presentan contra las entidades bancarias por los fraudes cometidos en los préstamos hipotecarios. La justicia debe ser pronta, eficaz y equitativa, y ninguna de las tres premisas legales se cumple en nuestro país. La Constitución así lo garantiza, ¿habrá que cambiarla o llenarla de contenido real ?

El propio Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, en una entrevista en diciembre de 2020 en la Revista sobre la Mutualidad General Judicial (nº 45 diciembre 2020) declara que «la justicia del 2020/2030 debe ser una palanca para la transformación»; es decir que algo hay que transformar en la justicia para mejorarla “manifiestamente”, así lo hace público nada más ni nada menos que el segundo de a bordo del Ministerio de Justicia, añadiendo que “es el momento de trabajar entre todos para lograr que la Justicia sea el servicio público de calidad que la ciudadanía requiere». Conclusión que debemos sacar, reafirmando las palabras del sr. Pablo Iglesias: «Que la justicia, como otras instituciones democráticas, es manifiestamente mejorable».

Existen muchos incumplimientos constitucionales que deben garantizar todas las democracias que se sustentan precisamente en esos principios, como son el derecho a la vivienda digna, a un trabajo que permita el desarrollo integrar de la  familia, a una disposición de toda la riqueza del país supeditada a los intereses públicos. Estos y otros muchos derechos, garantizados constitucionalmente, son vacíos que deberían ser rellanados o cubiertos para que la eficacia democrática fuera plena, por mucho que los ministros del gobierno del PSOE (y otros que lo fueron)  insistan una y otra vez, pretendiendo acallar las palabras de Pablo Iglesias, repitiendo a coro sentirse orgullosos de algo por lo que deberían, cuando menos avergonzarse, dado que en sus manos ha estado el gobierno de este país durante más de veinte años.

En una democracia consolidada o plena, como viene al caso, nunca hubieran existido las llamadas cloacas del Estado utilizando las fuerzas de orden público en beneficio de determinado partido político, destruyendo pruebas para evitar la condena de los tribunales, y sin que se haya cobrado ninguna responsabilidad política. ¿Será, acaso, porque los propios políticos no tienen asumido el concepto de democracia?. Si es así, y así por sus hechos debe ser entendido, puede que tengan razón: en nuestro país existe una democracia, pero no plena, sino bananera, donde los caciques de turno han hecho del poder el uso que más les conviene a sus intereses, sin tener que responder ante nadie.

Gracias a esos “pirómanos” al estilo Iglesias que son los que hacen girar el torno para que pueda pasar la luz y, el que no quiera ver, que siga firmando manifiestos pidiendo su dimisión. Torpes de ellos, ignoran que los cargos son pasajeros y las ideas eternas.